La Asociación Castillo de Galve ha solicitado a la Junta de Castilla-La Mancha que el expediente que se abrirá al propietario del monumento recoja el grado máximo de sanción que permite la legislación actual, una multa de hasta un millón de euros. Entre 2012 y 2013, el dueño recibió hasta cinco requerimientos para cumplir sus obligaciones.
La asociación considera que la falta de atención hacia el castillo, y los reiterados incumplimientos legislativos, conllevan una infracción "muy grave". En concreto, la entidad pide al Gobierno regional que aplique el artículo 73 de la Ley de Patrimonio regional, aprobada el pasado año, que tacha de infracción muy grave "la destrucción o desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado Bien de Interés Cultural [BIC]. En España, todos los castillos están declarados BIC. Según las tablas que maneja la Junta, la comisión de una infracción muy grave podría acarrear una multa que oscila entre los 150.000 euros y un millón de euros. En caso de aplicarse la categoría de infracción "grave", la sanción económica sería de entre 6.000 y 150.000 euros.
Los miembros de la Asociación realizaron esta petición el pasado viernes, durante una reunión mantenida con varios técnicos de Patrimonio de la Delegación Provincial de la Junta de Castilla-La Mancha. La entrevista estaba previsto que se realizara con José Luis Condado, delegado del Gobierno regional, pero unos minutos antes de arrancar el encuentro su secretaria excusó la asistencia de Condado por "un imprevisto de última hora".
Torre del Homenaje del castillo desde el patio interior. En la imagen se observa nítidamente el deterioro, los destrozos, las obras realizadas por el dueño sin respetar el edificio y la maleza que acumula el castillo en el interior. FOTO: ASOC. CASTILLO DE GALVEMolestos con Condado
La Asociación Castillo de Galve lamenta en un comunicado el "desplante" del delegado provincial y la "falta de seriedad" que supone derivar una reunión con un miembro del Ejecutivo en un encuentro con técnicos. "Llevamos mucho tiempo pidiendo una reunión, por escrito y por teléfono, y cuando por fin nos dan cita resulta que el delegado provincial no se presenta", revela Raúl Conde, presidente de la Asociación de Galve. "Nosotros no pedimos una reunión con los técnicos, para eso no hace falta pedir cita. La pedimos con quien tiene competencias ejecutivas para resolver este asunto. Si no pudo venir por una urgencia, cosa que comprendemos, debíó delegar en alguien con competencias de gobierno, no en los técnicos", matiza Conde.
Además, la asociación galvita muestra su "sorpresa e indignación" por el hecho de que fuera el propio delegado quien comunicara la decisión de incoar un expediente sancionador durante el transcurso de una rueda de prensa en la misma mañana del viernes, pocos minutos antes de la reunión que debía celebrarse entre él y los miembros de la Asociación Castillo de Galve.
A pesar del "feo gesto" del delegado de la Junta, la Asociación Castillo de Galve apoya sin fisuras la apertura de un expediente de sanción al propietario del edificio, el empresario Enrique Calle Donoso, y lamenta que se hayan perdido tres años y no se produjera a principios de la legislatura pasada.
"Se han desperdiciado tres años"
Sobre la no apertura de este expediente por parte del Gobierno regional anterior, la Asociación de Galve critica que no se haya tomado cartas en el asunto hace muchos años, pero matiza que es bastante difícil que pudiera ejecutarse este expediente teniendo en cuenta que, como el propio Condado reconoce, implica al menos un periodo de seis meses. "La decisión se tomó en febrero de 2011 y el traspaso de poderes después de las elecciones se produjo en mayo de ese año, por lo que es complicado que pudiera incoarse el expediente", recalca Conde, quien añade que para la asociación de Galve "la causa del castillo no es política, ni mucho menos partidista, sino de compromiso cultural sin más afinidad que el interés por salvar el monumento".
"Nosotros mantenemos la misma reivindicación de siempre, tenga el color político que tenga el gobierno regional, pero hay que ser fiel a los hechos. Se han desperdiciado tres años", puntualizan desde la asociación de Galve.
En cuanto a la posibilidad de abrir el castillo al público, la Asociación destaca que eso ya es posible con la actual legislación, aunque matiza que siempre ha recomendado cerrar el edificio por el peligro que supone su interior al estar en muy mal estado. Conde explica que "la Junta instó al dueño a cerrarlo después de nuestras múltiples advertencias, pero recomendamos al señor Condado que se lea la Ley de Patrimonio que impulsó la Junta el año pasado. No hace falta que un monumento esté en buen estado para obligar a su dueño a mostrarlo al público. En este caso, la prudencia aconseja no abrirlo, al menos, por ahora".
Los técnicos de Patrimonio confirmaron los contactos mantenidos entre la Junta de Castilla-La Mancha y el propietario del castillo. Entre 2012 y 2013, éste recibió hasta cinco requerimientos para cumplir sus obligaciones y terminar el proyecto arqueológico y de rehabilitación que le reclama la Administración. Contestó a todos, excepto al último. La Asociación Castillo de Galve ya advirtió a la Administración regional del procedimiento habitual del dueño. "Suele dar cuartelillo a las reclamaciones, parece que las atiende, pero a la hora de la verdad nos toma el pelo a todos y nunca cumple sus compromisos", subrayan desde la entidad galvita.
"La Junta no ha decidido abrir el expediente al dueño porque no haya contestado a su último requerimiento, sino porque desde la Asociación hemos vuelto a la carga y hemos levantado la liebre sobre el pasotismo y la negligencia del dueño", matiza Conde. "En todo caso, bienvenido sea el paso que ha dado el Gobierno regional", añade.
La Asociación Castillo de Galve valora positivamente que por fin se vayan a tomar medidas concretas contra el propietario del edificio, reitera su máxima colaboración a la Administración y advierte de que estará muy vigilante durante los próximos meses para que el expediente se abra "lo antes posible y con las mayorías garantías administrativas y jurídicas".
