El 9 de noviembre de 2023 se produjo el ataque más relevante contra la Constitución española y los ideales de la Transición tras el 23-F de 1981, porque fue el día en que descarriló el Estado de Derecho en España al bajarse en marcha uno de sus maquinistas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Un día que parafraseando a Roosevelt podría recordarse como el “Día de la Infamia”, después de que el documento firmado entre Junts y el PSOE (y que no se atrevieron a rubricar en persona Carles Puidemont y Pedro Sánchez) sobrepasa puntos esenciales de la Constitución, que si el progresista Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general con Zapatero, no lo impide, quedará para vestir santos.
Hay aspectos de ese documento que atentan directamente contra la separación de poderes y la independencia judicial, como ese concepto de Lawfare, que empezó a utilizarse en América por Trump, como justificación a sus condenas judiciales por múltiples delitos y en España por el iliberal Pablo Iglesias, que hace tiempo salió del Gobierno aunque se encarnó ideológicamente en su presidente Sánchez. Ese uso del Lawfare lleva a decir en el infamante documento que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituyan en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esto significa que el Congreso se atribuye el papel que ahora ejercen los jueces, ya que podrás exigir acciones de responsabilidad. Todas las asociaciones de jueces, incluyendo las Juezas y Jueces por la Democracia -la cantera judicial de la izquierda- y todas las asociaciones de fiscales, incluyendo la Progresista UPF, en la que está la Fiscal de Memoria Democrática Dolores Delgado y el actual fiscal del Estado, Álvaro García, han reaccionado ante tal desatino impropio de una democracia liberal. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de CLM, nuestro Supremo regional, dice tajantemente que “supondría el final de la separación de poderes en un Estado de Derecho que ha regido en España y la vida de los españoles durante los últimos 45 años”, sobre el fondo de la cuestión. Y ante esa posible constitución de comisiones parlamentarias: “Resultaría una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del Poder Judicial”; y en última instancia un “grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los españoles”. En esa misma línea argumental, los Jueces Decanos de 79 partidos judiciales de España, entre los que se encuentra el de Guadalajara, advierten que tales comisiones podrían suponer la “revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales” y recuerda que el “Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aporta el riesgo que se apunta”. Por algo así, a Netanyahu le montaron en Israel una revuelta, que ahora ha tapado con su atropellada invasión de la franja de Gaza.
El documento de la Infamia, toman nota los jueces, desmonta la separación de poderes en beneficio del Ejecutivo; y ya sabemos que no hay democracia que valga sin unas leyes que ordenen y acoten su funcionamiento y ante la que se sometan sus cargos públicos. Con este concepto de lawfere se quiere presentar a los jueces españoles como unos prevaricadores, como si fueran los jueces que se cargaron las leyes democráticas de la República de Weimar ante la presión del gobierno nazi, y salpican incluso al rey Felipe VI, que salió en defensa de la Constitución y la unidad de España tras el golpe de Estado en Cataluña en 2017. Eso es lo que no toleran del Rey los separatistas, más allá de su presunto republicanismo. ¡Como si en Francia un presidente de la República les iba a consentir ni la cuarta parte de sus tropelías!
La soberanía para al Parlament.- El documento de la Infamia se salta en la práctica el artículo 2 del título preliminar de la Constitución, que establece: ”La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Y esto es así, porque la soberanía en el acuerdo se descarga sobre “el Parlament de Cataluña, que representa legítimamente al pueblo de Cataluña”. El parlament es por tanto, el titular de la soberanía de Cataluña, sin que el parlamento nacional o el resto del pueblo español tenga derecho a pronunciarse. El reconocimiento nacional de Cataluña lleva por el camino un referéndum, que propondrá Junts, como se avanza en el documento, párrafo en el que se cita a la Constitución como única vez y para colegir en su delirio que el artículo 92 ampara ese derecho. Juzguen ustedes mismos: Artículo 92. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
Esta es la hoja de ruta hacia la definitiva separación de Cataluña (y del País Vasco) de España, aunque el camino deja otros episodios inenarrables. A saber:
España es ya un país confederal.- El documento describe la futura relación de España con Cataluña (y con el País Vasco, por el acuerdo con el PNV) como una relación bilateral entre dos entes soberanos, que solo mantienen unos livianos nexos comunes, como son los estados confederados. A destacar, que se pone en jaque el sistema de financiación común y es el entierro de ese Café para Todos que tanto molesta a los separatistas. Para empezar, con Junts y ERC se prevé condonar esos 15.000 millones de euros que la Generalitat debe al FLA (es decir, préstamos al Estado) y se abre la puerta a acabar con lo que llaman déficit fiscal de 22.000 millones al año. Todo ello debería ser asumido por el Estado, es decir, por el resto de autonomías que no tienen el privilegio de contar con conciertos económicos propios. Los inspectores fiscales del Estado ya alertan de que “la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles (…) y por la vía de hecho, generará comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda”. Es así porque la cesión del 100 por 100 de los impuestos a Cataluña quebraría el actual sistema de financiación en el que hay regiones que aportan fondos netos y otras los reciben. Tal es así que el abrasado ministro Escrivá decía hace meses que era anticonstitucional; otro que cambia de opinión. Entre las regiones con fondo negativo está Cataluña con -2.168 millones, pero Madrid pone el triple, -6.313 y Baleares es la tercera con -334. La ruptura de este principio de solidaridad, hasta ahora defendido por el PSOE, dejaría a Castilla-La Mancha con 1.512 millones en el aire, por no hablar qué pasaría con la financiación autonómica si Madrid, que ahora pone esos 6.313 millones, decidiera hacerse nacionalista. «Se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera». Avisan los inspectores de Hacienda.
El documento de la Infamia es de una osadía inimaginable, pero solo voy a citar de pasada algunos aspectos más:
Miente sobre la historia. El PSOE asume el relato que hacen los separatistas sobre la historia de Cataluña, con citas a los Decretos de Nueva Planta y a la Guerra de Sucesión (1701-1713), como si el desencuentro naciera de una derrota militar de Cataluña frente a Castilla. Pero más detalles se los dejo a mi compañero de blog, el historiador castellano Juan Pablo Mañueco. No voy a perder más tiempo con tonterías que lamentablemente se enseñan en la escuela catalana y se difunden por su sectaria televisión autonómica, la más deficitaria de España y la que más canales tiene.
No hay renuncia a la unilateralidad. El documento no recoge que Junts renuncie a proclamar unilateralmente la independencia, como ya hizo en 2017 y por lo que el prófugo terminó valientemente en un maletero camino de Waterloo.
Verificadores internacionales.- Como si se tratara de dos ejércitos en pie de guerra o como si España fuera una república bananera, se recoge que unos verificadores internacionales velarán por el cumplimiento de los acuerdos, pues los separatistas no se fían de Pedro Sánchez. Y se lo dicen a la cara para mayor ridículo de España como nación.
“Conflicto histórico”.- El PSOE asume el lenguaje de los separatistas, que parte de la existencia de un “conflicto histórico” que hay que resolver. Y esta es la manera. Por cierto, dejando a un lado al PSC y a Salvador Illa, su presidente y ganador de las elecciones autonómicas, y que ha quedado relegado en le negociación por exigencia de Puigdemont.
Amnistía total.- Lo que se desprende del documento, y pendiente de saber cómo han dejado la Ley para ser presentada al Congreso, es que la amnistía será total. Solo con que el delito pueda ser justificado por los derechos nacionales de Cataluña pisoteados. No sabemos si por ello alcanzará a los casos de corrupción que tiene Junts (su presidenta Laura Borrás está procesada por trocear contratos, el abogado de Puigdemont, Boyé, imputado en un sumario de narcotráfico con Sito Miñanco de por medio y el juicio por corrupción a la familia Pujol está a punto de abrirse), pero si empiezan a liberar a terroristas e incendiarios con el argumento de que no hacían nada ilegal, supongo que los presos de ETA pedirán su aplicación, porque con ellos también hubo lawfare.
En resumen, que Puigdemont ha logrado todas sus propuestas que llevó a la negociación con el PSOE, como pueden comprobar comparando el documento con su intervención del 5 de septiembre, aunque según su portavoz Patxi López “estaban en sus antípodas”. A cambio solo han dado una cosa, pero era lo único que le importaba a Pedro Sánchez. Sus siete votos para que no tenga que evacuar la Moncloa y dejar sitio a la alternativa, que por ahora ha conseguido taponar. Dijo el viejo Ramón Rubial, presidente del PSOE, en la primera Ejecutiva tras la victoria de Felipe González en 1982: “Solo te pido una cosa, que no te conviertas en objeto de división entre los españoles”. Y lo decía un viejo sabio que había estado media vida en la cárcel de la dictadura. Sobran las palabras ante el que ha hecho de la división y de alimentar a los extremos su estrategia de supervivencia y que ha culminado con este despropósito del que no sabemos cómo vamos a salir. Porque una cosa es ser investido y otra diferente gobernar España con una coalición mal llamada progresista, y en la que se integra a la extrema izquierda española, catalana, vasca y gallega, y a la derecha carlista vasca y catalana, que solo quieren romper España. Como se preguntó ayer Felipe González: “¿De verdad merece la pena?”.
Quiebra de la caja común en seguridad social.- El otro documento de investidura, el firmado por Sánchez y el PNV, acepta algo que hasta ahora era inasumible para todos los gobiernos de la democracia: la gestión de la Seguridad Social. ¿Y para qué quiere el PNV gestionar la seguridad social cuando el balance del País Vasco es negativo, es decir, recibe más del Estado de lo que aportan sus cotizaciones? Los mal pensados dicen que es un trámite para pedir luego la ruptura de la caja común de la seguridad social y que los analistas alertan podría poner en dificultades nuestro sistema de pensiones y protección social.
Pues esto es lo que hay.
