Ha retirado el delito de daños y se ha sumado a la petición de la Fiscalía que les acusa de usurpación y delito contra la ordenación del territorio
Arropados por un centenar de compañeros que han permanecido en el exterior del edificio de los juzgados, hoy se ha celebrado, con importante presencia policial, el juicio contra los seis repobladores de Fraguas.
Los seis encausados, cuatro hombres y dos mujeres, entraban en el juzgado acusados de delitos que podían suponer hasta cuatro años de cárcel, sin embargo, finalmente la petición de pena se ha visto reducida cuando la letrada de la Junta de Comunidades en las conclusiones finales, ha anunciado que retiraba el delito de daños y que se sumaba a las peticiones que había hecho la fiscalía. Esas peticiones son dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio y una multa por usurpación. Esto hace que incluso en caso de que sean condenados sea bastante improbable su ingreso en prisión.
Los acusados reconocen los hechos
Los seis acusados han reconocido los hechos señalando que habían participado, de diversas maneras, en la reconstrucción de Fraguas, y han reconocido que sabían que ese terreno era propiedad de la Junta de Comunidades y que les podía acarrear consecuencias administrativas, algo que estaban dispuestos a asumir. También han insistido en que nunca pensaron que les iban a pedir pena de cárcel por ello.
Uno de los acusados, Isaac Alcázar, ha confirmado que sabían que era un monte público y un parque natural pero pensaban que eso les iba a favorecer porque había interés del gobierno regional para repoblar la zona y porque, además, contaban con el apoyo explícito de los antiguos vecinos de Fraguas.
Además los acusados han insistido en que ellos no han hecho construcciones nuevas sino que han reconstruido las que ya estaban allí.
Consecuencias de la repoblación
Tanto la fiscal como la abogada de la Junta de Comunidades han centrado sus preguntas en demostrar que la presencia de este grupo de personas ha incidido de forma negativa en el medio ambiente de la zona , ya que han pasado con vehículos por caminos que son exclusivos de uso forestal; han hecho cambios en la flora de la zona desbrozando y talando el monte; han llevado hasta el lugar residuos como botellas o materiales de construcción y han vallado algunas zonas como el huerto. En estos momentos hay seis casas reconstruidas, unas casas que según han indicado los acusados eran para usos comunales y no para vivir. De hecho la mayoría ha señalado que dormían al raso o en los vehículos que tienen allí.
¿La misma situación?
Por su parte la defensa se ha centrado en demostrar que mientras la Junta toma medidas por los trabajos de repoblación en Fraguas, están permitiendo que se hagan reconstrucciones de viviendas en otros lugares que también están dentro del parque natural de la Sierra Norte. En concreto hacían referencia a los pueblos de La Vereda y Matallana.
La declaración de la antigua jefa del servicio de urbanismo de la Junta de Comunidades ha intentado poner luz en el tema señalando que Fraguas “no era un pueblo abandonado”, ha señalado. Según esta funcionaria dejó de ser un pueblo en 1968 para pasar a convertirse en un monte público. Este monte pertenece al municipio de Monasterio que no tiene normas urbanísticas propias por lo que se rige por las normas subsidiarias provinciales.
Una situación que es totalmente distinta de la de La Vereda y de Matallana. Según ha señalado estos dos núcleos pertenecen a Campillo de Ranas que sí tiene normas urbanísticas propias y en ellas La Vereda y Matallana sí están reconocidas como suelo urbano y no como monte por lo que se puede constuir lo que digan dichas normas.
Hay que señalar que estos dos municipios están gestionados por una asociación a la que la Junta ha dado una concesión administrativa para su funcionamiento, y eso es lo que pretendían conseguir los repobladores para Fraguas, algo que no era posible porque la situación urbanística no era la misma.
Conclusiones finales
En su alegato final la fiscalía ha señalado que por muy loables que sean los objetivos de estos repobladores no se pueden arrogar competencias que no les pertenecen y justificar sus hechos escudándose en que la Junta de Comunidades no está repoblando la zona.
Por su parte la letrada de la Junta de Comunidades ha señalado que sí se pueden repoblar otros lugares porque son pueblos pero no Fraguas que es un monte y ha señalado que si se aceptara esta situación se sentaría un precedente con “efecto llamada”.
Por su parte la defensa ha señalado que la actividad de estas personas es legítima porque la administración no ha cumplido con su deber y ha negado que exista un delito de usurpación porque eso se refiere- ha señalado- a un bien inmueble “y un monte y un pueblo no lo son”, además ha negado que hayan realizado ninguna construcción porque no hay nada que hayan hecho de nueva planta. Por estos motivos ha pedido la libre absolución.
Posible reunión con la Junta la semana que viene
Durante la celebración del juicio los acusados han desvelado que ayer mismo recibieron a través de Ecologistas en Acción una oferta para negociar la situación. La oferta parte del delegado provincial de Agricultura, Santos López, según han reconocido en el juicio, y han señalado que esperan reunirse con él “la próxima semana”.
Ayer mismo, un día antes de que se iniciara el juicio, el Secretario General de Podemos-CLM, José García Molina, hacía pública una “propuesta de mediación” para poner fin al conflicto. José García Molina, señalaba que “Castilla-La Mancha tiene un grave problema de despoblación, por lo que la posibilidad de castigar a un colectivo de jóvenes que están buscando alternativas para recuperar nuestros pueblos, sería lanzar un mensaje muy negativo para la sociedad”.
En unos días se conocerá la sentencia.
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