El presupuesto de gasto no financiero de la Junta para 2018 sube un 2,7 % respecto al presente ejercicio y asciende a 7.609,7 millones de euros.
El consejero de Hacienda hace entrega del presupuesto para 2018 al presidente de las Cortes.
Podemos advierte de que el acuerdo es solo para iniciar la tramitación parlamentaria
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2018 que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que, si se incluye el gasto financiero, asciende a 9.219,1 millones, el 3,1 % más que este año, superando así la barrera de los 9.000 millones que no se pasaba desde 2010.
Ruiz Molina ha indicado que las cuentas están diseñadas para cumplir con el objetivo de déficit del 0,4 % del PIB marcado para el año que viene y de deuda del 35,3 por ciento, "queremos cumplir la denominada regla de gasto".
Ha resaltado que el proyecto de presupuesto se ha redactado desde el diálogo social y junto con Podemos que ahora forma parte del Gobierno regional, por lo que cuenta con "todos los mimbres" para poder entrar en vigor el 1 de enero de 2018.
Además de cumplir con el rigor que requieren las finanzas públicas, se destina más del 70 % del presupuesto no financiero a gasto social, un total de 5.197,4 millones, lo que representa un incremento del 3,5 % respecto al ejercicio anterior (176,9 millones más).
Ruiz Molina ha explicado que las cuentas se han realizado sobre un escenario de crecimiento económico de la comunidad autónoma similar al de España, tomando como referencia los datos del Ministerio de Economía que apuntan a un crecimiento económico del 2,6 %, unos datos "conservadores y prudentes", ha dicho el consejero.
También ha destacado que en 2018 se mantienen los impuestos igual que en 2017, cumpliendo así los compromisos adquiridos.
Los tres grandes objetivos del presupuesto de 2018 son avanzar en el estado del bienestar y en la prosperidad económica, con rigor en las cuentas públicas.
El presupuesto del año próximo posibilitará avances en educación como el pago del verano a los profesores interinos, la reducción de horas lectivas, inversiones en infraestructuras, mayor financiación de las universidades públicas y dotación del 1 % cultural.
En sanidad, el presupuesto permitirá la prestación farmacéutica subvencionada para los menores con discapacidad, inversiones en equipamiento tecnológico y en infraestructuras hospitalarias y centros de salud.
En bienestar social se aumentará el ingreso mínimo de solidaridad y habrá más residencias, más plazas de termalismo y más recursos y profesionales, así como transporte social para los mayores.
Los empleados públicos recuperan el 1,5 % salarial pendiente y se convocarán nuevas ofertas de empleo público.
El consejero he hecho hincapié en que la inversión en infraestructuras de carácter social sube un 17 %, con 13,4 millones más; y los recursos para el desarrollo económico y la creación de empleo crecen el 6,1 %, además, el Plan Integral de Garantías Ciudadanas contará con 143 millones de euros.
En resumen, ha dicho Ruiz Molina, cada día del 2018 se destinarán 14,2 millones para el estado del bienestar; 5,6 millones para desarrollo económico y creación de empleo y 1,7 millones para inversiones.
Respecto a la amortización de la deuda pública, ha manifestado que el 86 % de los vencimientos de este año son por préstamos suscritos en la anterior legislatura, un total de 1.374 millones, mientras que 220 millones suponen el resto de vencimientos.
Ruiz Molina ha indicado que el presupuesto está diseñado para generar un ahorro neto de 115 millones de euros, el 51 % más que el año pasado.
Lo ha comparado con el último presupuesto del gobierno del PP y ha resaltado que en tres años se ha aumentado un 12,3 %, en más de mil millones de euros, y el 80 % de estos nuevos recursos se han destinado a gasto social y económico.
El consejero ha señalado que el presupuesto de 2018 es la "tercera anualidad del plan de recuperación social y económica de Castilla-La Mancha" y que servirá para avanzar en el estado del bienestar, aprovechar el crecimiento económico y redistribuir la riqueza para mejorar la calidad de vida.
Ruiz Molina ha llevado el proyecto de ley de presupuestos a las Cortes regionales para comenzar la tramitación parlamentaria.
