De ser un país en el que casi nadie pagaba impuestos directos (estoy hablando de antes de la reforma fiscal de Francisco Fernández Ordóñez, que puso a España en el mapa fiscal europeo) hemos pasado a situarnos entre los países europeos con una fiscalidad más alta, situación que la crisis no ha hecho más que agrandar. Pendientes del resultado de algunas reformas para reducir el gasto público y el déficit, que el gobierno de Rajoy empieza tímidamente a poner en marcha, lo que básicamente han hecho los ejecutivos central y autonómicos es subir los impuestos a troche y moche para tratar de tapar el agujero recaudatorio que se había abierto por la caída de los ingresos fiscales al derrumbarse sectores enteros, como el de la construcción. Esto acentuó todavía más la caída de la demanda interna, y en esas estamos todavía, tratando de iniciar la senda del crecimiento positivo, y aunque parece que ya lo tenemos al alcance de la mano, los datos del segundo semestre de 2013 — la economía española cayó un 0,1% en ese periodo–, todavía nos indican que no hemos salido de la recesión. Así que ojito con los brote verdes.
Pero a lo que iba: ¿Y cómo es posible que con una fiscalidad tan alta como la española se recaude tan poco? Por el fraude fiscal y la economía sumergida, que en España no tiene parangón con los países europeos más desarrollados. Pendientes de una reforma fiscal, que quiera de verdad meter el bisturí en el paciente, han sido las clases medias y los perceptores de nóminas los que están cargando con ese mayor esfuerzo fiscal que se pide al contribuyente español, al mismo tiempo que ha visto cómo sus ingresos, o se han congelado o se han reducido drasticamente, con la consiguiente pérdida de calidad de vida. Un esfuerzo fiscal del que participan en menor medida los grandes patrimonios que se escapan por la gatera con esos instrumentos privilegiados de inversión, que se llaman Sicavs, y que tributan una mierda en comparación con las retenciones por el IRPF del españolito de a pie.
En esta escalada impositiva no se han quedado atrás los ayuntamientos españoles, a los que se les derrumbó todo el tinglado con el hundimiento de los impuestos relacionados con el ladrillo, y recurrieron a meter todavía más la mano en el bolsillo del contribuyente para mantener en pie todo un armatoste de servicios, infraestructuras y personal, que no hay cristiano que lo soporte, por mucho que algunos no lo quieran ver. ¡Ay Detroit, Detroit…,miedo me da!
Entre estos ayuntamientos inclementes con el vecino-contribuyente, ha estado el de Guadalajara, que no tuvo inconveniente en subir el impuesto por el que más recauda, el IBI o contribución, que se nos va por encima del 30% de media en los dos últimos años; y acomodar las tasas a los costes reales del servicio, lo que produjo también algunos incrementos espectaculares. En fin, que este ayuntamiento del PP recurrió a métodos homologables con el manual económico de la izquierda más atrabiliaria , y encima se “compró” un emporio de la comunicación para darlo lustre, una medida inequívocamente liberal, por supuesto.
Ya tenía yo ganas de decir algo bueno sobre la política económica de este ayuntamiento, y aunque espero con mucho interés en qué va a acabar la agrupación de servicios municipales (vulgo, megacontrato), y en qué media supondrán un ahorro de los costes y el inicio de ese camino que de forma un tanto cursi lo vienen a denominar “Smart city”, que a mí me suena a coche pequeño, no quiero dejar pasar por alto un anuncio que para mí tiene gran importancia. Me refiero a que el Ayuntamiento de Guadalajara ha cruzado datos con otras administraciones y ha detectado unas 2.000 unidades urbanas que no tributaban el IBI y en solo dos meses unas 800 que no estaban dadas de alta en el padrón de basuras. En total, estamos hablando de una bolsa fiscal latente por la que el Ayuntamiento podría recaudar hasta casi 1,4 millones de euros, según los cálculos del concejal de Economía, Alfonso Esteban.
Felicito a toda su concejalía, si esta bolsa de fraude aflora finalmente y algunos “despistados” empiezan a pagar impuestos de una vez: 1,4 millones de euros, que no es moco de pavo. Como decíamos al principio, la mejor manera de no subir impuestos es ser eficaces en la recaudación. Por lo que se ve, hasta ahora nuestro ayuntamiento no lo había sido; y por eso ha recurrido a lo más fácil: subir la presión fiscal a los que sí pagamos y no nos podemos escapar.
Desconozco si seguir mejorando técnicamente la recaudación formará parte de esa historia de la “smart city”, pero debería.
Esto es lo que hay. 1,4 millones más. ¡Ojalá!
