Un 31 de enero, poco antes de la medianoche, fue enviado a los estados miembros de la UE un borrador en el que se propone la etiqueta verde para las centrales nucleares y de gas con el objeto de financiar las instalaciones que contribuyan a luchar contra el cambio climático.
La Unión Europea tiene el compromiso de reducir en un 55% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030, hay en toda Europa una clara apuesta por las energías renovables, singularmente en España, pero se plantea un problema en este periodo de transición: las renovables no tienen capacidad técnica de almacenamiento de esa energía -lo mismo que sucede con las pilas de los coches, todavía en mantillas- con lo que la UE quiere buscar una alternativa temporal en las nucleares y el gas, para no estar sometidos a un mercado inestable con constantes fluctuaciones de precios.
Así las cosas, han sido los dos países que lideran la Unión Europea, Francia y Alemania, los promotores de esta iniciativa. En el caso de Francia, es toda una potencia nuclear con tecnología propia, que abarca a toda la industria nacional, una tecnología que les garantiza algo que siempre he admirado de los franceses: su capacidad para ser autónomos en el concierto internacional desde De Gaulle, pasando por Mitterrand y ahora Macron. Distinto es el caso de Alemania, que fía esta transición al gas, porque por la privilegiada relación de Merkel con Putin, llegó a acuerdos muy interesantes para la distribución del gas ruso a través de su territorio en unas condiciones que no tenemos los demás.
¿Y qué ha hecho España? Pues lo de siempre, demostrar una vez más que en un país sin política energética, y que con este gobierno se apunta a la versión más radical sobre cómo realizar esa transición, para que a la luz de los españolitos no quede en evidencia la carencia absoluta de una política autónoma. Así, nuestra ministra Ribera se opone a que ambas energías tengan temporalmente la etiqueta verde, porque, más papista que el Papa, sostiene que la nuclear y el gas “deben ser tratadas de forma aparte y no como verdes, donde están otras energías claves para la descarbonización y sin riesgo de daño ambiental”.
Para un país, como España, que ha apostado todo al rojo por las energías renovables este discurso podría ser coherente, pero siempre que llevara consigo una alternativa para ese periodo de transición hacia ese horizonte descarbonizado. Porque de lo contrario, España quedará expuesta a una mayor inestabilidad en los precios de la luz, que puede arruinar a las economías domésticas y la competitividad de nuestra industria. Y la señora Ribera, de lo que vamos a hacer hasta entonces, no ha dicho ni Pamplona. Aunque ya lo suponemos: no quieren continuar con las nucleares, pero no tendrán inconveniente en comprar a Francia toda la energía que haga falta cuando aflojen las fotovoltaicas, aunque esta sea de origen nuclear; y más cara. En el caso del gas, hay que recordar que en este lío por el que se fijan los precios del kilovatio/ hora, el último indicador que vale es el del gas, lo que acentuará nuestra dependencia del gas argelino, que pasa por Marruecos, dos países en situación prebélica por el conflicto del Sahara, lo que demuestra la insensatez de depender de ellos. ¡Una estrategia de locos!
El borrador de la UE ha sido celebrado por la industria nuclear española y eso nos afecta. En el sector confían que si el proyecto prospera, puedan contar con una mejor fiscalidad para realizar inversiones, algo muy importante para una provincia como Guadalajara, que tiene una central nuclear con un permiso de explotación que vence el 17 de noviembre de 2024. Hasta ahora, la propiedad de CN Trillo no ha anunciado si va a solicitar o no esa prórroga del permiso de explotación, que requerirá una importante inversión en seguridad, porque ahora alegan que están perdiendo dinero y quieren que la fiscalidad no les penalice, como en la actualidad, al no producir gases de efecto invernadero. Yo supongo que será algo que se tenga que resolver con el tiempo, porque España no se puede permitir prescindir de sus plantas nucleares, con carácter inmediato, sin que los precios del gas se descontrolen más. Y como guadalajareño, no quiero pensar cómo influiría en la economía provincial liquidar 150 puestos de trabajo directos, y varios centenares indirectos. Pero, a día de hoy, esto es lo que hay. Solo nos dejan gestionar los residuos. Que no tienen valor añadido.
Por lo tanto, incertidumbre por el corto y medio plazo. Ojo al 17 de noviembre de 2024. Que cada día está más cerca.