A un total de 1.021.811,91 euros asciende la liquidación del contrato de concesión demanial sobre la parcela que el Ayuntamiento de Yebes cedió en su día con destino a la construcción y gestión de un colegio privado concertado en este municipio.
Es la propuesta aprobada en el Pleno extraordinario celebrado esta semana con el voto favorable de los concejales del equipo de Gobierno, la abstención del único edil de Ciudadanos y la negativa del Partido Popular. Dicha resolución se notificará a las partes interesadas en el expediente y se comunicará al Juzgado de Primera Instancia nº 4 y Mercantil de Guadalajara, que instruye el concurso de acreedores en el que desde 2013 está incursa la sociedad que gestionaba el colegio ‘Luz de Yebes’. En el debate plenario el alcalde de Yebes recordó que estas instalaciones estaban pensadas para tener un uso educativo, “por lo que el interés general deberá prevalecer sobre cualquier otra consideración”, tal y como recoge la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En el transcurso de la sesión, Miguel Cócera explicó que la licitación es el resultado de una serie de estudios, informes y análisis rigurosos de la Secretaría e Intervención municipales, la asesoría legal de un despacho externo de abogados y una empresa especializada en este trámite. Abundó en que esta diligencia “no es plato de buen gusto”, pero la legislación obliga a indemnizar al concesionario por las obras e instalaciones no amortizadas, cuando estas revierten a la administración, como ha sido en este caso, por la desaparición de la sociedad concesionaria. Toda vez que se ha resuelto ya el contrato, “que ha conllevado la reversión de los edificios que albergan esas dependencias”, el Ayuntamiento de Yebes tiene que hacer frente al siguiente paso, que no es otro que el procedimiento de liquidación.
Miguel Cócera insistió en que debe quedar “manifiestamente claro” que el Ayuntamiento ha recuperado los inmuebles del antiguo colegio con independencia del fin que se dé a estos (será el colegio público de Yebes a partir del próximo curso), por imperativo legal al haberse resuelto el contrato. Cocera recuerda que la ley "nos obliga a pagar la liquidación que se decida aunque hubiésemos dejado vacías las instalaciones del colegio”, abundó.