Román muestra, hoy, la sentencia, que le da la razón en su litigio con la Junta por el Fuerte./ J. Ropero (Ayto.) El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón, punto por punto, al Ayuntamiento en su reclamación para que la Junta rehabilite los edificios del Fuerte, tal y como se comprometió por convenio. Pueder ver la sentencia en el interior.
El convenio con El Fuerte entre Ayuntamiento y Junta se firmó en 2005 y se renovó en 2010, momento al que se corresponde este fotografía. La resolución de la Justicia es clara. La Junta de Comunidades tendrá que rehabilitar los edificios históricos del Fuerte (convento San Francisco, antiguo gobierno militar y naves), tal y como se comprometió en el convenio que firmó con el Ayuntamiento de Guadalajara en tiempos de Bono (2005) y que se prorrogó en su contenido en 2010. Nunca lo hizo la comunidad autónoma. Ni con Bono, ni con Barreda, ni con Cospedal, ni ahora con García-Page, por lo que el alcalde llevó el asunto a los tribunales, para disgusto de la Junta, que desde entonces se excusaba con que es un “asunto judicializado” cada vez que el Ayuntamiento reclamaba su cumplimiento.
En la sentencia del Tribunal de lo Contencioso se señala a la Junta la obligación de cumplir con las obligaciones del convenio, “también en calidad de agente urbanizador” del Fuerte. Román recordó que la Junta ingresó mucho dinero (“creo que ingreso 32 millones en ventas de parcelas”, precisó), mientras que las obras de urbanización costaron mucho menos, por lo que la comunidad autónoma “hizo un negocio con el Fuerte de Guadalajara, un dinero que ha ido a parar a otros lugares de la región”, se lamentó el alcalde.
Diálogo para ejecutar la sentencia
La Junta de Comunidades fue el agente urbanizador del Fuerte (tiempo al que corresponde la fotografía), lo que le reportó un buen negocio con la venta de parcelas.Antonio Román ha ofrecido a García-Page un diálogo sobre cómo ejecutar la sentencia, y diseñar un calendario de actuación a cambio de que el gobierno regional no presente el recurso ante el Tribunal Supremo, para lo que tiene un mes de plazo. “Confío en que sea responsable y cumpla con la Ley”, añadió el alcalde, pues si la comunidad dilatara la ejecución de la sentencia con el citado recurso, advierte que algunos edificios entrarán ruinas, habrá que demolerlos y acabarán afectando a bienes catalogados por su interés cultural. Román apela a este acuerdo, porque el asunto en lo jurídico está “tan claro”, que la comunidad autónoma ha sido condenada a correr con las costas del juicio algo poco habitual en este tipo de procedimientos contenciosos.
Román se mostró enormemente satisfecho por una sentencia que le da la razón en las críticas que recibió tanto de la oposición como de la Junta de Comunidades, por llevar el asunto a los tribunales, “algo que tuve que hacer en beneficio de los intereses generales de Guadalajara”, concluyó.
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