Cualquier inversor foráneo poco avisado que hubiera asistido a las dos comparecencias de los consejeros de Hacienda de Cospedal y Page al comienzo de sus respectivas legislaturas a buen seguro que habrá salido corriendo…hasta Madrid, como poco.
Si en 2011 espantaba el déficit del 6,5% y los 3.000 millones de facturas por la pésima gestión financiera del gobierno de Barreda, el jueves fue el consejero de Hacienda Ruiz Molina quien nos trazó un cuadro tan tenebroso sobre las cuentas regionales que lo podría haber firmado el mismísimo Caravaggio. No quiero entrar en la guerra de cifras que se libra en estos casos en la habitual ceremonia de la confusión a la que juegan nuestros políticos, solo decir que el PP tiene colgada sus cuentas que presentó ante notario en su página web y las de Ruiz Molina en base al informe de intervención son las que presentó ante el último pleno de ls Cortes. Lo que me permitiré subrayar es lo que hay detrás de algunos números y que corroboran una tesis que llevo defendiendo desde hace muchos años, pero que ni nuestros políticos ni los cenáculos toledanos que se alimentan del tinglado autonómico, por decirlo finamente van a reconocer: esta autonomía es inviable bajo el actual sistema de financiación, por lo que estamos condenados a recortes sin cuento, que el gobierno de turno se empeña a disfrazar malamente.
Diciendo Ruiz Molina que la ejecución del presupuesto está al borde del 60% se está curando en salud ante los compromisos adquiridos ante los propios: es como decir la caja está con telarañas y vais a tener que esperar. Más me preocupa que el déficit de Tesorería estimado y que podría alcanzar los 400 millones de euros, pudiera poner en peligro algo en lo que se mejoró sin discusión durante la legislatura de Cospedal: el pago a proveedores y que otrora aceleró la ruina de pequeñas empresas de la región. Pero lo que me pone directamente los pelos de punta es conocer que el déficit a 31 de junio es del 0,84% (332 millones) que supone el 0,84% del PIB regional cuando el límite para todo el año es del 0,7%, y por lo tanto ya se ha rebasado. Pero lo peor es que según las estimaciones de la consejería se va a llegar al 1,7%, es decir un punto más sobre lo autorizado. Ruiz Molina calificó la situación de “muy preocupante”, y añadió que “no sabemos si estamos a tiempo de ponerle remedio”. Prevé que hay gastos sin contabilizar y que todavía podrían engordar ese déficit, entre ellos por la aplicación de algunas sentencias que perdió el gobierno de Cospedal en la actuación más negligente en cuestiones jurídicas que recuerdan los tiempos (En esto Page ha sido ágil y lo primero que ha hecho es poner a una persona bregada en estas lides al frente de los servicios jurídicos de la Junta como es Araceli Muñoz).
En el PP van diciendo que ya le gustaría a ellos haberse encontrado con un 1,7% de déficit y no el regalito del 6,5% que les dejó Barreda, y no les falta razón, pero lo que nos debería preocupar a todos es que ese 1% de desviación se ha producido después de que el anterior gobierno se saltara varias líneas rojas del llamado gasto social, y aun así seguimos con esta pintas, con riesgo a ser sancionados por la superioridad. ¿ Y cómo podemos mejorar ese déficit? La forma más decente es aplicarse en la gestión de los tributos, aunque por Ruiz Molina hemos sabido que mientras que papá Estado paga con rigor sus anticipos a cuenta todos los meses, la ejecución de los tributos que corresponden a nuestra autonomía apenas llegan al 38%; y, por si fuera poco, la estimación de ingresos se ha inflado y el señor consejero estima que se van a recaudar 76 millones menos de lo presupuestado. Todo ellos nos lleva al convencimiento, una vez más, de que ante la ineficacia de nuestras autonomías para cumplir con sus obligaciones recaudadoras, lo más revolucionario que podrían hacer es conveniar con la Agencia Tributaria la gestión de esos tributos ante ese vergonzoso nivel de ineficiencia. ¡Menos mal que las pensiones y la seguridad social todavía las gestiona el Estado!
Claro que hay también un sistema más tramposo de gestionar los excesos de déficit, como es convertirlo en deuda. Era impepinable que con un déficit del 6,5%, si se quería acercarlo al 1% había que aumentar la deuda, y es lo que hizo el gobierno anterior, que además tuvo que poner en marcha un plan de pago a los proveedores que ha salvado a ayuntamientos y mancomunidades de la quiebra. Pero esas cosas no son gratis, la deuda con Cospedal aumentó el 91% hasta 13.131 millones, y yo no es que quiera pedir peras al olmo – la crisis ha sido durísima y solo hemos sacado un poquito la cabeza-, lo que digo es que más allá de la pura refinaciación para mejorar algunos préstamos, cualquier política de gasto que se sustente en un mayor incremento de esa deuda es indencente para las futuras generaciones de castellano-manchegos, porque lo que van a gastar hoy sus padres lo pagarán dentro de treinta años sus nietos.
Pero si las cuentas regionales vuelven a estar pintadas en gruesos trazos negros, lo de las empresas públicas de Castilla-La Mancha es de juzgado de guardia. Gicaman (Gestión de Infraestructuras de CLM) tiene pérdidas en 2014 por debajo de la mitad de su capital social, con lo que está en causa de disolución, con 228 millones de pérdidas. “Hay un desmadre en las cuentas”, con deudas sin contabilizar, avanzó el consejero . Geacam (que se encarga de la extinción de incendios) está “todavía peor” y debe 73 millones a la Junta. Y la guinda de este pastel la pone la Radiotelevesión Pública de Castilla-La Mancha, que con notable sectarismo gestionó Ignacio Villa, y ahora también hemos sabido que con una insolvencia rayana en la temeridad, ya que la ha dejado con un fondo de maniobra negativo de -6 millones; y está en en situación de “quiebra técnica, que supondría tener que cerrar en estos momentos”. dixit Ruiz Molina. Aunque ya les digo yo que no lo van a hacer. En Castilla-La Mancha -como sucede con el resto de autonomías- no habrá dinero para educación, sanidad y servicios sociales, y por ello querrán subir los impuestos, pero sí lo habrá para seguir pagando una televisión que nos cuesta unos 40 millones a los contribuyentes. Teniendo en cuenta que la medida estrella del Plan de Empleo regional asciende a 224 millones, pero se alarga durante dos años, el gasto del gobierno regional en su televisión alcanzará prácticamente a la mitad de lo que destinará en un solo ejercicio a un plan que incidirá en unas 60.000 personas. ¿Dónde está la desproporción, prregunto? Como tengo ya escrito lo que haría yo con la televisión regional, aquí pongo un enlace y prosigo.
El consejero Ruiz Molina, que no ahorró calificativos sobre la situación financiera heredada (“desaguisado”, “cuentas falseadas”, “ingresos inflados”, “empresas públicas en quiebra trécnica”...), debe ser socio honorario del Alcoyano porque aseguró tan pancho que “vamos a dar la vuelta a la situación” y al mismo tiempo “recuperar el estado del Bienestar, que está en ruinas en CLM”. Todo un mago de las fianzas este Ruiz Molina, porque durante su comparecencia no nos dio ni una pista de cuál es su receta para lograr la cuadratura del círculo con estas cuentas, más allá de que los actuales gestores no se van a ir a Madrid en el AVE de las cinco. Allí seguirán en la capital imperial como si fueran el mismísimo Juan Padilla ante el cerco de Carlos V a la capital imperial.
Más sinceridad hubo en el representante de Podemos, el diputado David Llorente, para los que esas cosas de la deuda y el déficit deben ser cosas de banqueros, como si no fuéramos los contribuyentes lo que acabáramos pagando la fiesta una reforma fiscal “progresiva y suficiente, para que paguen más lo que más tienen”. Y apuntó tres caminos: el incremento de los tramos del IRPF autonómico; eliminar las desgravaciones fiscales y reforzar la lucha contra el fraude.
No quiero entrar a debatir hasta qué punto una subida de impuestos perjudica la inversión de cualquier incipiente recuperación, porque nos perderíamos lo fundamental, que es lo siguiente: en España no hay una política fiscal armonizada, cada autonomía vive a su aire, y si en Castilla-La Mancha se hiciera lo que pide Podemos pasarían varias cosas, a saber: 1ª) Que no solo pagarían los que más tienen sino especialmente las clases medias o cualquier trabajador que tuviera una vivienda o fuera a beneficiarse de una donación, porque los ricos de verdad no tienen a su nombre ni el coche. 2º) Que esos contribuyentes que más rentas cobran (por encima de los 50.000 euros son los “ricos oficiales”, según los acuerdos de investidura) se pensarán muy mucho en cambiar su domicilio fiscal a Madrid, donde a lo mejor ya tienen piso o se lo acabarán comprando, porque en la vecina comunidad el tramo por renta está más bajo y no existe el impuesto de sucesiones; y no parece que les vaya mal. 3º) Que esa previsible huida fiscal de los profesionales más preparados y que más ganan, podría suponer el efecto contrario: que la recaudación en lugar de aumentar disminuyera, con lo que estaríamos haciendo lo de Abundio cuando fue a comprar los cordones.
El señor Ruiz Molina sabe muy bien que los problemas financieros de CLM no vienen por sus bajos impuestos-que no lo son , como hemos visto-, sino por el sistema de financiación autonómica que claramente nos perjudica, porque no tiene en cuenta el factor despoblación. Y así pasa que mientras en Madrid o Barcelona, con un consultorio de 30 millones atiendes a a 30.000 habitantes, en las Castillas nos hacen falta 30 consultorios para llegar a esos 30.000 habitantes.
Todo lo que no sea atacar este problema de fondo, como sucede con el Trasvase, sería vender humo. Esto es lo que hay.
