Castilla-La Mancha, como todas las autonomías españolas, tienen dos televisiones a cargo del contribuyente, que se solapan o se pisan entre ellas, dependiendo del signo político del gobierno que las controla. Parece sorprendente que ningún partido se haga una pregunta tan sencilla: ¿Por qué hacen falta dos televisiones públicas, y especialmente en autonomías donde no tienen una lengua diferente al castellano? Aunque intuimos el motivo.
Días atrás se ha producido en un paro muy seguido en la televisión pública de Castilla-La Mancha, en protesta por la creación de lo que el Comité de Empresa llama la contratación de una “redacción paralela”, afín al director general Ignacio Villa, y que ha tomado las riendas de los programas informativos de CMT en un momento tan sensible como el de una campaña preelectoral. Desde el PP niegan públicamente la mayor, aunque privadamente lo que vienen a decir es que anteriores directores generales no tenían ese problema de confianza, porque fueron ellos quienes pilotaron el proceso de selección de sus plantillas y se preguntan dónde estaban los sindicatos para denunciar esa falta de objetividad e independencia que presidió la gestión de Jordi García Candau. Como se ve, cada uno cuenta la feria según le ha ido. Dijo el tuerto al ciego.
Lo cierto y verdad es que la televisión regional en esta región ha padecido desde el primer día hasta hoy una dependencia obsesiva de los gobiernos de turno, que ha convertido a sus informativos en un instrumento de propaganda a las labores del gobierno y de crítica solapada a la oposición. No hace falta que las informaciones que en ella se ofrezcan sean objeto de burda manipulación (aunque más de una ha tenido que ser rectificada por sentencia judicial), o contravengan el principio de neutralidad, que exige su estatuto fundacional, muchas veces el procedimiento es más sibilino. Todos los días, hay una docena de noticias favorables, neutras o desfavorables para el gobierno de turno en cualquier capital regional. Basta con elegir para la capital A siempre la favorable y para la ciudad B la desfavorable, y no la de mayor interés general, para que la tele de todos se convierta en una manipuladora de tomo y lomo. Y eso por no hablar de desayunos informativos, meriendas y cenas en los que el guión consiste en seguir la agenda diaria del gobierno regional o donde las opiniones de los intervinientes son tan uniformes que están más cerca de una televisión caribeña que de la BBC. Desde que se fundó la televisión de Castilla-La Mancha, no ha habido un debate de verdad que haya despertado la atención del espectador, como se refleja en sus índices pírricos de audiencia.
La gestión de Radiotelevisión Castilla-La Mancha por el gobierno de Cospedal ha sido decepcionante, porque ni ha mejorado la credibilidad y el pluralismo respecto a sus predecesores, ni ha aumentado su calidad, ni ha conseguido detener la sangría que nos cuesta al contribuyente castellano-manchego el invento, 36 millones de euros en 2015, porque de los 40, que es el total del presupuesto, solo cuatro lo sacan con la publicidad. Pero este intervencionismo garbancero es más criticable en cualquier gobierno que se precie de tener un afán liberal, todavía más que en partidos que todo lo fían al control de los medios de comunicación por el Estado como principio ideológico inmarcesible. Solo hay que repasar lo que en este sentido defendía el PP dde Cospedal en su programa electoral en 2011 y lo que luego ha practicado con su política informativa.
Tenemos escasa esperanza de que las televisiones públicas vayan a cambiar en este país, y hacerse en verdad más públicas y menos gubernamentales, porque aquí el que más y el que menos lo que espera es a heredar el momio; y a beneficiarse de él. Por ello ningún partido es capaz de hacerse la pregunta esencial: ¿Hacen falta dos televisiones públicas en Castilla-La Manchas, y en las Autonomías españolas en general?
Nosotros creemos que no. Y si en este país hubiera un mínimo de sensatez y menos sectarismo, se habría seguido el modelo británico en donde ni en la mismísima Escocia hay una televisión pública sostenida por el gobierno regional escocés, sino que basta y sobra con el circuito regional de la BBC. Y en Francia sucede igual, para mayor gloria de la nación francesa y de su cohesión como estado. ¡Igualito que en España! ¿Por qué no se podrían fusionar en España los centros regionales de RTVE con las televisiones autonómicas, respetando los derechos adquiridos de sus plantillas, con lo que se lograría una televisión pública más potente, de más calidad, con un nuevo estatuto profesional, y más difícil de manipular? ¿Qué sentido tiene que la televisión estatal y las autonómicas ofrezcan sus telediarios en la mayoría de los casos en competencia, como si se tratara de televisiones privadas, y luego ninguna de ellas tenga un programa de debate político plural, y ya no decimos un formato de investigación o de denuncia ciudadana? ¿Se imaginan los cientos de millones de euros que nos podíamos ahorrar cada año de los presupuestos púbicos?
Pues bien, esa fusión al modo británico jamás se producirá, porque los gobiernos de turno no querrán renunciar a su influencia sobre cada uno de los diecisiete centros territoriales que hay en España, y ya no digamos los gobiernos autonómicos, salvo en el caso de Valencia, donde la corporación pública quebró, porque no tenía para pagar las nóminas y digerir una deuda más grande que los gordinflones que salen en sus fallas. Pero en las demás autonomías ya se ha visto: se han saltado más rayas rojas en educación, sanidad y bienestar social que en el desembarco de Normandía, pero ahí siguen con sus chiringuitos televisivos. Intocables.
No hay ni una sola razón profesional o de interés generral que impida refundir en una sola corporación estatal, como en la BBC, las dos plataformas públicas que existen en España en cada autonomía.
Pero ni usted ni nosotros lo veremos.
GUADALAJARA DIARIO
