La próxima semana habrá un pleno monográfico para fijar la postura que se presentará a la JCCM
El Fuerte sigue siendo un espacio desconocido para muchos vecinos de Guadalajara
Tras la presión ejercida en las últimas semanas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha pidiendo que se acepte su propuesta de que la Ciudad el Cine ocupe todo el complejo de El Fuerte de San Francisco, el ayuntamiento de Guadalajara ha movido ficha.
Según informaba esta mañana el primer teniente de alcalde de la institución, Alfonso Esteban, el pasado lunes día 4 el ayuntamiento presentó ante el juzgado la solicitud de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de CLM que obligaba a la JCCM a arreglar el complejo tal y como se acordó en el año 2004 y 2010.
Además, la semana que viene se celebrará un pleno extraordinario para debatir entre todos los grupos políticos y que se “fije una posición definitiva” ante la propuesta de la Junta aunque todo apunta a que la respuesta, como adelantó Guadalajara Diario, será no.
Para justificar su decisión Esteban ha señalado que “no es una cuestión de colores políticos, es una defensa de los intereses de Guadalajara”. Insisten en que están a favor de la Ciudad el Cine pero respetando un espacio cultural para los vecinos. Esteban ha calificado la postura de la Junta como “inflexible, terca, torpe e incumplidora”.
Alfonos Esteban y Santiago López Pomeda en la comparecencia ante los medios de hoy/ Gu Diario
En esa petición de ejecución de la sentencia el ayuntamiento establece unos plazos para que la Junta cumpla con sus obligaciones, plazos que oscilan entre los 10 días (para el desalojo de los vecinos o licitación de las obras de la biblioteca) y los tres meses (para hacer inspecciones técnicas o redactar proyectos de arreglo).
Claustro de El Fuerte/ Archivo
Un convenio ilegal
El teniente de alcalde ha dado a conocer la propuesta de convenio que recibían hace unos días por parte de la Junta y ha señalado que el documento supone “un incumplimiento total y absoluto de las obligaciones que adquirió la Junta”.
Según el concejal de Obras, Santiago López Pomeda, el convenio ha sido estudiado por los servicios jurídicos del ayuntamiento y lo han calificado como desfavorable porque “no se ajusta a la legalidad”.
El convenio señala- según han informado- que el ayuntamiento debe firmar que acepta los edificios en las actuales condiciones y luego cambiar su uso para que se utilicen por parte de la empresa que gestionará la ciudad del cine, algo imposible según el equipo de Gobierno: “no podemos recepcionar esos edificios porque están sin rehabilitar y a eso es a lo que se comprometieron en el acuerdo de 2004.”
La segunda queja es que los edificios no se rehabilitan, solo se consolidan, además- reflexionan- recibir dinero de Europa supone cumplir unos plazos muy estrictos que ya van muy ajustados y desde el ayuntamiento se preguntan qué pasará si por no cumplir los plazos los fondos no se dan: “nos quedaríamos sin nada”- advierten.
El tercer punto en discordia es que si firman el convenio dan por cumplida la sentencia y ejecutado el PSI que se firmó en 2010 "sin que se haya hecho nada".
El convenio, por otra parte, no hace mención a los vecinos que siguen viviendo en El Fuerte y que el gobierno regional se comprometió a reubicar.
A pesar de la denuncia presentada ante los tribunales, el equipo de gobierno asegura que “esto no es incompatible con encontrar soluciones” y hace un llamamiento al diálogo aunque ninguna de las dos partes ha intentado reunirse para buscar un consenso.
De momento, hay opciones sobre la mesa y el equipo de gobierno está dispuesto a valorarlas: desde llevar la Ciudad del Cine a Villaflores, como propone Aike, hasta que la Junta dé el dinero y el Ayuntamiento se encargue de hacer las obras. Lo que no ven tan claro es hacer una ejecución subsidiaria, es decir, que el ayuntamiento haga los arreglos y le pase la factura a la Junta. “Podría ser pero no estamos hablando de 200.000 euros, es mucho dinero ¿y si la Junta luego no paga?- se pregunta Esteban.
Lo que falta por ver es el recorrido que tendrá la denuncia presentada este lunes, ya que no se pueden embargar las cuentas ni el patrimonio de las administraciones públicas. Si no hay acuerdo es posible se que se inicie un largo y lento proceso judicial que no garantice que las naves sigan en pie cuando el litigio acabe.
