Estamos asistiendo durante esta campaña electoral a proclamas que reclaman la liquidación de las diputaciones, especialmente desde los partidos emergentes que están llamados a tener un gran protagonismo en la política española, con una simpleza preocupante.
Con la excusa de que hay que hay que reducir la burocracia administrativa (principio general al que nos apuntamos los primeros) nos explican que con su desaparición evitaríamos mucho clientelismo entre los partidos políticos porque se aprovechan de estas instituciones para colocar a los que han quedado fuera de otros escaparates con más "glamour". El argumento no puede ser más demágógico, porque desde el momento en que un partido obtiene escaños remunerados y además tiene capacidad para nombrar a través de ellos cargos de libre designación ya estamos hablando de una red clientelar, de la "casta" como algunos llaman ahora, y que a partir del 24-M ellos también van a integrar. Es obvio por tanto que no solo en las diputaciones sino en cualquier instancia pública (sea estatal, autonómica o local) hay riesgo de engordar esa clientela, que un estado democrático debe vigilar y corregir, pero imputarlo solo a las diputaciones es populismo barato.
Las diputaciones son necesarias, y en una provincia con 288 municipios y 25 entidades locales, como la de Guadalajara, todavía lo son más. ¿Qué pasaría si desaparece la Diputación? Argumentan que con ello nos ahorraríamos miles de millones, pero luego no explican cómo. Porque sus funcionarios tendrían que ser asimilados por la institución que se hiciera cargo de sus actuales funciones con lo que no vemos por ninguna parte dónde vendría ese ahorro, más allá de los sueldos que reciben los diputados provinciales, que a buen seguro que se acabarían trasladando también al organismo receptor. Por tanto, los partidos que hablen de adelgazar la administración que no se fijen en la administración local, porque es la más efectiva de todas, la más cercana y también la que menos déficit genera (y ahí están las cuentas generales de la Administraciòn para demostrarlo), fíjense mejor en las comunidades autónomas. ¿Por qué ninguno de esos partidos abogan por reducir el número de las autonomías en España, fusionando las más viables (por ejemplo, Castilla-La Mancha con Madrid) con lo que sí serían miles los puestos no de funcionarios sino orgánicos y de libre designación que se podrían amortizar? ¿Por qué no lo hacen? ¿Será porque en el fondo lo que aspiran ellos es a reemplazar a la vieja casta?
Dado que la liquidación de las diputaciones no podría sustanciarse trasladando competencias a los ayuntamientos, salvo para los municipios con más de 50.000 habitantes (solo uno en toda la provincia), la única solución sería por tanto trasladarlas a las autonomías, engordar todavía más su burocracia y alejar más el poder de decisión desde las provincias al Toledo de turno. Dicho de otro modo, que decisiones que ahora se toman desde Guadalajara y por políticos de Guadalajara, buenos o malos, pero son los que tenemos, lo serían por burócratas toledanos que desconocen por completo cómo es Guadalajara y su idiosincrasia. Un funcionario me contaba recientemente que en una consejería de Toledo zanjaron una discusión con el siguiente argumento: "total, si ese ayuntamiento solo tiene dos mil habitantes", sin pararse a pensar que un pueblo con esa población es en Guadalajara una cabecera de comarca. Esto es lo que se fomentaría con la desaparición de un gobierno provincial.
Pero es más, ¿qué iban a hacer desde Toledo con organismos que ha contribuido tanto a la cohesión provincial como los servicios de recaudación, los centros comarcales, la recogida y tratamiento de residuos urbanos, el asesoramiento a los municipios, los planes provinciales de obras, y ya no digamos de la cultura y sus tradiciones? Porque la Diputación no solo se encarga de echar asfalto por carreteras de pueblos a los que apenas acuden no ya dos mil habitantes sino apenas un centenar de vecinos, o menos, sino que también ha sido el ariete para la promoción de la cultura provincial, algo especialmente importante para que se pueda mantener la identidad de Guadalajara, la única provincia no manchega de esta autonomía, no se olvide. ¿Quién se habría ocupado de promover una institución tan trascendente para la cultura provincial como es la Escuela Provincial de Folklore? ¿O el conservatorio de música? ¿O museos provinciales como el castillo de Torija y la posada del Cordón? ¿O el respaldo a las fiestas de interés turístico y a centenares de asociaciones que trabajan por rescatar la cultura de sus pueblos, aunque la gran mayoría no llegue al centenar de empadronados? ¿Cerramos todos los ayuntamientos que no superen los cinco mil habitantes y con ellos liquidamos también una provincia y una institución que tiene más de dos siglos, bastantes más que la autonomía castellano-manchega, que nunca votamos?
Desde Guadalajara Diario defenderemos siempre a la Diputación como gobierno provincial que es, y rechazamos por tanto seguir alimentando el monstruo autonómico con más funcionarios –en CLM tenemos 50.000 empleados públicos– y nuevas competencias, y abogamos para que las diputaciones tengan un papel destacado como garante de los servicios hacia los pequeños ayuntamientos, en la línea que va la última reforma del Gobierno, pero eso exige además una reforma de las propias diputaciones. El problema no está en la institución, como tal, ese ayuntamiento de ayuntamientos para la asistencia a los municipios; la falla está en que el procedimiento de elección de las diputaciones no es democrático, aunque la institución sea democrática, porque emana de la Constitución misma.
Como hemos escrito en otras ocasiones, no se puede fortalecer el papel de las diputaciones provinciales sin reformar al mismo tiempo su mecanismo de elección. El ciudadano ignora por completo cómo se elige a la diputación, pero es que si llegara a saberlo le parecería perverso. Porque habrá electores que querrían votar a un señor/a como alcalde de su pueblo, pero no lo querrían hacer por ese mismo partido en la Diputación. Pues bien, la mayoría de la gente desconoce que los votos a las candidaturas municipales sirven para elegir a los diputados provinciales de distrito sin que el elector tenga arte o parte en la constitución de la Diputación, si no es de forma indirecta. Son los partidos los que ponen al presidente/a y a los diputados; y punto pelota.
Ahora que en esta legislatura se ha cumplido el bicentenario de la creación de la Diputación de Guadalajara con Molina, que así se llamó originariamente, segimos pensando que las diputaciones son un buen invento que nos legó la administración napoleónica –es una lástima que no copiáramos también otras cosas de su modelo territorial—y que tienen unas plantillas de funcionarios, normalmente eficientes y muy preparados.
Lo que hay que hacer es democratizar la institución y reverdecer los antiguos ideales de la revolución liberal que las creó en el Cádiz de 1812. Háganse elecciones directas a las diputaciones, con urna aparte y candidaturas diferenciadas. Y ganen sus diputados la representación de la que ahora carecen. Con ello su presidente/a y diputados provinciales tendrían además una mayor autonomía de acción, ya que su cargo sería electo y directo. Ahora no dejan de ser unos delegados del partido de turno, que no deben el puesto al ciudadano, como sucede en el caso de los alcaldes, sino al aparato del partido, ya sea provincial-para los diputados- o regional –en la elección del presidente-.
El modelo de las diputaciones no está obsoleto. Pero o se reforman y se democratizan o desde luego cada vez habrá más atrevidos que las cuestionen al socaire de una supuesta renovación, que no es tal, sino más centralismo autonómico en detrimento de las provincias.
Por todo ello, resulta decepcionante que los que dicen ser los valedores de las diputaciones ni tan siquiera hayan promovido una iniciativa para reformarlas en línea con esos principios de mayor representatividad y hayan desaprovechado una legislatura propicia para asegurar su futuro.
