El desfase de facturas, elemento clave en el juicio
Los dos acusados por el juicio de prevaricación y malversación de fondos públicos en Fontanar ya han prestado declaración ante la Audiencia Provincial de Guadalajara. El alcalde, Víctor San Vidal, lo ha hecho en primer lugar y en un tono, en ocasiones incorrecto, lo que le ha causado alguna recriminación por parte de la jueza pidiéndole que se limitara a contestar a las preguntas de la fiscalía.
En su declaración, Víctor San Vidal, ha negado que en la obra de reforma del sector 4 de Fontanar haya habido ningún tipo de irregularidad y que tenga ninguna relación con la acusada ni con su hijo de quien niega ser amigo.
San Vidal ha explicado que le ofreció hacer la obra a Amelia Jiménez porque era una persona muy conocida en la zona y ya había realizado trabajos en el campo inmobiliario y ha restado importancia a que se adjudicara el trabajo a una empresa, de la que ella era administradora, que ni siquiera estaba constituida. San Vidal ha declarado que él dio el visto bueno a esa contratación porque el secretario del ayuntamiento no le advirtió de que hubiese alguna irregularidad.
Ha confirmado que se produjo un cambio del proyecto inicial porque los vecinos empezaron a decirle que había muchos parques infantiles y que era mejor hacer un parque para que los mayores hicieran estiramientos, lo consultó con la arquitecta y “tras darle el visto bueno se hizo el cambio”- ha declarado.
Según San Vidal la transformación no suponía ninguna variación económica. Preguntado sobre el desfase entre las facturas presentadas y lo que se pagó a la empresa el alcalde ha señalado que “el ayuntamiento pagó lo que ha adjudicado” y ha señalado que “allí está todo y se puede ir a verlo. Yo no sé si la empresa ha aportado todas las facturas, no sé si ha pagado en A, en B o en J, no es de mi incumbencia. Hemos adjudicado una obra, se ha hecho y se ha pagado y ahí está y se puede ver a mí que me diga Usted que falta dinero porque una empresa no ha presentado una factura… a mí no me lo diga”- ha contestado a la fiscalía.
El alcalde ha declarado en varias ocasiones que todo es fruto de una “guerra política” señalando a los dos concejales de Ahora Fontanar que han presentaron la denuncia.
Muchos lapsus en la otra acusada
Mucho más nerviosa y con continuos lapsus ha estado la otra acusada: Amelia Jiménez. Como ha hecho San Vidal ha negado la amistad de su hijo con el alcalde y ha declarado que fue el propio alcalde el que le encargó la obra. Para llevarla a cabo, una parte la contrató con una empresa y “otras no”. Sobre la transformación de un parque infantil, como venía en el proyecto, por un parque para mayores la acusada ha confirmado que se lo encargó el alcalde y que el cambio le sentó mal porque ya tenía apalabrado el mobiliario. Sobre el coste ha indicado que el precio “era un poco más alto, pero poco”. Amelia Jiménez ha asegurado que todo lo que pidió el ayuntamiento estaba puesto y hecho “el parque está terminado según se pidió”- ha asegurado. Sobre el desfase de las facturas que muestra la prueba pericial ha declarado que “unas no he cogido, otras se me han olvidado pedirlas y otras hay gente que ha trabajado sin factura porque no querían trabajar de otra manera”.
A continuación, se ha presentado una prueba pericial que señala que hay un desfase de 24.000 euros entre el presupuesto aprobado y las facturas presentadas. La perito ha señalado que ese estudio lo hizo con la documentación que tenía y que nunca se personó en la zona para ver qué había instalado y que no.
Tambien han declarado los dos acusados, dos concejales de Ahora Fontanar en aquel momento, quienes han señalado que había muchas irregularidades y no podían mirar para otro lado.
Petición de cuatro años de cárcel
Hay que recordar que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde de Fontanar y para la acusada M.A.J.B., cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con la promoción y desarrollo de actividades en el sector inmobiliario y urbanístico e inhabilitación para ser cargo público durante nueve años.
El juicio continuará a lo largo del día.