Un nuevo punto de partida para un diálogo (de verdad) sobre el agua

El informe aprobado en el Parlamento Europeo sobre la gestión del agua en España, y en especial en las cuencas del Ebro y del Tajo, pese a no tener carácter vinculante, supone un antes y un después en cuanto a la forma de abordar las prioridades sobre el agua, y debería ser el punto de partida hacia una negociación de la que participaran todas las partes implicadas. Comunidades autónomas, sociedad civil (regantes, ribereños, plataformas de afectados….) y, por supuesto, el futuro gobierno de España.

El informe del Parlamento Europeo responde a las formas de hacer las cosas en Europa, en donde se prima el consenso entre el Grupo Popular Europeo (al que pertenece el PP español), los socialdemócratas (PSOE) y la Alianza de Demócratas y Liberales Europeos (de la que forma parte Ciudadanos). Y fruto de ese consenso prosperó una enmienda al informe que planteaba cambiar “completamente” el modelo de gestión de los recursos hidricos en España y “dar prioridad a los requisitos medioambientales frente a los económicos”. La cita era una manera de poner por detrás el trasvase (los “intereses económicos”) de un caudal ecológico más exigente que el actual (los “requisitos medioambientales”). No prosperó, como le hubiera gustado a  la Junta Castilla-La Mancha, pero a cambio la conclusión general del informe es contundente: los planes de las cuencas del Tajo y el Ebro incumplen la normativa de la Unión Europea, porque “siguen sin abordar todas las deficiencias identificadas por la Comisión Europea en 2015”. Además, el informe reconoce la “falta de caudal ecológico” y pide una revisión de los caudales actuales para que “logre una conservación favorable del estado de los hábitats naturales y especies de los lugares de la Red Natura 2000, que dependen del estado del agua”.

Por último, el informe de la UE recoge otra conclusión fundamental en todo este asunto: insta a las autoridades españolas a integrar el agua de las desalinizadoras para mejorar la seguridad del suministro y que el agua se destine a las cuencas orientales como el Segura y “no vincularse de forma alguna al Tajo”.

El informe aprobado justifica la posición del gobierno de Castilla-La Mancha de pedir  que se revisen los planes de Cuenca y que se hagan con “los consensos necesarios” y respetando la normativa europea. Una reivindicación que legítimamente plantearán al futuro gobierno de España, y que deberá ser más permeable que el actual, aunque solo sea porque necesitará de la negociación para sobrevivir con 137 escaños en un parlamento que tiene 350.

El gobierno de Castilla-La Mancha tiene la fuerza de la convicción para plantear una mesa de negociación en un escenario nuevo, pero se equivocaría si se conformara con utilizar este éxito en Europa,  para hacer política con minúsculas, y achacar todos los males que hoy sufre la cuenca a Cospedal y al Memorándum que se aprobó con el gobierno de Rajoy. Si bien este Memorándum no cubre, ni de lejos, las aspiraciones y prioridades de la cuenca del Tajo, en lo tocante a los trasvases tampoco se puede decir que lo haya empeorado: la reserva mínima  no trasvasable se subió  de 240 a 400 hectómetros, y si bien esta última cantidad me sigue pareciendo claramente insuficiente (los ribereños y ahora también la Junta reclaman se aumente a los 800 Hm3), en aritmética 240 sigue siendo menos que 400.

entrepenas-4-6-16La consejería de Fomento, con Elena de la Cruz al frente, tiene dos opciones: seguir como hasta ahora utilizando el agua del Tajo en clave de política interna (con poca rentabilidad, la verdad,  como demuestran los resultados en las últimas elecciones Generales) y aprovecharse de los exabruptos y el machismo del presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, que mandó a la consejera a barrer la Consejería. O a aprovechar el nuevo  espacio que ha creado esta resolución del Parlamento Europeo  para iniciar ese diálogo con las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía, las tres beneficiarias del trasvase, que solo sería posible con un gobierno de España, dispuesto a abordar de una vez por todas los desafíos que plantea el agua en la cohesión territorial de España.

El primer camino, el del enfrentamiento directo con el levante español, ya sabemos a lo que nos conduce, al fracaso y a la frustración, como quedó acreditado en la iniciativa de José María Barreda para cambiar el Estatuto de Castilla-La Mancha, y liquidar el trasvase. Castilla-La Mancha debe asumir que el trasvase, hoy por hoy, es un recurso del  no puede prescindir el Levante español, y que por lo tanto  estamos ante un asunto de “interés nacional”. Pero al mismo tiempo desde el Levante tienen que aceptar que las cosas han empezado a cambiar, y que la alternativa de la desalación tiene que contemplarse sin los recelos actuales, porque el trasvase del Tajo no ha cumplido con las expectativas con las que se creó en cuanto a su capacidad de embalse, con lo que  deben depender cada vez menos de él. En ese sentido, la consejera Elena de la Cruz no estaba diciendo ninguna tontería cuando hizo referencia a los 9 céntimos metro cúbico que el Sindicato de Regantes paga el agua de Enrepeñas-Buendía. Porque es el meollo del asunto: si a los regantes no les resultara tan “barata” el agua del Tajo y el agua de la desalación no fuera tan “cara”, el Trasvase Tajo-Segura se mantendría en unas cantidades aceptables para todos.

Hago constar, por último, mi sana envidia por la unidad  con la que desde el Levante español se plantean todos los asuntos relacionados con el agua. Mientras que en el  Parlamento de Castilla-La Mancha no hay manera de aprobar una resolución por unanimidad, porque aquí nos dedicamos a discutir desde el sectarismo sobre qué gobierno es más o menos trasvasista, en el Levante español el agua es un asunto de estado, y da igual quien gobierne las autonomías afectadas. Como lo dejó muy claro el actual presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que gobierna con el Podemos valenciano.

Esto es lo que hay. O seguimos como hasta ahora, jugar al postureo con el Trasvase para al final solo conseguir 160 Hectómetros  más, lo que no deja de ser el chocolate del loro, o aprovechamos la ocasión que nos brinda el parlamento Europeo para promover un diálogo pragmático sobre nuevas bases, y que podrían acabar de verdad con una guerra del agua, que no interesa a nadie. Ni a Castilla-La Mancha. Ni al Levante español. Ni a España. Ni a Europa.

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