Varapalo para la contratación municipal. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha declarado “nulo de pleno derecho” el procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Guadalajara para adjudicar un megacontrato municipal de 270 millones de euros y 20 años de duración a una sola empresa que se haría cargo de 11 servicios municipales distintos. En un auto del pasado mes de julio ya acordó la suspensión cautelar, y ahora ha dado definitivamente la razón al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara en sus argumentos.
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Según un comunicado del Grupo Socialista, la resolución estima todos los argumentos esgrimidos en el recurso presentado el pasado mes de julio. Así, el Tribunal reconoce que no existe complementariedad entre los 11 servicios que se pretendía agrupar en un solo contrato, lo que vulnera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Tampoco aprecia existencia de riesgo y ventura para la empresa que resultara adjudicataria, cuyos ingresos estarían garantizados por el propio Ayuntamiento con la fórmula propuesta por el Ayuntamiento. Además, establece que no cabe hablar en este caso de un contrato de gestión de servicios públicos, con un plazo de 20 años, sino de un contrato de servicios que permitiría un plazo máximo de seis años. Por otro lado, considera que, de haber seguido adelante el procedimiento, hubiera incurrido en vulneración del principio de competencia y libre concurrencia.
Por último, el Tribunal llama la atención sobre el hecho de que la respuesta remitida por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en contestación al recurso del Grupo Socialista no estaba firmada por ningún técnico municipal, sino por una empresa privada contratada por el Ayuntamiento.
VARAPALO JURÍDICO PARA LA CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN
A raiz de la presentación del recurso del Grupo Socialista, el concejal de Contratación Jaime Carnicero, aseguró que “el Partido Socialista está en su derecho de presentar ese recurso, pero no de sembrar la duda sobre la legalidad del procedimiento”. En contra de lo que asegura el Tribunal, el concejal responsable argumentó que en el expediente constaba de toda la documentación administrativa y técnica, así como de todos los informes de legalidad y veracidad, y el correspondiente informe de intervención.
El Equipo de Gobierno ha defendido que el proyecto Smart City es una apuesta del Ayuntamiento de Guadalajara por la innovación, la inteligencia, el aprovechamiento de las sinergias de varios servicios municipales y la participación ciudadana. Y defiende que su puesta en marcha supondrá una mejor prestación de los servicios así como un ahorro para el Ayuntamiento, estimado en 1,5 millones de euros anuales.
Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, señaló tras la suspensión cautelar que estaba tranquilo y era esperada dado que se ha producido en otros procedimientos que finalmente se han resuelto a favor del Ayuntamiento. En este sentido, afirmó entonces que la "suspensión cautelar no afecta al plazo de presentación de ofertas, que sigue abierto”.
Pues bien, a tenor de esta sentencia deberá suspenderse el procedimiento por lo menos de la manera en que estaba planteada esta agrupación de servicios.
