Una reforma constitucional en el horizonte

Esta semana se produjo en el parlamento regional el debate sobre el techo de gasto que tendrá Castilla-La Mancha para los presupuestos de 2014, que supongo verían cuatro gatos por internet. En GuadalajaraDiario lo dimos la relevancia que se merece, todas las opiniones quedaron expuestas, y llega ahora el turno de la reflexión.

Arturo Romaní, que es un consejero competente, y que tuvo el reto de coger una hacienda regional que estaba en ruinas, y no salió corriendo hasta Berlín, puso el énfasis en que a pesar de tener para gastar 160 millones menos, se va a poder “preservar y garantizar los servicios sociales básicos, universales, gratuitos y de calidad para todos los castellano-manchegos”. Esto quiere decir, en román paladino, que el gobierno regional no va a cerrar hospitales o residencias de ancianos, porque para eso todavía queda, no sabemos hasta cuándo, pero en lo tocante a la calidad nadie puede negar que cada vez es más difícil mantenerla si cada año bajamos el gasto, solamente a base de hacer la gestión más eficiente. Suena muy bien, pero es complicado.

Tenemos entonces 160 millones menos para gastar, que según Romaní es debido esencialmente a que el sistema de financiación es “nefasto” para Castilla-La Mancha, porque se van a recibir 129 millones menos por el Fondo de Suficiencia. Y les recuerdo que este fondo de compensación se creó en la etapa de Zapatero para que todas las comunidades, también las más pobres –entre las que se encuentra CLM– pudieran garantizar los servicios esenciales en materia de salud y servicios sociales. Los socialistas discreparon con Romaní en el sentido de que el problema viene sobre todo por la caída de los tributos propios –hablaron de 463 millones menos en ingresos propios no financieros–, a lo que el consejero respondió que crecieron 16,7 millones, un 4%. Lo que omitió Romaní es que gobierno de Cospedal también ha subido tasas e impuestos, y creado nuevos gravámenes para capear la caída de la recaudación, y que somos nuevamente los contribuyentes y empresas de esta región los que pagamos el descosido de las arcas públicas.

Los socialistas castigaron a Romaní con una evidencia: si hay 160 millones menos de gasto, los famosos recortes no solamente se van a mantener, sino que se incrementarán. Pero volvieron a defraudarme con la solución que propusieron como alternativa a ese recorte de 160 millones. Crear nuevos impuestos a las entidades financieras por los depósitos que tengan en la región, a las compañías distribuidoras de electricidad, a las que degradan el medio ambiente –se referían a los pantanos– y para los ricos oficiales de la autonomía, que se suponen que son los que ganan más de 80.000 euros al año.

Este discurso obrerista que consiste en decir que son las grandes fortunas y la gran empresa los que van a pagar este desajuste suena muy bien para los mítines, pero cada vez hay menos gente que se lo compre. Porque el pueblo español no se chupa el dedo y sabe que si se suben los impuestos a la distribución eléctrica, más pronto o más tarde, lo repercutirán en el recibo que pagamos los usuarios; si se crea un nuevo impuesto a los depósitos, lo que harán los bancos es lo que hacen ya, subir las comisiones de operación y mantenimiento, que cualquier día nos van cobrar solo por entrar a una entidad de crédito. Y gravar las rentas a los que cobran más de 80.000 euros y explicar que con eso pagarían las grandes fortunas es sencillamente una estupidez, porque las grandes fortunas no tributan por la renta sino por el impuesto de sociedades, y lo único que conseguirían es que los profesionales más destacados pidan refugio fiscal en Madrid y trasladarían allí su domicilio fiscal. Pero no es únicamente que la facilona receta de subir impuestos para compensar la caída de la recaudación solo contribuye a alargar la salida de la crisis, como ha quedado ampliamente demostrado en España, sino que ni el propio Martínez Guijarro se cree que en el 2014 sacaríamos 200 millones con estos nuevos gravámenes. Con lo que al final se acabaría generando más déficit, por lo tanto más deuda, y nos instalaríamos en un ciclo pernicioso del que no habría manera de salir.

Tenemos por tanto dos hechos ciertos, el sistema de financiación autonómica es nefasto para CLM, como dijo Romaní, y un pronóstico que no lo es menos, que es el que avanzó el portavoz socialista: que en el ejercicio 2014 los recortes y sacrificios serán todavía mayores para el ciudadano corriente, con lo que no se creerá una sola palabra cuando oiga que hay signos de recuperación, aunque sean verdad. Por lo tanto, más frustración.

Llegados a este punto, sucede que los políticos no quieren reconocer la mayor. Y es que como se ha advertido más de una vez desde Alemania – y frau Merkel ha vuelto a ganar– este sistema autonómico español de 17 autonomías peleadas, cuyas competencias no están acotadas por la Constitución se hace insostenible. Ahora, por ejemplo, parece que Rajoy quiere compensar a Cataluña con una nueva financiación, para frenar la deriva separatista –que por otro lado no va a conseguir–, y que lo que se traduce al final es que Cataluña aporte menos a la caja común española, con lo que no nos engañemos: esos 129 millones menos del Fondo de Suficiencia para Castilla-La Mancha en pocos años serán 200 o 300. Porque no es solo Cataluña la que apela a la independencia económica, Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana también quieren cambiar el sistema de financiación, pero para reducir todavía más los fondos de Suficiencia y Cohesión, con lo que llegados a ese punto autonomías como Castilla-La Mancha no serían sostenibles, o estarían condenadas a un menor nivel de desarrollo. Sería la España de dos velocidades.

Por mucho que a Rajoy le dé urticaria sobre lo que está pasando en Cataluña, y se ponga de perfil, hay algo que cada vez es más patente. La Constitución necesita una reforma de su título VIII para tratar de acomodar en ella a las autonomías históricas –Cataluña, País Vasco y Galicia–, y al mismo tiempo ver qué se hace con las demás, para que sean sostenibles, y frau Merkel no nos corra a gorrazos. Es complicado, porque habría que armar una nueva mayoría constitucional, como se hizo durante la Transición, pero no hay otro remedio. Hay que hablar de financiación, sí, pero también de fusión de autonomías, de gestión compartida entre el Estado y las comunidades que lo deseen las competencias en materia de sanidad y servicios sociales –lo que es el cuerpo del Estado del Bienestar– y de encajar a las autonomías vasca, catalana y gallega en la arquitectura constitucional española por otros cuarenta años.

De lo contrario este país regresará a la inestabilidad de siglos pasados y en autonomías como esta de Castilla-La Mancha, cada vez que se discuta el techo de gasto nos vamos a encontrar con el debate de este año. Que habrá menos dinero procedente de la caja común.

Esto es lo que hay, aunque no se quiera reconocer. Porque la política de hoy solo piensa en el corto plazo. No hay luces largas,como diría Montoro. Y con Rajoy, más.

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