El almacenamiento en los ATIs de las centrales españolas, como los de Trillo y Zorita, demorará la liberación del emplazamiento hasta casi finales de siglo.
El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el séptimo Plan General General de Residuos Radiactivos (PGRR) que ha sido mal recibido por el sector nuclear, sobre el que el Gobierno ha cargado la mayoría de los costes al aplicar el principio de "quien contamina paga", dice el Ministerio en un comunicado. El nuevo Plan, que sustituye al anterior y debería haberse actualizado en 2025 (es decir, lleva un retraso de ocho años) prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros, que se financiará con un fondo gestionado por la empresa pública Enresa y dotado con con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares. El sector nuclear habla de "sobrecostes", que suponen un gasto muy superior al inicialmente previsto, "debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas y, por tanto, en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares". Las centrales españolas ya aportaban a ese fondo de Entresa 450 millones de euros.
El Gobierno, en el mismo Consejo de Ministros también ha acordado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar un Almacén Temporal Centralizado, ya que se ha desestimado esa opción, a pesar de los sobrecostes por los trabajos realizados y que un almacenamiento por central es más caro que uno centralizado para todas ellas. La alternativa recogida por el Plan es que el combustible gastado de las centrales nucleares, que son residuos de alta actividad durante miles de años, sea guardado en Almacenes Temporales Individuales (ATI), que se construirán en el perímetro de las actuales centreales nucleares y que constarán de "una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa", informa el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta solución ha sido criticada por el sector nuclear que, en una nota del Foro Nuclear, avisa de que eso implica que "no se podrán liberar hasta casi finales de siglo los emplazamientos nucleares, lejos de las recomendaciones de la Comisión Europea para disponer de una solución para la gestión final del combustible gastado antes del año 2050". Esta solución temporal afectaría a los dos ATIs que hay en la provincia de Guadalajara, el de Almonacid de Zorita y el de Trillo. El primero ya funciona con normalidad y el segundo deberá ampliarse y adaptarse.
La solución definitiva para esos residuos de alta actividad es construir en España un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), que entraría en servicio hacia 2073, señala el PGRR. El Foro Nuclear es partidario de anticipar la puesta en marcha de esos AGPs y reseña que Países europeos de nuestro entorno que apuestan por la generación nuclear como, por ejemplo, Francia, Finlandia, Suiza o Suecia, están anticipando la gestión de sus almacenamientos definitivos.El 7º PGRR establece una hoja de ruta para que España pueda disponer de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia.
Trillo parará en 2035 y empezará a desmantelarse en 2039.
El Plan de Residuos aprobado certifica el cese de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035. La última clausurada sería la de Trillo, que es la más moderna del parque nuclear español. El desmantelamiento, según los planes del Ministerio se produciría a los tres años del cese de su operación, en Trillo en 2039, mientras que en la central José Cabrera de Almonacid de Zorita el proceso está terminado a falta de trabajos menores. Mientras este desamantelamiento se realiza el almacenamiento de El Cabril (Córdoba), seguirá estando operativo para acoger los residuos de media, baja y muy baja actividad