CLM exige la apertura del monumento y acusa al ayuntamiento de no seguir el procedimiento legal
Esta es la pared de la polémica. Un muro que se podría tirar sin afectar al monumento y solucionarlo en "un par de días" según Patrimonio/ Gu Diario
Nuevo enfrentamiento entre el ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. La forma en que se ha procedido a cerrar al público la capilla Luis de Lucena por el posible derribo de un muro de la antigua gasolinera Diges, no ha gustado nada al delegado de patrimonio de Guadalajara, Ángel Fernández Montes, que hoy ha lanzado gruesas palabras hacia el Consistorio.
Fernández Montes ha señalado que el cierre decretado por el ayuntamiento “contraviene la normativa legal” y ha advertido que “El BIC tiene que estar abierto en breve” e incluso amenaza con los tribunales.
En una comparecencia ante los medios, en la que ha estado acompañado por Teresa Sargandoy, técnica de patrimonio de la Junta; el delegado de Cultura ha dejado claro que con la decisión de cerrar se está restringiendo un derecho de los ciudadanos a la cultura “y cuando se toma esa decisión hay que saber cómo hacerlo”- ha remarcado.
El muro en mal estado está detrás de esta verja de acceso al monumento
El ayuntamiento no tiene competencias para cerrar la capilla
Según el delegado, el ayuntamiento no tiene competencias para cerrar un monumento catalogado como BIC. Afirma que antes de tomar esa decisión deben, obligatoriamente, consultar con la Junta de Comunidades de CLM para ver qué medidas se toman, algo que no hicieron, “empezamos mal”- remarca el delegado.
Fernández Montes también ha dejado claro, y en contra de lo declarado por el concejal de urbanismo, Alfonso Esteban; que obligar a los dueños de la gasolinera a hacer el derribo o hacerlo de forma subsidiaria, no es cometido de la Junta si no de la administración que inició el proceso que fue el ayuntamiento. “Así lo marca el artículo 104.1 de la LOTAU”- han señalado. Montes ha afirmado que el “procedimiento se ha hecho de forma ilegal” y ha remarcado- dirigiéndose al ayuntamiento- que “no puede ser que para unas cosas asumo las competencias que no tengo (cierre del BIC) y me declaro incompetente para lo que tengo que ser competente (derribo de la gasolinera) ¡Es que esto es de los hermanos Marx!- clama el delegado.
El problema es qué adeministración tiene que encargase de exigir a la familia que haga el derribo/ Gu Diario
En patrimonio están perplejos con lo ocurrido con este tema sobre todo porque el muro que tiene peligro de derrumbe es una pared medianera de 2 metros de altura que se puede tirar sin afectar al monumento, un trámite que podría estar solucionado “en un par de días”- según el delegado. Por ese motivo no entienden esta situación. A ello se suma que tanto técnicos del ayuntamiento, como de la Junta estuvieron a la vez viendo el mal estado del muro que amenaza con caerse y quedaron en reclamar a los propietarios que se hicieran cargo. Ahora el problema se ha convertido en quien reclama a los propietarios.
De momento el ayuntamiento de Guadalajara solo ha mandado a la Junta documentación informando del cierre y están a la espera del informe técnico que avala esta decisión “a partir de ahí vamos responder. Mi compromiso es que ese BIC esté abierto en breve porque no podemos privar a la ciudadanía del derecho que tiene a visitar un BIC que es del Estado”. Si el tema no se soluciona “acabaremos en los tribunales”- advierte Fernández Montes.
Preguntado si este cierre tiene puede estar motivado por una rabieta política por el tema del Fuerte de San Francisco, Fernández Montes ha contestado “no, no lo creo, es más una cuestión de incompetencia”.
Sin catálogo actualizado de bienes
En la Junta lamentan que el ayuntamiento de Guadalajara no tenga un catálogo actualizado de bienes integrantes del patrimonio de la ciudad ( el último tiene 25 años) y remarcan que es “la única de capital de provincia Guadalajara que no lo tiene” “y no tienen interés en hacerlo”- critican. Una herramienta urbanística, que tienen casi todos los pueblos, y que serviría a los vecinos, a los inversores y a las empresas a saber qué edificios tienen algún valor “como La Tahona o el Palacio de Montemar”- relata Sargadoy- “No podemos ser la conciencia patrimonial del ayuntamiento. Debe ser el ayuntamiento quien lo proteja. Nosotros tenemos esa competencia y lo ejercemos en 288 municipios, pero una capital de provincia no necesita que estemos nosotros. Algo- ha dejado claro- que solo ocurre con este ayuntamiento en toda la provincia. Esa falta de catálogo – señala Sargadoy- crea inseguridad jurídica. Hay empresas que para los polígonos o para las plantas fotovoltaicas tienen que pagar individualmente estudios arqueológicos en cada obra y con ese catálogo no sería necesario.” Sargadoy asegura que “es algo barato para un ayuntamiento como el de Guadalajara”
