El conflicto de Fraguas, un (no) pueblo ubicado en la Sierra Norte de Guadalajara, parece un asunto de difícil solución.

La historia es sencilla . En el año 2012 un grupo de personas amantes de la naturaleza, sin trabajo y con ganas de volver al campo, eligen un punto cualquiera para instalarse y se encuentran con Fraguas. Allí empiezan a recuperar antiguas casas de pueblo que fueron abandonadas por imposición del franquismo a finales de los 60. Reconstruyen las casas con sus propias manos y sus propios medios, y comienzan a autoabastecerse con energía solar y con sus propios huertos. Durante todo el año viven allí entre 7 y 10 personas, otros 20 llegan en vacaciones o los fines de semana. Y empiezan una nueva vida en contacto con la naturaleza.

Hasta aquí no hay problema. Todo un ejemplo a seguir. Pero hay matices.

Desde el principio la Guardia Civil y los agentes forestales les informaron de que lo que estaban haciendo no era legal, y pasaron los meses, y como nada cambiaba la Junta de Comunidades informó al juzgado. Ahora les piden hasta cuatro años de cárcel y una cuantiosa multa, 30.000 euros, para derribar todo lo que han levantado y dejar el monte como estaba.

A simple vista la situación puede resultar extraña: no molestan a nadie, producen sus propios recursos, dan vida a una zona abandonada… ¿dónde está el problema? Sin embargo su “repoblación” no era tan ideal como puede parecer. Los afectados en una entrevista en el programa Julia en la Onda de Onda Cero, aseguran que es “absurdo y ridículo” que les quieran llevar a la cárcel por esta cuestión y dicen que es una manera de luchar contra la despoblación que afecta a muchas zonas del interior y especialmente a Guadalajara.

Pero los argumentos que pone encima de la mesa la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para explicar porqué se ha tomado esa decisión, son claros. Fraguas dejó de ser un pueblo hace años, en la época de Franco, y desde entonces es un monte de utilidad pública y tiene unos dueños que son todos los ciudadanos.  Además uno no puede decidir dónde monta un pueblo y dónde no lo hace.

Por otro lado la ley prohíbe que se levanten casas o casetas en medio del monte sin ninguna autorización. Da igual que sea para guardar los aperos de labranza o para vivir en comunión con la naturaleza. Debe perseguirse igual. Si no se hiciera, sería un caos.

Y a esto se suma una razón más y es que ese enclave está ubicado en un Parque Natural, el de la Sierra Norte, con una normativa especial, concreta y muy restrictiva.

La ley tiene que ser igual para todos y por muy romántico que nos parezca repoblar un (no) pueblo, no es posible que alguien decida hacerlo sin seguir las normas del juego. Por que no hay que olvidar que según la Junta de Comunidades no han pedido ninguna autorización administrativa para ello.

El proceso va avanzado y en estos momentos se está esperando la fecha del juicio. Lo deseable sería que se alcanzase una solución razonada a este conflicto al margen de los tribunales. La Junta de Comunidades está analizando el tema para ver si es posible pero también es necesario que la otra parte, “los okupas” de Fraguas acepten, aunque no les guste, que la ley está para cumplirla y que no se pueden apropiar de cosas que son de todos los ciudadanos.

El problema es ver cómo se alcanza un acuerdo para hacer frente al pago de los 26.000 euros que son necesarios para demoler lo construido. Está claro que los que lo han levantado no van a pagarlo porque seguramente serán insolventes. Por eso la Junta de Comunidades debería buscar alguna forma de que los okupas realicen alguna compensación alternativa. Si no lo hace acabaremos, como siempre, pagando a “escote” el resto de ciudadanos.

Ya ven lo de repoblar y dar vida a un (no) pueblo, al final no ha sido tan buena idea.