Proclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un día antes de salir de vacaciones a los paradores gubernamentales de Lanzarote y Doñana que de esta “salíamos más fuertes” y que la pandemia estaba controlada y casi vencida. Tampoco acertó en esto el señor presidente.

Cuando se acaban de cumplir los dos meses de esa tautología que el gobierno llama “nueva normalidad”, porque la normalidad no es ni vieja ni nueva, es sencillamente normalidad, es decir, todo lo contrario a lo que estamos viviendo.  Cuando Sánchez ha vuelto para descargar toda responsabilidad sobre las comunidades autónomas, porque él está en otras cosas como recomponer su mayoría Frankenstein en la que aspira incluir a Ciudadanos, con el veto de Pablo Iglesias, lo que nos ilustran los datos oficiales sobre el inicio de la pandemia es que ya estamos en el inicio de la segunda ola. Cuando se inició la nueva normalidad, en España había 246.272 contagiados y 28.323 fallecidos. Este viernes eran 439.286 contagiados y 29.011 los fallecidos.

Vemos por tanto que el verano ha disparado los contagios en casi doscientos mil casos más, lo que ha llevado a las comunidades autónomas a implementar medidas especiales en las localidades más afectadas (en Guadalajara, los municipios de Azuqueca y Marchamalo) frente a un virus que no se le ha tomado en serio, especialmente entre los jóvenes, poniendo de manifiesto la escasa pedagogía que las autoridades hicieron durante el estado de Alerta. Los aplausos taparon la dura realidad de los féretros con la complicidad de las grandes cadenas televisivas, muchos jóvenes creyeron que el covid-19 no era para tanto, o al menos que no iba con ellos, y a estos se les unieron esos iluminados negacionistas que surgen, siempre, ante hechos históricos incontrovertibles: el Holocausto, la llegada del hombre a la Luna, el cambio climático… Ya lo estamos pagando: la edad media de contagios tras los efluvios del verano ha bajado de 48 a 35 años, con un 60% de asintomáticos,  según nos apunta el instituto Carlos III.

Ciertamente, como apuntó Sánchez en su primera rueda de prensa postvacacional, la evaluación de la situación no es comparable a los primeros meses de la pandemia, pues a pesar de esos doscientos mil contagiados más la mortandad no ha subido exponencialmente, 688 fallecidos más (me resisto a escribir “solo 688 fallecidos” más como he oído por ahí), pero queda mucho otoño por pasar y hay que confiar en que se tomen las medidas necesarias  para que el sistema aguante, y no se ponga a los sanitarios otra vez al borde del precipicio, porque el ánimo no es ilimitado por la situación de la Asistencia Primaria.. Todo dependerá de cómo sea la evolución. Hasta el viernes la presión asistencial había subido del 5 al 6% y las camas ocupadas por pacientes Covid eran asumibles: 6.224 camas convencionales más 751 pacientes en UCIs. Por lo tanto, vemos  que esa escalada de contagios no está saturando los hospitales, pero por prudencia todos han hecho sus planes de contingencia para afrontar ese “otoño caliente”, que esta vez no solo va a ser político sino también sanitario y social cuando los ERTEs empiecen a acabarse

«La pandemia ha sacado las costuras a los ministerios de Sanidad y Educación, demostrando que al carecer de la mayoría de las competencias habían perdido también su capacidad operativa para poder actual ante una emergencia como es ésta».

Queda pendiente por ver cómo influirá el comienzo del curso escolar en la pandemia. Nadie en su sano juicio ignora que ningún país desarrollado se puede permitirse el lujo de cerrar las escuelas hasta que todo pase, porque no se puede condenar a esa generación del Covid a un retraso en su formación y su capacidad de socializar, pero también porque los padres deben volver al trabajo y no podemos dejar otra vez a los abuelos al cuidado de los niños, con el riesgo que ello supone.  Sabiendo que todos los países de Europa tienen asumido que las clases presenciales son irrenunciables, causa perplejidad que, hasta anteayer, la ministra de Sanidad Isabel Celáa y el inefable Salvador Illa no se reunieran con sus colegas de las comunidades autónomas para aprobar medidas y recomendaciones, que por lo que se está viendo se pueden convertir en agua de borrajas. Cada comunidad autónoma tenía ya sus planes perfilados y en un país donde ya no hay restricciones a la movilidad vemos como hay prohibiciones que imperan en unas comunidades autónomas y en otras no. La pandemia ha sacado las costuras a los ministerios de Sanidad y Educación, demostrando que al carecer de la mayoría de las competencias habían perdido también su capacidad operativa para poder actual ante una emergencia como esta. ¿Verdad doctor Simón? ¿Para cuándo esa comisión de auténticos expertos que le reclaman las sociedades médicas?   El estado de las autonomías no puede ser incompatible con políticas nacionales que se deben dirigir desde los ministerios, aunque a Torra y a Urkullu no les guste.

«Queda también cómo encarar la crisis económica que nos ha traído la pandemia, la peor desde la Guerra Civil, y si un gobierno incapaz de aprobar un presupuesto desde que tomó posesión puede abordarla, en soledad, solo con el apoyo de neocomunistas y los independentistas, como quiere Iglesias «

Queda también cómo encarar la crisis económica que nos ha traído la pandemia, la peor desde la Guerra Civil, y si un gobierno incapaz de aprobar un presupuesto desde que tomó posesión puede abordarla, en soledad, solo con el apoyo de neocomunistas y los independentistas, como quiere Iglesias, unos taimados aliados que están en otra cosa: la deconstrucción constitucional del régimen de 1978 y alumbrar no sabemos muy bien qué España tienen en mente; aunque lo sospechamos. Tal vez ninguna.

Pero esto es material para otro post. De momento, esto es lo que hay. ¡Tela como llega el otoño!

¿Qué puede hacer un Ayuntamiento como el de Alovera para actuar contra la okupación de un edificio nuevo, propiedad de una entidad bancaria, y que ha traído consigo la proliferación de actividades delictivas, broncas entre clanes y el terror de los vecinos del barrio?

Pues lamentablemente, poco. Reforzar la vigilancia y esperar a que la Justicia actúe, casi siempre tarde y con escasa eficiencia por mor de una legislación que es complaciente con las okupaciones, hasta el punto de haberse convertido para las mafias en un trabajo. En Guadalajara hemos conocido como auténticos caraduras okupan un edificio y lo realquilan a inmigrantes sin papeles. En el mejor de los casos, se limitan a pasar un tiempo en la vivienda hasta que son desalojados, y aunque son condenados a pagar alguna multa y los desperfectos, luego es prácticamente imposible ejecutar la sentencia. ¡Vamos, que se van de rositas!

Para un barrio la okupación de una vivienda es una desgracia. De la noche a la mañana pierde valor el patrimonio  de los vecinos, porque nadie quiere convivir con okupas, aunque sea en chalets con piscina.  Viviendas tantas veces de gente trabajadora, que han sido pagadas con el esfuerzo de toda una vida, un patrimonio que unos desahogados ponen en peligro por que prefieren robar lo que no es suyo antes de trabajar duro para lograrlo. Algunos partidos políticos de extrema izquierda, consentidores con la situación, lo justifican porque pudiera haber en esas casas okupadas, las menos, personas vulnerables. No caigamos en la trampa:  el Estado y las administraciones públicas deben ayudar a los más vulnerables, y para eso están el  socorro de emergencia, que en algunos casos incluye el alquiler para acceder temporalmente a una vivienda social. Lo que nunca puede estar justificado es okupar una casa, y que sea el propietario el que se convierta en papá Estado y corra con  los gastos de la emergencia.

La Real Academia ha estado ágil al asumir la voz okupar, como “Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario”; un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. Así, si en 2013 los cuerpos de Seguridad dieron cuenta de 7.739 casos en 2018 la cifra fue de 12.214, lo que supone un crecimiento del 58% en cinco años. Pero hay más, porque no todos los casos acaban en denuncia: el Instituto Cerdá decía en un estudio de 2018 que cada año son ocupados ilegalmente 87.000 inmuebles y otros 100.000 más lo son sin que medie denuncia porque se trata de propiedades sin custodia, normalmente de entidades financieras.

Es de ilusos pensar que esta deriva se puede corregir sin la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes que se debatirían en el Congreso a partir de septiembre, por iniciativa de PP, Cs y Vox. ¿Qué pasará entonces? Pues que otra vez será Pedro Sánchez el que decida cómo se tramitan estas leyes , si se tramitan.

Estamos por lo tanto ante una actividad ilícita ascendente, que algunos partidos quieren meter mano antes de que se desborde, otros parecen dubitativos y los hay también conformes con la situación, porque en el fondo les cuesta reconocer  el derecho a poseer una vivienda privada, cada cual en la medida de sus posibilidades. Así, nos encontramos con debates en ayuntamientos, diputaciones o autonomías que están bien, para tomar conciencia del problema,  aunque sabiendo que cualquier medida que se tome resultará ineficaz si no hay una reforma legal superior. En las Cortes de Castilla-La Mancha, se aprobó días atrás una resolución en la que se proponía crear una fiscalía antiokupación con suficientes recursos para combatirla.  Y Nacho Hernando, el consejero de Fomento, se preguntaba cómo en Baleares el fiscal general emitió una instrucción para que las fuerzas de seguridad pudieran expulsar a los okupas de los inmuebles sin orden judicial, solo con la denuncia del propietario, sin que tenga que ir al juzgado, y por qué esto no puede extenderse al resto del territorio español. ¿Pero qué clase de unidad de doctrina es esta, señora Dolores Delgado, Fiscal General del Estado? 

Al final, cualquier iniciativa siempre tropezará con ese entarimado legal que favorece las okupaciones, por lo que es de ilusos pensar que esta deriva se puede corregir sin la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes que se debatirían en el Congreso a partir de septiembre, por iniciativa de PP, Cs y Vox. ¿Qué pasará entonces? Pues que otra vez será Pedro Sánchez el que decida cómo se tramitan estas leyes, si en la línea de lo que reclaman estos grupos políticos o si prefiere edulcorarlas o directamente vetarlas, como quieren sus socios populistas de Podemos. Sánchez tendrá que retratarse y decidir si quiere continuar con el estado de cosas, por el que un número importante de okupaciones quedan impunes, por la saturación de los juzgados y por el retraso de las causas contra los okupas, ya que este delito prescribe ahora en 1 año, lo que da lugar a la impunidad y a la reincidencia del delincuente. Las propuestas de PP y Cs  también plantean acelerar al máximo los desahucios  -para que sean posibles en hasta 24 o 48 horas- o dar más poderes a las comunidades de propietarios para que puedan actuar directamente frente a los okupas cuando el propietario ( a menudo algún banco) se desentiende de su expulsión. Por no hablar, como decía en las Cortes regionales el diputado de CS, Alejandro Ruiz, de la situación “absolutamente surrealista” que se produce cuando los okupas se ven luego favorecidos por ayudas públicas con esos impuestos que pagamos los contribuyentes.  “Algunos se mantienen al margen de la ley para ocupar casas pero vuelven a la ley para apuntarse a cobrar subvenciones”, se lamentaba el diputado de Guadalajara.

O Sánchez toma medidas y deja de hacer caso a los populistas también en esto o la okupación se le va de las manos. ¿Total, para qué voy a trabajar, pagar una hipoteca y cumplir con mis obligaciones fiscales como ciudadano cuando es más fácil  pegar una patada en la puerta que acudir a una inmobiliaria?     

Esto es lo que hay,  y sobre lo que tendrá que decidir el presidente Sánchez cuando termine sus vacaciones en Lanzarote en una casa que el rey de Jordania regaló a Don Juan Carlos y que supongo tendrá la vigilancia suficiente para que nadie la ocupe. Aunque si lo hiciera, y fuera de un particular, bastaría con que nadie se diera cuenta en las primeras 24 horas, cambiase la cerradura y enchufe la luz a una farola para que pudiera estar tumbado en una hamaca entre uno, dos o tres años, dependiendo de la agilidad del juzgado, sin que vaya a recibir más que una multa, que tampoco pagará porque se declarará insolvente.

O Sánchez toma medidas y deja de hacer caso a los populistas también en esto o la okupación se les va de las manos. ¿Total, para qué voy a trabajar, pagar una hipoteca y cumplir con mis obligaciones fiscales como ciudadano cuando es más fácil  pegar una patada en la puerta?      

Las elecciones municipales que el 14 de abril de 1931 ganaron las candidaturas republicanas en las grandes ciudades, dieron paso a la proclamación de la II República. El rey Alfonso XIII renunció a la resistencia armada que de boquilla algunos consejeros le sugerían y tras despedirse del servicio en palacio se marchó a la estación de Atocha, camino del exilio, sin que los grandes de España se atrevieran a despedirlo, solo un avejentado Conde de Romanones, diputado por Guadalajara, que precisamente fue el que con su pragmatismo habitual le dijo en el último consejo de Ministros que no veía otra solución que su salida de España.  Don Alfonso se plegó a la dura realidad y dijo aquella frase que quedó para la historia: “Por mí no se verterá una gota de sangre. Si el bien de España exige que me vaya, lo haré sin vacilaciones». El 28 de febrero de 1941, el rey destronado fallecía en Roma, ciudad en la que había nacido el 5 de enero de 1938 su nieto Juan Carlos.

“Este Juan Carlos camino del exilio es el mismo que pilotó la Transición y trajo las libertades a España al entregar al pueblo español absolutamente todos los poderes del Estado que le había entregado el dictador Franco”.

No hubo la menor representación en la marcha de España de su nieto, el rey Emérito Juan Carlos I, comunicada por la mañana en la web de la Casa Real, ni sabemos todavía cómo se llevó a cabo. Su marcha era el segundo cortafuegos que el rey Felipe VI había dispuesto, alentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras fracasar el primero. La retirada de la asignación al Emérito y la renuncia a la herencia por parte de Felipe VI.  Por entonces, el Rey ya había tomado la decisión de no aceptar el chantaje de Corinna, que a través de un caro despacho de abogados londinense le ofrecía un pacto para no seguir con las revelaciones, como demuestran las cartas publicadas por El Mundo y otros medios de comunicación.   

La situación no podía ser más dura en lo personal, porque para no dañar otra vez a la institución, y a España, otro Borbón salía camino del exilio, aunque sea temporal, como antes lo hizo su abuelo Alfonso y con él su padre, Don Juan, Conde de Barcelona. En una España donde escándalos de mayor calado, porque llevaron consigo la institucionalización de la corrupción, como con la familia Pujol, o el robo directo de los presupuestos públicos, el rey Felipe pone el listón muy alto, mandando al exilio temporal a su padre, aunque todavía no está acusado de delito alguno, y por lo que sabemos lo que se investiga son irregularidades de tipo fiscal al no haber declarado donaciones y negocios opacos que mantenía en fondos manejados por testaferros.   

“En una España donde escándalos de mayor calado, porque llevaron consigo la institucionalización de la corrupción, como con la familia Pujol, o el robo directo de los presupuestos públicos, el rey Felipe pone el listón muy alto, mandando al exilio temporal a su padre, aunque todavía no está acusado de delito alguno”

El comportamiento privado de D. Juan Carlos es injustificable e indigno de la más alta jefatura del Estado. En esto no puede haber disculpas. Ni tan siquiera que la Casa Real gaste veinte veces menos que la televisión de Cataluña o que carezca de propiedades, como Isabel II, que es la más rica del Reino Unido. Sí cabe preguntarse cómo la propia Casa Real, con ilustres servidores públicos a su servicio, no atajaron esas conductas desde el inicio, y cómo mirar para otro lado por parte de gobiernos y medios de comunicación solo ha valido para hacer la bola más grande. Habrá que reflexionar y tal vez legislar sobre ello.   

Y dicho esto, hay que añadir, también, que este Juan Carlos I camino de su exilio temporal, “guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles”– confiesa en su carta-, es el mismo que pilotó la Transición y trajo las libertades a España al entregar al pueblo español absolutamente todos los poderes del Estado que le había entregado el dictador Franco. Si hoy España es infinitamente más libre y más próspera que entonces, a pesar de la pandemia y su deficiente gestión, en parte se lo debemos a Don Juan Carlos. Y si un 23 de Febrero, un siniestro teniente coronel de la Guardia Civil, que entró pegando tiros en el Congreso, no consiguió que el golpe fuera a mayores, también se lo debemos al rey que había entonces, porque no se equivocó de bando.

Lamentablemente esta situación, que el Estado y sus instituciones empiezan a encauzar, está siendo aprovechada por los revolucionarios de pandereta para introducir un debate ridículo entre monarquía y república, impensable en los países con monarquías en el norte de Europa, cuando España está inmersa en la mayor crisis sanitaria y económica desde el restablecimiento de la democracia. A no ser que lo que se pretenda es distraer la atención es de una irresponsabilidad manifiesta, que añade más inestabilidad a la imagen de España, el país de Europa que más tocado sale de la pandemia. Ahora bien, si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que se pretende es eliminar esa clave de bóveda de la Constitución del 78, que es la monarquía parlamentaria, y alentar otro conflicto civil, como en los años treinta, han elegido muy bien su objetivo. Hasta el presidente del Gobierno, tan tibio otras veces en su relación con el Rey, ha tenido que salir al ruedo y aclarar que «lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas»; o reivindicar por una vez el papel del PSOE de González al reconocer: «Nosotros sí somos arquitectos de la Constitución, y por eso reivindico el pacto constitucional, donde una de las claves de bóveda es la monarquía», ha admitido.     

“¿Con qué Sánchez nos quedamos, con este que defiende las instituciones del Estado y la legalidad, o con aquel que pacta con los que quieren acabar, por derribo, no mediante la reforma previstas, con esa Constitución que proclama la unidad de España y garantiza las libertades y el Estado de Derecho, del que emanan?”

Con esa declaración deberíamos quedarnos tranquilos de que nadie en el Gobierno quiera aprovechar esta triple crisis, política, sanitaria y económica, la Tormenta Perfecta escribía en mi anterior post, para socavar los cimientos de la Constitución y seguir una estrategia de derribo de una de esas claves de bóveda. Pero si echamos una vista al interior del Gabinete, y vemos al populista de su vicepresidente compartiendo discurso con los independentistas, nos asaltan las dudas. ¿Con qué Sánchez nos quedamos, con el que defiende las instituciones del Estado y la legalidad, o con el que pacta con los que quieren acabar, por derribo, no mediante la reforma previstas, con la Constitución que proclama la unidad de España y garantiza las libertades y el Estado de Derecho, del que emanan?

Esto es lo que hay. Sánchez se ha ido con buenas palabras, de vacaciones, a una residencia que otro monarca de Oriente regaló al rey Juan Carlos y que inmediatamente  pasó al Patrimonio del Estado, solo que desconfiamos de la estrategia que él e Iván Redondo nos traerán para abordar un curso político y económico sumido en la más absoluta incertidumbre, y que solo se puede encarar recuperando los valores de la Transición y el patriotismo constitucional.