El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al final no tuvo más remedio que hablar de la amnistía, aunque lo hizo de una manera tan poco precisa que no aclaró nada, salvo que ya está cocida. Nada extraño de una negociación secreta que se lleva a cabo desde prácticamente el día de las elecciones del 23J en “domicilios particulares” de Madrid, nos cuenta la prensa. El escenario para hablar del tabú fue el Comité Federal del PSOE. Los altos cuadros socialistas no supieron, por boca de Sánchez, una palabra sobre el preámbulo de la Ley, y por lo tanto los motivos por los que el Estado se declarará amnésico ante los delitos producidos en octubre de 2017, para desdoro de los tribunales que aplicaron una ley “injusta”; tampoco saben a qué delitos y a quién alcanzarán (se habla de que llegará hasta a los CDR que incendiaron Barcelona); pero sí conocieron que “hay que hacer de la necesidad virtud”, y que “es la única vía de que haya un Gobierno progresista”. Aplausos con la sala puesta en pie, menos Page, pues es lo que querían oír los altos cuadros socialistas, no en vano muchos de ellos trabajarán para ese nuevo “gobierno progresista” que nacerá de esta amnistía, como le han exigido a Sánchez sus socios separatistas. Un Gobierno que, para mayor gloria de Sánchez, se constituye “en el nombre de España”, zanjó. Es una lástima que los que tienen que votar a ese gobierno no lo vean así, porque apenas unas horas después Oriol Junqueras(ERC) dejaba claro que esto de la amnistía es el primer paso, pero que ahora hay que proseguir con el derecho de autodeterminación ( que sólo está en la Constitución para el pueblo español en su conjunto), y una fiscalidad a la carta para Cataluña, en una negociación bilateral con el ·Estado, lo que agrandará las diferencias con el resto de autonomías y la igualdad entre los territorios de España. Sánchez tampoco mencionó que a la  amnistía se llega sin cautelas previas, según los portavoces separatistas, con lo que de no prosperar la negociación con su gobierno, siempre podrían volver al camino de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y ante la que Estado está más desarmado que en 2017 al haberse derogado el delito de sedición. ¡Habría que conformarse con ponerles una multa a los insurrectos por exceso de velocidad o por vulnerar alguna ordenanza de limpieza, si regresan a las barricadas!

Sánchez reiteró que este partido es de los militantes, pero lo cierto es que lo que les ofrece no es más que un plebiscito sobre su persona, pues en la pregunta que se somete a consulta no se entra en la letra pequeña del acuerdo de investidura y se limita a preguntar:”¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?”. Sobre cuáles son los puntos esenciales (y las líneas rojas) para lograr tal acuerdo, ni una palabra. Eso solo le compete a Sánchez, nuestro providencial presidente. Él sabrá.

Page habría preferido incluir la amnistía en la pregunta del Comité Federal del PSOE, pero no es así ya que la amnistía es una condición sine qua non de los separatistas para hablar de lo demás; apenas el aperitivo. A la salida de la reunión del Comité, el líder del PSOE castellano-manchego no desveló cuál será su voto en la consulta, aunque sí descartó por completo que no haría ninguna operación para romper la disciplina de voto de los diputados socialistas elegidos en Castilla-La Mancha, porque “no puede haber 17 psoes”.  A Page se le pudo exigir que fuera a la reunión del Comité Federal, y no justificar su ausencia porque tenía que presidir una asamblea de regiones vitivinícolas en Francia; porque no habría sido de recibo que las críticas que hace en la prensa no las traslade al órgano más representativo de su partido. Y sobre todo porque con este discurso crítico, Page renovó en Castilla-La Mancha su mayoría absoluta y se debe a sus electores. Pero resulta infantil pedirles a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha que rompan la disciplina de voto, porque esos diputados no responden ante él sino ante le ejecutiva federal de su partido, y por lo tanto ante Sánchez, que promovió sus nombramientos. Page no debe instar al transfuguismo de nadie; aunque sí puede marcharse a su casa si la deriva que se inicia con la amnistía termina en la ruptura de la España democrática y solidaria que alumbró la Constitución de 1978. Pero Page no está obligado a anticiparse, aunque más de uno en la actual dirección estaría encantado con que dejara el campo libre a las Tolones de turno. No es casual que la reunión del Comité Federal comenzara con una égloga de Sánchez hacia su presidenta, la ex alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón,  perdedora de las elecciones el 23J, o que la réplica a las críticas de Page en el Comité no fueran del secretario general, que no se rebajó a esa tarea, sino de otros dos perdedores como el ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, o de Valentín González Formoso, que preside un PSOE que solo ha gobernado en Galicia una vez en la historia; y con el respaldo de los independentistas del BNG. Quedarse en minoría y ser el único que no se levantó a aplaudir al Gran Timonel cuando justificó la amnistía, no le obliga a Page a marcharse de un partido en el que lleva militando toda su vida, como Felipe González o Alfonso Guerra, otros críticos a los que Sánchez no escucha. Pero sí debe continuar vigilante y denunciar a los que quieran arrojar a la Constitución a la basura. Porque la amnistía, como lo que viene después, ha roto el consenso político que cristalizó en la Constitución de 1978 y la idea de la reconciliación entre las dos Españas que presidió la Transición; y al futuro presidente del Gobierno no le va a quedar más remedio que ser sostenido por los que quieren romperla y no lo ocultan. Aunque a él, con tal de lograr la investidura, le da un poco igual. Ya cambiará de opinión cuantas veces haga falta.

Esto es lo que hay.   

P.D.- El proceso de deconstrucción de España (balcanización, dijo Feijóo) que se acelerará tras la investidura de Sánchez, por exigencia de sus socios, dará lugar a momentos de gloria para los medios. Entre ellos estará la imagen de un secretario de Organización del PSOE (el número 3 del partido) llamando «President» a un prófugo de la Justicia española y bajo una enorme fotografía del referéndum ilegal del 1-0. ¿Qué vendrá después?       

Se acaba de presentar el proyecto de presupuestos del gobierno de Castilla-La Mancha para 2024 y que contemplan una inversión de casi 110 millones en la provincia. Entre lo positivo, destacan las inversiones en el nuevo Hospital, dinero para continuar las obras del campus, para la nueva Residencia de los Olmos o el arreglo de la Hospedería de Pastrana. También se contempla una inversión de 3,8 millones procedente de Fondos Europeos para la Ciudad del Cine de Guadalajara, que se ubicaría en el Fuerte de San Francisco y que el gobierno de Page considera esencial. Estoy de acuerdo con ello, porque es una idea bien valorada por la industria cinematográfica,  que aprecia tener unos estudios estables a media hora de Madrid, con lo que ello significa facilitar y abaratar rodajes de series y películas. El Fuerte ya ha sido plató para varias de ellas y si los productores salieron contentos, como parece, es un terreno que tenemos recorrido. Desconozco cuál será el vehículo para la gestión de esa Ciudad del Cine de Guadalajara, aunque supongo que deberá acordarse entre los promotores del proyecto, entre los que evidentemente Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Guadalajara deberían ir de la mano. Cometería un error la alcaldesa Ana Guarinos si se distanciara de este proyecto, por ser una iniciativa que viene del mandato anterior, sencillamente porque a Guadalajara y a su economía le conviene tener esa Ciudad del Cine. Tampoco caben los retrasos porque los Fondos Europeos exigen que el 31 de diciembre de 2024 esté ejecutado el 50% de esos 3,8 millones de euros, para poder llegar al 100 por 100.

De la misma manera, el gobierno de Page se equivocaría si se olvidase de otro proyecto muy necesario, como es la nueva estación de autobuses y que no figura en los Presupuestos de 2024. Y podría razonar lo mismo a sensu contrario: la ciudad de Guadalajara necesita esa estación, porque data de la primera legislatura de José Bono, el edificio está hecho una ruina y Guadalajara tiene el doble de población y el triple de servicios a prestar que entonces. Hay que subrayar que en los Presupuestos regionales de 2023 ya se destinó una partida de 500.000 euros pero en el de 2024 ni siquiera aparece. El delegado de la Junta, José Luis Escudero, lo atribuye a que en Guadalajara se ha producido un cambio de gobierno y que les parecería “razonable y respetuoso” escuchar a los actuales regidores para “ver qué planteamiento tienen”. Parece lógico escuchar al nuevo equipo de Gobierno, pero me desagrada que se pueda perder un año en consultas y  a la espera de la reunión entre Page y Guarinos que, parece ser, tendrá lugar este noviembre y en la que se daría un repaso a los numerosos temas pendientes que tienen las dos instituciones. Es de esperar que ambos políticos sepan estar por encima de partidismos baratos y recordar que el arreglo del edificio fue presentado por el propio Page, con una inversión de 1,8 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. De él podemos leer: «Las obras incluirán mejorar la envolvente térmica de la fachada, instalar dos escaleras mecánicas para llegar a las dársenas, arreglar los tejados y solventar los problemas estructurales que tiene el edificio. Además se reordenarán los espacios interiores y se rediseñará la entrada principal para aumentar su visibilidad aunque dicha entrada permanecerá en el mismo lugar que ahora». Como bien señaló Page, el actual aspecto de la estación sería más “grotesto” con el cambio que va a experimentar la zona en donde se está construyendo ese nuevo campus; y yo no puedo estar mas de acuerdo. No se deben dar pasos atrás, sino adelante, pues el desarrollo de esa estación no se puede llevar a cabo al margen de la iniciativa privada, para que no suceda como en los locales sin uso que afean a la estación actual.

Tampoco figura en los Presupuestos de la Junta esa nueva Biblioteca Municipal que se había proyectado en el Fuerte. Tan decidido estaba con Rojo de alcalde que se presentó a la prensa como cosa hecha, aunque ahora se quiere llevar a otro lado. La idea de la Junta es reservar todo el espacio para la ciudad del cine, dada la envergadura del proyecto, y a mí no me parece mal, siempre y cuando haya un compromiso serio para consolidar las antiguas naves del Fuerte, dentro de ese proyecto de Ciudad del Cine; y un acuerdo sobre la nueva biblioteca en ese mismo barrio. El delegado de la Junta, “espera, sinceramente», que haya «responsabilidad» y todos sumen en la misma dirección y que se aprovechen esos fondos europeos». «Es una gran oportunidad para dar un uso a estas instalaciones”, matiza, y yo estoy de acuerdo con él.  Por eso sería tan importante que las relaciones institucionales entre Ayuntamiento y Junta no se echen a perder, por la nueva composición del gobierno municipal, ya que así lo han decidido los ciudadanos, porque Guadalajara es la segunda población de la región, y se merece estar por encima de banderías partidistas y cálculos electorales.

Esto es lo que hay; y lo que el vecindario espera. Una llamada al acuerdo en la legislatura, aunque no esté de moda.    

El segundo teniente alcalde y concejal de Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban, anunció una muy importante subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (vulgo, la contribución) para el año 2024, que se traducirá en incrementar el coeficiente que se aplicaba hasta ahora del 0,46 al 0,54. Según sus cálculos, si por una vivienda se estaba pagando 600 euros de IBI al año, ahora, se pasará a pagar 700 euros. La justificación que dio es que se han encontrado con un “agujero de nueve millones de euros”, por unos ingresos mal calculados en el presupuesto aprobado por la anterior corporación de PSOE +Cs. Se presupuestaron 10 millones de ingresos por instalación de placas fotovoltaicas y 2 millones de euros por el canon de esas placas. A día de hoy, el canon ha sido cero y el ingreso de 3 millones de euros, por lo que hay un descuadre de 9 millones, dijo Esteban.  [Fue sonado el caso Tomey, que por un mal cálculo de ingresos sobre el canon energético en la Diputación fue imputado por la Fiscalía de Guadalajara y frenó su carrera política, aunque finalmente su caso fue archivado por la Audiencia Nacional]. Ante esta acusación, ha replicado el anterior alcalde, Alberto Rojo, todavía concejal en el Ayuntamiento, cargo que compatibiliza con el de diputado al Congreso, negando no la mayor, aunque matizando: no hay un solo informe técnico en el Ayuntamiento que hable de “ruina heredada” y todo lo demás es “mentir”. Hay que aclarar que ningún organismo público puede declararse en “ruina” o en “quiebra”, como la empresa privada, así que esa palabra no la van a encontrar en ningún documento oficial, pero sí puede ocurrir que un agujero presupuestario afecte a la liquidez de la institución, y ello desencadene un retraso en los pagos a los proveedores, como sucedió con muchas instituciones en la gran crisis del 2008, y que llevó a la ruina a muchas pequeñas empresas por impagos con la administración. Ese es el riesgo que se intenta evitar con esta subida del IBI, admitió el concejal de Hacienda, pero esto no quita para que se cargue el coste del deseable ajuste en los bolsillos de los propietarios de viviendas de Guadalajara. ¿Qué culpa tienen ellos?

Aunque el concejal de Economía debería aportar más detalles y documentación oficial sobre las dimensiones del agujero, vamos a dar temporalmente por bueno (hasta la liquidación final del presupuesto) que el desajuste existe, que se presupuestó mal [la alcaldesa Ana Guarinos llegó a hablar de pufo, que según la RAE es una deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta; estafa, engaño, petardo] por lo que acepto que hay que tomar alguna medida extraordinaria y evitar que el Ayuntamiento vuelva a tener problemas de liquidez, aunque para ello tiene varias soluciones. A saber.

La medida más responsable sería ajustar el capítulo de gastos a la cuantía del agujero, mediante la reducción de subvenciones o inversiones que no sean de emergencia social, incluyendo el gasto corriente, y por qué no, dando ejemplo con la rebaja de sueldos a la corporación, grupos municipales, asesores, etc. También podría aprobar nuevos arbitrios municipales, que podrían ser temporales hasta que se resuelva el agujero; o subir algunos de los existentes.

No se ha hecho y se ha buscado lo más fácil: cargar el ajuste sobre los propietarios de las viviendas en Guadalajara, que al final serán los que paguen, con esa subida del coeficiente, esos 9 millones que presuntamente se presupuestaron mal. Desde luego que es lo más seguro, porque no hay más que darle a la calculadora, hasta que salgan los números, ya que sabes que el IBI es el impuesto más fiable entre los que recauda el Ayuntamiento. El contribuyente lo paga. Pero una cosa es que sea el camino más fácil y otra que sea el más justo. Es la medida más iliberal que podía tomar esta corporación municipal, formada por partidos como PP y Vox que, eso dicen, están por una fiscalidad moderada y por dejar el dinero en el bolsillo del contribuyente. ¡Pues ya se ve! Esto es lo que hay.

Pasó desapercibida la efemérides de los primeros cien días del nuevo gobierno municipal, esa cifra que en la cultura democrática se concede de gracia a la crítica frontal de la oposición, porque se considera que es el tiempo mínimo para que un nuevo equipo pueda acomodarse. También suele utilizarse para hacer un primer balance sobre el legado recibido, y para detallar los principales proyectos de una acción de gobierno a desarrollar a lo largo del mandato. El actual gobierno de coalición en Guadalajara eligió un perfil bajo en su comparecencia, y supongo que no será solo por la carencia de un jefe de comunicación que explique y dé brillo a la cuestión, cargo que no se ocupó hasta el pasado jueves, como siguen sin renovarse otros altos cargos municipales, por lo que supongo que la alcaldesa Ana Guarinos se toma su tiempo y no le importa mantener un perfil bajo en este primer tramo de mandato, aunque sea a costa de que el grupo socialista, que todavía sigue rumiando su derrota y no termina de aceptar que ha pasado a la oposición, le dé pie a decir que la alcaldesa no tiene proyecto.  Es una decisión respetable, pero hay cosas que merecen mejores explicaciones, como sucede con la situación económica del Ayuntamiento. La alcaldesa llegó a hablar de un “pufo” de 9 millones de euros, porque según parece el  anterior equipo de Gobierno  había contado con unos ingresos que finalmente no se han producido. La explicación del concejal de Hacienda es que se presupuestaron 10 millones de ingresos en el ICIO por instalación de placas fotovoltaicas y 2 millones de euros por el canon de esas placas, y a día de hoy el canon ha sido cero y el ingreso solo de 3 millones, es decir, 9 millones menos. Habrá que esperar a la liquidación final del ejercicio para saber cuál es el estado de las cuentas municipales, pero de momento me ha dejado preocupado que el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, no haya descartado una subida de tasas e impuestos en los presupuestos de 2024. Se supone que la escalada fiscal es cosa de la izquierda, porque está en su ADN, así que si la derecha ya viene con excusas para agujerear también los bolsillos al contribuyente, que soporta una inflación de perros, tendrá que explicar muy al detalle el estado de la economía municipal, incluso con una auditoría, si la situación fuera tan grave como deslizan y los anteriores gestores desmienten. Y paralelamente a esa subida fiscal tendrían que explicarnos qué economías y ajustes se han realizado por este equipo de gobierno de PP-Vox como para que se resigne una idea tan esencial, como es la contención de la fiscalidad, en cualquier gestión de corte liberal. Ya se sabe: si sacas dinero del mercado estás lastrando el crecimiento.  

Por estas y otras cosas que pudieran traernos la legislatura, habría sido muy deseable que con motivo de estos cien días se hubiera desplegado una hoja  de ruta más concreta sobre cuáles son las prioridades y la posición de este equipo de Gobierno; y las medidas a adoptar en los temas más candentes: plan de urbanismo, fiscalidad, casco histórico, solares sin edificar, Fuerte San Francisco, mercado de abastos, autobuses,  gestión  deportiva e instalaciones municipales, cultura, ferias y ocio, política de ayudas y subvenciones, familia, violencia machista, migraciones, empleo, empresa y emprendedores, eficiencia energética, reducción del gasto supérfluo; y aquí paro para no cansar.  

¿EDUCACIÓN SEXUAL?- España, uno de los desiertos demográficos de Europa [con un 6,9% de tasa de natalidad y un número medio de hijos por mujer del 1,19%], tuvo el año pasado 98.136 abortos, un 9% más, según los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias de Embarazo. De ellos, en Guadalajara fueron 495 las mujeres que decidieron abortar libremente, haciéndolo en centros privados (concertados o no) fuera de la provincia y la región, que no dispone de este servicio. Llama la atención que 252 de estas mujeres (el 50,9 por ciento) no usaban ningún método anticonceptivo, por lo que el aborto fue para ellas el anticonceptivo que no se plantearon utilizar en su relación. Es para reflexionar que con tanto tiempo en que la educación sexual está en los programas de los colegios, y se supone que también debería formar parte de la educación que se recibe en la familia, haya un número tan alto de abortos, que se podrían haber evitado, y con ello la carga, principalmente psicológica, asociada a cualquier interrupción del embarazo; y especialmente entre los jóvenes: 162 de las mujeres que abortaron en Guadalajara tienen menos de 24 años, el 32,7%.  

UNA GUERRA GLOBAL.-La agresión de los terroristas de Hamas contra el estado de Israel ya ha producido 700 víctimas mortales y 2.200 heridos cuando escribo este post, amén de más de 400 palestinos muertos por la represalia del gobierno de Bibi  Netanyahu, muchos de ellos por los bombardeos sobre la franja de Gaza, territorio utilizado por los fanáticos islamistas para lanzar sus cohetes y alimentar así la acción-represión de la que sacan partido. Este no es un episodio más del conflicto árabe-israelí desde que se fundó Israel en 1948. Los fallos en la inteligencia militar judía y el número de muertos en la población civil ha dejado tocado seriamente a Netanyahu, que está peligrosamente contra las cuerdas y vamos a ver cómo gestiona el secuestro de más de medio centenar de sus compatriotas, entre ellos mujeres, ancianos y niños, que pueden ser utilizados como escudos humanos frente al contrataque del ejército, que llamó a filas a los reservistas. Si a esto unimos la situación tan delicada que vive el mundo desde la guerra de Ucrania, y los apoyos políticos de cada contendiente (los aliados de Israel son Estados Unidos y la Unión Europea; y a Hamás le da soporte Siria e Irán, y detrás de Irán está Putin) nos encontramos con otra guerra global en la que la geopolítica va a influir peligrosamente. Hasta el punto de que ni el propio gobierno español tiene la misma posición, aunque su presidente y el grupo mayoritario socialista sí parecen saber esta vez en qué campo juega España. Solo que si a este panorama internacional, que lastrará los mercados y la economía, le sumamos la situación interna española, donde para investir a un gobierno hay que pagar un alto precio a los separatistas, no puede causar más que desasosiego. Esto es lo que hay: ¡Con lo que nos viene encima, estamos como para poner en solfa la Constitución y el Estado de Derecho, en lugar de llegar a acuerdos de Estado entre PSOE y PP, como correspondería a un presidente sensato, que no quiera ver comprometida su legislatura por unos socios impresentables ante sus aliados europeos!

Hoy, hace justamente seis años, el rey Felipe VI, como hizo su padre Juan Carlos I el 23-F, salió en defensa y amparo de la España constitucional con un discurso rotundo en un momento dubitativo del gobierno y oposición. El Rey puso las cosas en su sitio desde el primer párrafo: “«Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno».

Hoy, seis años después, el Rey ha recibido en Zarzuela a Pedro Sánchez, que se ha presentado ante el monarca con la idea de formar gobierno, ¡gran paradoja!, apoyado en quienes actuaron contra la Constitución y ese Estatuto de Autonomía. Que ni tan siquiera se han dignado a acudir a Zarzuela a informar al Rey sobre cuáles son sus propósitos ante la investidura del actual líder del PSOE. Pero su apoyo no va a ser gratis. Tal y como han repetido tantas veces,  para ello exigen la aprobación de una Ley, parece que anticonstitucional, como es la Amnistía [la Constitución prohíbe el indulto general, una figura legal menor, como Renfe no autoriza montar en los trenes con perros, y nadie cuestiona si podría llevar un oso] y otra medida que no ofrece dudas: el derecho de las comunidades autónomas a su autodeterminación. La amnistía supondría, entre otras cosas, reconocer que las leyes por las cuales fueron juzgados los separatistas son injustas y fruto de un régimen no democrático; aplicadas por tribunales políticos dependientes del Ejecutivo; y ejecutadas por fuerzas policiales fascistas que reprimen la expresión de los ciudadanos que fueron a votar ese 1-0 de 2017. La amnistía que exige el separatismo constituiría el triunfo de aquellos a los que se refería el rey en la siguiente frase. “«Ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía».  

Conseguida la amnistía, como exigencia previa, los separatistas nos advierten que luego vendría el referéndum para la independencia de Cataluña, que choca directamente con la Constitución, que solo reconoce la soberanía del pueblo español, no el de sus regiones. Aquí, Sánchez y Conde Pumpido lo va a tener más difícil y aunque aparentemente no están dispuestos a esta cesión, a buen seguro que buscarán un atajo pactado para que algún día se celebre ese referéndum. Yo intuyo que la vía transitoria elegida sería el modelo confederal para España, en el que Cataluña y País Vasco serían naciones soberanas libremente asociadas al Estado Español, con lo que sí dispondrían de soberanía para abandonarlo, un modelo similar al que Ibarreche trajo al parlamento español en 2005 y que éste lo devolvió  a Vitoria a vuelta de correo; por anticonstitucional. Un modelo confederal satisfaría la tercera exigencia de Puigdemont y compañía, la independencia fiscal, lo que colocaría en situación de privilegio a Cataluña frente al resto de autonomías, menos las dos forales, porque deberían valerse por si mismas al decaer el principio de solidaridad, lo que desataría una insurrección en el resto de España; también en la Castilla-La Mancha de Page. No olvidemos que por ello los separatistas reclaman cerca de medio billón de euros en pago de una supuesta deuda histórica, única manera de que la República Catalana no naciera como un estado fallido al que nadie le prestaría un euro. Ni Rusia, ni China. Ante estas demandas, el rey Felipe VI dijo en su discurso: «reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la Ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos».

A buen seguro que el rey Felipe VI habrá recordado todo esto cuando la solución que le haya ofrecido Sánchez sea una investidura respaldada por un prófugo y unos partidos separatistas que quieren aprovecharse de la situación para llegar más lejos de lo que se llegó en Cataluña el 1-0 o lo que consiguió ETA del Estado en su carrera criminal. Ante ello podría repetir el rey que «son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos». Pero no lo hará, porque él sabe cuáles son las competencias que le otorga esa Constitución que los potenciales aliados de Sánchez quieren derribar. Acabará proponiendo al candidato socialista para la investidura, aunque muchos nos lamentemos que en esta situación no tengamos a un Jefe del Estado con poderes constitucionales suficientes como para poder explorar el gobierno de un candidato independiente, pero respaldado por las fuerzas mayoritarias del parlamento. Un gobierno que no esté secuestrado por una minoría de irredentos separatistas y sobre el que pretende cabalgar un político narcisista que se cree Napoleón y con derecho, para mantenerse en el poder, a promover una nueva Transición, porque este régimen de 1978 a él  no le vale.

Pues Urkullo se lo ha dejado claro: para esa legislatura “le harán falta los votos de todos nosotros y todos los días”.  Esto es lo que hay. O como escribe el maestro Raúl del Pozo:»…ni el mismo Pedro Sánchez sabe a dónde nos puede llevar. Nos está metiendo en un despropósito después de declarar el estado de confrontación permanente con los consensos básicos y su intento de reescribir la Constitución».