La fiscalía pide para él 4 años de cárcel y 9 de inhabilitación
Víctor San Vidal, alcalde de Fontanar/ Facebook
La forma en que se terminaron las obras de urbanización del sector 4 de Fontanar sentará este martes en el banquillo al alcalde de Fontanar y a la empresaria que realizó los trabajos. A los dos se les pide una pena de cárcel de cuatro años y nueve de inhabilitación especial por cómo gestionaron unas obras en el municipio.
Se pagó por obras que no se hicieron
Según consta en el escrito de la fiscalía en el año 2006 se realizaron las obras de urbanización del denominado sector 4 en Fontanar pero las obras nunca fueron recepcionadas (aprobadas) por el ayuntamiento porque un informe de un técnico del ayuntamiento, firmado en 2012, señalaba que no se encontraban completamente terminadas. Ante esa situación había un aval que se podía usar para terminar las obras. El aval ascendía a 59.116,68 euros.
En marzo de 2017 siendo alcalde, Víctor San Vidal, se retoman las obras para terminar los trabajos. Un técnico del ayuntamiento hace un informe señalando lo que falta (algunos jardines, zonas de riego, mobiliario urbano, contadores de electricidad, de agua y varias señales de tráfico, entre otras cuestiones). Las mejoras se valoraron en 59.444,05 euros.
Ante esa cantidad la ley permite que sea el alcalde quien haga la contratación directa a cualquier empresario “con capacidad de obrar suficiente y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación” - señala el escrito del fiscal- aunque se recomienda que se pida presupuesto a tres empresas.
Según la fiscalía el alcalde, Víctor San Vidal, desoyó la recomendación del técnico y adjudicó la obra a “la madre de un íntimo amigo a pesar de que no tenía experiencia alguna en obras de urbanización ni cualificación profesional adecuada para la ejecución de las misma”, relata en el texto, y para evitar “cualquier sospecha” “decidieron de común acuerdo” crear, ex profeso, una empresa, WTL SOLUCIONES INTEGRALES S.L cuya única administradora y socia era M.A.J.B., la madre del amigo del alcalde.
Las obras se adjudicaron a esta empresa incluso antes de estar inscrita en el registro mercantil y su dueña subcontrató a otra empresa para llevarlas a cabo. Según relata el escrito de la fiscalía, el alcalde se encargaba personalmente de controlar los trabajos y decidió modificar el proyecto original quitando cosas lo que redujo el presupuesto en 24.533 euros, sin embargo, a la empresa se le abonaron los casi 60.000 euros que había previstos en un principio.
Penas de 4 años de cárcel para ambos
La fiscalía considera estos hechos como constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos y considera al alcalde, autor, y la mujer, dueña de la empresa, como cooperadora necesaria.
La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde de Fontanar y para la acusada M.A.J.B., cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con la promoción y desarrollo de actividades en el sector inmobiliario y urbanístico e inhabilitación para ser cargo público durante nueve años.
En caso de que no se considere acreditado el delito de malversación pide la misma pena, cuatro años y nueve de inhabilitación para ambos, por un delito de prevaricación administrativa y otro de fraude a la administración pública. Además deberán abonar las costas procesales y abonar al ayuntamiento de Fontanar los 24.533 euros (más intereses) que se pagó a la empresa indebidamente.
El acusado, Víctor San Vidal, en declaraciones Guadalajara Diario en noviembre de 2021, señalaba que estaba tranquilo a pesar de las acusaciones y avanzaba que acudiría al juicio con la cabeza muy alta.
Este procedimiento no es el único al que se enfrenta Víctor San Vidal. San Vidal fue detenido en una intervención de la Guardia Civil en el ayuntamiento en julio de 2019 y está acusado de los delitos de malversación, falsificación de documento público y otros delitos relacionados con la corrupción.
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