Por un posible delito sobre la ordenación del territorio y delito de usurpación de bien inmueble
Cuando todavía no se ha ejecutado la primera sentencia condenatoria, los repobladores de Fraguas han vuelto a ser denunciados. Según ha confirmado Guadalajara Diario en fuentes judiciales el juzgado de Instrucción nº 4 de Guadalajara ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Guadalajara.
En esas diligencias previas se investiga la posible comisión de delito sobre la ordenación del territorio y un delito de usurpación de bien inmueble. Un procedimiento judicial en el que, de momento, no hay nadie en calidad de investigado.
En estos momentos el juzgado instructor está realizando las primeras diligencias que pasan por el requerimiento de documentación. En esta fase previa se puede producir el archivo del caso, sin que tenga ninguna consecuencia o que se decida iniciar un nuevo proceso judicial si se ven indicios de delito. En esta segunda denuncia se juzgaría, presumiblemente, la actuación de los okupas tras la primera denuncia ya que han seguido allí viviendo y reconstruyendo la zona.
Sentencia sin ejecutar
Esta segunda denuncia llega cuando todavía no se ha ejecutado la primera sentencia en la que seis personas resultaron condenadas por estos mismos delitos. En concreto el juzgado número 1 de lo penal les condenó a un año y medio de prisión y multa por un delito contra la ordenación del territorio; y una multa por un delito de usurpación. En total año y medio de cárcel y 2700 euros de multa. También ordenó la demolición de todo lo construido y el pago de las costas procesales.
Intento de acuerdo
A pesar de que esta sentencia, de junio de 2018, es firme, todavía no ha sido ejecutada. A finales de 2019 la Junta de Comunidades de CLM y los okupas de Fraguas alcanzaron un acuerdo para evitar la demolición de las casas y la entrada de los condenados en prisión, pero según afirman los repobladores de Fraguas el juzgado rechazaba en verano ese acuerdo.
A pesar de ese rechazo los okupas de Fraguas creen que la demolición no es inminente “porque todavía están a la espera de diversos recursos” que han presentado ante la Audiencia Provincial.
Por otro lado, reconocen la predisposición de la Junta a buscar una salida al conflicto, pero “ahora dicen que están atados de pies y manos y no pueden hacer nada a nivel jurídico”. A pesar de ello los okupas piden a CLM que el monte deje de ser de utilidad pública y que renuncien a la responsabilidad civil en el primer juicio ya que eso evitaría la cárcel de los condenados y la demolición de lo que construyeron.