Los ribereños de Entrepeñas y Buendía  han iniciado este domingo, con la caravana entre Sacedón y Pareja, una serie de acciones que se prolongarán durante todo el verano para denunciar la situación de la cabecera del Tajo en la que, a pesar de estar al 17% de su capacidad, se aprueba  de forma inmisericorde un trasvase cada mes de un mínimo de 20 hectómetros cúbicos ( o sea, 20 millones de metros cúbicos, para que se entienda mejor). Los ribereños no entienden que la cabecera del Tajo se haya convertido en una balsa de la que el Levante español tira de ella todos los meses con independencia de lo que pase en la cuenca del Segura y se sublevan, claro, cuando ven que incluso cuando allí se producen inundaciones y se desborda ¡hasta el canal del trasvase!, el ministerio de Agricultura aprueba nuevos trasvases, aunque en la cabecera apenas haya llovido.

Se mire por donde se mire esto es un sinsentido que exige una negociación entre comunidades y territorios con el Estado como árbitro de un encuentro en el que se juegan intereses en conflicto, pero que un Estado articulado y moderno debe conciliar. Hasta ahora no lo ha hecho. El Levante español siempre ha ganado todas las batallas, e incluso las que se libraron con gran imprudencia, como fue la reforma unilateral del Estatuto de Autonomía, que promovió José María Barrera para acabar por Ley con el Trasvase. Sólo a Ibarreche le sucedió un fracaso similar en la tramitación de un cambio en un Estatuto de Autonomía. Elocuente.

Los intereses  del Levante español (desde Valencia hasta Almería) los conocemos todos.  Tienen la mejor y más eficaz huerta española, sus regantes son organizados y profesionales, ningún gobierno de España osaría ponerla en peligro por una cuestión de contabilidad nacional, pero sufren un gravísimo problema: arrastran un déficit hídrico estructural de unos 400 hectómetros anuales, que hasta ahora han resuelto fundamentalmente mediante los trasvases. Pero con el paso de los años se ha visto que las expectativas con las que se construyó el trasvase fallaron: en Entrepeñas-Buendía no hay ese agua que el Levante demanda, porque la captación se hizo en un lugar inadecuado.  En la cabecera en lugar del Tajo medio.

Los intereses de la comarca cedente también son conocidos. El  Estado inundó sus mejores tierras a cambio de unas Leyes de Compensación, que sistemáticamente se incumplieron, y se les dijo que la compensación vendría por el desarrollo del turismo. Se montaron negocios y se desarrollaron urbanizaciones al albur de lo que entonces se conoció como el Mar de Castilla, pero los niveles de ambos pantanos comenzaron a bajar y bajar , de sus entrañas salieron puentes y viejos balnearios anegados, y esas expectativas para la comarca se fueron al traste. La pertinaz sequía, como decía Franco, se convirtió en la permanente sequía, y el Mar de Castilla quedó reducido a una charca o al viejo caudal del Tajo cuando por él los gancheros transportaban sus maderadas, como nos describe José Luis Sampedro, del que celebramos este año su centenario. En esas circunstancias nadie puede reprochar a los ribereños que en una declaración de máximos pidan subir el mínimo no trasvasable de 400  hasta los 1.000 hm3, mediante las modificaciones legales pertinentes.  La realización de inversiones en la comarca por parte del Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. O más inversiones  desde la Junta de Castilla La Mancha,porque aunque esto se oculta en Toledo, recibe en torno a 5 millones de euros al año de los regantes , que no llegan a nuestros pueblos como la Ley establece.

Por todo ello, los ribereños reivindicaban en su marcha por la preocupante situación de prealerta en la que en estos momentos se encuentran los embalses, al 17 %, que no se deberían autorizar más derivaciones de agua a través del acueducto Tajo-Segura.

Es notorio que si hubiera que esperar a esos mil hectómetros para trasvasar más agua, en Murcia, Valencia y Almería  tendrían un serio problema. Pero en el Levante no pueden seguir instalados en el inmovilismo y pretender que las soluciones del tardofranquismo de Silva Muñoz son las únicas válidas cincuenta años después. Los recelos hacia los sistemas de desalación son cada vez más injustificados, a medida que van siendo cada vez más eficaces, y tienen que ganar más peso en sus regadíos.  Hoy se cifran en unos 100 hectómetros, y si solo aportan entre un tercio y la mitad de los recursos que se reciben del trasvase es porque el agua del Tajo ha tenido unos costes políticos tan bajos que han desalentado otras alternativas.

El gobierno murciano aprobó recientemente una declaración que reconoce la conveniencia de avanzar más en la desalación, porque los hechos son  tozudos. Con el agua que está recibiendo del Tajo, unos 220 hectómetros anuales, no se cubre ese déficit  hídrico, pero es que además esa cantidad debe rebajarse paulatinamente para cubrir las necesidades de la cuenca.  Sabedores de ello, el parlamento murciano pidió recientemente “redotar” a la cabecera del Tajo de agua mediante la construcción de conexiones con el Duero o el Tajo medio. Me sorprende que la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, se haya convertido en portavoz del  rechazo a dichos proyectos por  la contestación social que podrían tener en Castilla y León y Extremadura. No es su papel. No me cabe duda de que una solución como la apuntada suscitaría gran controversia entre las comunidades apuntadas, pero no  tanto porque sea técnicamente imposible o porque con una gestión sostenible no tendría por qué afectar a los intereses de castellano-leoneses y extremeños. Recuerdo algunos artículos de Rufino Sanz al respecto.

El problema es político. En España las autonomías confunden cuenca hidrográfica con comunidad autónoma, y lo que pretenden es reinar sobre ríos y embalses obviando que son competencias estatales. Y así ocurre que una derivación de 50 hectómetros entre la cabecera del Tajo y la llanura de Ciudad Real  es simplemente la “tubería manchega”, pero si esa misma derivación aprobada fuera  desde la cabecera del Tajo a Soria, a Teruel o a Murcia hablaríamos de trasvase.

Hay demasiado populismo y mucha política pequeña en la manera de abordar el agua en España, que se ha ido agravando por nuestra deficiente vertebración del Estado Autonómico. Pero es hora de sentarse a hablar sobre el agua en este país, que todavía se llama España, imaginando que somos Francia o Alemania.

Esto es lo que hay, y no parece que convenga a nadie.