Ciertamente que las quejas sobre la fábrica de Caolín y Sílices de Taracena se remontan a la noche de los tiempos, pero esta vez ha habido algo nuevo, y fundamental: el reconocimiento de la existencia de casos de una enfermedad profesional, como es la silicosis.

 Tiene que haber un antes y un después desde que  la delegación Junta de Comunidades, como administración competente en la materia, reconoció la existencia de casos de silicosis, una enfermedad profesional relacionada con las malas prácticas de la minería. Fue una semana después de que la recién creada Asociación de Afectados por Caobar denunciaran la existencia de posibles casos en Guadalajaradiario.es, que culminaron con varias informaciones y reportajes publicados por este portal digital, y a los que nos remitimos. Sin la determinación de las personas que lideran esta asociación, a los que en algunos foros se les quiere interesadamente desacreditar, no sabemos si alguna vez habría trascendido esta información tan relevante. Es la prueba del 9 del oscurantismo con el que se ha tratado históricamente todo lo que afecta a Caobar, no sea que se vayan a perder medio centenar de puestos de trabajo o algún trabajador deslengüado pueda acabar en la calle. Jamás debería  ser este el debate.

Cuando hablaron con Guadalajaradiario.es los miembros de esta asociación siempre nos dejaron claro que ellos no pretendían que Caobar cerrase, pero que bajo el amparo de la conservación de unos puestos de trabajo no podía justificarse que ninguna empresa se saltara a la torera la ilegalidad. Así debe ser: la mejor garantía para la continuidad de esta fábrica en Taracena es el cumplimiento de la Ley y que su actividad sea inocua para trabajadores y población. Y si para ello hay que ayudarla en que se ponga al día en las medidas de prevención, la administración debería colaborar con Caobar en lo que sea posible. Pero nunca la solución es hacer la vista gorda, como sospechan estos vecinos se ha hecho  a lo largo de los años.  

Ahora, la pelota está en el tejado de la administración. La Junta de Comunidades ha puesto a trabajar a cuatro consejerías distintas y ha pedido la colaboración del Instituto Nacional de Silicosis para que diagnostiquen a los trabajadores afectados, y que a día de hoy tampoco sabemos cuántos son, ni qué va a ser de ellos,  porque no podrían seguir trabajando en Caobar con una enfermedad profesional diagnoticada. La responsabilidad de la Junta de Comunidades es llegar hasta el final en los expedientes abiertos, y a partir de sus conclusiones  determinar cómo y de qué manera la actividad puede seguir en dicha planta, o si hay que proceder a su traslado. Para eso están los informes técnicos. 

Menos claro está el asunto de cómo abordar –si es que tienen intención de hacerlo—la influencia que ha podido tener en la salud de los vecinos de Taracena el polvo del caolín y sílices que se ha expulsado a la atmósfera desde 1964. ¡Tela marinera! Aunque hay estudios privados medioambientales que reflejan la existencia de valores superiores a lo que establecen las normas, jamás se ha hecho un estudio epidemiológico entre la población para saber si les ha afectado o no ese polvo en suspensión en los últimos cincuenta años. Así es muy difícil transmitir tranquilidad y no nos extraña que algunos vecinos se vayan a hacer las pruebas de silicosis por su cuenta para saber a lo que atenerse.

 Lo que nos aseguran es que esta vez no van a permitir que el tiempo lo cubra todo bajo un manto de silencio.