Una de las tres casas reconstruidas en Fraguas, que ahora legalmente no es un pueblo, sino un monte de utilidad pública./ Fotos: Colectivo Fraguas. Mantener el asentamiento de Fraguas tal y como pretenden un grupo de “repobladores” que llevan allí instalados desde el año 2013 es imposible porque incumple totalmente la ley. Así lo ha confirmado a Guadalajara Diario el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Alberto Rojo.
La noticia de la denuncia judicial fue avanzada por este diario y en ella informábamos de que seis okupas podrían ser condenados a cuatro años de cárcel y 30.000 euros de multa por asentarse y reconstruir viviendas en el antiguo pueblo abandonado de Fraguas. Desde que se publicó en nuestro digital el miércoles santo hasta el domingo de Resurección, la noticia se convirtió en viral y recibió más de 40.000 visitas. El lunes se hacían eco de ella varios medios de comunicación nacionales y luego otros locales.
Según el delegado de la Junta este asentamiento es "ilegal" por varios motivos. El primero porque Fraguas ya no está considerado como un pueblo. “Se habla del pueblo de Fraguas- indica- pero no es así. Dejó de ser considerado como un pueblo a finales del los 60, y no se puede levantar un nuevo núcleo urbano aislado en un sitio que no está catalogado para ello”. Fraguas ahora es un monte de utilidad pública, que es propiedad de todos los ciudadanos, y por lo tanto cualquier acción que se quiera hacer en él necesita una autorización administrativa. Algo que los repobladores no han solicitado.
Además Fraguas está enclavado en el parque natural de la Sierra Norte, un espacio protegido medioambientalmente con una normativa clara en la que se prohíbe expresamente, entre otras cosas, que se construyan viviendas fuera de un casco urbano. En Fraguas se han levantado al menos tres. Según Alberto Rojo en estos temas la normativa es tan restrictiva que incluso ha habido pueblos que han tenido problemas para ampliar su cementerio. Según el delegado los “okupas” de Fraguas fueron informados de que no podían hacerlo en varias ocasiones y sin embargo siguieron adelante . “Preservar el entorno natural- apostilla Alberto Rojo- supone respetar la normativa básica”.
Sobre si se va a buscar una solución dialogada al conflicto que podría suponer penas de hasta cuatro años de cárcel para estas personas, el delegado de la Junta señala que de momento no lo están valorando porque hay muchas cosas que analizar antes: “este tema se inició en la anterior legislatura y ahora lo que estamos es recabando toda la información, cuando lo tengamos valoraremos si hay una solución al margen de los tribunales o no”.
¿Solución a la despoblación?
La vuelta a la vida de Fraguas ha sido vista con buenos ojos por diversos colectivos como una forma de atajar los problemas de despoblación que sufren muchas zonas de España y especialmente Guadalajara. El delegado de la Junta asegura que la administración apoyaría iniciativa de este tipo pero dentro de la legalidad: “hay muchos pueblos en Guadalajara, que todavía son pueblos legalmente y que están despoblados y estaríamos encantados de que gente como la de Fraguas pudiera llevar a cabo acciones en distintos municipios, con gente joven que quiere el mundo natural y que quiere mantenerlo vivo… pero en Fraguas no se puede porque hay una normativa que hay que cumplir”
Sobre si la pena pedida, 4 años de cárcel y casi 30.000 euros de multa, es proporcionada al delito cometido Alberto Rojo señala que es algo que no puede valorar porque él habla en clave política y no conoce los entresijos judiciales.
