Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha dejado las cosas claras sobre las responsabilidades del gobierno regional en la rehabilitación del Fuerte de San Francisco. Debe empezar a cumplir la sentencia en el plazo de un mes o sus responsables deberán atenerse a las consecuencias legales.
Antes que pasar a otras consideraciones, un poco de historia, porque esto parece la obra del Escorial y tiene más intrigas que una telenovela turca. La rehabilitación del Fuerte tiene su origen en una sentencia de 2017 por la que el Ayuntamiento insta a la Junta a cumplir el convenio que firmó con el municipio tras convertirse en agente urbanizador de los terrenos que cedió el municipio a la comunidad autónoma para la construcción de viviendas. No se trata de ningún regalo, pues la comunidad autónoma sacó una plusvalía de unos 10 millones de euros de hace 15 años vendiendo ese suelo urbanizado a promotores y cooperativas; y a cambio se comprometió por escrito a rehabilitar El Fuerte. Nunca lo hizo, por lo que la Junta, tal y como ha recordado la jefa del urbanismo municipal, Blanca Causapié, al actuar comoagente urbanizador, tenía las mismas obligaciones que cualquier empresa privada y “tiene una obligación jurídica”; “y no cumplir una sentencia es un delito”.

Hubo un alcalde, de nombre Antonio Román, quien puso por delante los intereses del Ayuntamiento de los suyos propios y no dudó en colisionar con la entonces presidenta de la Junta, Dolores Cospedal, y así pasó que tras intentar una negociación infructuosa durante tres años acabó demandando a la comunidad autónoma para que se cumpliera el convenio. Esto le costó a Román cualquier aspiración a una carrera política en el ámbito regional (y rehusar a competir con Paco Núñez por su sucesión) y a la larga el liderazgo orgánico del PP en la provincia, dando paso a Ana Guarinos, una política del círculo más estrecho de Cospedal. La también secretaria general del PP con Mariano Rajoy no salió reelegida en mayo de 2015, entre otras cosas porque el PSOE de Page -jubilado Barreda tras perder las elecciones de 2011-recuperó el diputado que había perdido entonces en Guadalajara y que fue decisivo para que Cospedal llegara al Palacio de Fuensalida. Pero a pesar de ello, Cospedal dejó empantanado el asunto del Fuerte, que desde entonces heredó Page. La judicialización del conflicto fue le excusa perfecta para que no se hiciera nada en el primer mandato de Page y yo esperaba que el asunto se podría enderezar con la llegada del socialista Alberto Rojo a la alcaldía. Pero nuestro gozo en un pozo: se presentaron algunos proyectos de cara a la galería, pero al final acabó su mandato sin que se moviera un ladrillo. Las elecciones municipales de junio de 2023 trajeron otra vez un alcalde del PP, esta vez en coalición de gobierno con el populismo de derecha, con lo que la alcaldesa Ana Guarinos recuperó otra vez la vía judicial, que Rojo no se había atrevido a tocar, pidiendo la ejecución de sentencia, porque era firme y no le convenció la solución alternativa que daba la Junta con la Ciudad del Cine, mediante una iniciativa público privada con fondos europeos, que en Guadalajara nunca se acabó de entender y careció de gestión. Aunque el gabinete jurídico de la Junta alegó la prescripción de la sentencia, el auto del TSJCLM no solo no lo ha considerado así -lo que habría sido un premio a la falta de voluntad en cumplirla- sino que en una redacción muy dura amonesta a la comunidad autónoma porque su inactividad ha provocado “un grave deterioro de los edificios y constituye un claro incumplimiento del fallo judicial que debe ser corregido por esta sala”. De tal manera que la parte dispositiva del auto entra en plazos para su cumplimiento y exige a la Junta que nombre un responsable para su ejecución. ¡Un buen marrón para el que le toque!
El gobierno regional tiene ahora cinco días para presentar un recurso de reposición, lo que anticipará si la voluntad de cumplimiento de la sentencia es real por su parte. También habrá que ver a quién designa la Junta como responsable de esa ejecución de sentencia, porque cualquier cargo inferior al de consejero aparentará que se vuelven a tirar los balones fuera. Ahora bien, quiero subrayar una cosa: si es cierto que el auto judicial deja muy claro las responsabilidades de cada cual, porque se advierte que se podrían imponer multas e incluso acudir a la vía penal, cualquiera que conozca la administración sabe de las estratagemas a las que se puede recurrir para retrasar el cumplimiento de esa sentencia: que si no está en los presupuestos de 2026, que si el Ayuntamiento debe presentar los proyectos modificados sobre las obras a realizar… ¡El sursumcorda, vamos!. Puestos a demorar las cosas, podría ocurrir que tras las elecciones autonómicas y locales de 2027 estemos otra vez en la casilla de salida: con un gobierno del PP ( y Vox) en Fuensalida, exigido a ejecutar la sentencia; y ya veremos si con sintonía en el Ayuntamiento en la capital; o no. Pero como eso es política ficción, regresemos al día a día. Y pidamos a Page que esta vez sí acate y cumpla con la sentencia; y a la alcaldesa Guarinos que por una vez salte ese muro que se ha levantado entre Junta y Ayuntamiento desde el comienzo de la legislatura, caracterizado por la ausencia de proyectos en común, y acuerde una hoja de ruta que destierre la utilización política de esta sentencia en favor del pragmatismo. Estoy hablando del interés general de Guadalajara y de no convertir otra vez al Fuerte y su rehabilitación en una mera baza electoral para las elecciones de 2027. Aunque presiento que apelaciones de este tipo desbordan por ingenuas en unos tiempos caracterizados por el frentismo y la política de bloques. Las últimas declaraciones de la delegada de la Junta, poniendo a escurrir a la alcaldesa no presagian nada bueno.
Pues esto es lo que hay. ¡Qué aburrimiento!
P.D. La primera vez que monté en un AVE, Borrell te indemnizaba si llegabas cinco minutos tarde. En la última ya solo te devolvían el 100% si pasaban 90 minutos. Pero lo peor no es eso: el accidente de Córdoba ha cuestionado la seguridad de la Alta Velocidad Española (y sus infraestructuras), que hasta ahora era el orgullo nacional y ganaba concursos internacionales desde Estados Unidos a Uzbekistán. Una pérdida de confianza con la que lidiar este gobierno, que se desmorona como un azucarillo en un café caliente sin que un presidente bunkerizado se resigne a devolver la palabra al pueblo soberano.
LA FRASE:»La prórroga de los presupuestos agrava la falta de mantenimiento de la alta velocidad». «El AVE ha sido un emblema de la modernización de nuestro país. La confianza en la seguridad se recuperará, pero este accidente ha ocasionado un perjuicio a la marca España».(JOSÉ TRIGUEROS, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos»












