El breve auto del juzgado nº 3 de Guadalajara no deja dudas: tanto Pablo Bellido como José Luis Blanco, y cualquier otro de los imputados en la denuncia contra el ex alcalde de Azuqueca son inocentes.

 El auto no es muy prolijo, pero sí concluyente: “El resultado de la investigación no arroja indicio alguno de que se haya cometido irregularidad alguna. Ni en el ámbito penal, ni en  el administrativo, ni en cualquiera otros. A este respecto, las declaraciones de los encausados han sido plenamente convincentes,  además de venir respaldadas por un informe pericial de parte que dota de validez objetiva a sus manifestaciones subjetivas”.

A la luz de este auto firmado por el juez Jesús Manuel Villegas, no se puede poner una pega legal a todo el proceso sobre la ejecución del equipamiento del llamado Centro Joven de Azuqueca. Si bien se hace constar que el informe elaborado por los arquitectos, por encargo del PP, recoge que  la liquidación excedía un 217,5% más de lo realizado y que no se había ejecutado el 55,3% de las mejoras, “semejante divergencia  no implica la  comisión de infracción penal alguna”. Y aporta el siguiente argumento jurídico: para ello sería necesario un plus, algo más: así, si se tratase de una hipotética estafa, “sería menester un engaño”; si prevaricación, “una decisión a sabiendas arbitraria”; si hubiera falsedad, debería ir acompañada de “una alteración maliciosa de la verdad”.

Dicho de otra manera, el asunto de las obras llevadas en el centro y la sustitución de unos materiales por otros podría estar sujeta a la legítima crítica política, pero como ya apuntamos en Guadalajara Diario en el inicio de este episodio, una cosa es que la ejecución de una obra pueda gustar o no y otra que tal ejecución lleve emparejada un ilícito penal. Y ya no digamos que de los cambios experimentados en el modelo de una farola tenga responsabilidad el alcalde de una ciudad del tamaño de Azuqueca.

Pues bien, sentada la anterior premisa a esta misma conclusión ha llegado el juez instructor al escribir que “el resultado de la investigación no arroja indicio de que se haya cometido irregularidad alguna. Ni en el ámbito penal, ni en el administrativo, ni en cualquier otros”. Y aclara que a este respecto, “las declaraciones de los encausados han resultado plenamente convicentes, amén  de venir respaldadas por un informe pericial de parte que dota de validez  objetiva a sus manifestaciones subjetivas”. Y a continuación hace una advertencia, la carga de la prueba o onus probandi recae sobre  la acusación, y añade este varapalo: “sin que la parte denunciante haya ofrecido elementos de cargo dotados de un mínimo valor acreditativo”. En ese sentido, asume por completo las tesis de la defensa al decir que “las decisiones adoptadas por la dirección de la obra son perfectamente razonables pues los cambios operados en el proyecto (como, por ejemplo, en la pérgola), obedecen a criterios técnicos abstracta y concretamente defendibles”.  Por todo ello, el juez concluye que “no hay indicios de que se hayan violado las prescripciones del proyecto; y, aunque lo hubiesen sido, tales imaginarias irregularidades estarían por completo desprovistas de significación criminal”.

Este es el auto del juez, declarando el archivo de la denuncia, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, que los denunciantes, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca, no ha aclarado todavía si lo ejercerá.

Pero en el plano político todo este caso supone mucho más. Cabe preguntarse si una denuncia que se interpone en el mes de febrero de 2015 tiene que  tardar once meses hasta que la Justicia realice sus diligencias previas y pueda elaborar un auto de esta naturaleza. La justicia cuando es lenta es mucho menos justicia, y en este caso ha traído consecuencias muy desagradables para todos los actores imputados. Lo más notorio es que Pablo Bellido tuvo que renunciar, primero, a ocupar cualquier cargo en el nuevo gobierno de García-Page (se habló de él para delegado de la Junta en Guadalajara). Y lo peor fue que una vez elegido como candidato al Congreso por el Comité Provincial del Partido, tuvo que renunciar porque entonces este mismo juzgado no levantó la imputación, porque consideró que todavía quedaba instrucción pendiente, y el Comité Federal del PSOE no quiso designar candidato a un imputado por la mala imagen que esto supondría.

A este respecto, hay que llamar la atención a los partidos cuando abusan de utilizar la denuncia penal como arma política, para logar una imputación –recientemente se ha cambiado el término por el de “investigación”--, que luego airean y retuercen desde sus medios de propaganda.  La criminalización de la actividad política, además de ser carnaza para los anti-sistema, al final se acaba volviendo en  contra de los que confunden y alientan la legítima crítica desde la oposición  con el derecho penal.   

Guadalajara Diario