El gas natural es un recurso fundamental para el presente y el futuro de la economía española. Una economía que importa más del 99 por ciento del gas que consumimos y, además, en no pocos casos, proviene de países con una alta inestabilidad política.

Esta circunstancia, que afecta muy directamente a la competitividad y a la seguridad de suministro, hace que cualquier alternativa a seguir importando gas deba ser tenida en cuenta por cualquier gobierno responsable.

Eso es lo que hizo el anterior Gobierno socialista, impulsando el ahorro y la eficiencia energética o el fomento de las energías renovables como alternativa a la importación de hidrocarburos (petróleo o gas)

Pero, el Gobierno del Partido Popular, debido a su miopía energética y medioambiental, en vez de apostar por las tecnologías de futuro y por un comportamiento eficiente y responsable de ciudadanos, empresas y administraciones públicas en materia energética; ha decidido, una vez más, seguir criterios cortoplacistas y sumarse al carro del fracking, más conocido en castellano como fractura hidráulica. Una técnica muy agresiva que consiste, básicamente, en la inyección de agua, arena y productos químicos, con la finalidad de fracturar la roca que contienen el gas.

Este gas se denomina “gas no convencional”, no porque no sea gas natural, sino precisamente porque, a diferencia de las explotaciones convencionales de gas, en este caso, se usa una técnica no convencional. Existen numerosos informes sobre el fracking, que hacen referencia al riesgo de contaminación para los acuíferos, a sus efectos sísmicos, al calentamiento global del planeta, o a la salud de las personas y trabajadores de estas instalaciones.

Desde el PSOE, sin poner en cuestión los posibles beneficios económicos que se puedan derivar del uso de estas técnicas -se habla incluso de una posible burbuja energética)- creemos que las numerosas incertidumbres que hay en torno al fracking también deben ser analizadas y evaluadas antes de proceder a su uso en nuestro país.

En este sentido, no le estamos pidiendo al Gobierno que haga algo distinto de lo que ha hecho o  está haciendo en Comunidades Autónomas como Cantabria o Aragón --por cierto, comunidades gobernadas por el PP- o en varios estados de Estados Unidos o en países como Francia o Alemania. Simplemente, le solicitamos que, en virtud del “Principio de precaución”, o también llamado de “cautela”, se paralicen los  permisos de investigación hasta que los impactos estén plenamente investigados, comprendidos, afrontados y regulados.

El Gobierno no puede obviar los costes sobre la salud humana y el medioambiente que la técnica del fracking puede ocasionar. Todo lo contrario, ni puede ni debe hacerlo antes de autorizar o no estas prácticas. Debe internalizarlos en el correspondiente análisis coste-beneficio, y darles la importancia que merecen, sobre todo cuando se trabaja  por y para el interés general.

El Gobierno no puede seguir viviendo al margen de las preocupaciones sociales, como suele hacer habitualmente, por mucha mayoría absoluta que tenga. En el tema del fracking existe también una creciente preocupación social que, unido a los informes que antes mencionaba, deberían hacer reflexionar al Ejecutivo y llevarle a establecer una moratoria en la ejecución de estos proyectos, en tanto la seguridad humana y medioambiental no esté plenamente garantizada. Por eso, desde el Grupo Socialista propusimos crear una ponencia en el Senado que, a la vista de los informes de los expertos, trazase las líneas maestras de las iniciativas necesarias para proteger el medioambiente y la salud humana. Lamentablemente, una vez más, el Partido Popular utilizó su mayoría parlamentaria para rechazar dicha moción, dando vía libre al fracking en nuestro país, sin ningún tipo de control. Con ello, estamos asumiendo el mismo riesgo que “un bebé abandonado en un bosque de lobos”, al priorizar los beneficios extraordinarios de ciertas empresas frente a los posibles riesgos que para la salud pública y el medioambiente, pueden generar estas explotaciones. Sobre todo, una vez que la experiencia vivida en Estados Unidos demuestra que estos impactos han existido y existen, y, no, en pocas ocasiones.

El futuro de nuestro país pasa, no por crecer más a cualquier precio, sino por crecer mejor. Queremos crecimiento con igualdad, con respeto medioambiental y con ganancias de bienestar para la mayoría de la población y no para unos pocos. Conviene recordar que la salida de la crisis, como señalan varios organismos europeos, pasa por un cambio de modelo energético.

Un cambio en el que las energías renovables y el compromiso ecológico, dos de los principales damnificados de las técnicas del fracking, deben jugar un papel prioritario para reducir nuestra dependencia energética e incrementar la seguridad de suministro y la competitividad. Por eso, exigimos prudencia, ponderación y visión de futuro. Pero, sobre todo, que el Gobierno no siga castigando con políticas disparatadas los recursos autóctonos que tenemos en abundancia (sol, viento) y que, junto con el ahorro y la eficiencia energética, deben ser el norte hacía el que nos dirijamos.

JESÚS ALIQUE

Portavoz socialista en la

Comisión de Industria, Energía y Turismo

y senador por Guadalajara