Un grupo de profesores del IES AGUAS VIVAS de Guadalajara queremos manifestar nuestro descontento por la gestión educativa ante la pandemia de la COVID 19, que ha puesto en evidencia una serie de fallas dentro del desarrollo de nuestra profesión docente.
Según un célebre manifiesto de un grupo de diputados absolutistas que reclamaban que el rey Fernando VII –primero deseado y luego felón- asumiera poderes absolutos en su retorno al poder y acabara con la obra reformista de Cádiz, era costumbre entre los antiguos persas que a la muerte de su rey el pueblo se sumiera en unos días de anarquía sin ningún tipo de autoridad para que aceptaran de buen grado más tarde el gobierno despótico, con sus reglas y su orden que limitaban los desmanes.
Aún por acabar la segunda década del siglo XXI nos llegó la pandemia del COVID… Y llegó la anarquía –entendida esta vez como ausencia de gobierno- al ámbito docente: durante un mes –desde el 13 de marzo que se suspendieron las clases presenciales al 13 de abril, día que la Consejería de Educación emitió sus primeras instrucciones- los profesionales de la docencia se encontraron solos, sin directrices, sin reglas, sin apoyo, algunos sin medios… enfrentados a la tarea de transformar un sistema de enseñanza-aprendizaje presencial en otro a distancia. Sin preparación y sin soporte público, pues la plataforma propuesta para llevar a cabo nuestro trabajo se reveló –como todos la que la conocemos temíamos- como incapaz e ineficaz para el mismo. Pero lo hicimos: improvisando, investigando, buscando el bien de nuestros alumnos, aportando nuestros medios particulares, nuestros equipos informáticos, nuestros teléfonos, doblando nuestro esfuerzo, el tiempo dedicado al trabajo, sin horarios, sin fines de semana… Establecimos sistemas de comunicación con nuestros alumnos y compañeros, métodos de entrega y corrección de actividades, aulas virtuales, clases por videoconferencias, pruebas online… Y todo ello lo hicimos sin tener en cuenta el exabrupto de nuestro presidente autonómico que, pocas horas antes de decretar el cierre de los centros educativos, insinuaba que los docentes queríamos “vacaciones”, mostrando un desconocimiento profundo de nuestra profesión.
Nadie se preocupó de la situación de los docentes: si ellos o sus familiares estaban afectados por la COVID, si podían conciliar sus nuevas obligaciones con sus familias, si tenían medios adecuados y suficientes para trabajar, si padecían esa famosa “brecha digital” que solo parecía afectar a los alumnos… Pero superando todos los condicionantes nos adaptamos y recuperamos la esencia de esta bella profesión –la relación docente/discente- sin mediaciones ni interferencias externas… Y, curiosamente, disfrutamos de la anarquía y pensamos algún instante, ilusos, que el sistema reposaba en nuestro trabajo y esfuerzo y el contacto con nuestros alumnos…
Hasta que volvió el emperador persa: manifestándose primero en forma de unas instrucciones que obviaban el trabajo realizado hasta entonces, porque ni la Consejería ni el Papás sostuvieron el sistema educativo durante ese mes: fueron los docentes y sus alumnos. Ante ese nunca explicado silencio, la Consejería persa marcó, esta vez sí, reglas absurdas que se saltaban el ordenamiento legal educativo y se regían por un planteamiento político falaz: “han de aprobar todos los alumnos”. Significativo fue que la Consejería facilitara a los padres, antes que ninguna otra cosa a los docentes, el procedimiento para reclamar las calificaciones de sus hijos… Otra bofetada más a los docentes, señalados como si su máxima profesional fuera la de suspender y no la de enseñar... El desatino se agravó dos semanas más tarde con la publicación de la Resolución de 30 de abril: en ella la administración se hacía trampas al solitario, dejando toda la carga de la prevaricación en manos de los docentes, que debían soslayar toda una ley orgánica vigente para promocionar y/o dar titulación a prácticamente todos los alumnos. Pero el emperador quería, además, demostrar su ominoso poder: mando a su guardia de élite –la Inspección- a castigar a los anárquicos docentes en forma de reprogramaciones, hordas de informes individualizados, turbamulta de planes de trabajo, de refuerzo, de ampliación, interminables evaluaciones, … Con fechas, con plazos, con amenazas, e incluso con la jactanciosa e hipócrita manifestación de “todas las reclamaciones este año se fallarán a favor del alumno”. El summum de la arbitrariedad y el absolutismo: esgrimir la ley ante todo, pero manifestar verbalmente que la ley iba a ser incumplida, pesara a quien pesara…
“Qué buenos vasallos, si hubiera buen señor”, pensamos muchos… Somos servidores públicos, pero quieren que seamos siervos… Sin derechos laborales, sin conciliación familiar, sin empatía ninguna por parte de nuestros gestores… “Hay que obedecer las instrucciones y la resolución para que no haya ninguna reclamación”, se convirtió en el nuevo mantra de la Inspección… El resultado es bien conocido por todos: seguramente los mejores resultados educativos de la Historia, seguramente los menos objetivos y más falseados… Los docentes exhaustos tras un trimestre terrorífico de trabajo en el que no se ha modificado ni una sola fecha ni obligación –salvo la EvAU- para facilitar nuestra labor, sino todo lo contrario… Y terminando el curso con la moral y el ánimo más deprimidos que nunca: porque no hemos encontrado ni una palabra de apoyo y aliento de nuestros gestores a nuestro trabajo, porque estos mismos gestores siguen empeñados en no escuchar la opinión profesional de los docentes, porque vemos, además, que el futuro no está claro, sino pleno de incertidumbres y vaguedades de cara al próximo curso 2020-2021 en cuanto a la organización de los centros, espacios, ratios, medidas de seguridad, respuesta ante nuevos confinamientos, etc.
“Disfrutamos” de la anarquía durante un mes para volver a esta nueva realidad constatando, consternados, como la enseñanza pública sigue siendo la gran olvidada y los profesores de la pública mucho más. No somos persas, ni añoramos a un emperador absoluto que gobierne despótica y arbitrariamente. No vamos a consentir que no se respeten nuestros derechos laborales y nuestro derecho a un trabajo en condiciones adecuadas, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista profesional. Para defender esos derechos usaremos los medios y recursos que las leyes ponen a nuestra disposición, entendiendo que esas acciones no solo defienden al colectivo docente, sino a nuestros alumnos y al conjunto del sistema educativo público.
Este texto surge del Departamento de Historia del IES AGUAS VIVAS y han dado su apoyo 20 profesores del centro.