Que los políticos no lo acaben estropeando

La preocupación nos llegó ayer con el fracaso de la primera reunión entre las delegaciones de las consejerías de Sanidad de Madrid y Castilla-La Mancha, a cuyo frente se encontraban los titulares de las mismas: Jesús Sánchez Martos y Jesús Fernández Sanz, respectivamente. El resultado: Madrid dijo “no” a la pretensión de Castilla-La Mancha de renegociar el convenio sanitario y desligar a los municipios del norte de Toledo,  que dejaría solo como beneficiaria a la provincia de Guadalajara. Según ha podido trascender, aunque no ha habido un comunicado de la consejería madrileña al respecto, el convenio  es “indivisible”.

No digo que no me sorprenda lo ocurrido, por el sectarismo con el que se mueve la política española (solo hay que ver lo que está pasando con el postureo de negociaciones para formar gobierno), y en la que a menudo se ponen por delante los intereses electorales de los partidos a los de la ciudadanía, aunque sinceramente no acierto a comprender por qué demonios el convenio es “indivisible”,  como si se tratara del mismo niño que expusieron a Salomón para dar prueba de su sabiduría.

Solo por ello, reconozco que me inquietó la intención del gobierno del gobierno de García-Page de desligar del convenio a Toledo y mantener lo acordado con Guadalajara, y si a mí me hubieran preguntado habría hecho como el sabio rey judío: no tocar nada. Pero no por ello dejo de reconocer que el gobierno de Castilla-La Mancha  tiene argumentos no desdeñables  para buscar una renegociación en el caso de la franja toledana limítrofe con Madrid. El argumento principal es que las necesidades  “son perfectamente cubiertas tanto por su hospital de referencia en la capital regional como por los centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento de Illescas y Ocaña”, precisa el consejero Jesús Fernández.   Y que los hospitales de referencia que darían asistencia a los usuarios toledano de esa franja son los de Parla y Aranjuez, que tienen una cartera de servicios muy básica: carecen de especialidades de nivel de neurocirugía, oncología radioterápica o cirugía pediátrica. No obstante, hay una segunda razón más y  que se convierte en otro poderoso argumento: de los 126.000 habitantes que hay en la zona solo 17.000 se han apuntado, de momento, a cambiar la sanidad castellano-manchega por la madrileña. No hay por lo tanto el clamor que se respira en Guadalajara. Y los datos son elocuentes Aunque el convenio solo entró en vigor a mediados de 1015, un total de 1.232 personas de Guadalajara ya han sido atendidas en hospitales de Madrid.  Más de mil doscientas personas que de otra manera se habrían tirado de los pelos cada vez que cruzaran Madrid para ser atendidos en hospitales más lejanos en La Mancha.

Mientras la consejería de Sanidad madrileña no nos lo explique mejor, no hallo el motivo de por qué el convenio es “indivisible” si las situaciones son totalmente distintas. Porque en el caso de Toledo estamos hablando de que los usuarios de la franja  recibirían asistencia completa en la sanidad madrileña, y Castilla-La Mancha  pagaría por ello, cuando en Guadalajara los usuarios siguen perteneciendo al Sescam y solo son derivados a Madrid en las especialidades que no hay en el hospital. Para ello, con buen criterio, hay designados tres acreditados hospitales de referencia en función de la especialidad a prestar: La Paz, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro. Y no tiene nada que ver un caso por el otro, porque esa atención que reciben los pacientes guadalajareños en esos tres hospitales se paga, factura a factura, por el gobierno de Castilla-La Mancha según unos precios que se acuerdan entre ambos en el marco del convenio.

Es falso, por tanto, equiparar ambos modelos y no se entiende la explicación del gobierno madrileño  de que el convenio es “indivisible”, por lo anteriormente apuntado. La facturación de los pacientes de Guadalajara se hace individualmente, y sin que tenga nada que ver lo que pase en los hospitales de Parla y Aranjuez.

Quiero pensar, por tanto,  que esa tajante respuesta de Madrid forma parte del comprensible malestar general,  porque a las primeras  de cambio Castilla-La Mancha quiera modificar sustancialmente el convenio, y echarse atrás con lo acordado sobre Toledo, y que a lo largo de la negociación se puedan resolver las cosas de una manera civilizada entre dos comunidades autónomas vecinas, con tantos puntos de interés en común. Ahí está el caso en Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, los acuerdos sobre extinción de incendios…O los miles de avecindados en ambas comunidades que trabajan o estudian en la autonomía vecina.

No quiero ni pensar que la falta de entendimiento entre los políticos de ambas comunidades, o  por espurios  intereses electorales, se eche a perder de vista lo principal: que están elegidos para resolver los problemas a la ciudadanía.  Y lo que no puede ser, porque esas cosas no pasaban ni con Franco, es que un enfermo de Molina de Aragón o de Azuqueca se tenga que ir a Albacete a consulta por culpa del mal funcionamiento del estado autonómico. Ahora que algunos hablan alegremente de autodeterminación a la carta, hay que recordar que las autonomías de Madrid y Castilla-La Mancha se constituyeron sin que mediara un referéndum o consulta popular. Así que esto es lo que hay,  o como dicen los gallegos: “Mejor no meneallo”.  Y no nos compliquen más la vida. Que bastante tenemos con el espectáculo de egos al que estamos asistiendo desde finales de diciembre.

 

 

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