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Piden 3 años de cárcel para 8 activistas que intentaron evitar un desahucio en Cabanillas

El juicio se celebrará el 30 de noviembre

detención cabanillas pahLos hechos ocurrieron en diciembre de 2017, el juicio será el 30 de noviembre/ Foto PAG

El próximo 30 de noviembre, en el juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, se juzgará a ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, (PAH) que en diciembre de 2017 se instalaron pacíficamente en una sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo, para evitar el desahucio de varias familias. Los acusados permanecieron en la misma a pesar de los intentos reiterados para que se marchasen y opusieron resistencia cuando las fuerzas del orden intentaron desalojarlos. Por ese motivo la acusación particular (Caixabank) pide una pena de tres años y medio de prisión, mientras que la Fiscalía rebaja la petición de condena para los imputados a ocho meses de cárcel.

Según ha explicado en una rueda de prensa la portavoz de la Plataforma Antirrepresión de Guadalajara, Nuria Ramos, los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2017 cuando estos activistas fueron a la oficina bancaria para que la entidad reconociera por escrito lo que se había comprometido de forma oral con las familias que iban a ser desahuciadas de sus viviendas.

Según ha asegurado Ramos, la entidad se había comprometido a ofrecerles un alquiler social, pero no cumplió el compromiso y lo que hizo "fue cederles las viviendas a una gestora que no paraba de hostigar a las familias para obligarlas a abandonas sus casas".

La acusación particular de Caixabank considera a los procesados autores de los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos, por los que pide que cada uno de ellos sea condenado a una pena de tres años y medio de prisión.

A su vez, la Fiscalía solicita que sean condenados a ocho meses de cárcel por los delitos de resistencia y desobediencia a los agentes y allanamiento de un local abierto al público.

La portavoz de la Plataforma Antirrepresión de Guadalajara ha demandado la absolución de los activistas encausados, porque según ha aseverado, la entidad borró las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la sucursal antes de ser requeridas por el juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara para su entrega.

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