La cabecera del Tajo tiene hoy 405 Hm4, cinco por encima del umbral para que se puedan realizar trasvases al Segura. El Gobierno apunta a los trasvases para solucionar los déficit de agua en un futuro.
Imagen actual del pantano de Entrepeñas cerca de la presa/ CHT.
Según el SAHI del Tajo, que informa en tiempo real de los volúmenes embalsados en la cuenca, en la mañana de hoy la cabecera del Tajo embalsa 405 Hms, por lo que ha superado en 5 Hm3 el umbral a partir del cual se podría autorizar un trasvase al Segura por encima de esa cantidad que el actual Plan del Tajo considera excedentaria, con la protesta de los ribereños y el gobierno de Castilla-La Mancha. Ayer, García-Page habló de que el trasvase podría llegar en Semana Santa.
El pasado lunes, la cabecera del Tajo ya estaba a 13 Hm3 de alcanzar esos 400 Hm4, y en apenas un día y medio los ha superado. En ña mañana de hoy, el pantano de Entrepeñas tiene 170,77 Hms, el 21,28 % de su capacidad y el de Buendía 234,53 Hm3, el 13,31 %. Por lo tanto, entre ambos suman los citados 405 Hm3., el 16,3% de capacidad de los dos embalses.
"Con los embalses vacíos al 84 por ciento, es paradójico que se considere excedente lo que entre a partir de ahora", asegura el presidente de la Asociación de Municipios Riberfeños, el socialista Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón, quien no duda de que la "maquinaria infernal del Trasvase volverá a funcionar, porque para el ministerio de Agricultura los usos que deberían imperar por ley son secundarios: sólo importan los intereses de un sindicato privado, que bajo la careta de la huerta murciana esquilma también a los suyos", dice el alcalde en referencia al Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-segura (SCRATS).
Torrecilla hace referencia a que los regantes de la huerta tradicional murciana denunciaron en julio el "robo" de doscientos hectómetros cúbicos para desviarlos a los campos del trasvase, por lo que con esos 200 Hm3 la cuenca del Segura estaría al 42 por ciento, lo que ahorraría subvenciones.
Torrecilla: "Sobran sinvergüenzas y hectáreas de regadío insostenible"
“Murcia no es el enemigo, los regantes murcianos tradicionales sufren el mismo problema que nosotros”, sostiene Pérez Torrecilla, quien culpa al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con la ministra Tejerina a la cabeza, porque "priman los intereses de una empresa privada por encima de los de los españoles, que se enfrentan a la muerte del Tajo, el Segura y el Mar Menor para sostener una industria que hace dinero del saqueo del agua”.
“No falta agua, sobran sinvergüenzas y hectáreas de regadío insostenible e ilegal”, afirma rotundo, en referenciaa que los regantes tradicionales del Segura disparan en la misma dirección, denunciando no la sequía actual, sino la sequía estructural de la cuenca del Segura y la falta de transparencia de sus gestores y de gobiernos autonómicos, como el de Murcia, en cuyo territorio se han transformado “entre 75.000 y 100.000 hectáreas que riegan pese a ser alegales e ilegales, desde de la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura”.
Y es que este mismo julio, los regantes de la huerta tradicional criticaron que “se habían desviado hacia los campos del Sindicato, cerca de 200 hectómetros cúbicos (Hm3) de recursos propios del Segura, a los que no tenían derecho”. Por su parte, el Ministerio argumentó que sí se podía trasvasar esta agua en base al decreto de sequía, que unificaba todos los regadíos de la cuenca del Segura en un solo sistema.
Desde entonces, los terrenos del trasvase pueden regar de los dos sitios y los escasos recursos se reparten. “Lo tuyo es nuestro, lo mío es mío, como hacen con nosotros”, lamenta Pérez Torrecilla. “Si van a volver a saquearnos el agua, que por lo menos sirva para que los regantes tradicionales recuperen lo que les han robado”.
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Por otro lado, en un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo autonómico asegura que “es triste mirar al cielo para que se nos lleven las cuatro gotas por encima del límite legal trasvasable”, en alusión a las reacciones que se han producido en las regiones del Levante desde que este martes se sobrepasara en pocos hectómetros el baremo mínimo establecido en el Memorándum del trasvase Tajo-Segura.
Las declaraciones del presidente vienen acompañadas de unas imágenes filmadas en los pantanos de Entrepeñas y Buendía el pasado mes de febrero, cuando ambos se encontraban leventemente por encima del nueve por ciento de su capacidad.
Una situación provocada por los 23 trasvases aprobados entre junio de 2015 y mayo de 2017, la sequía de los últimos años y tras cuatro décadas continuas de derivaciones en las que se han llegado a trasvasar más de 12,7 billones de litros de agua para el consumo humano, los regadíos y la industria turística de las regiones del Levante.
“Esto es lo que no queremos: un Tajo muerto desde su cabecera”, ha subrayado en sus redes sociales el presidente de Castilla-La Mancha.
En esta filmación se recoge el estado del embalse de Entrepeñas desde la localidad de Sacedón y el del pantano de Buendía desde el Real Sitio de La Isabela, antiguo pueblo-balneario que quedó sepultado bajo las aguas del embalse tras su inauguración en 1958 y que sólo es visible cuando éste se encuentra por debajo del 20 por ciento de su capacidad.
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El Gobierno apunta a los trasvases para solucionar los déficit de agua
Por otro lado, el Gobierno ha apuntado a los trasvases de agua entre cuencas como solución a los déficit hídricos de algunas de ellas, aunque ha incidido en la importancia de un consenso suficiente para dar respuesta a largo plazo y de garantizar siempre la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso.
Así se pone de relieve en un documento, cuyo contenido ha sido adelantado hoy por la Cadena Ser, que el Gobierno ha compartido con el PSOE para avanzar en las negociaciones de un Pacto Nacional del Agua, en el que se propone estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de las transferencias de agua entre cuencas.
El documento, al que ha tenido acceso EFE, asevera que los nuevos trasvases contarían con una regulación tanto técnica como jurídica y económica, e insiste en la necesidad de ejecutar en cada una de las demarcaciones hidrográficas aquellas infraestructuras "convencionales y no convencionales" que aumenten las garantías para satisfacer las demandas de agua en un escenario de cambio climático.
Entre las medidas que plantea el documento que el Ejecutivo ha enviado al PSOE figuran la de poner en marcha un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas ya existentes o promover el uso eficiente del agua y el ahorro en todos los sectores y en el uso doméstico.
Señala en este sentido la importancia de poner en marcha esas medidas de ahorro y eficiencia en la agricultura como principal consumidor de agua, "adaptando la agricultura de regadío a los nuevos desafíos del cambio climático para garantizar la sostenibilidad del sector".
El documento, que el Gobierno ha enviado como "borrador", apuesta por impulsar los trasvases para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca, con el objetivo de disponer de una red de infraestructuras interconectadas para poder suministrar más eficientemente desde cualquier punto.
Respecto a los trasvases que ya están en funcionamiento en España, el documento plantea avanzar en la creación de la comisión de gestión para cada una de las transferencias, para disponer de un órgano que dé mayor transparencia a su gestión.
En la actualidad existen varias transferencias "que es preciso ordenar", como el Bitrasvase del Ebro o la transferencia del Guadiana a las cuencas internas del Tinto-Odiel-Piedras, de la que parte el trasvase de esa cuenca interna a la del Guadalquivir.
Asevera el documento que, el ámbito de los recursos hídricos, los efectos del cambio climático son "más severos y evidentes" y que la reducción de los recursos será más grave a medida que avance el siglo, y que el periodo 2070-2100 las reducciones de escorrentías podrían ser de hasta el 24 por ciento.
Tras analizar los avances que se han producido durante los últimos años en materia de gestión del agua, el Gobierno considera que éste "es quizá el momento más adecuado para impulsar un gran acuerdo político por el futuro del agua".
Considera que ese Plan debería definir una política de Estado "integradora, consensuada y solidaria, con vocación de continuidad a largo plazo" y que asegure el equilibrio, la protección ambiental del medio hídrico "y la atención a las demandas en todo el territorio nacional".
Desde que en marzo de 2017 -recuerda el documento- se presentara en el Consejo Nacional del Agua la "hoja de ruta" para avanzar en ese objetivo, representantes del Gobierno han celebrado más de 120 reuniones con todos los implicados en la gestión del agua.
El documento incide en los aspectos medioambientales y en la necesidad de identificar los espacios emblemáticos para garantizar una protección a largo plazo de determinadas masas de agua asociadas a los mismos, como Doñana, el Delta del Ebro, el Mar Menor, las Tablas de Daimiel, la Albufera de Valencia o la reserva de Urdaibai en el País Vasco.
Señala también la transcendencia de avanzar en la mejora de los caudales ecológicos para la preservación de los ecosistemas y mejorar la salud de los ríos y, en la puesta en marcha "efectiva" de las medidas de los planes de gestión de riesgos ante inundaciones.
