Ruiz (Cs): "Niños de papá que se aprovechan del esfuerzo de familias trabajadoras”.
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha propuesto este lunes la creación de una fiscalía 'antiokupación', que esté dotada con suficientes recursos materiales y humanos, para combatir la ocupación ilegal de viviendas.
Hernando ha formulado esta propuesta durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, en el marco del debate general sobre la situación de la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha, que ha presentado el grupo parlamentario de Ciudadanos.
El titular de Fomento, con competencias en materia de vivienda, ha lanzado un mensaje para lograr "unidad política" y "tolerancia cero" a la ocupación ilegal en la región, una práctica que ha definido como un "acto violento", que según ha subrayado va a encontrarse "con la más absoluta oposición por parte de las administraciones públicas".
"Ellos están organizados y unidos en una actividad criminal", ha comentado Hernando sobre los 'okupas', por lo que ha apostado por "actuar de manera coordinada" e implementar una serie de actuaciones que ha considerado imprescindibles.
Actuaciones como cambios legislativos en el ámbito estatal que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de los titulares legítimos de las viviendas, como por ejemplo denegar las inscripciones en el padrón municipal a quienes ocupan ilegalmente una vivienda.
De igual forma, ha abogado por que no sean solo los propietarios las personas legitimadas para interponer denuncias y que los costes de las mismas se subroguen "al gran tenedor que no denuncia", de manera que las comunidades de propietarios e inquilinos de las viviendas puedan también interponer la denuncia.
Además, ha defendido la necesidad de que se aumente "en muchos más años" la prescripción de la usurpación y "endurecer las penas" para infractores, sobre todo a los que sumen otros delitos como trata de seres humanos o pertenencia a organización criminal, así como legitimar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Policía Local para intervenir en la vivienda ocupada, desalojarla y devolver el inmueble a su legítimo propietario.
Hernando ha remarcado que así ocurre ya en Baleares, con una instrucción de la Fiscalía, y se ha preguntado por qué no puede extenderse al resto del territorio español con la unificación de criterios y coordinación, al tiempo que ha planteado la puesta en marcha de una fiscalía 'antiokupación', dotada de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para poder hacer su trabajo "lo más rápido posible".
En el caso de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando ha indicado que la Junta de Comunidades no cuenta con las herramientas competenciales para abordar este problema de manera unilateral, pero ha asegurado que es una "prioridad" y por ello lleva a cabo una política de "tolerancia cero" en su propio patrimonio de vivienda, a la vez que se coordina con otras instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ayuntamientos, Administración Judicial, Policía y Guardia Civil.
En el ámbito regional, el consejero de Fomento ha señalado, entre otras actuaciones, el diálogo constante con todos los actores implicados en la problemática de la ocupación ilegal, así como el asesoramiento que presta el departamento que dirige a través de las oficinas de Vivienda a las personas afectadas por la ocupación ilegal.
Ruiz :“No son personas con necesidad social, son delincuentes, sinvergüenzas y niños de papá"
Los tres grupos parlamentarios han expresado en la sesión plenaria su rechazo a la ocupación ilegal y han manifestado la necesidad de adoptar medidas urgentes en relación a esta práctica.
“No son personas con necesidad social, son delincuentes, sinvergüenzas y niños de papá que se aprovechan del esfuerzo de familias trabajadoras”. De resta manerase ha referido el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz a los okupas, a quienes ha calificado de “jetas”.
La iniciativa de Ciudadanos para endurecer la lucha contra la ocupación ha contado con el voto favorable del PSOE y la abstención del PP. Al respecto del apoyo del grupo socialista, Ruiz lo ha agradecido, pero ha recordado que el PSOE gobierna a nivel nacional “en coalición con Podemos y con socios como Esquerra Republicana o los bilduetarras, formaciones que no solo defienden la ocupación de viviendas, sino que la promueven”.
Ciudadanos ha planteado un paquete de doce medidas para “cortar de raíz un problema real y grave”, y ha abogado por endurecer las penas y, sobre todo, por unificar la jurisprudencia en cuanto al tipo penal, para que haya unidad de criterio sobre el delito de usurpación. “Lo lógico es que todos los juzgados de España digan lo mismo ante situaciones semejantes”.
No más ayudas públicas para los ‘okupas’
El diputado liberal ha considerado “absolutamente surrealista” que las personas que están en ocupación ilegal se vean luego favorecidas por ayudas públicas. A este respecto, Ruiz ha denunciado que “algunos se mantienen al margen de la ley para ocupar casas pero vuelven a la ley para apuntarse a cobrar subvenciones”
Ruiz ha hecho especial hincapié en distinguir las políticas sociales en materia de vivienda, “que son necesarias y cuentan con nuestro apoyo porque debemos hacer todo lo posible para que no haya ninguna persona sin hogar” y, por otro lado, la ocupación ilegal de viviendas, “que es una práctica delictiva perpetrada en muchos casos por personas perfectamente solventes, que ocupan casas por cuestiones ideológicas, no por necesidad”.
"La Tribuna" de Toledo pide apoyo a los poderes públicos para rechazar el ERE
Por otro lado, los trabajadores del diario La Tribuna de Toledo se han concentrado a las puertas de las Cortes regionales y han pedido el apoyo a los poderes públicos frente al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa editora Promecal, y que supone el despido de 17 trabajadores.
En la concentración ante las puertas de Cortes de Castilla-La Mancha, la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO, Nuria Garrido, ha mostrado su rechazo ante el ERE y ha señalado que los poderes públicos deben tomar medidas al tratarse de un medio subvencionado, pero que "deben subvencionar a empresas donde se crea empleo, no donde se destruye" y ha explicado que la plantilla lleva años muy castigada, al haber sufrido en otra ocasión una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
En este sentido, el delegado de trabajadores y fotógrafo de La Tribuna de Toledo, David Pérez, ha asegurado que se trata de una decisión "sin miramiento y desproporcionada", donde la reducción de la plantilla complicará el trabajo que se estaba haciendo y romperá con "la calidad del producto".
Además, Pérez ha expresado que siguen manteniendo la esperanza para que esto se solucione, y ha apuntado que no van a "dejar nada a la suerte" y van a continuar con la lucha para que se respete a los trabajadores y puedan continuar haciendo un buen producto.