Un total de 1.174.978 inmigrantes irregulares (se supone) que residentes en España han pedido su regularización (que no la nacionalidad, no les líen), lo que viene a ser el 2,3% de la población que ahora tiene España. De ellos, 6.817 lo han hecho en Guadalajara -donde se supone que viven-, el 2,3% de la población provincial; y 52.041 en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, el 2,4% de su población a 1 de enero. Esa son las cifras oficiales que ha ofrecido el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no hace tanto estimaba que la regularización afectaría a medio millón de personas y nunca más de 700.000.

Tiene razón la ministra Elma Saiz que son personas que residen en nuestro país (aunque un número indeterminado proceda de otros países europeos, para asegurarse una tarjeta comunitaria) «con miedo y sin derechos», para que puedan afrontar el futuro con ilusión y con esperanza. Pero lo que no precisa es que son personas que ahora no pueden trabajar legalmente, y si lo hacen lo es en B en la economía sumergida, por lo que no pueden contribuir a la sostenibilidad del país mediante el pago de impuestos. Por tanto, es el Estado Español el primer beneficiario de esta regularización, porque aumentará su recaudación y por extensión las empresas españolas que pòdrán reclutar más personal desde la legalidad. El gobierno de Sánchez y su ministerio de Hacienda (¡vaya tela las noticias sobre él en los últimos días!) son los directamente beneficiarios de la regularización.

¿Y cuáles son los perjudicados? Claramente la Hacienda de las comunidades autónomas, que una vez más son presas de la política del “invito yo y pagas tu”, a la que habitualmente recurre este gobierno. Porque los gastos derivados de esta residencia legal son notoriamente en dos competencias de las autonomías: educación y sanidad. En el primer caso, debido a la baja natalidad española, que al Gobierno no parece preocuparle mientras venga mano de obra extranjera, el ratio de nuestras escuelas no van a empeorar por lo dicho. Caso bien distinto es el de la sanidad. ¿Cómo va a afrontar la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha tener que dar casi nueve mil tarjetas sanitarias en Guadalajara, que a medio plazo serán 13.000 o 15.000 cuando empiecen a llegar los cónyuges e hijos de los nuevos regularizados?  ¿Cómo puede repercutir esto en las consultas de asistencia primaria y en las listas de espera de los hospitales? Todo ello lo desconocemos; también el gobierno. Pero lo que sí sabemos es que el ejecutivo central no ha ofrecido a las comunidades una inversión extraordinaria en función del número de regularizados. Lo que a la larga va a estirar todavía más las costuras de nuestro estado del bienestar y dará alas a los discursos xenófobos que están calando en toda Europa ante la incapacidad de la política institucional para resolverlo. El Tribunal Supremo podría presentar una consulta ante los tribunales europeos por esta cuestión, pero no parece que sea nada práctico. Y de nada vale cuestionar la regularización que se ha hecho en España, y advertir desde la UE que los aquí regularizados no tendrán derecho a circular y trabajar en el espacio Shengen. Si estamos en un territorio libre de fronteras, las políticas de inmigración no pueden ser las que se le ocurra al gobierno nacional de turno sino las emanadas del consejo europeo de Úrsula Von der Leyen. El gobierno español ha sido desleal con Europa y las Comunidades Autónomas, porque se ha visto contra la espada y la pared de no saber qué hacer con un millón de irregulares que consumen recursos del Estado y no contribuyen. Claro que el gobierno de Pedro Sánchez no debería sacar pecho diciendo que la oposición hace política con la inmigración y ellos hacen política migratoria. ¿Cuál es esa política migratoria? ¿Regularizar cada cinco años a los inmigrantes que llegan ilegalmente a España, y que el Gobierno es incapaz de repatriar? (1).

El Gobierno ha aprovechado una iniciativa popular que llevaba tres años de vigilia en el Congreso y como casi siempre, lo ha desarrollado con precipitación y descuidando el mayor consenso posible; y sin tener en cuenta las debilidades de nuestra administración. En algunos consulados han tenido que recurrir a personal externo porque estaban desbordados y, ahora, que hay que tramitar en las jefaturas de policía los expedientes, ya están advirtiendo que no hay personal suficiente para contrastar toda la documentación, por las vacaciones, lo que aumenta el riesgo de que te den gato por liebre con los papeles. Certificados de penales, residencia, tiempo de estancia en el país, etc. Un barullo. Si siguen por este camino, en Europa los bárbaros otra vez ataviados con el ropaje nacionalista volverán a cruzar el Rihn, como en España han cruzado el Ebro. Y cuando contaminen a Francia o Alemania será el final de la UE que hemos conocido; y de su estado del bienestar. Pues esto es lo que hay.

(1) La Oficina Estadística de la UE desvela que el Ministerio del Interior de Marlaska  solo logró ejecutar el 16% de órdenes de expulsión de inmigrantes irregulares que cursó durante el primer trimestre de este año, un porcentaje muy inferior a la media europea. A esto lo llaman política migratoria.

LA FRASE: «Un país serio no gestiona una cuestión estratégica mediante decretos exprés diseñados sobre cifras que nadie ha calculado o ha querido decir. La regularización ha vuelto a poner de manifiesto que España no se toma en serio la política migratoria y que los partidos políticos usan en su beneficio cuestiones que condicionarán nuestra demografía, nuestro mercado de trabajo y nuestra cohesión social durante décadas». MARÍA MIYAR, profesora de sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.

Cuando apenas quedaban quince días para que se reunieran las comisiones que dictaminan el asunto de las deudas a los jugadores, el Deportivo Guadalajara estaba más en Tercera División que en Segunda RFEF, que es la categoría a la que por méritos deportivos bajó la última temporada. El pesimismo era general porque de haber descendido el club a Tercera, por impagos, ya sabemos por experiencias anteriores que lo más probable es que la SAD del club hubiera incurrido otra vez en concurso de acreedores y muy posiblemente se habría visto abocado a su desaparición. Lo importante era salvar esta bola de partido y la directiva lo ha logrado, así que enhorabuena.

Uva vez dicho esto, queda por saber cuál ha sido el cambio accionarial en la Sociedad Anónima Deportiva (SAD,) propietaria de la marca Club Deportivo Guadalajara, si el propietario principal, el argentino Néstor Ruiz lo sigue siendo o qué parte ha traspasado a nuevos accionistas y quiénes son. En suma: cuál es el proyecto deportivo y económico de la nueva propiedad no solo de cara a la próxima temporada en Segunda RFEF sino también en lo societario. La ciudad necesita estas explicaciones, que todavía no se han producido, porque disfrutan de una propiedad municipal, el campo Pedro Escartín, y ya no digamos de una afición que es una de las mejores de España, y no es una exageración. No solo baja en gran número a un Pedro Escartín, que es un campo muy incómodo en invierno, porque te pasmas de frío con el relente del río, sino que además acompaña al equipo a cualquier campo de España durante toda la temporada.

Guadalajara, por población y afición, merece como poco estar en Primera REFF, pero lo primero será asentar el club deportiva y orgánicamente en la categoría que perdimos. Porque cuando un club tiene fama de mal pagador tarda años en quitársela de encima. Hasta 13 jugadores han confirmado su marcha, nada que reprochar con los sinsabores que han tenido, y sí valorar a los que se han quedado, empezando por el capitán alcarreño Javier Ablanque, un jugador de gran cartel en la categoría pero que ha preferido quedarse en el equipo de su provincia. Un pilar sobre el que levantar la plantilla 2026-27, y que le toca construir nuevamente a su director deportivo, Néstor Susaeta, un profesional extremadamente competente como ha quedado acreditado en temporadas anteriores. A buen seguro que lo va a tener más complicado por lo comentado, pero hay que tener confianza en su buen tino y criterio en la elección de entrenador y jugadores.

Y esto es lo que hay en la nave morada.

LA FRASE: “Deseo que volváis donde os merecéis, por el club y por esa afición que no falla nunca, pase lo que pase”.»Me marcho llevando para siempre todo los vivido junto a vosotros en el Escartín”. NESKES, ex jugador del Deportivo Guadalajara.

Ya tengo dicho en este blog que me parece fundada la propuesta del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núnez, siguiendo los pasos de Ayuso en Madrid, de una nueva Ley de Suelo en la que el suelo dotacional, que no se haya empleado por los ayuntamientos, se incorpore para la construcción de nuevas viviendas y así poner más suelo en el mercado a disposición de los promotores. España, y Guadalajara en particular, no solo tiene un problema de carencia de suelo sino de disponer de ese suelo a unos precios razonables, porque si no puede ocurrir como en nuestra capital que cuando el Ayuntamiento saca a la venta una parcela no hay postores porque estiman que con esos precios a los promotores no les salen las cuentas. La promoción vive una época muy complicada: al precio del suelo hay que añadir la falta de mano de mano de obra especializada (volvemos a los tiempos de la burbuja) y las dificultades para la adjudicación de potencia eléctrica, por la burocracia institucional, un cuello de botella que se agravará con el cierre nuclear,  se advierte desde Arcano.

En la línea de la propuesta de Núñez, el concejal de Urbanismo de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha pedido públicamente al consejero del ramo que modifique, porque es competencia regional, “las normativas autonómicas que permitan la flexibilización de la construcción de vivienda en toda la región y en el caso de Guadalajara cita en concreto todo el margen de la A2 desde la zona del Corte Inglés”. Dado que solo hay dos posibilidades de continuar con la expansión urbana de la ciudad: una es el crecimiento a lo largo, hacia Taracena, pero tiene el serio inconveniente de que habría que saltar la Ronda Norte, la mayoría de las miradas se centran en cambiar a residencial esa margen izquierda de la A-2, que era el diseño más lógico cuando se aprobó el plan de Urbanismo vigente. De hecho, en los planes de infraestructuras del Estado a largo plazo siempre figuró la construcción de una variante para sacar a la A-2 de la ciudad de Guadalajara, pero ya sabemos que las infraestructuras (sean ferroviarias, hidraúlicas o viarias) son las grandes olvidadas del gobierno de Sánchez, más atento al cortoplacismo populista, y de la variante nunca más se supo. Tampoco acabamos de saber sobre la modificación del Plan Municipal de Urbanismo (POM), más allá de que hay un estudio de arquitectura encargado de proponer esos cambios, pero la realidad es que el mandato municipal ya se está acabando y los pasos van con pies de plomo.

No es lo ideal para nuestro urbanismo, por tanto, que se pueda calificar nuevo suelo residencial sin que la A-2 haya sido desviada y sin que el proceso de modificación del POM haya avanzado más, pero prescindiendo de ello la propuesta del concejal de Urbanismo parece la única posible, y la Junta debería atenderla, porque Guadalajara no puede seguir chupándose el dedo cuando los vecinos de Alcalá de Henares hace tiempo que saltaron la A-2 en la zona de Los Espartales; y ahora es un barrio próspero. Pero es que, además, en Guadalajara hay empresas potentes que están dispuestas a construir viviendas al otro lado de la A-2, y el arquitecto José María Ezquiaga, encargado del estudio para reformar el POM, en un primer encuentro que se celebró en mayo en la sala Tragaluz aseguró que Guadalajara necesitará 10.000 viviendas para atender las necesidades hasta el año 2039. Pues blanco y en botella.

AAGESEN, SOLO POSE.-La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, echó balones fueras cuando se la preguntó si iba a adecuar las reglas del trasvase a las decisiones de la Justicia, que ha respaldado el derecho a que el Tajo cuente con caudales ecológicos suficientes. Doña Sara ha argumentado como excusa a su no hacer nada que quiere emprender un proceso de «participación activa» con los agentes implicados y que iniciará «próximamente». No me quiero colgar ninguna medalla, pero ya lo avisé en post anteriores. Aagesen no va a hacer nada porque hemos entrado en periodo prelectoral y no quiere desatar las iras de la Comunidad Valenciana y Murcia. Y hasta calendas grecas no hará otra cosa que marear la perdiz.  

ESCOBAS QUE NO BARREN.- El candidato in pectore a la alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, se presentó el otro día con una colección de escobas en el Ayuntamiento para denunciar que Guadalajara está sucia. Tiene razón el señor Rojo en que Guadalajara debe mejorar mucho en lo tocante a la limpieza, algo que queda más de manifiesto por comparación cuando vas de turismo por otras ciudades. Solo que durante su mandato las escobas funcionaron igual de regular que ahora. Así que es un reto éste de la limpieza que trasciende a quien se sienta en el sillón frailuno del número 1 de la Plaza Mayor. Eso sí, la foto quedó bien. Pero ahora sería bueno que nos explicaran en los programas electorales (si es que existen) cuáles son sus propuestas al respecto.  

IMPUESTOS DESCONGELADOS.- La alcaldesa Guarinos avanzó que iba a mantener los impuestos congelados en 2027, año electoral. No se esperaba menos. El problema es que en 2024 el IBI subió un 17% para cuadrar las cuentas municipales a costa del sufrido propietario de pisos capitalino  y se esperaba algún recorte para 2027. Pero no. Cada vez cuesta más distinguir las políticas fiscales entre izquierda y derecha, porque al final nadie apuesta por el recorte del gasto corriente y la solución siempre es vaciar más los bolsillos del sufrido contribuyente. Y esto es lo que hay.

LA FRASE: “En muchos casos, supone un mecanismo de acceso, mantenimiento o explotación del poder para fines ilícitos: desmantelar controles institucionales, apropiarse de recursos públicos, manipular decisiones administrativas o condicionar políticas públicas en beneficio propio o de terceros. Su gravedad radica en que erosiona los fundamentos del estado democrático, al distorsionar la finalidad del poder público  y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares. Y su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político,al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. De la sentencia del TRIBUNAL SUPREMO en el caso Ábalos.   

Aunque no le falta razón a Rainer Maria Rilke cuando dice que “La verdadera patria del hombre es la infancia”, me salgo del carril al reivindicar como mi parque preferido a uno que solo he podido conocer de mayor: el parque lineal del Alamín. Los parques de mi infancia son el de La Concordia y menos los de San Roque y la Fuente de la Niña, subrayando del primero la bondad de la reforma que se hizo cuando fue concejal Paco Borobia en el último ayuntamiento del anterior régimen. Desde entonces, la ciudad tenía una deuda pendiente con el barranco del Alamín, una zona degradada desde la edad Media porque estaba a extramuros (conviene recordar que Guadalajara mantuvo en pie sus murallas hasta casi finales del siglo XIX en que se dejó actuar a la piqueta municipal para facilitar la expansión de su núcleo urbano). El barranco del Alamín no solo constituía una vergonzosa división clasista de la ciudad sino un atentado a la higiene urbana. Era una rambla inmunda que se inundaba con las lluvias que bajaban aguas vivas barranco abajo y era el reino de los roedores, que alcanzaban tamaños descomunales. Por ello, lo primero que hubo que hacer fue encauzar todo aquello en unos nuevos colectores que se empezaron a hacer en el mandato del alcalde Antonio Lozano Viñés y que se terminaron con Agustín de Grandes, otro alcalde emprendedor y de muy positivo legado ciudadano.

Hubo que concluir primero el colector para dar el definitivo paso adelante, como fue convertir ese inmenso estercolero en un parque urbano. Y eso se hizo bajo mandato de otro gran alcalde, este ya de la democracia, José María Bris, y con dos inquietos concejales de parques y medio ambiente, Eugenio del Castillo y Jesús Orea, en dos fases. En la primera se limpió de arriba a abajo el barranco de toda clase de residuos (desde un wáter viejo a un somier de la época de Romanones) tanto solidos como vegetales y se creó la infraestructura por la que discurriría el actual canal que recibe las aguas del arroyo del Sotillo y las aguas vivas de la lluvia. En una segunda fase cristaliza el proyecto de parque lineal que ejecutó con gran acierto la sociedad Aguas de Valencia y se plantaron numerosas especies arbóreas, sobre todo álamos, chopos, tilos y juncales. En total fueron unos 130.000 m2 de actuación, casi 5 veces más que el parque de La Concordia, la emblemática actuación de principios del  siglo XIX a partir de unas eras sobre las que la ciudad llegó a un acuerdo o concordia.

Este parque lineal, que nace en río Henares y llega a los nuevos desarrollos hasta casi la A-2, es mi favorito porque tiene de todo. Un recorrido suficiente y casi llano para hacer ejercicio, frondosos árboles para liberarnos del sol del verano y siempre nos acompaña el agua, que si no se estanca, es muy agradable. Este último siempre ha sido el principal problema del parque, por lo que requiere de un mantenimiento suficiente que lo evite.

Como conclusión: estamos ante la última gran actuación medioambiental que permitió la expansión de la ciudad hacia esas aguas vivas que antes citaba, y que ya ha llegado hasta los olivares de Taracena. Un parque ejemplo de la nueva Guadalajara que ya frisa los cien mil habitantes y que curiosamente no tiene un nombre oficial. Con escasa esperanza, porque esta ciudad, cada vez más sectaria y divisiva, tiene alergia a reconocer los méritos de los que la fueron armando con los tiempos, y sobre todo si están vivos, me atrevo a proponer que este parque sin nombre oficial lleve el del alcalde que lo hizo posible: José María Bris, y que descubran con él la placa Jesús Orea y algún familiar de Eugenio del Castillo, que ya no está con nosotros. Y esto es lo que hay.

No todos los que se dedican o se dedicaron a la función pública son unos golfos aprovechados. Aunque le estulticia de alguno hace que lo parezca.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y candidato in péctore a disputar a Emiliano García-Page la presidencia de Castilla-La Mancha (las encuestas que voy conociendo siguen muy ajustadas, aunque pierden fiabilidad  porque no contemplan los cambios de diputados por población en las provincias de Guadalajara y Albacete), dijo el otro día en Yebes que hace falta una nueva Ley del Suelo; y propuso que el suelo dotacional, que no se haya empleado por los ayuntamientos, se incorpore para la construcción de nuevas viviendas. Y que además, como es suelo municipal, no utilizado para el uso con el que fue concebido 15, 20 o 30 años atrás, “lo puede hacer con viviendas con un precio tasado mucho más bajo del precio de mercado”.  Por fin me interesa algo de lo que dice Paco Núñez, siempre tan etéreo en sus discursos y que recientemente me defraudó por su posición sobre el trasvase, de plegarse al discurso de Murcia y Valencia, que al final es la del del PP nacional, y que está legitimando macrotrasvases de 180 Hm3 cada tres meses cuando el pantano está en una situación favorable como en este ciclo hidrológico. Pero en esto de la vivienda, lo que dijo no está mal tirado. Y sería bueno que cada partido fuera precisando su discurso sobre un problema que va a acaparar la campaña electoral.

Todos los expertos nos dicen (y pueden comprobarlo en los enlaces que pongo abajo) que el principal problema para la escasez de la vivienda es la falta de suelo edificable a un precio competitivo, por lo cual cada vez hay menos promotores dispuestos a arriesgar su dinero. La realidad es que esos promotores apenas pueden poner en el mercado entre 50.000 y 90.000 viviendas al año y se necesitan unas 200.000. Las medidas intervencionistas tomadas durante la legislatura no han hecho más que agravar la situación, a tenor de las cifras, y desde luego no han deshecho el nudo gordiano que ha convertido la vivienda en España en un artículo de lujo y la principal causa de desafección de los jóvenes en el sistema, porque conviene recordar que las libertades y el estado de derecho se marchita frente el populismo -y demás ismos- cuando no resuelve los problemas de comer. ¿Se acuerdan de los años 30 en Europa? En Guadalajara se han tomado recientemente interesantes medidas para poner más vivienda en el mercado, pero no se ha llegado a verdaderas reformas que cambien la naturaleza del problema. También es interesante escuchar a Núñez que quiere mejorar la fiscalidad de la vivienda, y especialmente en Guadalajara, porque nuestro mercado depende de Madrid, y no parece lógico que “comprar una vivienda de 200.000 euros tenga una fiscalidad entre 12.000 y 18.000 € más barata en Madrid que en la comunidad de Castilla-La Mancha”. Estaría yo incurriendo en un ejercicio de populismo barato si defiendo que Castilla-La Mancha puede tener una fiscalidad tan favorable como Madrid, porque la recaudación es bien diferente. Pero en lo tocante a la vivienda, este gobierno y el que venga deberá tener un trato fiscal especial, porque de lo que se trata es de que los jóvenes puedan comprar, o por lo menos alquilar, viviendas que puedan pagar y ya no digamos en área de expansión como el Corredor del Henares, donde como nos recordaba un inmobiliario : “Cada vez hay más naves y hay más trabajo, pero no hay donde alojarlos porque no hay crecimiento en vivienda”. 

P.D. Esperando quedo a que el Gobierne actualice las reglas del trasvase Tajo-Segura después del último recurso favorable del Tribunal Supremo. ¿A que algo se inventará la ministra Aagesen, tan progre para otras cosas, para demorar la citada adecuación a que pasen las elecciones locales y autonómicas del próximo año y así no levantar ampollas en Murcia y Comunidad Valenciana, donde se pescan más votos que en la pobre Castilla-La Mancha?   

EL DEPORTIVO, OTRA VEZ AL BORDE DEL PRECIPICIO.- Hace justamente un año las calles de Guadalajara se llenaron de aficionados que celebraban el ascenso de su equipo más representativo a la Primera RFEF. Pero una temporada después, el Deportivo Guadalajara SAD vuelve a estar al borde del desastre. Si para el 26 de junio no ha pagado su deuda con la plantilla sufrirá otro descenso administrativo y en el mejor de los casos acabaría jugando en la tercera división de Castilla-La Mancha, en la que ha militado esta temporada su equipo B, que tampoco está al corriente de pago. Como sabemos por experiencias anteriores un descenso no es lo peor, lo trágico es que con él se diluye el valor del club y sus posibilidades de una buena venta, lo que podría acabar otra vez en un concurso de acreedores como pasó en la etapa de Germán Retuerta. Hasta el 26 de junio queda muy poco tiempo para buscar una nueva propiedad, una vez que la actual ha demostrado no tener ni músculo financiero, ni capacidad para llevar un club profesional como lo ha sido este Deportivo en Primera RFEF. Ya se ha despedido el entrenador, luego serán los jugadores, y se puede dar la gran paradoja de que un club con la mejor afición de España, que ha acompañado al equipo por todos los campos de la categoría, vuelva a quedarse huérfana. Porque lamentablemente -me dicen- las noticias que llegan sobre la situación económica y potenciales interesados es peor de lo que se pensaba. Aún hay tiempo, pero cada vez menos.

LA FRASE: «Que algunos tengan problemas no significa que España sea un Estado fallido; este país funciona, y funciona especialmente cuando tiene que autocorregirse, cuando salen noticias graves que afectan a la honestidad». «Mantener una defensa a ultranza de las instituciones es la primera obligación de un político, y es que la verdad no admite muros de ningún tipo». EMILIAMO GARCÍA-PAGE, presidente de Castilla-La Mancha.

• Expertos, pesimistas sobre la evolución de la vivienda en España y Guadalajara.
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El Ayuntamiento ha dado la enésima corrección a la implantación en la ciudad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que debería haberse puesto en marcha el 1 de mayo pero que se va a alargar hasta 2028, lo que significa que este equipo de Gobierno pasa este cáliz a la futura corporación que salga de las elecciones locales en la primavera de 2027. No seré yo el que contradiga a la alcaldesa Ana Guarinos cuando dice que no tiene sentido penalizar a los vecinos con restricciones si la calidad del aire es buena, pues es este el argumento principal en la crítica a estas ZBE que pueden ser recomendables para los grandes municipios europeos, pero no tanto para los pequeños. Europa tiene muchas cosas buenas, pero algunas veces nos exporta normas de aplicación general que son burocracia de la mala.  Desde el equipo municipal del PP y Vox se ha puesto el énfasis en que es el gobierno de Sánchez el que ha promovido esta Ley, pero siendo esto verdad no es del todo exacto. Lo que han hecho los gobiernos de la UE es desarrollar en cada país una normativa que nace bajo mandato de las instituciones europeas. Cada uno lo suyo.

En fin, que Guadalajara ha tirado a la basura, por lo menos con este gobierno municipal, la Zona de Bajas Emisiones, aunque nunca imaginé que esta figura sería literal. Como pueden comprobar adonde han acabado estas señales en los últimos días. En el contenedor.         

  SANCHEZ PUEDE DEJAR A PAGE COLGADO DE LA BROCHA.- Si hay unas elecciones autonómicas que van a estar reñidas serán las de Castilla-La Mancha. Para empezar, habrá que ver si Emiliano García-Page es el candidato del PSOE, como todo el mundo lo da por hecho, confirmación que todavía no se ha producido oficialmente y él tampoco ha ratificado. Ya saben que Page, el único barón crítico que tiene el PSOE tras la muerte de su amigo Javier Lambán, ha pedido a Sánchez muchas veces que adelante las elecciones Generales, porque de lo contrario se desvirtuarían las municipales y autonómicas. El riesgo de que el electorado tenga la tentación de pegar una patada a Sánchez en el trasero de los candidatos del PSOE a municipales y autonómicas es cada día más alto -porque los casos de corrupción en el entorno del gobierno se disparan- y ya no digamos si Sánchez contamina a las candidaturas socialistas con un superdomingo electoral en el que se hable de todo, menos de los problemas que afectan de verdad a ciudades y a las regiones que ese día celebren sus elecciones (todas menos Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Castilla y León). Un superdomingo electoral el 28 de mayo sería la gota que rebasaría el vaso de la paciencia de Page con Sánchez y le podría responder que para hacer una campaña en clave nacional mejor pruebe con su ministra Tolón como ha hecho en Andalucía y Aragón con Alegría y Montero, respectivamente. Cualquier cosa que no sea un adelanto electoral es dejar no solo a Page sino a cualquier candidato a alcalde del PSOE colgado de la  brocha, y ya no les cuento si tiene responsabilidades parlamentarias en el Congreso de los Diputados.

Por lo tanto, no descartemos ninguna posibilidad, así que hasta que esas dudas queden resueltas cualquier sondeo electoral es ciencia ficción. En fuentes del PSOE siguen diciendo que los suyos dan a Page vencedor por la mínima, aunque la última encuesta publicada el lunes (de Sigma 2 para El Mundo) estrecha el resultado todavía más. Concede a Page una horquilla entre 15 y 17 diputados, siendo 17 la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar, ya que no hay muleta a su izquierda en donde apoyarse, como sucedió en 2015 en que gobernó gracias a Podemos. El PP podría bajar un escaño hasta el número 11, pero ese discreto resultado no le cerraría a su líder Paco Núñez la puerta de Fuensalida, pero contando siempre con el apoyo de un Vox fortalecido, que podría llegar hasta los 6 escaños (ahora tiene 4) y exigiría entonces un papel preponderante que no puede demandar a Moreno Bonilla en Andalucía. Significar que Page podría ganar un escaño en Guadalajara a costa del PP, la única provincia en la que los populares se dejarían un escaño, siempre según la citada encuesta. Lo que queda meridianamente claro es que cualquier campaña municipal o autonómica que se haga en clave nacional beneficia al PP y sobre todo a Vox. No olvidemos que, en Castilla-La Mancha, Page tiene una parte de voto prestado del PP, en torno a los 11 puntos, que es la diferencia entre el 45 % de los sufragios que el PSOE de Page consiguió en las elecciones autonómicas y el 34,16 % que el PSOE de Sánchez sumó ese mismo año. Recordamos que en las últimas Generales de 2023, el 23 de julio,  el electorado regional ya visualizó un giro a la derecha en Castilla-La Mancha (13 diputados entre PP y Vox por solo 8 del PSOE sanchista) en contraste con las elecciones autonómicas del 28 de mayo en que, por las raspas, Page retuvo su mayoría por solo 1 escaño (PSOE, 17; PP, 12 y Vox 4), apenas dos meses antes de la última  pirueta electoral de Pedro Sánchez y que dio lugar a la desnortada legislatura que estamos viviendo en la que un ejecutivo desmadejado gobierna sin una mayoría parlamentaria que apruebe los presupuestos, como ordena la Constitución. Un gobierno atrapado por el soberanismo chantajista de sus socios y la extrema izquierda, que no le van a apoyar más pero que tampoco firmarán ninguna moción de censura -como hicieron contra Rajoy– que anticipe la llegada de Feijóo a La Moncloa. Y esto es lo que hay, aunque en los próximos días varias bombas quedan por estallar.  

P.D. Esta encuesta y otras que vengan hay que cogerlas con pinzas porque no tienen en cuenta que en Guadalajara habrá un diputado más por aumento de población. Pero tal cosa no se confirmará oficialmente hasta la publicación de la convocatoria electoral y en la que se fijan el número de escaños por circunscipción. En la actualidad Guadalajara tiene 5 escaños (2 PSOE y PP y 1 Vox) y pasará a 6.No hago elucubraciones sobre a quién beneficiará.

LA FRASE: «Debería haber elecciones Generales este año y es la primera vez que lo digo». “Deberíamos tener respeto por la infantería, que diría [el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano] García-Page”. «Me impresionó la situación judicial [de Zapatero] y me impresionó mucho el auto. Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta como personas». FELIPE GONZÁLEZ, ex presidente del Gobierno de España.

El Ayuntamiento de Guadalajara de PP y Vox ha decidido un nuevo aplazamiento a la entrada en vigor de la ordenanza de estacionamiento regulado, vulgo ORA, que debería comenzar el lunes 18 de mayo y que ahora será (d.m.) el 1 de junio. Esta decisión se toma después de dos semanas de protestas en las redes sociales que culminaron con dos concentraciones frente al Ayuntamiento de varios centenares de personas en las que se demandó a la alcaldesa Ana Guarinos que diera marcha atrás a la nueva ORA y la tumbara definitivamente.

¿Qué hará el equipo de gobierno? La respuesta que ha dado Guarinos no la iguala ni el mejor Mariano Rajoy, pero no deja muchas pistas. “Nosotros, con todo lo que estamos escuchando, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, si las tenemos que tomar. Y en el momento que las tomemos, si las tomamos, se las haremos llegar”. El formato que ha difundido el Ayuntamiento es que el aplazamiento se produce por iniciativa de la empresa concesionaria Dornier, y en base a que no ha tenido tiempo de llevar a cabo todas las modificaciones que hay que hacer. Por tanto, el meollo, ahora, está en ese 1 de junio y si para entonces la empresa volverá a solicitar un nuevo aplazamiento a cuenta de las famosas ZBE – de las que ya he escrito en un post anterior y al que me remito– o es el ayuntamiento el que pide a Dornier una nueva demora sine die aun a costa de incurrir en penalizaciones que deberían arbitrar los tribunales, si no hay un acuerdo previo entre las dos partes, que sería lo menos lesivo para el municipio.

Visto lo visto, ya ha quedado patente  que este proyecto de ORA está mucho más verde de lo que exigiría una medida de tanto calado social y económico, y no me extrañaría que cualquier solución se aplace hasta el próximo mandato municipal, como se hizo con la contrata de autobuses, que se debería haber adjudicado en la alcaldía de Alberto Rojo, pero que se dejó a la siguiente corporación, y todavía lo está peinando; con una flota de autobuses cada vez más degradada… Y el que venga detrás, que arree, como se dice en Castilla.  No olvidemos que el 30 de mayo de 2027 hay elecciones municipales y autonómicas, aunque a los estrategas municipales se les había olvidado. Y lo que hoy es negro a los ojos de los vecinos dentro de un año, como poco, será gris.   

UNA MEDIDA MUY CONVENIENTE.- Hace siete meses publicaba un post planteando la necesidad de que el Ayuntamiento facilitara la conversión de locales comerciales en viviendas para lo que era necesario cambiar la actual normativa que lo dificulta en extremo. La fotografía es la siguiente: Guadalajara está entre las ciudades de España que más han subido los alquileres, toda ella es una zona tensionada, y al tiempo el mercado es incapaz de absorber la oferta de locales comerciales que nacieron en una situación económica bien distinta, antes de la crisis de 2008. Ha sucedido que desde entonces la demanda de locales comerciales y oficinas está en franco retroceso (una tendencia que va a seguir con el auge de las compras por internet), por lo que cualquier corporación local razonable debe dar todas las facilidades para que esos locales no se arruinen por falta de uso y sean pasto de las ratas. Mientras que reconvertidos se podrían incorporar a la precaria oferta de alquiler que hay, hoy, en la ciudad.

Algunos de esos obstáculos parecen haber quedado resueltos por el competente equipo de urbanismo que tiene el Ayuntamiento y es de esperar que esa transformación cumpla con los requisitos mínimos de cualquier vivienda digna -por eso está prohibido construir en sótanos y debe tener unas condiciones de ventilación correctas-, preocupación que siempre estuvo en la concejalía de Urbanismo.

Por tanto, felicidades, pero no nos relajemos. Que estas son medidas puntuales que alivian la situación, pero no la cambian. Para ello Guadalajara debe ser más ambiciosa en la liberación de suelo para que los promotores construyan y ello solo se logrará con la modificación del Plan de Urbanismo (POM) y la calificación de nuevo suelo residencial, tras definir el crecimiento de la ciudad. Una importante iniciativa que lleva más de un lustro de retraso. Por no hablar de las dificultades que hay para la asignación de potencia en las nuevas viviendas en un país que se permite el lujo de cerrar centrales nucleares que funcionan sin problemas.  

LA FRASE. «La templanza que vende Moreno Bonilla parece hoy moda retro. Al PP no le sale una sin pasar por las caenas de Abascal». ANTONIO LUCAS, escritor y periodista.        

Si hay dos cosas que las corporaciones locales de Guadalajara temen como a un nublado son realizar nuevos pliegos para la adjudicación del transporte urbano y el del estacionamiento regulado (ORA). Resulta que hay poco que ganar y bastante que perder, y así pasa que el contrato de los autobuses se debería haber adjudicado con el anterior equipo de Gobierno de Alberto Rojo, pero se dejó el muerto para el siguiente mandato -aun a costa de tener un servicio cada día más degradado- y los otros que le sucedieron todavía lo están peinando; y dudo mucho que se atrevan a adjudicarlo antes de que les caduque el mandato.

No voy a entrar en muchos detalles, aunque los invito a leer lo que mi compañera Nuria Fernández publicó al respecto, y solo subrayar algunos aspectos. Los residentes del casco antiguo pierden con esta reforma, porque si hasta ahora tenían facilidades para aparcar en zona roja, cerca de su casa, al permitir que cualquiera pueda estacionar en ella, aun pagando un poquito más, les va a resultar más difícil encontrar un sitio. Si nos pasamos el día diciendo que hay que potenciar el uso residencial en el casco, porque es también una manera de favorecer su rehabilitación, no se pueden dar marchas atrás. El equipo de Gobierno se defiende con el argumento de que esta nueva regulación “facilita la movilidad”. Pero no veo yo que poniendo de pago el nuevo aparcamiento junto al cementerio e incrementando las zonas de pago en el entorno de la estación de autobuses y el nuevo campus universitario de la UAH se vaya a favorecer. El primero era usado sobre todo por estudiantes o trabajadores que van a diario a Madrid en autobús a quienes los encarece mucho tener que pagar dos euros al día, teniendo en cuenta que lo utilizan de lunes a viernes. Con ello deberán madrugar más y aparcar el coche más lejos de la estación de autobuses, perjudicando esa cacareada “movilidad”, o  bajar andando hasta el autobús, eso el que pueda.

Lo cierto y verdad es que antes había en torno a 1.100 plazas reguladas y ahora habrá un total de 2.297, lo que implica una mayor recaudación para la empresa concesionaria y un canon más favorable para el Ayuntamiento. Si al menos esto se hubiera hecho a cambio de bajarnos los impuestos -y especialmente el IBI que se disparó en el primer año del mandato de Guarinos–a los contribuyentes al menos nos podría haber quedado el consuelo de sentirnos compensados. No se ha hecho así y solo hay que ver las redes sociales para deducir que cuando todos dicen lo mismo alguna razón llevan. ¡Hasta una manifestación se ha convocado sin develar el nombre del organizador!

No voy a ser yo el que defienda que es mejor no hacer nada cuando es notorio que los tiempos cambian y la regulación del tráfico debe adaptarse a ellos. Pero sabiendo del tortuoso camino por el que hay que transitar me pregunto que para quién trabajan los estrategas de este equipo de Gobierno teniendo en cuenta que entramos en el último año antes de las elecciones del 30 de mayo de 2027. Decía bien el primer teniente alcalde Alfonso Esteban que “si hay cuestiones que causan más problemas que beneficios estamos abiertos a estudiarlas y, si procede, corregirlas. Rectificar es de sabios pero creo que las cosas tienen que empezar a funcionar”.  Parece que ese tiempo ya pasó. Y esto es lo que hay. ORA pro nobis.

OTRA VEZ CON EL AGUA AL CUELLO.- «En ningún momento el club está al nivel de la categoría. A esta situación se ha llegado porque no se ha tenido altura de miras. Cuando el club ha ido bien, la propiedad ha pedido más de lo que debería y ha mirado más por él que por la entidad. Se podía haber vendido a un precio más asequible, si sabes que no vas a poder afrontar los salarios de tu personal”.  Estas palabras pronunciadas por el capitán del Deportivo Guadalajara, Javier Ablanque, son las que mejor definen la situación financiera por la que pasa el club, que es una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El representante mayoritario de la propiedad reconocía a finales de abril que la venta era la única solución para salvar la situación, solo que cada día que pasa aumenta la incertidumbre de no saber si el club va a estar en Primera RFEF o en Segunda RFEF y esto no ayuda precisamente a la parte vendedora. Decía entonces el consejero delegado Lautaro Ruiz que tenían alguna operación muy avanzada y que esperaban concretarla antes de que se completaran los plazos de la Federación para un descenso administrativo. Ojala sea así, porque la historia societaria del  Deportivo Guadalajara nos ha dejado más fracasos que éxitos, porque se ha dependido demasiado de los intereses de sus (desconocidos) propietarios al no tener el club una participación societaria relevante de sus aficionados, como pasa con Unionistas a quienes sigo envidiando. La buena noticia es que conservar la categoría sigue estando a tiro de piedra (dos puntos) de una plantilla que ha demostrado su profesionalidad, con creces, en estos momentos de crisis económica. Pónganse ustedes en su pellejo y pregúntense cómo irían a trabajar si les deben dos o tres mensualidades. Pero no hay más remedio que no bajar la cabeza porque las acciones del Deportivo -y la solución a su deuda- cotizan más siguiendo en Primera RFEF.     

P.D. 8.5.11.1.  y 1.1.1. No son números de teléfono.

LA FRASE: “Deslegitima el estado de Derecho y el principio de separación de poderes las actuaciones de responsables públicos que normalizan o movilizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguir la corrupción política. Todo ello está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla”. ALEJANDRO LUZÓN, fiscal jefe Anticorrupción.       

Ya les aviso que en los próximos días van a oír hablar mucho sobre el trasvase y sus reglas de explotación en los medios nacionales; y ya les anticipo que la mayoría de las cosas que se dirán es demagogia y propaganda; por lo tanto: mentiras. O medias verdades.

Sucede que el 5 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá sobre un recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) para evitar que el Gobierno apruebe unas nuevas reglas sobre las cantidades a trasvasar al aplicar los caudales ecológicos que recoge el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Oirán y leerán que eso implicaría la muerte de la infraestructura, pero ya les anticipo que es mentira. Es cierto que en un ciclo largo de sequía ese caudal ecológico podría reducir la cantidad total de agua trasvasada temporalmente, pero nunca el cierre del trasvase. Y el que tenga alguna duda lo puede comprobar aquí, con la legislación vigente, que data de 2014.

¿Qué sucede entonces? Que el Tribunal Supremo, previsiblemente, dictará que el Tajo puede y debe tener unos caudales ecológicos, para proteger su flora y fauna, como el resto de los ríos de España sin que el hecho de sufrir el único trasvase entre cuencas hidrológicas se lo impida.

¿Qué hará el Ministerio de Transición Ecológica que patronea la señora Aagesen? Hasta ahora, han practicado la técnica del escapismo, como si fueran Houdini, pero si hay una resolución en contra de los SCRATS el 5 de mayo se va a enfrentar a algo que llevan años eludiendo: la obligación de establecer esos caudales ecológicos. ¿Lo hará? Yo lo pongo en duda, porque las elecciones locales y autonómicas se acercan (son el domingo 30 de mayo de 2027) y no querrá darle esa baza a los gobiernos del PP de Murcia y la Comunidad Valenciana que quieren de hacer de unos presuntos recortes del trasvase uno de los ejes de su campaña electoral. Ya lo advirtió hace unos días el presidente valenciano, Pérez Llorca: “O se cambian las políticas hídricas que no funcionan o a los dirigentes que están al frente del gobierno de España”.

Lo triste de todo esto es que las políticas hídricas, como la política exterior, la ordenación territorial, la enseñanza y otras que necesitarían de un consenso entre los dos partidos con posibilidades de gobierno deberían estar al margen de la estrategia electoral de ambos partidos y de cada gobierno regional. Pero con esto de la bipolarización y la política de muros y bloques cualquier consenso es imposible.

Así ha ocurrido que hace un año, el presidente murciano López Miras salió reforzado del Congreso al conseguir que todos diputados del PP votaran a favor de una Propuesta de Ley del PP para blindar el trasvase, que era pura demagogia. No salió adelante porque Feijóo y Sánchez prudentemente se ausentaron del Congreso, pero el presidente murciano consiguió visualizar -dice la prensa levantina- que los diputados socialistas murcianos y valencianos no rompieron la disciplina de voto y eso dejaba al PP y Vox como los únicos que defendían (presuntamente) los intereses de los regantes. Ya les digo yo que eso de los blindajes, ahora tan de moda, es un cuento chino, porque ni la Constitución es capaz de servir de blindaje ante asuntos tan principales como los indultos a los golpistas del Procés, la amnistía o la financiación privilegiada a unas autonomías sobre otras. Por tanto, lo único que se busca con esas iniciativas y otras del estilo es hacer política de campanario y dejar a unos como Cagancho en Almagro mientras otros se van de rositas. En el primer caso estarían los diputados del PP castellano-manchegos que votaron a favor de ese populista blindaje, hasta el punto de ser cierta una acusación que Paco Núñez hizo sobre Page de no haber conseguido un litro menos del trasvase durante su mandato. Es verdad: con el Memorándum que data de la época de Rajoy y que regula el trasvase, Page no ha conseguido reducir un solo litro al trasvase, la competencia es estatal, pero por lo menos su gobierno ha sido capaz de pedir en los tribunales que el gobierno de Sánchez cumpla la Ley, aun siendo de su partido. Hasta ahora se ha hecho el remolón, porque bien podría haber empleado su teórica mayoría parlamentaria para cambiar ese Memorándum de Rajoy-Cospedal que tanto criticaron desde la oposición.

Así que dejémonos de historias: 1º) Los caudales ecológicos, de aplicarse, no son el fin del trasvase, como dice el PP murciano y valenciano. 2º) Lo único que esta polémica del falso blindaje pone de manifiesto es tanto la falta de ganas del binomio Sánchez-Aagesen para aplicar los caudales ecológicos al Tajo como la falta de criterio en el PP nacional de Feijóo, que en esto se ha querido escapar por la gatera. Porque mientras en territorios como Aragón son furibundos antitrasvases (vean lo que dijo el presidente de Aragón en campaña) en otros como Castilla-La Mancha se limitan a hacer seguidismo de sus colegas murcianos y valencianos, que sí demuestran su fuerza, la que les da presidir ambos gobiernos regionales.

Pues esto es lo que hay. Mentiras y demagogia a raudales. Pues les digo una cosa: con su maximalismo de no querer perder ni una gota de agua aunque no les haga falta, como sucede cuando la cabecera del Tajo está en los niveles actuales, en el Levante están perdiendo la ocasión de centrar el debate sobre el agua en España para que nunca carezcan de ella; porque su economía lo merece. Pero para ello no deben cerrarse al agua desalada, que podría completar el trasvase en épocas de sequía.  Pero ahí está el asunto de la segunda desaladora de Torrevieja, que la señora Aegesen no es capaz de poner en marcha y en Valencia no quieren verla ni en los planos.

LA FRASE: “La ilusión de la derrota policial, política y social de la organización terrorista ETA se quiebra con la negociación política firmada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegi y se sella hoy con el gobierno de Pedro Sánchez. Son el paradigma de la crueldad contemporánea. ¿No es una crueldad intolerable ver salir de la cárcel, uno a uno a auténticos asesinos en serie, etarras con años de condena a sus espaldas, fruto de una negociación política indecente, entre gobierno y una banda terrorista?”. ANA IRIBAR, viuda de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA.

España tiene un número indeterminado de migrantes irregulares. Ni tan siquiera sabemos cuántos, parece que entre medio millón y un millón; cuando no hay cifras oficiales es lo que pasa: que no controlas ni la estadística. En Guadalajara, donde hasta ahora no se están produciendo grandes problemas, la subdelegada del Gobierno no se atrevía a estimar el número de potenciales afectados.  Lo que sí sabemos es que esos migrantes sin papeles tienen derecho a ayudas de emergencia, a prestaciones sanitarias y a la educación (estas dos últimas a cargo de las Autonomías) porque han llegado a un Estado donde, todavía, esos derechos son universales al contrario que en otros países desarrollados sean del entorno o de más allá del Atlántico. Quiere esto decir que el gobierno de España -cualquier gobierno- solo tiene tres alternativas. Expulsar a esos migrantes que suponen un gasto para la administración pública, pero que no pueden contribuir fiscalmente con ella, asunto muy complicado incluso para los que desde el populismo lo reclaman. Regularizar a estos migrantes para que puedan tener contratos en A y pagar a Hacienda como los nacionales. Y una tercera vía -nos recuerda el politólogo Juan Ignacio Torreblanca– es la que adoptó un país democrático como Australia, pero que en España sería tachada de fascista y xenófoba: garantizar que toda persona que entre irregularmente en aquel gran continente repoblado en su nacimiento por inmigrantes ingleses-algunos de ellos presidiarios en cumplimiento de condena- es confinada indefinidamente en un centro de internamiento hasta que sea devuelta a su país.

El gobierno de Sánchez, siguiendo la vía que le marcaron hace 3 años con una iniciativa legislativa popular (ILP) varias docenas de organizaciones solidarias y caritativas, ha optado (tarde) por la segunda vía, y yo no lo critico, solo que en su plasmación ha cometido los más graves errores, empezando por convertir esta regularización en un arma electoral. Si hay un asunto, tan delicado como este, que necesita de un consenso social entre los dos partidos de gobierno y entre empresarios y sindicatos es este de la migración, por lo que se requiere una tramitación parlamentaria sosegada y no burlar otra vez al Congreso y al Senado, como si España fuera una autocracia a lo Xi Ping  y no una democracia parlamentaria. Pero es que Sánchez, en su huida hacia adelante para sobrevivir a su extravagante legislatura, ha enfadado también a la Unión Europea, que ya advierte que esta regularización en un país que está en Schengen afecta a la libertad de movimiento en el interior de la Unión y por eso ya han surgido voces que reclaman “aislar” a España e incluso su expulsión directa del espacio Schengen. Un gobierno español sin mayoría parlamentaria y sin el respaldo de sus socios europeos no se puede permitirse el lujo de abordar una regularización masiva, cuando ni tan siquiera tiene control y capacidad para contrastar los papeles que les presentan los interesados. Pero sobre todo por el efecto llamada que provoca. Todas las mafias del mundo ya saben que en España la siguiente regularización masiva empieza a contar desde el 30 de junio de 2026, plazo en que termina la presentación de la documentación para la actual. Y eso puede acabar rompiendo las costuras de cualquier estado de bienestar y dejarlo en las raspas. ¿Se imaginan qué haríamos con 700.000 migrantes si cambiara el actual ciclo económico, actualmente expansivo, por una crisis como la subprime de 2008? España necesita de la contribución de la migración, a la vista está, pero también de gobiernos responsables que se coordinen con la Unión Europea a la que pertenecemos.

Muchos se preguntan quiénes son los mayores beneficiados de estas colas en la calle y de la falta de respuestas del gobierno ante lo que ha iniciado. Cuando desde la moderación no se dan soluciones racionales a los problemas complejos siempre gana el populismo con sus mensajes simplistas, el último este de la “prioridad nacional”, que luego no hay por donde cogerlo con la Ley en la mano, porque en un estado de Derecho lo que no está en la Ley no existe; solo es bulla. Cuando el populismo de derechas parecía haber tocado su techo, ahí está otra vez Pedro Sánchez para reanimarlo. Y esto es lo que hay.

LA FRASE: “No podemos tolerar la regularización masiva que está llevando a cabo el señor Sánchez. Hay un enorme problema con los españoles hoy en día. Si yo fuera presidente aislaría a España del resto de las naciones europeas y restablecería los controles en la frontera. Esta decisión es contraria al espíritu europeo”. BRUNO RETAILLEAU, candidato a la Presidencia de Francia por el partido gaullista Los Republicanos”.