La sentencia que obliga a la Junta de Comunidades a rehabilitar el Fuerte de San Francisco ya es firme al resultar inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto. El Gobierno regional tiene dos meses para ejecutar la sentencia, plazo que vencería para Reyes.
Antiguo convento de San Francisco en el Fuerte./ GUDiario.
Ya es firme. El Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha dictado una diligencia (ver copia) a la que ha tenido acceso Guadalajara Diario en la que se declara la firmeza de la sentencia pronunciada en su día por el citado tribunal, una vez que el Tribunal Supremo ha declarado inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia del TSJCLM por la que obligaba a la administración regional a arreglar las naves del Fuerte de San Francisco.
Esta diligencia es fruto de la providencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en la que visto el recurso de casación preparado por el letrado de la Junta de Comunidades se declara "su inadmisión a trámite" del mismo por "falta de fundamentación suficiente" que permita la casación solicitada. Además, el TS condena a costas a la parte recurrente, la Junta de Comunidades.
Se abre la vía a la impugnación del Presupuesto
Diligencia del TSJCLM declarando la firmeza de la sentencia.Una vez declarada la firmeza de la sentencia, la administración condenada no puede alargar más el cumplimiento de la misma, y tiene el plazo de dos meses para hacerlo, plazo que se cumpliría en torno al los Reyes Magos de 2019. Si no lo hiciera, se estaría abriendo la puerta a la impugnación del Presupuesto de Castilla-La Mancha para 2019 (si finalmente llegara a presentarse, cosa que no está clara) en el caso de que el proyecto del mismo no incluyera la cantidad para el arreglo de las naves del Fuerte y antiguo Convento de San Francisco, unos 20 millones según cálculos municipales.
Esta providencia se une a todas las que se han ido emitiendo en estos años y que han sido favorables al 100 por 100 para el Ayuntamiento de Guadalajara, reconociendo que es la Junta de Comunidades la que tiene la obligación de rehabilitar y mantener los edificios e instalaciones del Fuerte de San Francisco.
Antecedentes con 14 años de historia
En 2004 Ministerio de Defensa, Ayuntamiento de Guadalajara y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, firmaron un convenio urbanístico que iba a marcar el desarrollo del sector del Fuerte de San Francisco. En ese documento se señalaban las obligaciones que cada una de las entidades firmantes asumían.
En 2010 se firmó el acuerdo definitivo del convenio, entre los firmantes el actual alcalde, Antonio Román, y Magdalena Valerio, entonces consejera de la Junta
Por parte de la Junta de Comunidades, además de desarrollar el sector, se comprometían a recuperar las naves del complejo para que el Ayuntamiento de la capital las destinara a usos culturales.
En 2010 se amplió el convenio para resolver los problemas que sufrían algunos de los vecinos que no podían ocupar sus viviendas debido a incumplimientos de la Junta en materia urbanística ya que las viviendas y la urbanización se realizaron a la vez.
Entre 2014 y 2015, en sucesivos requerimientos el Ayuntamiento de la capital pidió formalmente a la JCCLM que cumplieran con sus obligaciones de restaurar las naves, sin éxito.
La Junta reclamó en todas las instancias posibles hasta llegar al Tribunal Supremo, perdiendo todos los casos y siendo condenada a pagar las costas en este último recurso por no estar fundamentado.
Hay que recordar que la Junta de Comunidades fue el agente urbanizador de las obras del Fuerte. Por ello tuvo un lucro en la venta de esos terrenos, que se compensaba con la firma de un convenio por el que se comprometía a rehabilitar las citadas naves del Fuerte, y que pasarían a disposicón del Ayuntamiento de Guadalajara.
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