Siete meses han pasado ya desde aquel glorioso día en el que, apurando los últimos estertores de la legislatura, se firmó el protocolo para instalar en el colegio María Cristina la sede guadalajareña de la Universidad de Alcalá.

Fue un acuerdo in extremis, en el último minuto de partido y marcado por un gran halo (pre)electoralista. El paso de los meses ha demostrado lo que casi todos nos temíamos que el acuerdo del campus universitario de Guadalajara nació muerto.

Hace unos días Lorenzo Robisco, viceportavoz el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha calificaba de “sospechoso” el silencio que en este tema mantiene la Junta de Comunidades. Le doy toda la razón. Hay silencios que hablan y éste de la Junta de Comunidades es atronador.

En septiembre se reunían el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el alcalde de Guadalajara, Antonio Román para hablar de temas relacionados con las dos administraciones. De esa reunión, en lo tocante al campus, sólo trascendieron dos ideas: que la Junta iba a valorar otras ubicaciones y que había que perfeccionar el protocolo. Se aseguró que tendríamos más noticias, la “hoja de ruta” lo llamaron, cuando el Presidente castellano-manchego se reuniera con el rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván. La reunión se produjo el 7 de octubre y de ella no salió una hoja de ruta sino algo bien distinto: una simple foto conjunta. Así, sin más. Ni siquiera una triste nota de prensa.

Fue otro silencio clamoroso.

Lo cierto es que ya han pasado siete meses desde que el protocolo se firmó y el primer plazo ya se ha incumplido. Las partes se daban cuatro meses para hacer un convenio específico que fijase los plazos y las condiciones en que se iban a realizar la transmisión de los terrenos. Los cuatro meses se cumplieron el 31 de julio. Y seguimos sin noticias.

(Extracto convenio firmado el 31 de marzo de 2015)

 El siguiente plazo, y ya definitivo, será dentro de cinco meses: el 31 de marzo, ya que el protocolo estableció que si en un año no se hacía ningún movimiento se daba por rescindido. Por desgracia a ello vamos.

Y es que la gestión de esta cuestión tan vital para Guadalajara está siendo pésima. Por una parte la Junta de Comunidades se esconde detrás de largos silencios, sin desvelar cual es su postura, y sin proponer nada alternativo. Eso sí aseguran que se hará algo en esta legislatura. La pregunta es ¿qué se va a hacer? ¿Otro protocolo como el de ahora? ¿Otro proyecto como el que hizo Barreda que acabó en nada? Es decir, ¿vamos a sumar otros cuatro años perdidos a los ocho que ya llevamos? ¿Se volverá al macro proyecto del polígono del Ruiseñor y no se atreven a proponerlo?

¿Y el Ayuntamiento de Guadalajara? Además de hacer declaraciones pidiendo que se cumpla el convenio ¿está cumpliendo con su parte? Pues parece que no. En el protocolo el Ministerio de Defensa  y el Ayuntamiento hacían una permuta de terrenos, cambiaban parte del colegio de las Cristinas por parcelas en Aguas Vivas… ¿cómo está ese tema? ¿se ha avanzado algo? ¿por qué el Ayuntamiento no habla de ello? ¿O es que esa permuta, que sólo les afecta a ellos dos, sólo es posible en el marco de ese convenio?

Ninguna de las dos partes está actuando como debiera. Por no decir ni siquiera nos dicen la verdad y, como siempre, los ciudadanos esperando.