Hoy traigo un asuntillo personal al blog que me ha llevado a pensar en la ineficacia de la Administración y por extensión de algunos de los funcionarios y políticos que nos gobiernan.

Hace años tuve un piso en alquiler. El inquilino se marchó hace 5 ó 6 años ( no recuerdo muy bien) y a pesar del tiempo transcurrido llegan como un goteo incesante cartas certificadas de distintas administraciones que quieren ponerse en contacto con él. Los primeros años, y ¡ojo! que no hablo de meses, pensé que era lógica tanta insistencia, pero la última ha colmado el vaso de mi paciencia.

Es un aviso de llegada de una carta certificada procedente de un Ayuntamiento (en otro momento boyante) de la provincia. No diré cuál porque no se trata de eso.

La cuestión es que periódicamente me llegan esos avisos y con cada uno de ellos le notifico al cartero que ese señor ya no vive en ese domicilio.

Pasados tres o cuatro años, no recuerdo bien, ya sin un ápice de vergüenza, le digo al cartero que llevo años diciéndole lo mismo y que si no pueden informar a la Administración en cuestión de que ese señor no vive en esa dirección.

Pero parece ser que no.

Ni Correos se da por aludida, (será que le conviene tener negocio), ni la Administración en cuestión tampoco.

Así que decido llamar a ese Ayuntamiento para ver si, después de cinco años, no se han dado cuenta de que les devuelven las cartas. Me atienden en Recaudación y explico el problema. Me dicen que lo van a mirar y que si lo mandan ahí es porque es la última dirección que tienen. Y yo insisto:

–          ¿pero no se han dado cuenta, cinco años después, de que en esa dirección no le van a encontrar? ¿Quieren que les busque la dirección en Google?- me ofrezco.

La señorita, muy amable, me dice que las administraciones no buscan en Google, que esa no es la manera, y que tienen otros sistemas. Yo pienso: ¿Otros? ¡Más bien ninguno porque en cinco años estamos igual! La persona que me atiende, me explica que de todas maneras ellos necesitan que Correos les devuelva la carta como “persona desconocida” para poder publicar el nombre en el Boletín Oficial de la Provincia.

Yo, ignorante de todos esos asuntos, les digo que vale, que lo entiendo: es el proceso, pero ¿tienen ellos claro que el sistema es ineficaz? Porque ¿cuál es el objetivo: ¿recaudar lo que debe un ciudadano o cumplir el trámite? ¿Cuántos casos se dan al día en ese Ayuntamiento? ¿Cuántos en la provincia? ¿Cientos? Esto no es normal…

Yo, realmente, no me imagino una empresa privada funcionando de esa manera. Sería totalmente reprobable y económicamente inviable ¿Mantendría una empresa a su personal o sus directivos si fueran incapaces de solucionar un problema así en sus cobros de facturas? Pero claro, aquí se dispara con pólvora ajena.

Es más, le digo a la persona que me atiende, que no sé si es o no funcionaria, que qué manera de malgastar el dinero público mandando durante cinco años cartas que no cumplen su misión (encontrar al destinatario) si no cumplir con el requisito de que todo sea legal para poder publicar la lista de morosos en el Boletín Provincial. Me contesta que yo no tengo que decir al Ayuntamiento cómo gasta sus recursos y le contesto que no, porque no es mi Ayuntamiento, claro, pero que si lo fuera, por supuesto, que tendría mucho que decir al respecto.

Tras esto poco más tenemos que hablar.

No sé si seguiré recibiendo cartas certificadas. Ya les contaré. Lo que me queda claro es que en la época de Internet, donde en décimas de segundo podemos saber cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo, seguimos teniendo una administración del siglo XIX y lo que es peor, muy pocas ganas de ser eficaz, diligente y económicamente rentable.

Como dice el director de este diario digital: Así nos va.