Actualizo este post con lo ultimo del largo proceso para elegir el candidato del PP a la Alcaldía de Guadalajara. Bajan las acciones de los dos candidatos varones que más se han manejado hasta ahora, Antonio Román y Alfonso Esteban, y paralelamente   suben las de las mujeres situadas en la parrilla de salida. Me refiero a Silvia Valmaña y a Ana Guarinos. En el PP regional quieren que haya mas mujeres al frente de las listas de las capitales de provincia, porque hasta ahora les están saliendo muy varoniles. Pero no es sólo por eso, ambas mujeres tienen peso específico en su organización. Valmaña es una jurista de gran formación, profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ex diputada por Guadalajara. Por su parte, Ana Guarinos, que empezó apoyando a Alfonso Esteban en esta carrera a la Alcaldía, ahora está en la pomada. Guarinos dejó la presidencia del PP en Guadalajara tras los malos resultados en las últimas Generales en que Vox superó a los conservadores , pero se ha recuperado plenamente y ahora es la número dos de Núñez,  en su puesto de coordinadora regional. También pesa que Guarinos estuvo en la sala de mandos del equipo que proyectó a Núñez a la presidencia regional tras la marcha de Cospedal , de quien Guarinos fue una estrecha colaboradora en su gobierno como portavoz del PP en las Cortes regionales, donde ahora está de vicepresidenta. Guarinos fue presidenta de la Diputación hasta que Ciudadanos la puso el veto en la segunda legislatura. Conoce el Ayuntamiento de Guadalajara porque fue concejala en dos mandatos aunque ocupó concejalías de perfil bajo porque estuvo preferentemente centrada en los otros cargos a los que me he referido.
Esto es lo que hay al día de hoy en la bolsa de alcaldables del PP, aunque habrá que esperar a una decisión definitiva en los primeros días de enero. La mecánica es la siguiente: el presidente provincial Lucas Castillo oirá a su Ejecutiva, en la que está Esteban como secretario provincial, una baza a su favor y le trasmitirá un nombre al presidente regional, Paco Núñez. Este carga con la responsabilidad de elevar una propuesta a la Ejecutiva de Feijoo, que es quien tiene la última palabra. Lo que les ha dicho su brazo derecho, Bendondo, es que quieren alguien con posibilidades reales de ganar, con lo que si pierde, pierde también el proponente.
Suben las acciones de las mujeres del PP.

El parlamento español vivió este jueves el día más bochornoso desde que Tejero entró pegando tiros en 1981, para deponer a un gobierno democrático de UCD -lo que el último portavoz sanchista ha olvidado-, y en el que el despiporre extremista en el que transcurrió la sesión nos recordó a las últimas sesiones del Congreso en la II República y en las que desde los escaños se señalaba a los pistoleros a las víctimas de los paseos nocturnos. Nos hemos quedado a un paso. El odio destilado en esta última sesión parlamentaria ha dinamitado del todo el espíritu de reconciliación que nos trajo la Transición y ha cortado de raíz cualquier acuerdo sobre la base de lo que se llamó el constitucionalismo, y que propició la elaboración de la primera Constitución democrática de consenso en la historia de España. De la que surgió el mayor periodo de prosperidad en la historia de España. Tenemos por tanto motivos para estar preocupados porque si la Constitución del 78 se entierra o se rodea mediante el fraude de ley en su reforma, como  reclama el separatismo y el populismo de izquierdas, los que ahora juegan en ese campo nos deberán decir cuál es su proyecto de país y hacerlo antes de las próximas elecciones. ¿Una república confederal?, como en 1873, ¡pues que lo digan y nos cuenten cómo terminó! El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el mismo día en que una marea de portavoces del Gobierno pretendían desmentir a Page al asegurar que  no habría referéndum de autodeterminación, ya estaba instando a ese mismo gobierno a acordar los términos de ese referéndum independentista, como si no estuviera claro en la Constitución lo que hay que hacer. Por tanto, lo que  nos quiere decir Aragonés con su referéndum acordado es orillar la Constitución, que establece la soberanía nacional en el pueblo español y trasladar por la puerta trasera esa soberanía a las comunidades autónomas, y en ese combate va la iniciativa que Page quiere presentar con valentía a las Cortes de Castilla-La Mancha. Todavía ese mismo jueves Sánchez declaraba en Bruselas que en Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación, “porque no cabe en la Constitución”. Me alegro oírlo pero mi desasosiego es que también le oí decir al mismo personaje en campaña electoral que no pactaría con Podemos porque no dormiría, o que no aprobaría los indultos, que reforzaría los supuestos de la sedición y ahora los ha rebajado, y así hasta la intemerata.

Sánchez, desde que renunció a acuerdos con los partidos constitucionalistas para aliarse con los que quieren derrocarla ha perdido toda credibilidad entre los que seguimos defendiendo la Constitución, porque como bien dijo Page “no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena”, o establecer alianzas con los que quieren separarse de España y solo están dispuestos a acordar el modo de hacerlo. El parlamento de Castilla-La Mancha debería ser unánime en el pronunciamiento de esa reivindicación de la soberanía, en dejar claro a los Aragoneses y compañía, que si hay que hablar sobre España, debemos hacerlo entre todos, no solo los socios de Sánchez.

 Pero hay datos que nos hacen sospechar. La sesión del jueves no solo fue bochornosa porque el Gobierno, en contra de la opinión de los abogados de la Cámara, reformó tres leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en una proposición del Código Penal, vulnerando el derecho a la participación política de los parlamentarios (artículo 23 de la Constitución), sino que trasladó al Congreso las formas empleadas el 6 y 7 de diciembre de 2017 en el parlamento catalán cuando se aprobaron, también contra el criterio de los letrados de esa Cámara, sortear varias normas fundamentales del bloque legislativo de la Constitucionalidad, basándose en una falacia que me espanté al escucharla de los portavoces sanchistas. En Cataluña se defendió que como su parlamento representa al pueblo catalán, podía seguir adelante en ese proceso hacia la independencia, prescindiendo de las leyes del Estado. Este jueves nos recordó ese mismo discurso en los portavoces sanchistas en su diatriba contra el Tribunal Constituciónal, a cuyos magistrados se les comparó con Tejero, si hacían caso al recurso que legitimamente les planteó el Partido Popular sobre cómo se pretendían cambiar esas leyes. Hoy mismo, el ministro Bolaños amenazaba con  “consecuencias impredecibles”, si los magistrados del Constitucional paralizan el lunes el plan del Gobierno y sus socios. ¿Qué va a hacer Bolaños? ¿Ir con su caballo al TC como si fuera el general Pavía? ¿O pedir consejo al ex presidente peruano del sombrero sobre cómo hay que tratar que resolver las discrepancias con otros poderes del Estado?

Es triste recordar lo obvio, pero en democracia un parlamento legítimo puede cambiar las leyes, si no le gustan, pero mientras tanto tiene que acatarlas. Es una osadía cambiar leyes del bloque constitucional, que requieren un voto cualificado, disfrazándolas de ordinarias vía enmiendas, solo porque se tiene una mayoría absoluta. Y es bueno recordar que el nazismo desmontó en el parlamento la democracia alemana con ese mismo procedimiento, aprobando  nuevas leyes por mayoría absoluta contra la oposisición hasta que finalmente dejó  la Constitución irreconocible.

Motivos tenemos para estar preocupados, porque no sabemos dónde puede acabar un parlamento en el que las fuerzas que hicieron la Constitución se intercambian acusaciones de “golpismo”, mientras los populistas y separatistas de la cámara se frotan las manos, porque con este Gobierno de Sánchez España se ha vuelto a partir en dos, y les puede llegar su oportunidad. Tantos años después. Es muy triste, pero esto es lo que hay.

P.D. Cada día que pasa, intuyo que Antonio Román aumenta sus posibilidades de ser el candidato del PP a la Alcaldía de Guadalajara. Aclaro que es una intuición basada en cosas que serían muy largas de explicar, así que no lo tomen como una información contrastada, pero me precio de  tener buen olfato. En enero, como muy tarde, el PP hará públicos los últimos candidatos a las alcaldías en capitales de provincia, que les recuerdo están reservadas a la Ejecutiva Nacional de Feijóo.              

El asunto ha pasado prácticamente desapercibido -no en este digital-, porque se ha puesto el acento en que en un pueblo de Castilla-La Mancha, perteneciente a la España vaciada, Villar de Cañas para más señas, ya no se va a construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar a los residuos nucleares de alta actividad de todas las centrales españolas, mientras que se ha obviado que dicha solución tomada por el actual gobierno de Pedro Sánchez significará crear siete almacenes temporales, llamados ATIs, en los siete emplazamientos nucleares de España, entre ellos dos en Guadalajara: Trillo y Zorita. La versión oficial es que solo será hasta  2073 -para entonces, todos calvos- aunque carece totalmente de credibilidad, porque en España vamos cambiando de planes de almacenamientos de residuos, según le place al Gobierno de turno.

 Les recuerdo que la construcción de un ATC fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, impulsada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de Rajoy la culminó con la adjudicación de la inversión en Villar de Cañas, y el actual  Ejecutivo ha decidido su marcha atrás después de haber malgastado el dinero en comprar el suelo y haber iniciado las obras de explanación de los terrenos. Las razones por las que se decidió juntar todos los residuos nucleares en un solo emplazamiento son propias de cualquier economía de escala: es más fácil, seguro y más barato gestionar un solo cementerio nuclear que no siete. Y así lo ha puesto de manifiesto el catedrático Javier Diez Llovera, miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, en el voto particular emitido sobre esta decisión del Gobierno. Diez Lloveras entiende, como otros catedráticos en la materia, que la opción del ATC es la más segura, “considerando todos los aspectos desde la seguridad física a la recuperabilidad, hasta riesgos potenciales como el impacto de un avión [no nos olvidemos de las Torres Gemelas] o la resistencia a un terremoto de gran magnitud”. El catedrático lamenta que los bandazos de la política de gestión de los residuos radiactivos “hacen daño a la seguridad nuclear” y “dificulta tareas claves del CSN como la gestión del desmantelamiento de las centrales”. Les recuerdo que en nuestra provincia, tenemos una central, la de Almonacid Zorita, en su última fase de desmantelamiento, y en unos años-depende de cuándo se clausure su reactor- tendremos otra en Trillo. Y en ambos lugares habrá que levantar un almacenamiento individual, menos potente que el de Villar de Cañas, en teoría hasta que se construya un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) a finales de siglo, aunque hablar de fecha sobre una solución que ningún país ha abordado en profundidad es engañar a la gente. Lo único que sabemos es que los residuos de alta actividad tienen una vida de varios millones de años, aunque en función de cómo se desarrolle la investigación sobre su recuperabilidad se irá tomando un camino u otro. En España esa investigación se haría en el laboratorio que se iba a construir en Villar de Cañas, por lo que imagino que nos volverá a ocurrir como se lamentaba Ramón y Cajal: “que investiguen ellos”.

La central de Trillo está prevista que cierre en 2035, según el calendario acordado por este Gobierno con las eléctricas, y por lo tanto siempre sujeto a cambios con otros gobiernos, aunque para ello la empresa propietaria debería solicitar la renovación de la licencia de actividad, que caduca el 17 de noviembre de 2024. En la actualidad hay un tira y afloja entre el Gobierno y el sector nuclear, porque se considera injustamente maltratado en materia fiscal, por lo que no se están dando ninguna prisa en la presentación de esa solicitud. Tendría gracia en que por ello la central de Trillo debiera precipitar su periodo de vida el 17 de noviembre de 2023, cuando termina el plazo de solicitud, con la pérdida de valor añadido para la economía provincial que supone una industria de este tipo, mientras que aquí quedarán dos pequeños cementerios nucleares hasta finales de siglo. El PP tampoco es partidario de cerrar nucleares en el momento que vivimos con el gas ruso, por lo que podría cambiar la situación si Feijóo llega a La Moncloa.

Menos inquietud tienen los municipios del entorno, quienes no ven en ese AGP una mala solución, eso sí, añado yo, mientras que Enresa (el Estado) les siga compensando por el almacenamiento de esos residuos, que de esta manera estarían garantizados hasta la fecha citada. Harina de otro costal es cómo se gasta o se deja de gastar ese dinero nuclear. Y lo que interesa, de verdad, a esta provincia vaciada en su medio rural, pero con dos pequeños cementerios nucleares, como gran paradoja.

UN CÓDIGO PENAL A LA CARTA.-  El problema de hacer un código penal a la carta y con la artimaña de unas enmiendas a los Presupuestos del Estado, para no pasar por los organismos de control -¿para qué sirve ese Consejo de Estado, que graciosamente preside Magdalena Valerio?- que presentan los mismos que se van a beneficiar de ellas, algo insólito en el derecho mundial,  es que se ignora el delito en sí,  disuelto por las maniobras  de los delincuentes. Page decía que “antes o después, puede ser más tarde o más temprano, ojalá fuera temprano, España tiene que tener tipificada la condena a quienes intentan socavar, quebrantar la Constitución, a quienes quieren hacer referendos ilegales”. Así lo demanda cualquier estado de derecho, con separación de poderes. Pero ya todos sabemos que no será con este presidente de Gobierno y con esta mayoría Frankenstein. Por eso no me extraña que Page, este año, por primera vez, no acudiera al acto en homenaje a la Constitución, que se celebró en el Congreso, con Sánchez anunciando, para celebrarlo, que modificaría el delito de malversación solo en beneficio de los golpistas del 1-O. Así que para recibir solo felicitaciones de sus rivales y reproches de los propios, mejor se quedó en Toledo, pensó; como Lambán, en Zaragoza. Lástima que, en este PSOE peronista, donde todo gira en torno al líder y caudillo -vean el caso de Argentina, con una vicepresidenta condenada por malversar el dinero del Estado en beneficio propio, que también culpa de ello a los jueces- posturas como las de Page y Lambán, cada vez pesen menos. Pero esto es lo que hay.  

OTRA IMAGEN VERGONZOSA DEL INFANTADO.- En otro post me referí al mal estado del piso frente a la fachada principal del Palacio del Infantado, y esta semana quiero añadir otra imagen vergonzosa. Es el acceso parcialmente clausurado a su interesante Museo Provincial y por el que entran todos los turistas a visitar el principal monumento de la ciudad. ¡No es de extrañar que fracasáramos en el proyecto de declararlo Patrimonio de la Humanidad! Dado el éxito de los nacionalistas, que consiguieron meter en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) enmiendas por valor de 1.250 millones, según publica Carlos Segovia, casi es mejor que se lo pidamos a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); a ver si tenemos más suerte la próxima vez con este monumento de titularidad estatal.

Se ha llegado a decir desde el gobierno  regional de Murcia (PP) que el “hachazo” al trasvase Tajo-Segura representa “la mayor afrenta a la Región de Murcia de los últimos tiempos” y que se sienten “engañados”. En el PP de Castilla-La Mancha se sostiene todo lo contrario, que “la cabecera del Tajo no gana nada”, en palabras de su coordinadora regional Ana Guarinos. Por su parte, el gobierno socialista de Valencia marca distancias con el gobierno del PP en Murcia y su oposición del PP en la comunidad al hablar de que se ha actuado con “racionalidad y diálogo”; y concluye que se han  logrado avances para lograr el gran objetivo alejado del barro partidista: “agua para siempre y al precio adecuado”. La Asociación de los Ribereños del Tajo-Segura, con presidencia socialista, “se sienten satisfechos con el acuerdo” y están convencidos de que el nuevo plan favorecerá el aumento de la lámina de agua de los embalses. Y las mayores críticas, una vez más, llegan de los ayatolás del Sindicato de Regantes del  Acueducto Tajo-Segura, para los que cualquier modificación a la baja de las normas reguladoras supone una catástrofe mundial: zanjan que el nuevo Plan del Tajo es un desenlace “cruel” para un sector que da empleo a 300.000 personas y riega el 70% de las explotaciones hortofrutícolas y 50 millones de árboles.

¿Cómo es posible que un mismo hecho pueda tener interpretaciones tan diferentes? Es  por la política, por la puñetera política sectaria, que tiende a convertir lo blanco en negro, y más si nos encontramos a las puertas de unas elecciones Autonómicas y Municipales en primavera de 2023, como preludio de las Generales que se celebrarán, previsiblemente, seis meses después.

Aunque habrá que esperar a ver la letra pequeña de la Ley cuando esta sea publicada, mi impresión de lo ocurrido va por este camino: Al igual que el Memorándum sobre el Tajo, aprobado por el Gobierno de Rajoy, fue tachado  por los socialistas regionales como una “traición” de lesa patria a la región, sin tener en cuenta que establecía un mínimo no trasvasable que antes no existía -bien es cierto que muy bajo-, al menos fue un avance -también criticado por los regantes murcianos- sobre el Plan del Tajo en los mandatos de Felipe González y Aznar, donde los pantanos de Entrepeñas y Buendía se podían desecar sin que ninguna ley los amparara. Con la modificación actual, se confirma la realista política de la ministra Teresa Ribera, que ya había reducido de 38 a 27 Hm3 la cantidad a trasvasar cuando los embalses están a nivel 2, con el objetivo de que no llegaran a estar permanentemente en nivel 3 (lo que obliga a que el Ministerio autorice los trasvases), o en nivel 4, que prohíbe realizar ningún tipo de trasvase, como fijó el Memorandun de Rajoy. La reforma con el actual Gobierno ha ido un paso más allá, porque ha limitado más los trasvases y habrá una reducción de 31,5 Hm3  como mínimo, cada año, en los envíos del Tajo al Segura, aunque para mí lo más importante de todo es que con el aval del Tribunal Supremo se ratifica la referida reducción de los caudales  a trasvasar, porque como también habían recomendado las directivas europeas se elevan los caudales ecológicos de seis a siete metros segundo, paso previo a elevarlos hasta 8,65 a partir de 2026 los pasos del río entre Aranjuez, Toledo y Talavera. Lo que esperan los Ribereños es que este requisito acabe influyendo directamente en una mayor lámina de agua en los embalses de cabecera, seguramente será así, aunque insisto en que habrá que ver la letra pequeña, pero todavía más importante que un metro arriba o abajo en los embalses está un caudal ecológico suficiente para que el Tajo no siga siendo esa cloaca en la que se convierte por los vertidos industriales cuando pasa por Madrid. Por lo tanto, sí, claro que han cambiado las cosas favorablemente para los intereses de Castilla-La Mancha y de lo cual puede sentirse legítimamente satisfecho el Gobierno de Page, aunque tampoco debería alardear mucho de ello porque también tiene razón el presidente socialista valenciano, Ximo Puig, quien ayer mismo subrayaba algo que es impepinable: “hemos logrado agua para siempre y al precio adecuado”, porque este Plan de la Cuenca del Tajo, como el anterior, sigue blindando el trasvase [no olvidemos que con el gobierno de Barreda se intentó, sin éxito, el cierre total a medio plazo del trasvase, mediante una reforma frustrada  del Estatuto de Castilla-La Mancha], si bien esta vez la reducción podría llegar casi al 50%, mientras que el Gobierno de  Puig intentó, a última hora, dejarlo solo en un 20%. Según cuenta Juanma Lamet en El Mundo, finalmente no lo logró porque Page amenazó con votar en contra del Gobierno en el Consejo Nacional del Agua e incluso llevar el asunto al Tribunal Supremo, cuya doctrina sobre los caudales ecológicos y la prioridad de la cuenca cedente ha sido el gran arma del Gobierno de Page para salir bien de esta guerra. Que no lo olviden, ahora, que en unos pocos meses va a empezar otra servidumbre de la cabecera del Tajo: la mal llamada “Tubería Manchega”, y que de manchega no tiene nada porque el agua se capta en la Alcarria de Guadalajara y Cuenca y es un trasvase en toda regla, aunque se evite ese término cuando tal tubería lo que hará es llevar agua entre distintas cuencas, en ese caso del Tajo al Guadiana, utilizando en parte la infraestructura del Tajo-Segura.

Y en esas estamos: Castilla-La Mancha ha salvado razonablemente bien los muebles en esta batalla, porque la ministra Teresa Ribera le prometió a Page respetar el plan original y recortar al menos 105 hectómetros cúbicos del trasvase, según cuenta hoy Lamet en su diario. Y en esto Page le ganó la partida a Puig. Pero este también puede argumentar que el trasvase como tal sigue blindado en el Plan del Tajo, lo que no se quiere reconocer por los  regantes del Acueducto  ni por el PP de Murcia y Valencia.  Porque  las elecciones están a la vuelta de la esquina y porque, equivocadamente, al no existir en nuestro país un Plan Hidrológico Nacional, pactado por los dos grandes partidos españoles, estamos abocados a revivir la guerra del agua en cada legislatura. Pues es una pena, pero esto es lo que hay cuando se renuncia a vertebrar la nación y andamos con experimentos que nos recuerdan a la I República; que ya sabemos cómo acabó con Pavía y su caballo.      

Como resumen, podríamos apelar a ese dicho castellano: “ni tanto, ni tan calvo”, para definir este Plan Hidrológico.