El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que dio una de cal y otra de arena en el primer Comité Federal del PSOE que se organiza desde la investidura de Sánchez (lo que deja a las claras para qué ha quedado el máximo órgano del PSOE entre Congreso y Congreso, superado por la relación caudillista directa entre el líder y la militancia) declaraba a la salida que si el independentismo «se deja ayudar, podemos sacarlo del callejón sin salida en el que está metido».

Pues sí, claro, eso estaría bien, arrepentidos los quiere Dios, pero lo que muchos nos preguntamos es si los tiros no se dirigen al revés. Es decir, si en lo que está embarcado el gobierno es que sean las fuerzas constitucionalistas (si todavía se pueden llamar así), las que salgan de ese callejón oscuro en el que algunos se han metido por los pactos de investidura con los independentistas, y lo que toca ahora es dar una apariencia de legalidad a lo que choca directamente con la Constitución, sin necesidad de cambiarla, porque para ello ni Sánchez ni Iglesias tienen mayoría.

Sánchez se apresuró a negar la mayor al asegurar soluciones «compartidas y viables» para resolver el conflicto catalán (la primera victoria del nacionalismo es el lenguaje), aunque no precisó cuáles serían aquellas cuando tus socios lo que te exigen es un referéndum de autodeterminación vinculante que la Constitución solo admitiría en el conjunto del Estado, ya que el titular de la soberanía no es el pueblo catalán (ni el extremeño, ni el castellano-manchego…) sino el español. ¿Quién tiene por lo tanto el problema, los independentistas o los constitucionalistas (si todavía se pueden llamar así a los partidos herederos de la Constitución del 78?

Sánchez, Iglesias y Redondo (Ivan) por el momento prefieren hacerse los locos y como si estuviéramos es un estado confederal, aceptar una mesa de gobiernos que este mes deberá reunirse por primera vez, y que lideran Pedro Sánchez y Quim Torra. Con lo que saltan chispas en otras autonomías y el presidente aragonés, Javier Lambán, ha recordado al término del Comité Federal que no admitirá «ningún tipo de política de apaciguamiento» y que, por ende, no consentirá «privilegios económicos a Cataluña».

Porque en el fondo esto es de lo que se habla entre visillos. Si el gobierno de Sánchez e Iglesias, al margen de la autodeterminación, organiza una relación bilateral para negociar con Cataluña, y de esta manera establecer cuál es la cuota que podemos ofrecer a Torra para que baje del monte (y a Junqueras para que salga de la cárcel), y lo que sobre ya lo negociaremos después con el resto de autonomías en el Consejo de Política y Fiscal. Hay dos excepciones, los dos territorios forales: País Vasco y Navarra, que negocian su cupo aparte y con gran ventaja para sus territorios (De ahí que el PNV haya dado una vuelta de tuerca a su objetivo de gestionar los fondos de la Seguridad Social, aunque la titularidad siga siendo estatal, porque así podría introducir medidas populistas como complementar las pensiones de los vascos, con lo que Urkullo podría ser reelegido doscientos años más).

Se pongan Page o Lambán de frente o de perfil, la negociación con los independentistas va a tener unos directos perjudicados, que no son otros que los ciudadanos del resto de autonomías a los que les tocará menos en el reparto de la tarta del Estado, porque van a comer en el segundo turno. Y si había 10 pollos y entre Torra y los del cupo se han comido tres en vez de uno, pues a las autonomías de segunda velocidad les quedan 7 para repartir entre dieciséis.

Lambán y Page lo saben bien, aunque no lo digan a las claras, que los principios sobre los que se sostiene el Estado de las Autonomías, que son la cohesión territorial mediante un sistema en el que los que más tienen más ponen para recortar esas desigualdades territoriales, están intrínsicamente cuestionados por el nacionalismo, a los que la gobernabilidad de España les importa un «comino», tal y como reconoció una de sus portavoces. Así que mal van a tener el más mínimo interés en vertebrar de una manera más justa y solidaria el territorio del Estado. Siempre hemos sabido que los nacionalistas iban a lo suyo, a pagar lo menos posible por esa cohesión, y a recibir lo más posible. Pero lo que nunca imaginé es que ese discurso fuera asimilado con tanta naturalidad por la neoizquierda, y encima lo llamen «progresista». ¡Los pájaros tirándose a las escopetas!

La profundización de esa hoja de ruta que ERC ha impuesto al PSC y los chicos de Iceta al PSOE de Sánchez, es lo que pone de los nervios a algunos barones socialistas, porque constatan que va en detrimento de la financiación de esas autonomías de segundo turno que no negocian bilateralmente con el Gobierno del Estado. No quiero pensar lo que debió decir Javier Lambán cuando vio que un señor de Teruel estaba negociando directamente con Sánchez lo que este no hace con el presidente del gobierno de Aragón.¡Vaya ejemplo para que proliferen los cantonalismos!

Lamentablemente, debemos añadir que en lo que toca a la vertebración del territorio desde una posición de la solidaridad interregional, nuestro sistema autonómico está a punto de descarrilar, porque cada vez hay menos fondos de cohesión (como se ha visto en la sanidad, dando lugar a la proliferación del turismo sanitario en comunidades como Castilla-La Mancha) y progresa el discurso nacionalista de que cada cual se las apañe como pueda y según los recursos que capte cada autonomía. Y claro, tal planteamiento es especialmente ruinoso en las regiones del interior, como las dos Castillas, Aragón o Extremadura, lo que ahora llaman la España vaciada, porque el presupuesto no les llega. Sucede que mientras en las regiones más pobladas con un consultorio dan servicio a 15.000 personas en Guadalajara hacen falta treinta consultorios para poder llegar a ese mismo arco de población. ¿Va a contemplar una futura Ley de Financiación Autonómica esas compensaciones en inversión y fiscales hacia los territorios despoblados? ¿Van a financiar a las Autonomías en función de los servicios que están obligadas a prestar por mandato de las Leyes y la Constitución misma? No es este el discurso que estamos oyendo en los últimos años en España; todo lo contrario.

¿Nos tendremos que resignar a que como sucede en Guadalajara llevemos veinte años hablando del nuevo Campus Universitario y todavía no se ha puesto un ladrillo (sí, ya sé que hay un convenio encauzado, que habrá que financiar) o que para hacer una ampliación del Hospital en Guadalajara se tarde más de quince años, hasta tal punto de que no hay manera de rebajar las listas de espera porque la población ha seguido creciendo mientras las obras iban a paso de tortuga; o no iban?

Que nadie les cuente historias, porque esto es lo que hay. O mejor dicho, lo que no hay: dinero ni voluntad para financiar servicios en la España vacía. Y cada vez que el independentismo chantajea a los gobiernos de España pidiendo un trozo más grande de la tarta, porque para eso ellos aportan más al PIB, menos habrá. Lo novedoso es que a esto tan reaccionario encima lo llamen «progresista».

El casco antiguo de Guadalajara tiene en torno a un centenar de solares sin edificar esperando a nada y a nadie. Y la vía principal que articuló la ciudad desde la edad Moderna, Calle Mayor y Miguel Fluiters, hasta 27 locales cerrados entre la plaza del Infantado y Santo Domingo. Contados esta mañana. Particularmente triste es la situación de Miguel Fluiters, que pierde músculo comercial por días y hay tramos en el que se agrupan 4 o 5 locales esperando tiempos mejores. Lo que parecía hace unos cinco años una incipiente recuperación de la actividad comercial en esta artería principal, aparentemente está sufriendo otro retroceso. Sólo la construcción de un edificio entre el Casino y la desaparecida Cámara de Comercio, insufla algo de ánimo. Desde la antigua oficina electoral del actual alcalde en la calle Mayor, que también se alquila, un cartel reclama: «¡Guadalajara. Ponla en marcha! Pues de eso se trata. Antes de que sea demasiado tarde. Porque con los medios y estrategias empleados hasta ahora el resultado es ineficaz: los promotores tienen escaso interés en promover en el centro, porque se temen cualquier sorpresa cuando meten las máquinas y al actual precio del suelo no ven claro el beneficio. Mejor construimos un edificio de cincuentas viviendas en los nuevos desarrollos que rehabilitamos uno de seis en el casco. Los propietarios del suelo, en muchos casos en propiedades muy divididas, carecen de iniciativa para mover su propiedad. Y en las administraciones casi todo es bla-bla-bla. Se conforman con declarar la protección de alguna vieja fachada, que a lo mejor se podría reproducir perfectamente sin aumentar los costes, con lo que muchas veces acaban complicando una posible solución. El conspicuo arquitecto Miguel Ángel Embid me lo dijo una vez: «Un solar por lo menos es una oportunidad, un edificio en ruinas un problema». Yo les recomiendo que se lean esta entrevista que le hice hace cinco años porque da muchas claves del problema.

Ante la atrofia de nuestro casco, visto que los solares crían cardos sin cumplir su función urbana y social, y los edificios en ruina están cada vez más ruinosos, hay que celebrar que por fin se haya podido poner en marcha una medida que ciertamente es «revolucionaria» en materia urbanística, pero que puede venir bien cuando el mercado (o mejor dicho, la ausencia de ese mercado) no puede solucionar algunas cosas. Me estoy refiriendo a los llamados PAEs, una figura que se contempla en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, de 18/05/2010, pero que estaba sin estrenar por la falta de agilidad de arquitectos, promotores, ayuntamientos y la propia Justicia. En esencia, lo que habilita esta figura es que un tercero pueda presentar un PAE en un terreno que lleva más de 24 meses sin ser edificado. No se trata de una expropiación pura y dura, ya que el promotor tiene que compensar en especie al propietario con obra nueva, en función del valor del suelo. Pero es seguro que debe servir para poner en el mercado esos solares y contribuir así a que sea más fácil la construcción de viviendas en los cascos históricos de la región; y además a que estas puedan venderse a un precio razonable.

Por tanto, hay que saludar que la justicia, también sorprendida por la novedad, haya fallado recientemente sobre un contencioso que había paralizado, desde el 2016, el PAE que se había presentado sobre el edificio de la pescadería Maragato en la plaza Mayor, y que ha prolongado durante una década el esperpento de andamio en plaza tan principal, para bochorno de la ciudad, ya que teníamos la duda de si lo que se protegía era la fachada o el mismísimo andamio. Ahora, la Junta de Gobierno Local ha concedido un plazo de tres meses para que el agente urbanizador presente un estudio arqueológico que será remitido a la Junta de Castilla-La Mancha, así como un estudio geotécnico, levantamiento topográfico, la presentación del Proyecto de Ejecución de la Edificación, el pago de tasa y la presentación de un plan de reparcelación en régimen de propiedad horizontal. Por la buena imagen de la ciudad, confiemos en que en todo el proceso no salgan otra vez dificultades insuperables y que en no más de seis meses se pueda empezar a construir el nuevo edificio, en el que está previsto ubicar seis viviendas de tres dormitorios.

Sería deseable que tanto este PAE como los otros tres que hay presentados por Miguel Ángel Embid salgan adelante sin más contratiempos, porque animarían a otros profesionales y promotores a iniciar un camino que debería contribuir a salir del actual atasco en el que vivimos. Los problemas del comercio de proximidad en las ciudades son también complejos y obedecen a otros factores, que se agravan por el auge del comercio por internet. Pero siempre será más fácil aguantar en un casco histórico que recuperase la actividad residencial, y en el que los jóvenes tuvieran acceso a él, por los buenos precios, que no mantener el actual estado de cosas.

Esto es lo que hay. ¿Medida revolucionaria? Puede ser. Pero o atacamos el problema con decisión o la enfermedad se cronifica. Y así no habrá manera de poner en marcha Guadalajara, como nos promete su alcalde desde un polvoriento cartel en la calle Mayor.

El Gobierno regional, con la consejería de Desarrollo Sostenible al frente, del azudense José Luis Escudero, busca un apaño para la ejecución de sentencia de Fraguas, ya saben, la ocupación de un monte de utilidad pública en el lugar donde estuvo el citado pueblo, que ahora pertenece al término municipal de Monasterio. Como es conocido, los seis okupas/repobladores fueron condenados por un delito contra la ordenación del territorio a un año y seis meses de prisión y multa de doce meses, con una cuota diaria de seis euros. Para el supuesto de que por los condenados no se hiciera efectivo el importe de las penas de multa impuestas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Código Penal, se señala la responsabilidad personal y subsidiaria de los mismos a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas.

Algunos datos más. En su fallo, el juez subraya lo que muchos pensamos, que por muy loables que puedan resultar los fines de los acusados de rehabilitar y repoblar una zona que presenta graves problemas de despoblación, «dichos fines no pueden justificar los medios que han empleado. Dichos medios han consistido en la ocupación ilegal del dominio público y en la vulneración de las normas urbanísticas que regulan la ordenación del territorio. Los acusados, a sabiendas de que las construccionesque pretendían llevar a cabo no podían ser autorizadas, las realizaron sin solicitar licencia alguna», razona la sentencia del Juzgado de lo Penal de Guadalajara.

Extraña que la Junta de Comunidades, si tenía algo que decir al respecto, como entidad denunciante, haya esperado hasta ahora para abordar el asunto y no lo hubiera hecho antes de existir una sentencia al respecto, del citado Juzgado de lo Penal, y que ha adquirido firmeza al ser confirmada por la Audiencia Provincial y ser desistimado el recurso de los condenados. Cualquier solución habría sido más fácil «antes de», por lo que ahora un acuerdo extrajudicial deberá ser validado por la Justicia.

¿Y que pretende la Junta? Oficialmente no dicen nada, amparándose en que el asunto está en el juzgado, aunque hay versiones verosímiles, como la que publicó en redes sociales el periodista Raúl Conde, serrano de pro, que nos habla de que la Administración regional acepta no desalojarlos y no derribar las casas levantadas a cambio del compromiso por parte de los okupas/repobladores de no construir más y limitar su actividad a usos compatibles con el medio natural.

El asunto tiene su miga jurídica, ya que la sentencia da por probado que se ha producido un ilícito penal, el delito contra la ordenación del territorio, y del que se deriva además una responsabilidad civil. En el primer caso, el penal, las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que hay un fallo que es inapelable, aunque por el tiempo al que al que han sido condenados no deberían ingresar en prisión de no tener antecedentes, extremo que le desagradaría al consejero y yo creo que a casi todos nosotros. En el caso de la multa estamos hablando de 2.190 euros (una cuota diaria de 6 euros al día), por lo tanto asumible si hay voluntad de pagarla, aunque la sentencia recuerda que en caso contrario en el artículo 53 del Código Penal, se señala la responsabilidad personal y subsidiaria de los mismos a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas.

«A pocos nos gustaría ver a nadie en prisión por esto, ni que una casa reconstuída con respeto a la arquitectura de la sierra fuera pasto de la piqueta.Pero la Consejería debe tentarse la ropa para que ningún ilícito penal pudiera derivar en un beneficio o derecho sobre una propiedad que es pública, es decir de todos nosotros, o se establecería un peligroso precedente por el cual cualquier repoblador bien intencionado podría construirse una finca en cualquiera del centenar de despoblados que existen en la provincia de Guadalajara»

Luego está la responsabilidad civil, que en este caso viene determinada por las obras realizadas en Fraguas, y que esencialmente son una casa reconstruida íntegramente salvo sus cimientos, junto con un corral y un pequeño cobertizo. La sentencia en este caso condena a los seis jóvenes procesados a restituir al lugar a la situación en la que se encontraron, es decir, al derribo de la casa y cobertizo y a pagar los gastos de todo ello, unos 40.000 euros. En ese caso, las fuentes jurídicas consultadas nos dicen que al tratarse de una responbilidad civil, bien pudiera evitarse el derribo si la parte afectada, en este caso la Junta así lo decidiera, con lo que nos evitaría la desagradable escena de una excavadora atacando una casa que respeta la construcción tradicional de la sierra, una imagen que a muchos no nos nos gustaría ver en un telediario.

Queda, por último, el destino de la casa y la finca en cuestión. El fallo judicial en este sentido es muy claro: «Ninguna duda existe sobre que las construcciones realizadas por los acusados no solo no están autorizadas sino que tampoco resultan autorizables», precisa el juez, y añade: «Por obras no autorizables han de entenderse aquellas que no lo pueden ser conforme a la legislación urbanística vigente».

En ese sentido, la Consejería debe tentarse la ropa para que ningún ilícito penal pudiera derivar en un beneficio o derecho sobre una propiedad que es pública, es decir de todos nosotros, o se establecería un peligroso precedente por el cual cualquier repoblador bien intencionado podría construirse una finca en cualquiera del centenar de despoblados que existen en la provincia de Guadalajara. Un asunto muy delicado para Justicia y Junta, porque una cosa es la repoblación de la Guadalajara vacía, que deben impulsar y beneficiar las administraciones con medidas de todo tipo, y otra la alegre ocupación de montes públicos con vocación de permanencia.

Esto es lo que hay. Vamos a ver si esta vez se hacen las cosas sin sacar los pies del tiesto, como dicen en el pueblo.

P.D. En Guadalajara ha anunciado García-Page la puesta en marcha, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, de un proyecto de historia clínica digital pionero en España y que permitirá intercambiar los informes de los usuarios de forma instantánea, facilitando la prestación de servicios sanitarios y mejorando la atención al paciente por parte del profesional sanitario. Es increíble que en un sistema de salud, como el español, que en teoría es nacional, aunque cada autonomía ejerza la competencia, tenga que reproducir pruebas que están en el historial médico del paciente, con el consiguiente retraso para su atención y el aumento del gasto público. Para complicar la vida al ciudadano no se inventaron las autonomías, como algunos nacionalistas se piensan, así que felicidades a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Canarias por tener sentido común.

Dos cosas me llamaron más la atención en el día en que Pedro Sánchez  fue elegido presidente del Gobierno (hasta ahora también lo era, pero fruto de un incidente llamado moción de censura). La larga fila de diputados y senadores socialistas que esperaron para poder saludar al presidente, de pie junto a su escaño, y la foto que se hizo apoyado en la mesa de los taquígrafos y estenotipistas del Congreso, como mirando a España de arriba abajo después del éxito con seguido. No hay mejor pegamento para un partido que el poder, porque ocupa a todos durante una legislatura. Pero si el pegamento del grupo socialista fragua sólido y está a prueba de los bandazos que ha dado Sánchez en los últimos meses, bien diferente es lo que sucede con sus socios. Minutos antes del besamanos de Sánchez, la portavoz de los ultranacionalistas de ERC dejó paladinamente claro que la gobernabilidad de España les importa un “comino”. Pues bien, con estos bueyes tendrá que arar el gobierno de PSOE y Podemos. Con una parte del gobierno que aun admitiendo por imperativo legal la Constitución de 1978 la quieren cambiar en puntos sustanciales; pero que al no sumar necesitan del respaldo de unos socios independentistas que la quieren enviar de una patada al Mediterráneo.    

Minutos antes del besamanos de Sánchez, la portavoz de los ultranacionalistas de ERC dejó paladinamente claro que la gobernabilidad de España les importa un “comino”. Pues bien, con estos bueyes tendrá que arar el gobierno de PSOE y Podemos.

Pero el gobierno de Sánchez no solo tendrá que lidiar con la oposición, en una legislatura muy radicalizada y con un parlamento en el que no se adivinan los puntos de encuentro, sino en convencer a los barones socialistas críticos con el independentismo de que todo esto no se les ha ido de las manos. No es casual que ni Page, ni Lambán ni Vara acudieran al besamanos de Sánchez en el Congreso de los Diputados,  que es tanto como decir que les tendrá que convencer de que la relación bilateral entre el gobierno de España y Cataluña, y los reconocimientos nacionales hechos al PNV y Bildu,  se hará siempre en el marco de la  Constitución y la consulta prometida sobre un Estatuto de Cataluña reformado. Pero solo hay que oír a Rufián para constatar que él espera todo lo contrario. Lo que la investidura ha dejado claro es que en el mejor de los casos por las demandas ultranacionalistas iremos a unas comunidades autónomas de dos velocidades y a un estado menos cohesionado y más desigual. Aunque a esto lo llamarán “progresista”.  En el mejor de los casos, insisto.

¿Y la oposición? Pues mucho que reflexionar. Sánchez nos genera un mar de dudas por su obsesiva estrategia de la conquista del poder, pero no menos verdad es que ha sido el único que lo ha intentado con contumacia. El PP y Ciudadanos desaprovecharon una coalición histórica para haber sumado más que cualquier otro, y a estas alturas están más lejos de La Moncloa que nunca. El papel a desempeñar también es difícil, porque no pueden ser todos los días los profetas de la Apocalypsis. En fin, que más les vale que recuperen la centralidad, ahora que Sánchez se alía con radicales, o serán devorados por el populismo de derechas, que aguarda paciente.   

Por último, Sánchez ha repetido durante el debate que este es el gobierno que han elegido los españoles. No es verdad, obviamente. Nuestro sistema parlamentario permite a los españoles elegir a los diputados, que representan la soberanía popular, y estos a su vez eligen al gobierno en mayoría o en coalición. Pero nuestra Constitución no otorga a los ciudadanos la elección directa del gobierno, como sucede en Francia con la segunda vuelta. Esto posibilita que entre los partidos que votaron en contra de la investidura de Sánchez sumen más votos  electorales que el bloque del “sí”, sin que por ello se pueda decir que no sea democrático. O que un partido como Teruel Existe, con 19.000 votos, haya decantado la elección de Sánchez.  Así que si se abre el melón constitucional, yo me apunto. Muchos cuestionamos una Ley Electoral que ha dado un poder desmesurado al independentismo y a las minorías,  porque en la deriva cantonalista actual nos preguntamos si merece la pena dar el voto a partidos nacionales, que en teoría están ahí para cohesionar al Estado y defenderlo de agresiones exteriores. O mejor nos tiramos al monte como los de Teruel.

P.D. Lo que sabemos, porque lo ha filtrado Podemos, es que Magdalena Valerio dejaráde ser Ministra de Trabajo, puesto que se reserva a Yolanda Díaz, una dirigente de Galicia en Común. Pero desconocemos qué competencias quedarán colgando de Trabajo, si mantendrá o no el importante área de Seguridad Social. O cuántos ministerios tendrá el nuevo gobierno para que los pactos con Podemos encajen.

A seguir también el acuerdo con Teruel Existe, que incluye autopistas. Recordemos que tras el trágico incendio de La Riba,  Zapatero prometió un parador  y una vía rápida a Molina con continuidad hasta Teruel.  Desde entonces han pasado 15 años. Tendría gracia que al final un partido de Teruel rescataría la autovía de Molina, con lo que podríamos pedir al señor Guitarte que abriera una delegación en el Señorío. Pero esto es lo que hay.

Foto: Sánchez prometiendo la Constitución, sobre una mesa sin Biblia y crucifijo.

La noche del 10 de Noviembre de 2019 en que PSOE y Unidas Podemos perdían diez escaños y el centro-derecha dividido fracasó, Pedro Sánchez tomó una decisión para ser investido que nos podría llevar a una segunda Transición, con actores políticos y aliados bien diferentes a los que se reunieron en torno a la Constitución de 1978. Si ese acuerdo constitucional representó el entierro de la dictadura, la superación de una horrible guerra civil sin vencedores y vencidos, la recuperación de las libertades individuales y colectivas, la incorporación de España a las instituciones europeas y un consenso territorial que definió el Estado de las Autonomías, la situación de hoy es bien diferente.

Porque Sánchez, así lo ha querido, por el acuerdo–abrazo al que llegó al día siguiente de las elecciones con Pablo Iglesias -aquel hombre que hace solo unos meses le quitaba el sueño-, para formar un «gobierno progresista» de coalición, cerraba cualquier puerta a la negociación con PP y Ciudadanos.  Ni se molestó en hablarlo con Casado o Arrimadas. Ningún líder de centro-derecha podría haber dado pista libre a un gobierno integrado por un partido neocomunista sin perder a la mayoría de sus diputados en las siguientes elecciones; y entregar en bandeja la oposición al populismo de derechas.  Por lo tanto, Sánchez sabía perfectamente que el abrazo con Iglesias, al carecer de mayoría suficiente, significaba también la búsqueda de unos aliados al margen de los constitucionalistas: el independentismo vasco y catalán. Por ende, Sánchez conocía que la negociación con los nacionalistas no podía hacerse sobre la base de la Constitución de 1978, que concede al pueblo español la soberanía en su conjunto, con lo que irremediablemente tendría que colocar la Constitución en almoneda y dotar a la negociación de instrumentos ex novo al margen de aquella.

Así, en los últimos días, hemos ido conociendo cómo el PNV, siempre presto a llenar la cartera de nueces con cualquier gobierno, cerró un sustancioso acuerdo de apenas doce folios en los que ponen alfombra roja a sus demandas soberanistas con una posterior reforma del Estatuto de Guernika para introducir el derecho a decidir en su articulado. Pero como los Jeltzale son gente paciente, mientras ese día llega recibirán una treintena de competencias, entre ellas la de Prisiones, tan importante para los presos de ETA, o asuntos de gran calado social: el reconocimiento a las selecciones vascas, por mucho que en España al contrario que en Gran Bretaña sí hay ligas nacionales en todos los deportes. A nadie puede extrañar que en esas condiciones el 85% de las bases de Bildu, aquellos que nunca se arrepintieron de su apoyo a los crímenes de ETA, respalden la investidura de Sánchez. ¡Pero si hasta la Guardia civil va a salir de las carreteras de Navarra y el PNV ha negociado por la comunidad Foral con los mensajeros de Sánchez!

Más complicado de articular ha sido el pacto para asegurarse la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya. Ha pasado por la admisión de que en Cataluña existe un “conflicto político”, como siempre ha mantenido el conjunto del independentismo y negado por Sánchez hasta el 9 de noviembre de 2019. Y en consecuencia, como reza el acuerdo, “debe resolverse a través de cauces democráticos” (¿es que aplicar la Ley y la Constitución no lo eran?), “mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superado la judialización del mismo”. Este último punto es de extraordinaria importancia porque se está apartando a los tribunales de sus funciones en la interpretación de la Ley, que se deja a una mesa bilateral entre los gobiernos de España y Cataluña, en situación equivalente. Y se rompe con toda la política seguida hasta ahora en Europa sobre el Process en Cataluña, porque ya no se podrá argumentar ni mú cuando es el propio gobierno español el que ha negociado con los sediciosos su propia investidura.

Como escribía Raúl del Pozo sobre los valores del 78, todo  esto se ha ido al “carajo”, porque a partir de ahora los que deben dar soporte al gobierno de España son los que trabajan a diario para desmontarla; y lo único que aceptarán es a alargar un poco los plazos. Sánchez seguramente tendrá la esperanza, no se lo voy a negar, de lograr un nuevo encaje para Cataluña y el País Vasco en base a una relación bilateral propia de los estados de estructura confederal (Suiza) o con un Estado Libre Asociado (Puerto Rico). Pero Sánchez no debería hacerse trampas en el solitario cuando el jefe Junqueras ya la ha dicho que el derecho de autodeterminación es “innegociable” y la independencia de Cataluña “inevitable”. Es decir, que si en 2020 todavía no hay mayoría de independentistas, como reconoce el propio CIS catalán, pues habrá que repetir el referéndum tantas veces como haga falta hasta que salga. Y para ello solo hay que dejar pasar una generación más hasta que se hayan muerto los abuelos, que  emigraron a Cataluña cuando en la mayoría de España no había industria pesada, y en ese tiempo cumplan 18 años  una nueva hornada de jóvenes independentistas educados en el pensamiento único y el rencor hacia la “España que nos roba” e impide su felicidad plena.

 Esta es la hoja de ruta que acepta Sánchez, y que seguramente incluirá gobiernos con Iceta como perejil de todas las salsas por la crisis entre ERC y los Puigdemont, pero que requiere de un marco de difícil encaje legal. Es el compromiso adquirido para que las medidas que se acuerden sean sometidas en su caso “a la validación democrática a través de la consulta a la ciudadanía de Cataluña”. ¿Y si esas medidas no son constitucionales y aun así se aprueban en referéndum, qué hacemos?  ¡Ah, no pasa nada porque no vamos a pedir que las interpreten los jueces!

Estos son los socios que Sánchez se ha buscado para su nueva Transición, con lo que inevitablemente España se radicalizará, se acentuará la división entre la izquierda y la derecha, la periferia y el centro, los rojos y azules, el trabajo y el capital, los liberales y carlistas, los católicos y los ateos (esa línea roja para la Iglesia sobre la religión no evaluable que se van a saltar), la sustitución del diálogo social por el decreto ley, el intervencionismo por bandera… Frentismos que nos recuerdan a la España del siglo XIX y los años anteriores a la Guerra Civil, si no fuera por algo fundamental y con lo que consuelo a mis amigos más pesimistas: aquella sociedad estaba formada por proletarios y campesinos carentes de todo y en frente solo las oligarquías. No había una clase media mayoritaria, como ahora, que no permitirá que pongan en riesgo su bienestar y propiedades. Aunque alguno me responde: sí, pero recuerda la reacción de esas clases medias en Alemania o Italia cuando fracasó el régimen de Weimar o Mussolini se apoderó de la monarquía de Victor Manuel III. ¿ Y a quién votó? Mucho cuidado pues a las salidas-milagro en tiempos de crisis.

En definitiva, malos tiempos para lo moderados en todos los partidos, porque les están acotando el campo de juego. Como Sánchez ha hecho con la Corona, para que en unos años Iglesias  pueda decir: “si no sirve para nada, por qué no la quitamos”.  Unos tiempos muy complicados para los históricos del PSOE, fuera de las listas como Barreda o dando vueltas por el mundo como Borrell. Es otro PSOE, clama Alfonso Guerra, en el que se ha sustituido el funcionamiento representativo de comités locales, provinciales, regionales y federales, que ejercían de contrapoder, por una relación directa del líder con la militancia a través de plebiscitos con trampa. Nunca se les preguntó por la tercera pata, el pacto con los independentistas y sus límites. En medio de este ambiente, cada vez más cerrado y tóxico, tendrán que convivir los Lambán, Vara o Page, cuyas prédicas («La Constitución está por encima de todos y cada uno, de todos los partidos y de cada institución por separado”, dijo el presidente castellano-machego en su mensaje de Año Nuevo) son como el que habla en el desierto. El acuerdo entre PSOE y ERC no cita ni una sola vez a la Constitución ¿Dónde está el límite?  Aunque ya lo sabemos: las crisis se abren en los partidos cuando se pierde, porque si gobiernas todos están colocados.  ¿Y quién se atreve a pegar una patada al avispero?

Esto es lo que hay. Por caprichos de una Ley electoral que puede acabar con la España del 78, la de mayor prosperidad de nuestra historia, un diputado de Teruel con 19.000 votos podría decidir el destino de la investidura de Sánchez. Yo supongo que al final lo arreglará con él o con el diputado del BNG, poniendo sobre la mesa lo que haga falta. Pero no me digan el mensaje que se envía al país: votar a un partido nacional vale infinitamente menos que a otro regionalista o a un cantonalista

¡Pues viva Cartagena y la Alcarria libre!    

En este mundo virtual que vivimos, atados a la pata de las redes sociales, los independentistas se manejan a las mil maravillas hasta el punto de hacernos creer que el gran problema España es dar una salida a las aspiraciones soberanistas de Cataluña (o de una parte de ella), con lo que Sánchez-Iceta (tanto monta monta tanto) no ha contemplado otra solución para ser elegido presidente que acudir al Vis a Vis de la cárcel de Lledoners; y esperar. Mientras tanto, se acumulan los problemas a la puerta del Gobierno y pasan desapercibidos auténticos noticiones, como es el que nos dejó hace unos días el INE: «España registra la cifra de nacimientos más baja desde 1941. El INE muestra un saldo vegetativo negativo de más de 45.400 personas durante el primer periodo de 2019».

La madre de todas las batallas en España y en Europa es la baja natalidad, que como va a suceder este año no es que crezca poco, sino que va a estar en índices negativos. ¿Pero es que alguien piensa que una España y una Europa con más defunciones que nacimientos puede asegurar el actual sistema de bienestar del que todavía disfrutamos (aunque cada vez más deteriorado) y garantizar el cobro de las pensiones dentro de unas décadas? Es metafísicamente imposible. La baja natalidad en Europa es la mayor amenaza a su cohesión, y llama la atención la ausencia de políticas específicas que animen a los europeos a evitar su desaparición como sociedad.

¿De qué le vale a Torra, Junqueras y Puiddemont su Cataluña independiente si en la última década ha pasado de tener un saldo positivo del 3,95 al -0,58?

En los últimos años hemos ido evitando las tasas negativas gracias a la inmigración, que algunos populismos nacionalistas vuelven a señalar como el origen de todos los males (mismamente, el Defensor del Pueblo de Cataluña, hablando de los gastos en Sanidad, un discurso que Page le refutó como falso), pero lo que nos está advirtiendo el INE es que ya no va a ser suficiente. Ahí tenemos el caso de Guadalajara, una de las provincias con más inmigración y actividad económica, en que los primeros datos provisionales de 2019 avanzados por el INE muestran que se han producido menos nacimientos que muertes en nuestro territorio. La diferencia entre nacimientos y defunciones es cada vez menor. Si en 2018 cerramos el año con un saldo positivo de 0,36 es posible que los datos de 2019 empiecen a estar en números rojos. Según el avance realizado por el INE entre enero y junio de 2019 en Guadalajara ha habido 966 nacimientos (541 hombres y 455 mujeres) mientras que han fallecido 1085 personas( en este caso murieron más mujeres 536, que hombres 522). Un saldo negativo de 119 personas.

Este dato viene a confirmar la tendencia de decrecimiento que se ha producido en Guadalajara a lo largo de los últimos diez años. Mientras en 2008 el saldo vegetativo era de 5,78 en 2018 pasamos a un exiguo 0,36. Todavía en datos positivos pero rozando el cambio de tendencia que podría producirse este año cuando se faciliten los datos de todo 2019. En Castilla-La Mancha, la dituación es algo peor, porque vemos como a partir de 2015 ya entró índices negativos y ha ido aumentando en los últimos dos años hasta llegar a -1,81.

Pues bien, si este es el panorama en una provincia como Guadalajara, con un Corredor industrial tan potente como el del Henares, en la Guadalajara rural o en comunidades envejecidas, como sucede con la cornisa cantábrica o la Castilla más alejada de la concurvación de Madrid, el panorama es desolador. Ahí tienen el caso de Asturias, una región bella como pocas, pero que se desangra sin remedio: hace diez años ya tenía índice negativos (-4,21) y en 2018 alcanza el -7,3. O la Cantabria del locuaz Revilla, que viene perdiendo habitantes desde 2011 y en 2018 ya se acerca al -4%. Los de Teruel, ahora con voz propia en el Parlamento, llevan más de diez años con más fallecidos que nacimientos y en 2028 han superado el -6%. Así que Teruel Existe, ¿pero por cuanto tiempo?

Pero nada de esto parece preocupar a una sociedad que recibe cada vez más imputs de información, pero con grandes dificultades para separar el grano de la paja. Lo importante de lo accesorio.

Aquí, lo que acapara los titulares es el jueguecito que se traen algunos para mantenerse a toda costa en el poder. Meternos hasta en la sopa a la pobre Greta ante la falta de resultados de la cumbre del Clima. O como ha hecho el tal Boris Johnson, un antiguo publicista del periódico más antieuropeo y sensacionalista de Gran Bretaña, volver los ojos al Imperio y al nacionalismo del siglo XIX para atajar problemas complejos de la mitad del siglo XXI. Pero esto es lo que hay.

El Corredor no debe ser el ejército de Pancho Villa.- Les pongo estos encomiables deseos a propósito de la iniciativa para la Reindustrilización del Corredor del Henares que llevaron a Europa los alcaldes de las ciudades del Corredor madrileño y a los que se juntó el de Azuqueca, que allí acudió tal Llanero Solitario como única voz de Guadalajara

Jesús Martín Sanz, presidente de AEDHE: «Todos estamos motivados por un objetivo en común, el impulso industrial, económico y sostenible del Henares”.

Jesús La Roda Muñoz, Unión Comarcal Este UGT-Madrid: “Los agentes económicos y sociales, y los ayuntamientos del Corredor, desde Guadalajara hasta Madrid, llevamos años trabajando en conjunto, para que se conozca su potencial. Y desde Bruselas, nos han dado las claves técnicas de hacia dónde van a ir las políticas europeas, para que podamos reforzar nuestras sinergias”.

Ángel Viveros, alcalde de Coslada: «La iniciativa conjunta que hemos presentado los municipios del Corredor del Henares en Bruselas se basa en cuatro pilares que coinciden plenamente con las directrices que desde la Unión Europea: la transición ecológica, el Green Deal y la economía circular, la digitalización industrial y un gran pacto social, sin olvidar las políticas de formación profesional dual».

Francisco Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares:“Tenemos un proyecto en común, y un potencial importante de desarrollo económico dentro de las dos Comunidades Autónomas que engloban el Corredor, que son la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ayudará a mejorar la calidad de vida de toda la zona del Henares”. “Contamos con el apoyo de Europa, y toca implicar aún más al Gobierno de Madrid, de Castilla-La Mancha, y por supuesto, al Gobierno de España”.

José Luis Blanco Moreno, alcalde de Azuqueca: “Las fronteras no existen. Los municipios del Henares tenemos un objeto en común y lo hemos demostrado».

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares:»Es imprescindible que los municipios del Corredor del Henares nos coordinemos».

Pues bien, dicho y muy bien todo esto:¿alguien me explica por qué esta delegación que acude durante dos días al Parlamento Europeo solo está formada por un alcalde de la provincia de Guadalajara, el de Azuqueca, y por qué en la representación sindical y empresarial tampoco se incluyó a sindicatos y empresarios de Guadalajara? El alcalde de Guadalajara se excuso porque no le invitaron.

Ninguna crítica al alcalde de Azuqueca que hizo lo que debía: representar a su localidad en un foro interesante. Pero el Corredor no puede ser el ejército de Pancho Villa, si como dice el alcalde de Alcalá y ex presidente de la MAS, «es imprescindible que los municipios del Corredor del Henares nos coordinemos».

¡Pues sí que hemos empezado bien la aventura europea! Y eso que Azuqueca tiene un consejero y un presidente de las Cortes, que algo podrían aportar. Que esta vez no podemos argumentar que en Toledo no se enteran. ¿Tan caro cuesta pedir un poco de coordinación y menos personalismos?

Cuando llegamos al 41 aniversario de la Constitución española la Nación vive un momento grave del que no tenemos experiencia desde 1978. El gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez quiere conseguir una investidura que las sucesivas elecciones no le han permitido revalidar con mayoría suficiente desde el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, y lo quiere hacer apoyándose en dos patas principales, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, que no comparten aspectos fundamentales de la Constitución del 78.

En el caso de Podemos, sería la primera vez que un partido populista de extracción comunista llegaría al gobierno de España con esta Constitución de la que cuestionan asuntos esenciales, recogidos en el artículo primero de nuestra carta magna. En su apartado 2, se especifica que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», y el partido de Iglesias defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña (también el de País Vasco y Galicia, ¿y por qué no de Castilla-La Mancha, dónde se pone el límite), «derecho» que no recoge ninguna constitución europea. En su apartado 1.2 la Constitución señala que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria», y a estas alturas el postulante a vicepresidente del Gobierno todavía se pregunta ¿para qué sirve la monarquía?». Pero lo peor es que el presidente en funciones parece darle la razón al comportarse en todo este proceso de formar gobierno como un presidente de la República de facto, escondiendo la figura del Rey y su papel constitucional, porque ni tan siquiera ha podido iniciar las consultas para la formación del Gobierno, y todo parece decidido.

La segunda pata de la mesa que diseña Sánchez en su república de Ikea, se llama Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido más desleal a la democracia española que existe. En 1934, ya proclamaron el Estat Catalá, y la República tuvo que mandar al general Batet para poner orden, algo que ahora no parece muy dispuesta su descendencia (¡Ay Meritxel, qué espectáculo más esperpéntico consentiste en la toma de posesión de los diputados independentistas y antisistema de esta legislatura!). Esta misma ERC que el 1 de octubre de 2017 promovió y apoyó un referéndum ilegal en Cataluña, y que no tiene el más mínimo empacho en declarar (Oriol Junqueras, dixit) que «lo volveremos a hacer». Como dijo el otro día Alfonso Guerra en referencia a esta doble coalición «es como si a los niños les das una granada explosiva».

Pues bien, con estos mimbres quiere construir Sánchez la legislatura, sin explicarnos qué ha cambiado sobre lo que decía hace unos meses en campaña electoral del desvelo que le iba a producir un gobierno de Podemos. O de su firme disposición a aplicar la Constitución en Cataluña ante cualquier aventura separatista. De la noche a la mañana, el «problema de convivencia» al que se refirió en campaña se ha transformado en un «conflicto político», con lo que nuestros socios en Europa se deben estar pellizcando. Porque vamos a ver, ¿cómo puede un gobierno de Sánchez pedir a un gobierno de la UE que no reciba a los líderes sediciosos si ese mismo gobierno está negociando con ellos en la cárcel la investidura del presidente en funciones? Como decía también Guerra «este no es el nuevo PSOE, es otro PSOE», y en el que un referéndum plebiscitario a la militancia con una pregunta inducida se sustituye por el debate democrático que antes se hacía en las asambleas locales, provinciales, regionales hasta llegar al Comité Federal. Es este «otro PSOE» que en aplicación de los usos y maneras caudillistas el jefe se relaciona directamente con la militancia, sin contrapoderes intermedios, mediante referéndums en los que no es posible saber ni el resultado en cada provincia. Solo cifras globales.

Para hacer posible que estas alianzas contra natura funcionen, ya hemos visto que hay que empezar a desmontar principios esenciales de la Constitución, que en su artículo 2 nos habla de la «indisoluble unidad de la Nación española», a lo que siempre estará dispuesto ese PSC, principal apoyo de Sánchez en el PSOE, que le ha faltado tiempo para reclamar el «estado plurinacional», se supone que como paso previo a una interpretación diferente de la soberanía (si hay más de una nación, hay diferentes soberanías).

Pero esto no es lo malo, lo peor para que este tacticismo de Sánchez funcione (y que consiste en poner por delante su investidura de una mayoría parlamentaria que le dé estabilidad a ese gobierno), se está tirando por la borda la base fundamental de la Constitución y de la Transición que la hizo posible: renunciar a esas dos Españas, que parafraseando a Machado, una de ellas nos helaría el corazón. El camino que Sánchez parece dispuesto a recorrer disuelve ese consenso que se fraguó en la Transición, o como muy bien se expresa en esa «Carta a los españoles» que Nicolás Redondo, Fernando Savater, Paco Vázquez o Rodríguez de la Borbolla, entre otros han publicado: «Un gobierno que represente solo a una mitad del país no estará en condiciones de realizar las reformas imprescindibles para encarar el futuro ni conseguirá que cicatricen las heridas recientes. No lo estará un gobierno formado exclusivamente por el PSOE y Podemos. La situación empeora si consideramos que el gobierno que se prefigura habrá de contar, para cada paso, con la aprobación de fuerzas independentistas que no disimulan el objetivo de destruir nuestro devenir democrático común amparado en la Constitución. Además, resulta inviable la defensa del Estado del Bienestar a base de acuerdos con quienes pretenden destruir el Estado. Así que en estas circunstancias ningún gobierno de España puede quedar bajo su dependencia. Sería un gravísimo error político y una irresponsabilidad que pondría en riesgo nuestras libertades y la convivencia ciudadana».

Porque esta es la clave de todo este asunto. Por mucho que Sánchez pueda prometer a los independentistas, nunca les podrá reconocer el derecho a la autodeterminación, y en consecuencia a un referéndum vinculante. Con lo que una vez más estaríamos engordando la frustración de la que se autoalimenta el independentismo y el victimismo que luego inocula a la sociedad desde la escuela y la TV3. En lugar de reflexionar sobre cómo se ha podido llegar a este estado de cosas y adoptar las medidas correctoras oportunas -empezando por la reforma de la Ley Electoral-, lo que nos propone Sánchez es que volvamos a entrar en el juego del nacionalismo, para que él pueda gobernar durante cuatro años, aunque sus futuros socios ya le han dicho que no están dispuesto a bajarse del burro, y que la misma felonía que hicieron en 1934 y en 2017 la van a repetir en cuanto tengan ocasión.

«Creemos que el momento exige abrir una fase de colaboración constitucionalista y transversal, que sitúe la política española en posiciones moderadas, alejadas de los extremismos sectarios. Tras años de tremendismo verbal, de exageraciones partidistas, debemos propugnar el sosiego. Las formas para conseguir la concordia necesaria y que la democracia funcione correctamente pueden variar: coalición de gobierno o pacto parlamentario. Lo importante es que sirvan para fortalecer los consensos básicos iniciados en la Constitución de 1978», prosigue la recomendación de esa «Carta a los españoles». Aunque ya sabemos que Sánchez no está por la labor, porque pedir a PP y CS que se abstengan (sin negociación de por medio) para que él pueda gobernar con la extrema izquierda es un insulto a la inteligencia que llevaría a estos partidos a su desaparición; y a dejar a un partido populista de derecha como Vox, única alternativa a Sánchez. ¿O no es esto lo que ha pretendido siempre para taponar un gobierno moderado de centro-derecha? ¿Estirar la política hacia los extremos buscando el frentismo que se ensayó en la última fase de la II República con los resultados conocidos?

Esto es lo que hay. Un tercio de los diputados que el martes tomaron posesión, utilizando algunos las formulas más estrafalarias, que avergonzarían a cualquier sede parlementaria europea, están por liquidar el edificio legal que «con errores y aciertos, vivimos el periodo de progreso social y económico más brillante de nuestra reciente historia y con la Constitución, nuestra casa común, recuperamos las libertades y alcanzamos la máxima dignidad, porque la ley nos hace a todos libres e iguales».

Desde la tristeza que a algunos nos produce esta «España de coros y danzas» a la que nos dirigimos (la expresión es también de Guerra), me gustaría que todavía hubiera tiempo para gritar:¡Viva la Constitución!, aunque la pena es que algunos lo hagan muy bajito para no molestar al jefe, y este no se entera.

El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), así como su antecesor Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, acaba de dar un síntoma de sensatez que sería injusto no subrayar desde la cabecera del Tajo. El famoso Memorandun, aprobado en 2014, tiene de positivo que aumenta la cantidad mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar de 240 a 400 Hm3 en la cabecera, pero a partir de ahí institucionaliza los trasvases como si estuvieran labrados en la Constitución, con lo que el ministerio se ha limitado a autorizar la cantidad de agua a derivar en función de lo que embalsa la cabecera, sin atender a otros criterios medioambientales. Con la actual normativa, los ministros de la cosa han sido más notarios que ministros, y desde luego nada políticos, en el sentido de lo que los griegos definían como política.

Por todo ello, hay que celebrar que para este mes de noviembre el Ministerio de Transición Ecológica no ha seguido las recomendaciones de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de trasvasar 14,7 Hm3 al Segura, sino solo 7,5 Hm3. Y no lo hace de manera gratuita, sino porque las últimas previsiones sobre entrada de agua en el sistema de Entrepeñas y Buendía son muy pesimistas, ya que si bien las lluvias previstas están dentro de lo normal las extracciones son todavía mayores. Quiere esto decir que como el Tajo tiene cada vez más servidumbres, nos podríamos encontrar con que en el 2020 las reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía serían inferiores a los 400 hm3. Entrando de lleno en el nivel 4, que conforme al Memorandum implica la imposibilidad de realizar ningún tipo de trasvase, ni siquiera para abastecimiento.

En ese sentido, con esta decisión el MITECO aplica el «principio de precaución», posibilitando así que «se pueda garantizar durante más tiempo el uso para consumo urbano restringiendo ya todas las aportaciones que no vayan destinadas a abastecimiento». La situación está así de grave: restricción de todas las derivaciones que no sean para consumo humano.

Aunque el comunicado lo elude, entre estas últimas demandas estaría la pretensión de trasvasar hasta 20 Hm3 para favorecer el encharcamiento del parque natural de Las Tablas de Daimiel, y que lógicamente en aplicación de este «principio de precaución» no debería ser posible. Confirmándose la precipitación de Francisco Martínez Arroyo, el superconsejero responsable de agua, agricultura, desarrollo rural y no sé cuántas cosas, en apoyar la citada demanda, y el seguidismo del consejero de Desarrollo Sostenible, el azudense José Luis Escudero, que no ha sabido ejercer de contrapunto en esta ocasión. En palabras de la ambientalista Rosa Prieto, conocedora de lo que se despacha en el alto Guadiana, «en esta nueva legislatura el Consejero de Agricultura ha asumido las competencias de agua, sacándolas de la Consejería de Fomento. Han puesto al lobo a guardar ovejas sin el más mínimo rubor y encima nos miente diciendo que es compatible ese modelo agrícola de voracidad infinita con el Medio Ambiente».

A ambos consejeros les toca reflexionar, porque no es de recibo que a estas alturas todavía se pretenda regularizar pozos en el alto Guadiana con un recurso escaso y sobreexplotado, como es el agua del Tajo, que está a más de trescientos kilómetros de distancia. Como escribía en mi último post no se puede seguir poniendo una vela a Dios y otra al diablo. O como se recalca desde SEO/BirdLife es «una irresponsabilidad» seguir incidiendo aún más en los conflictos sin atajar los problemas en su origen: un modelo agroindustrial gran demandante de agua en expansión en La Mancha. Una política en la que «subyace la oferta del agua y que no atiende a la gestión y control de la demanda», tal y como obliga la Directiva Marco del Agua, que «sigue obviando la urgente necesidad de redimensionar la demanda del sector agrario de regadío, verdadero origen de los problemas ambientales, y repite los mismos errores que sufren otros humedales como Doñana y el Mar Menor «.

Insistir en estas políticas que luego el superconsejero no tiene remilgos en rechazar cuando se practican en el levante, como dice Roberto González, responsable del Programa de Aguas de SEO/BirdLife, «estos planteamientos no solo imposibilitan avanzar en la nueva cultura del agua, sino que retrotraen el debate a finales del siglo pasado».

Pues esto es lo que hay.

Francisco Martínez Arroyo, el superconsejero responsable de agua, agricultura, desarrollo rural y no sé cuántas cosas más se ha convertido, a propósito del demandado trasvase del Tajo al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en una especie de Dr. Jeckly y Mr. Hyde, que emplea un argumento y su contrario en función de los intereses que le toque defender.

Así, pone una vela a Dios cuando cada vez que se aprueba un trasvase para el levante español señala, con sentido común, que la agricultura y el desarrollo de aquella zona no puede depender de recurso escaso que está a más de 400 kilómetros de distancia; recuerda que al amparo de ese agua se ha ido extendiendo sin fin la agricultura industrial, que a la postre es el foco de contaminación del Mar Menor; o que es un atropello persistir en una política de trasvases al Segura cuando la prioridad debería ser la propia cuenca del Tajo, atender a su desarrollo y garantizar los caudales ecológicos suficientes para que el cauce no se convierta en una cloaca. Todo lo que defiende el superconsejero es difícil de cuestionar desde lo que ahora se llama desarrollo sostenible (¿no hay una consejería de tal asunto con uno de Guadalajara al frente?) , al que todo el mundo apela en campaña electoral aunque sistemáticamente es luego ignorado por el gobierno de España de turno, porque estamos hablando de la agricultura más potente, de casi cuatro puntos del PIB español y los pobrecitos, y menguados, alcarreños de la cabecera del Tajo, pues tendrán que sacrificarse una vez más por el bien de España, que siglos atrás desde Castilla facieron y ahora les gasta.

De igual manera, el superconsejero Arroyo, el de las aguas, no tiene empacho en poner otra vela al diablo al defender un trasvase al parque nacional (y ojalá lo sea por mucho tiempo) de Las Tablas de Daimiel con el argumento de que presenta una situación “complicada” con menos del cinco por ciento de la superficie, que cuenta con más de 1.750 hectáreas, encharcadas en este momento. Arroyo olvida que ese agua que reclama para el Guadiana procede de otra cuenca, la del Tajo, y si bien apela a que se trata de una situación «extraordinaria», por la falta de lluvias, olvida que esa misma situación «extraordinaria» se vive en la cabecera del Tajo, como le recuerdan desde la Asociación de Municipios Ribereños, con los pantanos muy cerca de esa raya de 400 Hm3, por debajo de la cual no se podría hacer ningún trasvase. Por todo ello, el superconsejero de aguas y trasvases ha tenido que escuchar esta semana las verdades del barquero, como le recuerdan desde Ecologistas en Acción por «la política de regadíos a ultranza, que aún se mantiene, y responsable de la liquidación definitiva» de estos espectaculares humedales ligados al río Guadiana (¡no al Tajo!) y complementados con las lagunas volcánicas del Campo de Calatrava.

¡Ojalá fuera solo la falta de lluvia el culpable de la situación y que con mandar 20 Hm3 se hubiera resuelto el problema, para siempre, pero el consejero no puede engañarse así mismo y engañarnos a los demás porque bien conoce, como le recuerdan desde EA, que la desaparición completa de las lagunas fluviales (de las que las llamadas Tablas de Daimiel eran un caso singular) «no tienen otra causa que la del descenso de los niveles freáticos de los acuíferos y éste no tiene otra causa que la sobreexplotación de los mismos para transformar una agricultura tradicional sostenible en un sistema de agroexplotación industrial insostenible». Ante esta situación la pregunta que tiene que contestar el superconsejero de aguas y trasvases es si la opción que va a tomar es convertir las Tablas de Daimiel en un parque acuático para el turismo con lagunas artificialmente alimentadas desde la cabecera de un río sobreexplotado, que está a 300 kilómetros de distancia, o si de una vez por todas quiere recuperar los humedales como Dios manda, para lo que deberá impedir las regularizaciones de pozos que vacían el famoso acuífero 23 y dar un giro a la actual política agrícola que incentiva el incremento del consumo de agua.

Esa es la clave de bóveda de este asunto, y no si hay que mandar unos hectómetros en una situación de emergencia. Y por lo que el propio Arroyo debela, en su cabeza no está clausurar los pozos ilegales sino utilizar el agua del Tajo para regularizar nuevos pozos en el Alto Guadiana, y así se lo ha prometido a los agricultores, con el lógico mosqueo de la Asociación de Municipios Ribereños. Para ello, no solo bastaría con las inyecciones a Las Tablas en periodos de sequía, sino que hay que completar las obras de lo que llaman «Tubería Manchega» (están en los Presupuestos de Sánchez que fracasaron) y que en puridad se debería llamar «Tubería Alcarreña», porque lo que trasportará es agua que se recogerá en Entrepeñas-Buendía, en la Alcarria, utilizará primero el canal del Trasvase y luego discurrirá hasta los llanos de La Mancha por una tubería. La concesión actual son 50 Hm3 anuales y suministraría agua a 59 municipios de La Mancha. Lo mismo que reprochamos al levante se calca en este caso: el desarrollo de un territorio que está en otra cuenca y a trescientos kilómetros de distancia va a depender de un recurso escaso y sobreexplotado, como es el agua del Tajo. Solo que como esta vez el agua no sale de la Comunidad Autónoma, ni tan siquiera lo llaman trasvase, sino «Tubería manchega», como si tal tubería no naciera en la Alcarria sino entre los bellísimos molinos de Campo de Criptana. Pero claro, como explica el superconsejero de trasvases, hay que resolver los problemas que se viven en La Mancha y esto pasa por «garantizar el agua para los jóvenes y los profesionales del sector, al mismo tiempo, que se compatibiliza con el medio ambiente (?). Y es posible unificar ambas necesidades». ¿No les suena este discurso, por idéntico, al que emplean en el levante cada vez que el mismo Arroyo reclama que primero están las necesidades de la cuenca y los caudales ecológicos del Tajo?

Le voy a confesar una cosa, que mis lectores habituales ya saben: yo no soy antitrasvasista, por razón de algún raro dogma progre, ni creo que las derivaciones de agua sean cosa del diablo. Pero como guadalajareño tengo que defender antes a mis santos que a la iglesia, y lo que rechazo es el monotrasvase, que en España solo exista uno, el del Tajo-Segura, y al que en poco tiempo se le añadirán tres más: el Tajo-Daimiel, para rellenar lagunas como si fueran piscinas, y el Tajo-La Mancha, para dar agua de calidad a 59 municipios.

El problema, por tanto, no es solo que haya que destinar cincuenta o más Hm3 anuales de agua del Tajo a Daimiel y a La Mancha, lo que me preocupa es que con estas infraestructuras se está reproduciendo la misma dependencia para el desarrollo de un recurso lejano y escaso que el superconsejero critica cuando el agua viaja al Levante, y en el uso lingüístico se convierte en «Trasvase». Y, para colmo, estas dos nuevas servidumbres se inician sin que hayamos sido capaces de rebajar en el Memorando, por el que se rige el Trasvase, un solo hectómetro para compensar las nuevas detracciones. Mucho ministerio de Transición Ecológica y la biblia en verso, pero con el levante hemos topado, amigo Sancho, porque por aquellas huertas está el 4% del PIB y crecen tres veces más diputados que en Castilla-La Mancha, por si las cosas se ponen feas, como bien sabe el señor Barreda, que ingenuamente quiso poner fecha de caducidad al Trasvase, y mira lo que dijo el Parlamento: que se fuera con el proyecto de Ley por donde había venido.

Dejemos por tanto de hacernos trampas en el solitario, porque esto es lo que hay: la mejor huerta industrial de España, unos humedales sobreexplotados en el alto Guadiana y 59 municipios manchegos que en pocos años también van a pasar a depender del agua del Tajo. ¿Y en la Alcarria, qué? Esperando a nada y a nadie con una eterna sonrisa de resignación.

Tengan cuidado los partidos nacionales, los que de verdad deberían vertebrar España y hacerla más equilibrada, porque si la solidaridad territorial sigue siendo de una sola vía, abusar del más pequeño, el «Teruel Existe» puede acabar en un «Guadalajara existe», un «Cuenca existe», un «Soria existe», un «Ávila existe», un «Segovia existe», y así hasta terminar con todas las provincias de la España interior de las que no se acuerda nadie. Para frenar ese camino hacia el cantonalismo -ya hay 18 formaciones políticas representadas en el Congreso- que nos llevaría a los tiempos de la I República, hay que hacer algo más que preocuparse de Torra y sus torradas. Esto es lo que hay.

PD1.- Dicen que la pregunta que Sánchez va a hacer a los militantes es si son partidarios de que el PSOE encabece un «gobierno pogresista». Si este es todo el debate que el secretario general va a propiciar en el PSOE sobre la gobernabilidad de España, casi es mejor que se ahorre las papeletas y las urnas. ¡Qué tiempos aquellos en los que en las agrupaciones del PSOE y en su comité federal se hablaba de política, de verdad, antes de este neoperonismo que ahora impera en muchos partidos políticos!

PD2.- ¿Y Pablo Casado que opina de todo esto? ¿Se va a limitar a escudarse en que Sánchez no le ha llamado sin hacer él una propuesta alternativa a un gobierno que por primera vez integrará a la extrema izquierda y que necesita de la abstención de ERC, unos tíos a los que les importa un carajo España fuera de su estrategia hacia la independencia? Que se acuerde de Rivera y su política de Don Tancredo.

PD3.- Ya sabemos lo que cuesta el Festival Gigante, 150.000 euros pagará por él Alcalá de Henares cuando aquí germinó y creció a cambio de montar un escenario, que luego valía para los conciertos de Ferias, la explotación del bar y el montaje de unos urinarios.Hay veces que tienen que faltar las cosas para echarlas de menos.¡Nos hemos lucido!

Lo desveló recientemente Jordi Évole. A los pocos días de iniciarse la negociación con Podemos, los Redondo, Tezanos  y compañía ya habían decidido que lo mejor era forzar una repetición electoral. Sánchez no se encontraba cómodo con Podemos (ya sabe, un gobierno que son dos) y con el juicio del Procés de por medio, la negociación con los independentistas era más indigesto que beber lejía. Pero los cabezas de huevo de La Moncloa erraron, y como le pasó a Cameron con el Brexit, desencadenaron una decisión peor de la que se partió. David Cameron dimitió al día siguiente de su fracaso.

Una quinta parte del parlamento está formado por partidos que defienden la autodeterminación de las autonomías (algo insólito en Europa) y 29 parlamentarios son declaradamente independentistas. Y un partido ultranacionalista pisa los talones al PP como alternativa de gobierno. Este es el panorama con que nos encontramos.  

Esto es lo que ha dado sí el 10N en España y nuestra provincia.

PSOE: 120 diputados. Pierde 3 y 760.159 votos a pesar de que por el aumento de la abstención solo baja 0,67 puntos. Sánchez se apuntó a lo de “Con Rivera, no”, no se atrevió con un gobierno Frankenstein, lo confió todo al 10N, a modo de segunda vuelta, y ha perdido. Sigue siendo el más votado, pero su posibilidad de formar gobierno pasa por meter todavía más partidos a esa olla Frankenstein, que espantaba al recordado Rubalcaba.  La otra alternativa es un pacto de investidura (y de Estado) con el PP, aunque por lo que dijo Sánchez a los militantes en Ferraz no contempla. A no ser que el PP se haya convertido, para Sánchez, en una alternativa “progresista” de la noche a la mañana. Como sin duda lo debe ser el PNV o ERC.   

En Guadalajara el PSOE pierde 1.531  votos por la caída de casi 5 puntos en la participación, aunque porcentualmente sube 1,33%.  Aumenta su condición de primer partido provincial con más de ocho mil votos sobre la segunda fuerza, que es Vox. Sacó 1 diputado (Magdalena Valerio) y 2 senadores, perdiendo 1 en beneficio del PP  por la estrategia de Vox.

PP: 88 diputados. Gana 22 escaños y 646.216 votos. Casado sube, pero por la fragmentación de la derecha, no tiene posibilidades de conformar una alternativa a la de Sánchez. El presidente en funciones es el que debe tomar la iniciativa y Casado se reservará a adoptar un papel determinante si fracasa Sánchez en la negociación con Podemos y los independentistas.

En Guadalajara el PP gana 1757 votos y 3,02%. Aunque en la noche electoral vendieron que los resultados eran mejores porque tenían más votos y 1 senador más, objetivamente son todavía peores porque, por primera vez en su historia, un partido como Vox los adelanta por la derecha y se convierte en la alternativa ante el PSOE en el Corredor del Henares. Entre los municipios mayores de Guadalajara, el PP solo es la fuerza más votada en Sigúenza y Pastrana.  En la ciudad de Guadalajara mantiene el segundo puesto. José Ignacio Echániz vuelve a ser diputado por Guadalajara.

 Vox: 52 diputados. Gana 28 y 952.100 votos. El partido de Abascal es el que más saca con esta repetición de elecciones a lo que no es ajeno la violencia televisada en Cataluña tras la sentencia del Procés. Pero a pesar de todo, sus 52 diputados no van a contar en cualquier fórmula  de gobierno que se presente; porque no suman. Ejercerán una dura oposición, con las miras puestas en dar el sorpasso al PP si hubiera otra repetición electoral dentro de otros seis meses. Serían los más beneficiados de un escenario de inestabilidad

En Guadalajara se votó en clave nacional y no importó que su cabeza de lista, López Maraver, fuera un “paracaidista” que de Guadalajara  solo conoce algunos cotos de caza. Para ser un partido nuevo, en Guadalajara Vox ha elegido lo peor de la vieja política, el cunerismo. Ni tan siquiera estuvo en la noche electoral celebrando el triunfo y atendiendo a los medios de comunicación. Aun así, Vox obtiene por primera vez 1 escaño. Gana 8099 votos y mejora 7,53%. Su estrategia de presentar solo un candidato al senado supuso un senador más para el PP,  pero  Vox no tuvo premio. En la ,provincia, Vox se convierte en la fuerza más votada en la Guadalajara de los chalets del cinturón de Madrid: Alovera, El Casar, Chiloeches, Mondéjar, Pioz, Torrejón del Rey, Tórtola, Trijueque, Valdeaveruelo y Yebes. 

UP: 26 diputados. Pierde 7 escaños y 533.227 votos. El invento de Errejón (2 diputados) le ha hecho a Iglesias menos daño de lo que creía el viajante, pero aun así Podemos se deja más de medio millón de votos. Vuelve a ser decisivo para que Sánchez forme gobierno y a buen seguro que engrasará todo lo que pueda la negociación  con los independentistas.

En Guadalajara Unidas Podemos baja 2.728 votos, el 1,04%. Cedió votos al PSOE, y algo también por la bajada de la participación.

Ciudadanos: 10 escaños. Pierde 47 escaños y 1.637.540 votos. El partido de Albert Rivera es el gran perdedor del 10N, porque sus electores se han preguntado: ¿Para qué ha servido dar a Ciudadanos la llave de la gobernabilidad si luego la guarda en un cajón? El derrumbe es tal que Cs pierde más electores de los que conserva. En contra de los más sabios del partido, Rivera prefirió jugar a ser la alternativa al PP cuando en las elecciones del 28-A, Casado ya había salvado los muebles. Pudo ser el Hans-Dietrich Genscher español, aquel liberal alemán que daba y quitaba mayorías a socialdemócratas  y democristianos, pero solo quiso ser presidente del Gobierno. En un alarde de honestidad ha dimitido al día siguiente de las elecciones. Falta por saber si Cs, con solo 10 diputados, tendrá un sitio en la política española, como partido de centro liberal, o seguirá la deriva del antiguo CDS de Suárez o la UPyD de Rosa Díez.  

En Guadalajara también fue el partido peor tratado por su electorado. Pierde 16.701 de los 26.817 votos que sacó el 28A, un -7,09% en porcentaje de voto provincial. Como ya le sucedió en la legislatura corta de Rajoy, en seis meses se queda sin diputado. En Castilla-La Mancha tampoco obtiene representación.

ERC:  13 diputados. Gana 2 escaños a pesar de perder 150.458 votos. Por misterios de nuestra Ley Electoral, que beneficia a los nacionalistas, aun teniendo la mitad de votos que Ciudadanos tendría una influencia decisiva en cualquier gobierno “progresista” que quiera encabezar Sánchez. Solo con sus votos no basta para dar la mayoría a Sánchez y a Podemos, pero sin ellos nada es posible. El líder de ERC, el sedicioso (TS dixit) Oriol Junqueras habrá respirado desde su celda. Bien podría convocar a los emisarios de Sánchez en un vis a vis, para decirles que él no se apea un milímetro de su República Catalana, aquella que un ingenuo Mosso expedientado, dijo que no existía. ¡Pues a lo mejor va a ser que sí!

Además de todos estos partidos, hay otras 13 formaciones políticas más, con las que Sánchez puede ensayar su gobierno “progresista”. Entre ellas la CUP, que ha saltado de las barricadas ardiendo en la plaza de Urquinaona al Congreso de España  con 2 escaños.

Que la providencia nos asista, pero esto es lo que hay si los dos partidos que han sostenido el sistema democrático en España desde la Transición no vuelven a coger las riendas de la nación. Como en  Alemania. De lo contrario, las Cortes que nazcan de este 10N pueden enterrar la Transición y sus valores a todos los efectos.