El juzgado nº 7 de Guadalajara ha publicado un edicto en el que anuncia la subasta del edificio de la Cámara de Comercio en la Calle Mayor, para el 18 de septiembre de 2014, por un precio de salida de 4.730.000 euros. La subasta se hace a instancia de los cuatro propietarios del local de la calle Toledo que adquirió la institución cameral para construir allí el denominado Círculo Mercantil. Aunque se llegó a inaugurar oficialmente pero sin presencia de autoridades, ya que carecía de licencia de actividad, nunca llegó a funcionar.
La noticia ha sido anticipada por el blog de internet, "Cuatro esquinitas", quien añade que con esta subasta se pretende saldar las deudas que la Cámara mantiene con estos antiguos propietarios y que rondarían el millón de euros.
El edicto, que fue firmado por el juzgado numero 7 de Guadalajara a principios del mes de junio, aparece publicado en la web de la administración de Justicia. La subasta se realizará a las 12 de la mañana en la quinta planta del edificio de Beladíez y hasta ese mismo día la Cámara de Comercio tiene la posibilidad de reunir el dinero que adeuda para paralizar el proceso.
La Cámara se hizo con este local a través de una sociedad, Medicina Deportiva de Guadalajara, comprando el 100 por 100 de sus acciones. Según informó en su día la Cámara, la obra supuso una inversión inversión de 4,6 millones de euros y se iba a financiar con fondos propios. La apertura del centro de formación estuvo desde el principio rodeada de polémica debido a la oposición de los vecinos que dos años y medio después, en 2012, seguían pidiendo que se reparasen los defectos del inmueble.
Todo esto fue con la Cámara que presidía Carlos Remartínez, con Carlos Llorente como secretario.Tras unas elecciones cambió la directiva de la Cámara, y llegó Juan José Cercadillo. Después de una corta gestión, su consejo de administración dimitió en marzo de 2012, después de que un juzgado de Guadalajara embargara sus cuentas y la citada sede de la calle Mayor, y a pesar de que la institución presentó un recurso contra esa sentencia alegando que las Cámaras, al igual que los ayuntamientos, son corporaciones de derecho público y no pueden ser embargados. A juicio de Cercadillo, la Cámara era inviable y se marchó, por lo que tuvo que intervenir la Junta de Comunidades que nombró una gestora.
Aunque la institución sigue funcionando bastante en precario, a partir de septiembre se va a tener que buscar otra sede si finalmente se verifica la subasta y se vende el edificio.