Los vecinos, que incluso han recibido amenazas de muerte, empiezan a organizarse para solucionar el problema.
Desde hace semanas la Guardia Civil patrulla sin descanso en Horche. Ponen controles en la entrada del pueblo y preguntan de donde vienes, registran coches…Y no es por el estado de alarma, es por la alarma que se vive en el pueblo por la llegada de okupas que están arruinando la convivencia en este municipio de apenas 2.600 habitantes.
De saludarse todos por su nombre y dejar a los niños sin problemas jugar por las calles, se ha pasado a que los abuelos se refugien en sus casas en cuanto se pone el sol, que los padres tengan miedo a que los menores salgan solos como antes y a que se extienda la oferta de drogas por el pueblo.
Ese es el testimonio que ofrece a Guadalajara Diario uno de los vecinos de Horche, que no quiere desvelar públicamente su nombre, y que, como la mayoría, vive atemorizado por la llegada de okupas que están implantando, a golpe de amenaza, su forma de vida sin reglas.
El origen está en unos bloques de viviendas que se construyeron en Horche durante la burbuja inmobiliaria, financiadas por Caja Guadalajara y que luego quedaron en manos de otra entidad bancaria: la Caixa. Las okupaciones comenzaron hace seis o siete años, pero entonces no había grandes problemas de convivencia. Todo cambió el pasado verano cuando una o varias "mafias organizadas", precisan los vecinos, empezaron a llevar gente muy conflictiva a la zona. De las 92 viviendas que hay solo 10 cuentan con propietario, 11 están alquiladas y 47 tienen familias okupas.
Con la llegada de esa gente conflictiva empezó el enfrentamiento: denuncian que se tira la basura desde la ventana, se deja el coche en medio de la calle aunque moleste, aparecen pintadas pidiendo que los okupas se vayan del barrio, cristales rotos en los portales, ruedas rajadas en los coches, intentos de robos en varios comercios, amenazas al alcalde exigiendo una vivienda digna, videos intimidatorios de los okupas amenazando con matar a todos los vecinos del pueblo… Día tras días la escalada del enfrentamiento se ha convertido en un gran problema que no saben como atajar.
“Defiende Horche”
Hace semanas, el Ayuntamiento pedía el amparo de la Subdelegación de Gobierno y esta respondía con más presencia policial pero el enfrentamiento sigue y la solución no llega. Mientras tanto, los vecinos han empezado a organizarse. Han mandado correos al propio presidente regional, Emiliano García Page, pidiendo su amparo, y cientos de ellos forman parte de un grupo de wasap donde se informan si ven cualquier movimiento o coche sospechoso en sus calles. De hecho, así consiguieron echar hace unos días a unos okupas que se alojaron en una vivienda de un particular situada en otra parte del pueblo.
Pero no es suficiente. Por eso está a punto de constituirse una asociación vecinal denominada “Defiende Horche” que quiere buscar fórmulas para solucionar el conflicto. Su primer paso, una vez organizados, será hacer una manifestación para que se sepa qué les está pasando.
Y piensan seguir porque en su mente está tomar cualquier medida que les permita legalmente solucionar el problema. Incluso no descartan las patrullas ciudadanas.
Reunión con la Caixa
Desde La Caixa, propietaria de los inmuebles okupados reconocen la gravedad de la situación y aseguran estar muy preocupados, pero no quieren hacer ningún tipo de comentario con el argumento de no interferir en el proceso judicial y policial que está en marcha.
Porque el tema ya está judicializado. Según ha podido saber Guadalajara Diario estaba previsto que el pasado 12 de enero se realizara el desahucio de las viviendas pero no se llevó a cabo. Según los vecinos porque los propios okupas se organizaron y lo pararon a través de un abogado; otras fuentes dicen que fue imposible porque coincidió con la gran nevada de “Filomena”.
Esto ha hecho que el asunto se ralentice aún más sin encontrar solución. Los vecinos están indignados y creen que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que puede pero que no ocurre lo mismo con los otros implicados. Y cargan contra La Caixa, que “se está lavando las manos” ante este problema- dicen.
Esta semana representantes del ayuntamiento y vecinos de Horche se han reunido con responsables de las distintas filiales que son propietarias de los pisos: Coral Homes, BuildingCenter y la propia Caixa. En ese encuentro se les ha comunicado que el proceso judicial sigue adelante y que quizá a partir de septiembre se pueda empezar a pensar en el desalojo. Esa es la vía que hay abierta y es una solución a largo plazo. Los vecinos aseguran que en esa reunión les propusieron que fuera el propio pueblo quien encontrara un agente inversor que se quedara con las casas: “una tomadura de pelo espectacular”, sentencian.
El alcalde de Horche, el socialista Juan Manuel del Moral, sigue buscando fórmulas para solucionar el problema. Hoy mismo declaró a este digital que tenía una reunión con el primer edil de Cabanillas, José García Salinas, para ver si encontraban soluciones conjuntas porque en Cabanillas también han denunciado situaciones de okupación. En dicha reunión, los ayuntamientos de Horche y Cabanillas han decidido llevar al juzgado a las entidades que se desentiendan de inmuebles ocupados de su propiedad.
Y es que lo que antes era un caso aislado se ha extendido como una mancha de aceite por varios pueblos de Guadalajara: okupas y problemas de convivencia en Alovera, okupas y problemas de convivencia en Azuqueca, en Taracena, Cabanillas, Horche…Un problema de grandes ciudades que estalla en pequeños pueblos que no tienen ni herramientas ni infraestructuras para solucionarlos.
Sentados en un polvorín
Entre el pueblo de Horche empieza a cundir el desasosiego ante la falta de soluciones efectivas y la agravación de la convivencia, y todos reconocen que están sentados en un polvorín. Como se aprecia en los videos que circulan por las redes sociales.
Hay que recordar que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el pasado mes de diciembre una proposición de ley para elevar al Gobierno de España un proyecto de Ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.Como la Autonomía no es competente en la materia, el parlamento regional elevó la iniciativa al Gobierno de España, como la Ley prevé, y es ahora el Gobierno de Sánchez el que tiene que abordar su trámite parlamentario. Hasta ahora, la proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha no se ha tramitado en el Congreso de los Diputados por lo que carece de efectividad.