Podría estar negociándose un pacto entre gobierno regional y ocupantes de Fraguas que permitiría a los seis condenados permanecer en la aldea
Los seis condenados durante la celebración del juicio en primera instancia/ Gu Diario
Se ha cumplido un año desde que la Audiencia Provincial de Guadalajara ratificase la sentencia del juzgado número 1 de lo penal condenando a seis okupas/repobladores de Fraguas por delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio tras repoblar un monte donde en los años 60 hubo un pueblo, ahora abandonado, y construir sin permiso unas viviendas en una zona que ahora es parque natural.
Desde entonces poco se ha sabido de este tema, unicamente que Tragsa ya había valorado cuanto dinero costaría derribar, tal y como marcaba la sentencia, lo que habían construido. La cantidad, que se dió a conocer en julio de 2019, era de 40.000 euros y superaba bastante la cifra inicial de 26.000 euros que estimaba el juzgado. Desde entonces poco se ha sabido de la ejecucción de esta sentencia que podría finalmente no llevarse a efecto.
Según publicaba ayer en sus redes sociales el solvente periodista Raúl Conde, natural de la sierra de Guadalajara, y en la actualidad redactor de El Mundo, ocupantes y representantes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha han alcanzado un acuerdo para no ejecutar la sentencia. Según Conde con ese acuerdo "la Administración regional acepta no desalojarles y no derribar las casas levantadas a cambio del compromiso por parte de los okupas/repobladores de no construir más y limitar su actividad a usos compatibles con el medio natural". Un acuerdo que, según remarcaba, ahora tiene que ser validado por la Justicia.
Una de las viviendas que ha sido reconstruida por los repobladores. De ella quedaban apenas los cimientos tapados por zarzas según recoge la sentencia/ Archivo
Desde Guadalajara Diario nos hemos puesto en contacto con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para contrastar la existencia de ese acuerdo. Pero desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, cuyo consejero es el azudense José Luis Escudero, departamento encargado de esta cuestión, han declinado hacer ningún tipo de declaraciones. Afirman que no van a confirmar ni a desmentir nada "mientras exista un proceso judicial abierto" y que cuando termine el proceso judicial en la fase que está ahora mismo "se darán todas las aclaraciones que se consideren pertinentes". De momento , alegan, no se quiere decir nada para no "interferir en ese proceso".
Lo llamativo de la cuestión es que el proceso judicial está cerrado, ya que hay dos sentencias: una de junio de 2018 del juzgado número 1 de Guadalajara y otra de la Audiencia Provincial de enero de 2019 que ratificaba la sentencia anterior. Incluso se presentó un recurso ante instancias más altas que también está desestimado. Con lo que cualquier acuerdo extrajudicial, lo lógico es que se hubiera cerrado antes de que la vía judicial fuera firme, 
Trabajando en el huerto
Puede leer la sentencia del juzgado de lo Penal aquí
