Nadie puede discutir con un mínimo de objetividad que los que están acampados en Sol -¿por qué en Sol frente al despacho de Ayuso y no delante de La Moncloa y del despacho de Sánchez?- tienen sobrados motivos por los que protestar. Muchos de ellos son jóvenes a los que una economía poco competitiva y de sueldos bajos les ha expulsado del mercado de la vivienda, porque no pueden pagar una hipoteca (el importe medio en julio escaló un 9%, y lógicamente cayeron, según el INE) y el alquiler en las ciudades es inaccesible porque en agosto alcanzó los 15,1 euros por m2, un 5,8% más que un año antes, según Idealista. Todo ello, unido a los precarios ingresos de la inmigración recién llegada, lleva a que en España la clase media haya adelgazado hasta unos extremos muy preocupantes, porque por la historia sabemos que solo hay estabilidad a partir de una clase media fuerte, la que se generó en España en la década de los 70-80, producto del Plan de Estabilización (que acabó con la autarquía franquista) y que a mi generación permitió comprar un piso en propiedad con algún tipo de protección, aunque fuera con un interés del 14%. Mi primera hipoteca que con la bajada de tipos pudimos renegociar.
Sentado ese reconocimiento a esos jóvenes que tienen sobrados motivos para estar indignados, y peor aún, desencantados con el sistema, tampoco les quiero engañar. El problema de la vivienda no se soluciona con ideología sino construyendo casas. Y para ello hay que actuar no con viejas consignas y pancartas kitcsh sino atacando los motivos que favorecen la actual situación. Desde 2021, el déficit acumulado de viviendas en nuestro país es de 750.000, según el Banco de España; y ese déficit aumentará en otros 300.000, de aquí a 2028, por la formación de nuevas familias y la inmigración (que contribuye decisivamente al PIB, pero que necesita casas). Si alguien es tan ingenuo para creer que el gobierno de Pedro Sánchez puede solucionar un problema estrictamente de oferta con un decreto ley Frankenstein, pactado con la extrema izquierda y la derecha separatista vasca y catalana al mismo tiempo, pierdan toda esperanza. Sánchez no habría estado ocho años mareando la perdiz viendo como los españoles escalaban su preocupación por la vivienda del puesto 18 al 1, según el CIS de Tezanos, y se habría sacado ese conejo de la chistera mucho antes.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son en su mayoría cosmética y, lo que es peor, algunas de ellas no harán más que agravar el problema porque renuncian a atacar el fondo de la cuestión: una nueva Ley del Suelo que amplíe el terreno urbanizable. En un juego de prestidigitación para contentar a Sumar (esos que dicen que habría que manifestarse contra el Gobierno del que forman parte) han dividido las medidas en dos reales decretos. El primero de ellos incluye las propuestas que el Gobierno cree que serán más fáciles de pactar con sus socios, y que combina la buena voluntad con la falta de eficacia habitual; y deja para un segundo real decreto la propuesta que más puede afectar negativamente al alquiler, aunque en una asamblea de facultad suene muy revolucionario. Creer que con la prórroga forzosa del alquiler solucionamos algo es desconocer la historia de este país, que en 1964, en una situación bien diferente, un gobierno de Franco aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos (lo que se llamó casas de Renta Antigua, como la de Maricarmen) que santificaba esa prórroga y de la que disfrutaban los hijos del inquilino al fallecer. Esto derivó en el desplome del mercado del alquiler, pues los propietarios retiraron miles de casas del mercado y dejaron de invertir en su mantenimiento ya que no les compensaba con lo que recibían por ellas. Los que peinamos canas sabemos cómo se degradó el casco antiguo de Madrid y de otras ciudades (también Guadalajara) con edificios ruinosos que la propiedad solo esperaba la declaración de ruina para recuperarlos. Ante esa situación, en 1985, se aprobó el llamado Decreto Boyer, con un gobierno socialdemócrata de Felipe González, que eliminó esa prórroga forzosa y fue el punto de partida de la rehabilitación de los cascos antiguos de nuestras ciudades y de que el 75,4 % de los españoles tuviera un piso en 2021. Volver a medidas propias de la autarquía, bien sea comunista o franquista, sería un disparate que detraería más viviendas del mercado de alquiler (pues al no poder decidir sobre tu vivienda en la práctica es una expropiación) y encarecería todavía más ese mercado. El populismo izquierdista no quiere ver que estamos ante un problema de oferta (faltan 700.000 casas) y que lo revolucionario de verdad es no empezar la casa por el tejado. Dicho de otro modo: las casas necesitan un suelo urbanizado y los promotores se están quejando, con fundamento, de que los cambios en la planificación de ese suelo llevan no menos de 15 años o más por la dificultad en acceder a la necesaria potencia eléctrica. Este gobierno no quiere saber nada de consensuar una ley el Suelo con la oposición más allá de su muro y así tenemos unas ciudades sin suelo disponible para promover esas 700.000 casas que faltan y con un sector de la construcción cada vez más reducido y precario, porque además tiene que lidiar con la escasez de mano de obra en un país con 9,87% de paro al finalizar el segundo trimestre de 2026, con un total de 2.495.300 personas desempleadas. Ahí tienen el caso de Guadalajara, que en este último mandato municipal ha sido valiente en sacar adelante medidas que han favorecido mínimamente la vivienda en el casco (ese cambio de normativa para reconvertir en viviendas locales comerciales que nadie demanda, lo que modestamemnte venía reclamando desde este blog hace tiempo), aunque le está faltando determinación para modificar el Plan de Urbanismo (PGU) y calificar más suelo urbanizable. En estas circunstancias, a promotores como Hercesa y algún otro son para rendirles homenaje, por haber dado un paso adelante y sacar nuevas promociones al mercado. Pero es evidente que no es suficiente si no atacamos el fondo del problema, y de estos políticos no se puede esperar nada.
La reacción popular tras el desahucio de Maricarmen es normal, porque a nadie le gusta ver como desalojan a una mujer con casi 90 años en silla de ruedas. El fondo que había adquirido su propiedad ha sido muy torpe en no calcular sus consecuencias. Pero este caso, además de servir de espoleta de la protesta, ha puesto de manifiesto otra derivada. Es deseable que las leyes contemplen los casos de los inquilinos en situación de vulnerabilidad, pero deben ser las administraciones públicas las que se hagan cargo de ellos. Ahora lo que pretende el gobierno y los acampados es que sean los propietarios los que carguen con el gasto y lo que consiguen es que una mujer sola y con hijos tenga más cerrado el mercado del alquiler a no ser que sea CEO de una empresa del Ibex. Una vez más, la ineficacia de las administraciones se vuelca con la propiedad (sea de fondos llamados por extensión buitres – apenas un 5% del mercado– o de un jubilado que complementa su pensión con el alquiler de la casa de sus padres) a los que se estigmatiza hasta en el lenguaje -como hacían los nazis con los judíos- llamándolos despectivamente caseros. Y todo porque en España se desplomó la construcción de vivienda social en los últimos cincuenta años, hasta el punto de ser el país de Europa que tiene un menor parque de vivienda social. Situación agravada con Sánchez y los de Yolanda en este gobierno progresista.
Tengo claro que de estas acampadas a lo 15-M 2.0 no va a salir ni una sola vivienda, y que es el canto del cisne de la facción populista a la izquierda de Sánchez para visibilizar que existen a las puertas de unas elecciones, que tienen toda la pinta de que podrían ser en marzo; antes de que el panorama judicial se le complique más al mago de La Moncloa. Que no duden tratará de sacar otra vez el conejo de Vox de la chistera, coincidiendo con la indeseable posibilidad para el europeísmo de que la extrema derecha llegue al Palacio del Eliseo (nos vamos a acordar mucho de Macron) y meta a la UE en el congelador; como quieren Putin y Trump. La guerra híbrida ha empezado y necesita de los extremos para prosperar. Sánchez siempre estuvo en ello.
LA FRASE: “La Constitución española recoge como derecho constitucional el derecho a la vivienda, pero también con rango constitucional considera que la vivienda es una propiedad y está protegida; y es más, no solo es una propiedad a la que se tiene derecho, sino que también es un activo económico. Hay padres que se pasan la vida ahorrando y ahorrando para comprar un piso para el hijo y si tiene dos, dos pisos. Esos no pueden ser rentistas. Es decir, hablemos con propiedad, seamos realistas y a problemas complejos no le van a venir nunca bien soluciones improvisadas y sobre todo soluciones simples”.
“La política de hoy ofrece muchas menos soluciones de las cuestiones lógicas. No le voy a echar como comprenderán la culpa a nadie, pero no me voy a callar ante una verdadera dinámica de conflicto y de frentismo político». EMILIANO GARCÍA-PAGE, presidente de Castilla-La Mancha.
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