En su declaración ha culpado a una de las trabajadoras denunciantes con la que ha reconocido tener una "enemistad" evidente
El ex alcalde de Fontanar durante su declaración
El ex alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, ha prestado hoy declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara en el que se acusa, junto a otras cuatro personas, de malversación de caudales públicos e irregularidades en la contabilidad municipal en los años 2015 y 2016.
Preguntado sobre los cursos de albañilería y forja, que se sospecha que se cobraron y no se realizaron, el alcalde, tras la denuncia presentada por dos trabajadoras del ayuntamiento, ha intentado exculparse asegurado que él solo firmaba lo que le daban los empleados municipales y ha responsabilizado a una de las denunciantes. Asegura que toda la documentación, incluida la de dos cursos, la realizaba la trabajadora, una documentación “que era falsa” - ha declarado.
Rocío Rojo, fiscal de Guadalajara durante el juicio
Una relación de enemistad
Según San Vidal la relación con esas dos trabajadoras era buena al principio, pero todo se enturbió con la cercanía de las elecciones de 2019. San Vidal ha explicado que los problemas empezaron cuando el ayuntamiento, debido a la ley estatal de estabilización de empleo, decidió sacar la plaza de administrativo, que ocupaba de forma interina una de las denunciantes, a concurso; lo que provocó el malestar de las denunciantes. A ello ha sumado motivaciones políticas de esas mismas personas. “Todo esto tiene premeditación porque la finalidad era que yo estuviera aquí, en la prensa y que no ganase las elecciones”, un argumento que ha rebatido el ministerio fiscal recordando que, tras las denuncias, ganó por mayoría absoluta.
Amonestación del tribunal
La declaración de San Vidal ha sido evasiva, prolija y poco concreta lo que ha provocado las quejas del ministerio fiscal y la amonestación continua de la presidencia del tribunal que le han pedido que se ajustara a lo que le estaban preguntando en numerosas ocasiones advirtiéndole que “no estamos en un acto político” si no en “un juicio”
San Vidal ha admitido que en el ayuntamiento “era habitual, pero residual- ha matizado- en cantidades” que él personalmente adelantara el pago de algunas cosas para que empresas y personas no tuvieran que esperar al pago del ayuntamiento, dinero que después le devolvía a la institución pero ha insistido que el Consistorio sólo pagaba una vez esos gastos. También ha asegurado que parte de esos pagos los hacía con una cuenta de su madre.
A preguntas de la defensa, San Vidal ha señalado que no le consta que nadie se haya llevado dinero "no lo habría permitido"- ha declarado; y ha asegurado que él tampoco se quedó con dinero municipal "ni un céntimo ha sido desviado y así lo ha certificado el Tribunal de Cuentas". Ha vuelto a rechazar que él haya realizado ninguna documentación relacionada con los cursos que no se llevaron a cabo asegurando que él, con su firma, solo dio el visto bueno a lo que le pasaron pero que no era una certificación y que no sabía que no era real porque si no "no lo habría firmado".
Su declaración, que ya ha concluido, ha durado más de tres horas y media.
Petición de diez años de cárcel
En el escrito de conclusiones provisionales presentado por la fiscalía de Guadalajara se considera a los encausados responsables de una incorrecta gestión del dinero público del ayuntamiento. En este texto la fiscalía relata como el alcalde dio acceso a su amigo, y Jefe de protección Civil, al sistema de contabilidad del ayuntamiento aunque su cargo no tenía nada que ver con ello. Un acceso que permitía que ocultaran cantidades de dinero que los vecinos aportaban por cursos, comedor, fiestas, comidas populares o actividades deportivas.
Según la fiscalía el entonces alcalde presentaba facturas al ayuntamiento que habían sido pagadas por él y que esos pagos se le abonaban, aunque no se correspondían con ningún servicio presentado. También se habla de pagos duplicados y de la realización simulada de dos cursos, uno de forja, financiado por Diputación, y otro de albañilería.
En su escrito de conclusiones provisionales el ministerio fiscal solicita para San Vidal una pena de un total de 10 años de prisión y 13 de inhabilitación para empleo o cargo público. Dichos cargos podrían verse modificados tras una reforma del código penal que se realizó en 2022 y que afectan a los delitos de malversación y administración desleal.
