Archive for julio, 2015

Una peligrosa vuelta de tuerca en Cataluña

Algunos aventureros que en la política española amenazan con contagiar a todo el sistema nos quieren hacer creer que la Ley es algo superfluo que se aplica solo si conviene, olvidando que un Estado que no cumple con el la Ley y el Derecho acaba convirtiéndose por extensión en una dictadura, porque el Ejecutivo se sitúa caprichosamente  por encima de cualquier norma. Se empieza por desobedecer la Ley y no se pone el retrato del Jefe del Estado, como ha sucedido en los ayuntamientos de  Barcelona o Cádiz, y se termina por ignorar que existe una Constitución, que nos obliga a todos mientras no la cambiemos.  Son síntomas del mismo mal.

En Cataluña, Artur Mas, posiblemente el político más irresponsable que ha dado la historia del Principado, ya ha dicho que si las elecciones del 27-N terminan con una “mayoría suficiente y necesaria” para los intereses independentistas él y sus legiones pondrán en marcha un proceso que culminaría con una periodo máximo de 18 meses con la convocatoria de unas elecciones parlamentarias constituyentes, que promoverían la Constitución del nuevo Estado catalán.

Al señor presidente de la Generalidad de Cataluña, que lo es es base a la Constitución Española de 1978, le importa un bledo saltarse a la torera nuestra Carta Magna, porque como nos ilustra el conseller de Presidencia de la Generalidad, Francesc Homs, hay que ignorar la legalidad española si choca “con el mandato democrático del pueblo de Cataluña”. Como escribía recientemente el catedrático de Derecho Constitucional,  Francesc de Carreras, que las autoridades catalanas vulneren el derecho ante la complacencia general ya forma parte de la normalidad catalana, no es noticia. Porque los sectores influyentes de esa sociedad –sindicatos, patronal, asociaciones conocidas, empresarios relevantes, mandarines culturales o presidentes del Barça- están de acuerdo con quienes incumplen la Ley o se mantienen comodamente callados.

Es situación reiterada de incumplimiento de  la Ley española en Cataluña, y la falta de respuesta del Estado es lo que nos ha llevado a la situación más grave desde que se aprobó nuestra Constitución. Dejamos pasar el agua y nos ha traido estos lodos. Si Más, Junqueras o el abad de Monserrat proclaman la independencia desde el  balcón de la Generalitat, como hizo Maciá, el asunto  no va más allá de esa política  efectista de  gestos,  que tanto gusta a los nacionalistas. Porque  no les reconocerían ni en Andorra. Pero el problema vendría al día siguiente  cuando ese nuevo gobierno, si llegara a triunfar,  se pusiera en esa tarea de desencajar Cataluña de España  en 18 meses.  Una de las posibilidades sería declarar el Estado de Sitio, previsto en el artículo 116, que en principio no sería proporcionado, ¡pero ojito!, mientras no haya episodios graves de violencia o de insurrección.  Pero lo que sería inevitable es aplicar el artículo 155CE, un mecanismo menos grave, por el que el Estado puede poner a sus órdenes a todo el personal necesario para el cumplimiento de las obligaciones que dejaran las autoridades autonómicas.

En cualquier caso, un conflicto que  produciría una ruptura de la sociedad catalana y una situación de grave inestabilidad política y económica, primero para Cataluña, pero también para España. Lo que nos faltaba, ahora que empezamos a salir de la crisis.

Esto es a los que nos podríamos enfrentar  a partir del 27-F, y para lo que se requieren gobiernos fuertes en el Estado con una hoja de ruta muy clara.  O volveremos al caos institucional que caracterizó a la política española en buena parte de los siglos XIX y XX.

Esto es lo que hay; y sinceramente me preocupa. Porque Mas y Junquera ya lo han avisado: “Vamos en serio”. ¿Y el resto de España?

Querellas preventivas

Hasta el miércoles, Pablo Bellido era el único candidato para ser delegado de la Junta en Guadalajara, un cargo estratégico en el diseño del gobierno regional, que al actual secretario provincial del PSOE  le complacía. De hecho, al candidato que buscó el propio Bellido para el cargo, Alberto Rojo, le vino el asunto tan de sopetón que hasta el pasado jueves no cerró su relación laboral en la empresa de logística en la que trabajaba según reconoció en su toma de posesión. Nadie duda en el PSOE de que García-Page y Bellido tuvieron que resignarse al nombramiento para ahorrar al nuevo presidente regional otra portada como la que dedicó Abc a Pedro Sánchez cuando acudió a Azuqueca a respaldar la “campaña electoral de un imputado”. De ahí,  las significativas alusiones de Araceli Martínez  y el citado Alberto Rojo en su toma de posesión a la “honradez” y “honestidad” de su secretario provincial. Pero las cosas son así en este país de radicales donde la política es pura ventolera. Si antes seguimos con ingenuidad a  Juan Jacobo Rousseau  que planteó en su “Emilio” que el hombre es bueno por naturaleza, ahora nos hemos pasado en un arrebato  jacobino a Hobbes, que siglos antes sostuvo que el hombre es intrínsecamente malo, porque es egoísta y privilegia su propio bien por encima del común.  Y de estas últimas exageraciones  surge un riesgo: que para inhabilitar a un político lo más fácil sea meterle una querella preventiva y a ver si cuela. Sucede así porque los partidos serios no se han puesto de acuerdo en fijar dónde empieza y acaba una imputación; y lo que es una garantía procesal se ha convertido en un estigma sin  saber tan siquiera si se va a abrir un juicio oral, que sería  a mi juicio una frontera en la que sí se deberían exigir las primeras responsabilidades políticas; porque otras no las hay hasta que una sentencia sea firme. Esta semana hemos tenido otro caso que es insólito en la política provincial. El coordinador provincial de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, también tendrá que declarar  como imputado por los supuestos daños morales causados a una militante que le ha denunciado, hechos que él niega tajantemente. Pero lo novedoso de este caso es que por primera vez en Guadalajara una discusión producida en el ámbito interno del partido, y por lo tanto sin publicidad,  acaba en los tribunales. En fútbol, dicen los argentinos que lo que pasa en el campo se queda  en el campo. Como el ejemplo cunda,  las ejecutivas de los partidos acabarán celebrándose con la presencia de un notario y de un representante de la Academia para que vele por el lenguaje políticamente correcto.

Sería deseable por tanto un acuerdo a ser posible escrito que clarificara la figura del imputado o el populismo también en esto nos acabará comiendo por los pies. Y a ser posible una mayor celeridad en los plazos mientras dure la instrucción. Mientras tanto, aunque por esa Ley de Péndulo lo que ahora se lleva es atizar la hoguera, hay que insistir en la presunción de inocencia. Y en el caso de Bellido, yo me remito a lo que tengo escrito. Sin prejuzgar nada, porque el juez tendrá sus motivos cuando ha admitido la denuncia y ha iniciado una investigación judicial, en el día a día del alcalde de un municipio grande como el de Azuqueca no está revisar si han cambiado el modelo de una farola por otro equivalente; algo más debería saber el concejal responsable; y ya no digamos  los técnicos que son los encargados de examinar e informar sobre cualquier modificación al proyecto original . Pero mientras el juez resuelva… en el camino se ha podido producir alguna injusticia. Esto es lo que hay.

P.D. Sé que no es justo, porque en en una convención como la celebrada por el PP en Madrid, se llevan ponencias que no recogen los medios de comunicación, pero lo que queda por el resumen de los telediarios sobre el discurso de Rajoy es que hay que votarles  sí o sí porque si no detrás viene Varoufakis derrapando con la moto. Solo con explotar la tragedia griega y cambiar el logotipo no le va a dar al PP para ganar las elecciones mientras Rajoy siga apareciendo como el pitufo gruñón siempre dispuesto a dejarnos sin el postre. Como espectador, sinceramente, no funcionó. Demasiado negro.

Luces y sombras en la investidura de García-Page

Durante el discurso de investidura de Emiliano García Page como cuarto presidente regional electo de Castilla-La Mancha este reconocía que cuando María Dolores Cospedal llegó al gobierno había unos 2.500 millones de deuda comercial con proveedores, pero luego le hizo el siguiente razonamiento.  Con usted la deuda se ha incrementado en 6.000 millones y el PIB regional está entre los que más han bajado entre las autonomías españolas. También Castilla-La Mancha está entre las comunidades en donde más han aumentado las desigualdades. Y todo ello a pesar de que se han perdido 7.000 empleos en educación (por despidos de interinos) y 3.000 más en Sanidad.

El reproche que hacía el señor Page a la presidenta saliente está basado en datos reales. Cospedal tuvo que refinanciar y alargar los vencimientos de la deuda para poder pagar esos 2.500 millones a los proveedores (muchos de ellos pequeñas empresas y autónomos  a los que la falta de liquidez del último gobierno de Barreda aceleró su ruina) y a la vez aumentar esa deuda a largo plazo para poder financiar un déficit regional de casi un 7% del PIB en 2011,  que obligaba el Plan de Estabilidad que acometieron los gobiernos de  Zapatero y de Rajoy, por mandato de la Unión Europea, para no terminar en el precipicio griego. Cospedal hizo esos ajustes recortando de aquí y allá en al altar del déficit, que logró domeñar en apenas un año, aunque para ello se tuvo que saltar demasiadas líneas rojas. Cuando Page hacía notar que en buena lógica política el mandato de Cospedal debería haber durado cuatro años estaba en lo cierto: de no haber sido por esos  miles y miles  de callos que hubo de pisar como precio social a esas líneas rojas sobrepasadas  y a la estrategia de comunicación más palurda que se ha visto en esta región, Cospedal habría repetido una legislatura más. Es más, incluso a pesar de todo ello podría haber continuado de presidenta si una mal medida Ley electoral no hubiera impedido que Ciudadanos, la única formación con la que podía pactar el PP, no se hubiera quedado fuera del parlamento con 93.000 votos, apenas 6.00 menos  menos que Podemos, que a la postre han aportado los diputados decisivos para la elección de García-Page.

Lo que el nuevo presidente no reconoció, aunque algo dejó entrever, es que con el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, que data del gobierno de Zapatero,  Castilla-La Mancha está abocada a una situación de recortes permanentes,  que difícilmente el nuevo gobierno va a poder disimular con algunas medidas ya anunciadas como son rescatar del cajón la Ley de Dependencia, un Plan para crear 60.000 empleos públicos  en  los dos primeros años  o esos mil nuevos trabajadores sanitarios  en el primer año. Sucede que el citado sistema de financiación perjudica notoriamente a regiones como las dos Castillas y Aragón, con muchas hectáreas y poca población, porque mientas en Madrid, Barcelona o Valencia se atiende en un solo centro médico a 25.000 personas en las tres autonomías citadas se necesitan 25 consultorios para llegar a ese mismo número de personas. Mientras esto no cambie cada vez habrá más desigualdades entre las comunidades del Interior y la periferia, y, siento decirlo,  tengo escasas esperanzas en que estos criterios se corrijan, porque el aumento del techo en  cuanto a competencias  en las autonomías está reñido con los principios de cohesión. Solo hay que ver las peticiones de Cataluña,Madrid, Valencia o Baleares. Van en sentido contrario. Está bien eso de “blindar por Ley “ los servicios públicos esenciales, como solemnizó García-Page en su investidura, pero la única manera de asegurar la calidad de estos servicios que presta la Autonomía es  que se puedan pagar.

Ni el discurso de investidura del nuevo presidente,  que dejó bien claro que gobernaría con el programa del Partido Socialista, ni el propio Pacto de Investidura que firmó con Podemos dan motivos para hablar de una oleada populista, como se exagera desde el PP, ni mucho menos su referencia es la Grecia del corralito o la Venezuela chavista. Pero sí es notorio que en la letra pequeña hay muchas propuestas en torno a los servicios públicos y al tamaño de la propia administración – que tiende otra vez  a engordar con la creación de nuevos organismos de dudosa eficacia- junto con planes sociales y medidas “rescate”, que carecen de la debida cuantificación. Todo ello junto a planes para recuperar los servicios que han sido externalizados, porque supuestamente  “generan sobrecoste o no están desempeñando correctamente sus funciones”.  

El gobierno Page tendrá que medir muy bien la aplicación de estos planes de gasto para que no volvamos a caer en la espiral que  llevó a Castilla-La Mancha a una de las peores recesiones de todas las comunidades españolas, por culpa de un déficit desmesurado sobre nuestro PIB, y que a su vez nos trajo un galopante incremento de la deuda, que ni la propia Cospedal con todos sus recortes ha podido reconducir. Aunque empezamos a salir poco a poco  de la crisis a costa del empobrecimiento de las clases medias, y  que está en la explicación de los últimos cambios políticos, el gobierno de Page sabe que la recaudación de Castilla-La Mancha sigue estando a años luz de los años anteriores a 2008, porque la construcción se recupera a paso de tortuga y con ella su capacidad fiscal.  Sin una adecuada financiación y con un sector de la construcción (que financió en gran medida los servicios públicos de Bono y en el primer gobierno de Barreda)  en grado de hibernación, la única manera de aumentar los ingresos para poder financiar ese gasto público es mediante una reforma fiscal que  genere nuevos ingresos . Los acuerdos entre PSOE y Podemos hablan de reducir los tramos inferiores a 25.000 euros, “suavizar” los que van entre 25.000 y 50.000, y aumentar los impuestos a los oficialmente ricos, que en Castilla-La Mancha serían todos los que ganen más de esos 50.000 euros. También se contempla el incremento en la progresividad del Impuesto sobre el Patrimonio, el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Sería con ello suficiente para hacer frente a ese anunciado  incremento del gasto público? Yo ya les digo que no, que haría falta una combinación entre recuperación, nueva financiación  autonómica y reforma fiscal para que pudiéramos hablar de un nuevo ciclo virtuoso en el empleo. En Castilla-La Mancha ni hay suficientes ricos para poder pagar una política expansiva de gasto, ni tampoco sería eficaz. No hay que olvidar que con un simple cambio a un domicilio de Madrid esos altos contribuyentes se librarían de una fiscalidad más gravosa del IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones.  Porque este es otro de los problemas que nos ha traído la falta de armonización fiscal en esta España de las autonomías: que como una región apriete mucho el dogal se incrementa el riesgo de que el contribuyente tome vacaciones fiscales en la comunidad vecina.  La austeridad no va a acabar por tanto con la marcha de Cospedal.

Si en la financiación están las principales sombras del nuevo ejecutivo, las luces podrían llegar de todo lo relacionado con la transparencia y el buen gobierno. Tanto los acuerdos de investidura como lo que hemos venido conociendo son convincentes para luchar contra las malas prácticas y la corrupción en Castilla-La Mancha, aunque hay cosas como esa superoficina de contratación que nos lo tendrán que explicar mejor.

Es deseable igualmente una reforma del  Estatuto de Autonomía por consenso para mejorar la representatividad de las fuerzas políticas emergentes en una nueva Ley Electoral (las tres últimas se hicieron por imposición de los gobiernos de Barreda y Cospedal), aunque lo de pedir las competencias de Justicia, mejor paso a paso.

Las proclamas contra el fraking o el “basurero nuclear” (de esto último hablaré más detenidamente otro día, porque a Guadalajara le interesa que se termine ese mal llamado “basurero” en Villar de Cañas) comprometen poco a Page, porque se trata de competencias estatales, y lo mismo se puede decir del manido asunto del agua. Es verdad que el Tajo necesita un mayor caudal que los excesos de una política históricamente han impedido,  pero volver a escenarios de confrontación nunca dieron buen resultado, como se demostró con la reforma frustrada del Estatuto de Autonomía en la etapa Barreda.

Tomo nota de las buenas intenciones en cuanto al ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha ,  y que bajo la égida de Nacho Villa alcanzó unas cotas de manipulación  que superaron a las de Jordi García Candau, que ya es decir,  pero la verdad es que espero bien  poco de su futuro, sabiendo los antecedentes.  Estamos ante un problema no de gobiernos sino de modelo. Y lo que sorprende es que nadie cuestione si un gobierno regional puede gastarse 35 millones de euros del contribuyente en un ente público que bien podría fusionarse con la televisión estatal en una sola televisión pública regional, pero más barata, de mejor calidad y más profesional.

Finalmente, como guadalajareño que no está aquí de paso dos cosas que me preocuparon del discurso de García-Page.

No hizo ninguna alusión al nuevo campus universitario de Guadalajara, aunque no quiero pensar que vaya a cometer el error de desandar el camino que se ha hecho durante la legislatura para ubicarlo en el colegio de las Cristinas, donde hay un acuerdo entre el Ayuntamiento  y el Ministerio de Defensa. Confío en que el nuevo presidentes, que siempre ha sido una persona pragmática, siga ese consejo de Baltasar Gracián al que se refirió en su toma de posesión y no salga a la calle en busca de líos.

Y lo mismo digo del convenio sanitario con Madrid,  que es indispensable para encajar a esta provincia en Castilla-La Mancha, porque una autonomía que nos separase de la vecina sanidad madrileña, perdería en Guadalajara su razón de ser: la de proporcionar el mejor servicio al ciudadano. El nuevo gobierno tiene todo el derecho a intentar mejorar  la financiación de ese y otros convenios, pero ahora que han terminado los mítines todos sabemos, Page también, que lo que lo poco ha quedado del Fondo de Cohesión puede estar para  una atención puntual (pagar la atención de un paisano al que la han tenido que atender en un centro médico de Gandía, donde veranea), pero lo que es una atención continuada y con hospitales de refrencia  cada autonomía tiene que pagarse sus gastos. Para eso se hicieron las transferencias en materia sanitaria, que en el caso de lo que es la atención especializada jamás debieron haberse producido, con perdón,  porque solo han generado desigualdades y desajustes entre los territorios de España.  Apelo también a la sensatez del nuevo presidente para que el PP, metido ya de lleno en tareas de oposición, no tenga razón en sus predicciones. Que Baltasar Gracian le ilumine. Y suerte. Esto es lo que hay.

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