Trece municipios de las Serranías de Guadalajara del entorno de Atienza, Hiendelaencina y La Toba, incluso también uno de Soria vecino, Retortillo, a los que se vienen sumando otros de la zona de manera progresiva, están movilizándose social y legalmente para intentar frenar los proyectos de prospecciones auríferas en su territorio, presentados hace unos meses por la empresa Oroberia S.L.U. Estos proyectos están actualmente en fase de estudio de las solicitudes de las autorizaciones administrativas correspondientes, de las que es competente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La empresa antes citada se constituyó en Salamanca hace menos de un año y con un mínimo capital de 3000 euros, lo que hace, cuanto menos, temer sobre su solvencia financiera y capacidad empresarial y técnica, si bien, detrás de ella, parece estar una compañía australiana de pretencioso nombre: “Global Mining Enterprises”. El interés por el posible oro serrano guadalajareño llegado nada menos que desde las antípodas, radica en el “Reglamento sobre Materias Primas Fundamentales” de la UE, que está vigente desde abril de 2024, y bajo cuyo amparo legal se han producido las solicitudes de prospecciones que se han presentado divididas en tres zonas distintas y a las que, curiosamente, les han dado los nombres de “Guad”, “Ala” y “Jara”, o sea, los fonemas actuales del topónimo original de Guadalajara: “Wad-al-Hayara”. En este “río de piedras” con que bautizaron los musulmanes a la ciudad de Guadalajara que ellos mismos fundaron en el siglo VIII, los australianos, con algún socio estratégico español salmantino o simplemente un testaferro, quieren buscar oro, como ya lo hicieran antes romanos y árabes, de manera notoria en Hiendelaencina, si bien lo que más abundaba allí y se explotó durante mucho tiempo fue la extracción de la plata.

Europa, tan lejos para tantas cosas, nos ha traído con lo que no deja de ser un reglamento minero puro y duro —basta ya de eufemismos, tan dados a ello en Bruselas— a unos explotadores de la lejanísima Australia que quieren buscar oro en una amplia extensión de casi 15.000 hectáreas —equivalente a dos mil más de las que se quemaron en el terrible incendio de la Serranía del Ducado en 2005— y con perforaciones en el subsuelo de hasta 400 metros de profundidad. Al menos de momento, e intuyo que va a haber perseverancia en ello, la zona ha mostrado su rechazo frontal a este proyecto por entender que su impacto medioambiental sería extremo y muy perjudicial para un territorio, pleno de recursos y bellezas naturales, su gran activo y atractivo de presente y futuro, hasta el punto de estar toda ella integrada en el amplio Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. El rechazo de la zona afectada al proyecto, también de carácter social pese a que es muy difícil movilizar un entorno tan radicalmente despoblado y envejecido, no solo se ha limitado a pancartas y concentraciones de protesta, generalmente en medio de la soledad y el silencio que allí reinan, sino que lo han encabezado casi una quincena de ayuntamientos con las alegaciones formales que han presentado y que, sin duda, han preocupado y ocupado a la administración regional. Independientemente de lo que diga la ley, no es lo mismo tramitar un expediente de estas características con la zona a favor, o, cuando menos, silente, que activamente en contra. De hecho, la Junta ya ha reaccionado a las solicitudes de autorización de prospecciones en las tres zonas antes aludidas, considerándolas fragmentaciones con ánimo de laxitud tramitadora y autorizante, y exigiendo que haya un único proyecto que englobe las 14.600 hectáreas afectadas, lo que obligará a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al menos teóricamente más rigurosa y extendida en el tiempo, y no solo simplificada, más ágil y liviana.
Aunque, incluso, el hecho de que las prospecciones concluyeran en que era viable y rentable la extracción de oro en la zona y de ello pudiera derivarse generación de empleo y riqueza para ella —algo que estaría por ver con detalle pues no suele ser oro todo lo que reluce—, es evidente que sus (escasos) pobladores y, en este caso, también sus regidores municipales están yendo de la mano contra el proyecto, circunstancia que, al menos a mí, me ayuda a posicionarme de manera clara a favor de munícipes y vecinos. La sierra, además del viento, el sol y el agua, es de todos, sí, pero sobre todo de los serranos y, si ellos no quieren varios y profundos agujeros prospectivos en ella, primero, y después posibles minas, incluso a cielo abierto si el mineral se hallara a menos de 200 metros de la superficie, pues que Oroberia y su socio “aussie” se vayan a buscar el oro a Moscú o entre los canguros, los koalas, los wombats e, incluso, los demonios de Tasmania. La Sierra de Guadalajara no quiere demonios en su jardín.












