Una de las calles lleva días cerrado al tráfico y al paso de peatones
Las inspecciones técnicas de edificios realizadas en los diversos inmuebles municipales del Fuerte de San Francisco han confirmado lo que todos sabíamos: no cumplen las condiciones mínimas para ser seguros por ese motivo el concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Rafael Pérez Borda, ha firmado cuatro decretos pidiendo su desalojo. En unos casos se da un plazo de un mes y en otros de tres meses. La situación de algunos inmuebles es más precaria que en otros. La pasada semana los bomberos
de Guadalajara tuvieron que acudir a quitar parte del tejado de la nave que da a la calle Grecia por el riesgo de desprendimientos. Desde entonces la calle (zona en la que siguen las actividades del TYCE) está cortada al tráfico y al paso de peatones y el ayuntamiento no da fecha de cuándo volverá a abrirse.
Según ha podido comprobar Guadalajara Diario en los cuatro decretos firmados los inmuebles a desalojar son el antiguo edificio de talleres, situado en la calle Portugal; el antiguo edificio de la compañía y el cuerpo de Guardia, situado en la calle Finlandia (allí guardaban sus cosas la asociación de belenistas, los mascarones y dulzaineros); los antiguos edificios de almacenes en la calle Irlanda, 7 y el claustro y taller de forja. En la mayoría de los casos la ITE es desfavorable por deficiencias graves o muy graves sobre todo en la zona de las cubiertas y las azoteas pero en ningún momento se habla de riesgo de derrumbe.
Lo habitual es que tras una ITE la propietaria, en este caso la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, realice las obras oportunas para subsanarlas pero, a pesar del tiempo transcurrido, (las ITES, realizadas en 2020, daban un plazo de un año para los arreglos) esas mejoras no se han llevado a cabo. Desde el ayuntamiento de Guadalajara no han podido confirmar a nuestro digital si la petición de obras se realizó o no al gobierno regional.
Alegaciones de una empresa afectada
Una de las empresas a las que se ha ordenado el desalojo, con sede social en Alcalá, y que se dedica a construir carrozas ha presentado alegaciones. Según refleja el decreto alegan que llevan en la nave de la calle Irlanda 7 desde el año 2003, que tienen muchas carrozas dentro y que cuando se les entregó la nave no era habitable. Piden que se hagan las mejoras necesarias y que ellos irán trasladando lo que tienen de unas zonas a otras para facilitar los trabajos.
Estas alegaciones han sido rechazadas por el ayuntamiento de Guadalajara quien señala que esta empresa no ha acreditado con ninguna documentación el permiso para estar en el edificio, y dejan constancia de que los traslados de materiales de un lugar a otro no es posible porque no se “pueden garantizar la salud de las personas o bienes que estén en el interior”. Ante esta situación les dan un plazo de tres meses para llevar a cabo el desalojo, “en caso de no realizarse voluntariamente- advierte el decreto- se procederá al desahucio por vía administrativa”.
Con estos desalojos ya no quedará ninguna actividad en el complejo, excepto en las viviendas que son propiedad, y por lo tanto, competencia de la Junta de Comunidades.
Fuentes del ayuntamiento de Guadalajara señalan que es necesario que los edificios queden libres, no sólo por el deficiente estado de conservación de las naves, si no porque es necesario para cumplir el convenio firmado entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el propio ayuntamiento de la ciudad. Estas mismas fuentes aseguran que en breve habrá nuevas noticias sobre el complejo y que no estarán relacionadas con las dos naves en las que ya se ha iniciado el proceso de mejora: el antiguo taller de forja (donde se instalará la biblioteca municipal) y el almacén (donde irán las escuelas municipales).
Hay que recordar que la Junta de Comunidades está obligada a la recuperación de este complejo por una sentencia firme del TSJCLM de septiembre de 2017.