Las elecciones municipales que el 14 de abril de 1931 ganaron las candidaturas republicanas en las grandes ciudades, dieron paso a la proclamación de la II República. El rey Alfonso XIII renunció a la resistencia armada que de boquilla algunos consejeros le sugerían y tras despedirse del servicio en palacio se marchó a la estación de Atocha, camino del exilio, sin que los grandes de España se atrevieran a despedirlo, solo un avejentado Conde de Romanones, diputado por Guadalajara, que precisamente fue el que con su pragmatismo habitual le dijo en el último consejo de Ministros que no veía otra solución que su salida de España.  Don Alfonso se plegó a la dura realidad y dijo aquella frase que quedó para la historia: “Por mí no se verterá una gota de sangre. Si el bien de España exige que me vaya, lo haré sin vacilaciones». El 28 de febrero de 1941, el rey destronado fallecía en Roma, ciudad en la que había nacido el 5 de enero de 1938 su nieto Juan Carlos.

“Este Juan Carlos camino del exilio es el mismo que pilotó la Transición y trajo las libertades a España al entregar al pueblo español absolutamente todos los poderes del Estado que le había entregado el dictador Franco”.

No hubo la menor representación en la marcha de España de su nieto, el rey Emérito Juan Carlos I, comunicada por la mañana en la web de la Casa Real, ni sabemos todavía cómo se llevó a cabo. Su marcha era el segundo cortafuegos que el rey Felipe VI había dispuesto, alentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras fracasar el primero. La retirada de la asignación al Emérito y la renuncia a la herencia por parte de Felipe VI.  Por entonces, el Rey ya había tomado la decisión de no aceptar el chantaje de Corinna, que a través de un caro despacho de abogados londinense le ofrecía un pacto para no seguir con las revelaciones, como demuestran las cartas publicadas por El Mundo y otros medios de comunicación.   

La situación no podía ser más dura en lo personal, porque para no dañar otra vez a la institución, y a España, otro Borbón salía camino del exilio, aunque sea temporal, como antes lo hizo su abuelo Alfonso y con él su padre, Don Juan, Conde de Barcelona. En una España donde escándalos de mayor calado, porque llevaron consigo la institucionalización de la corrupción, como con la familia Pujol, o el robo directo de los presupuestos públicos, el rey Felipe pone el listón muy alto, mandando al exilio temporal a su padre, aunque todavía no está acusado de delito alguno, y por lo que sabemos lo que se investiga son irregularidades de tipo fiscal al no haber declarado donaciones y negocios opacos que mantenía en fondos manejados por testaferros.   

“En una España donde escándalos de mayor calado, porque llevaron consigo la institucionalización de la corrupción, como con la familia Pujol, o el robo directo de los presupuestos públicos, el rey Felipe pone el listón muy alto, mandando al exilio temporal a su padre, aunque todavía no está acusado de delito alguno”

El comportamiento privado de D. Juan Carlos es injustificable e indigno de la más alta jefatura del Estado. En esto no puede haber disculpas. Ni tan siquiera que la Casa Real gaste veinte veces menos que la televisión de Cataluña o que carezca de propiedades, como Isabel II, que es la más rica del Reino Unido. Sí cabe preguntarse cómo la propia Casa Real, con ilustres servidores públicos a su servicio, no atajaron esas conductas desde el inicio, y cómo mirar para otro lado por parte de gobiernos y medios de comunicación solo ha valido para hacer la bola más grande. Habrá que reflexionar y tal vez legislar sobre ello.   

Y dicho esto, hay que añadir, también, que este Juan Carlos I camino de su exilio temporal, “guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles”– confiesa en su carta-, es el mismo que pilotó la Transición y trajo las libertades a España al entregar al pueblo español absolutamente todos los poderes del Estado que le había entregado el dictador Franco. Si hoy España es infinitamente más libre y más próspera que entonces, a pesar de la pandemia y su deficiente gestión, en parte se lo debemos a Don Juan Carlos. Y si un 23 de Febrero, un siniestro teniente coronel de la Guardia Civil, que entró pegando tiros en el Congreso, no consiguió que el golpe fuera a mayores, también se lo debemos al rey que había entonces, porque no se equivocó de bando.

Lamentablemente esta situación, que el Estado y sus instituciones empiezan a encauzar, está siendo aprovechada por los revolucionarios de pandereta para introducir un debate ridículo entre monarquía y república, impensable en los países con monarquías en el norte de Europa, cuando España está inmersa en la mayor crisis sanitaria y económica desde el restablecimiento de la democracia. A no ser que lo que se pretenda es distraer la atención es de una irresponsabilidad manifiesta, que añade más inestabilidad a la imagen de España, el país de Europa que más tocado sale de la pandemia. Ahora bien, si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que se pretende es eliminar esa clave de bóveda de la Constitución del 78, que es la monarquía parlamentaria, y alentar otro conflicto civil, como en los años treinta, han elegido muy bien su objetivo. Hasta el presidente del Gobierno, tan tibio otras veces en su relación con el Rey, ha tenido que salir al ruedo y aclarar que «lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas»; o reivindicar por una vez el papel del PSOE de González al reconocer: «Nosotros sí somos arquitectos de la Constitución, y por eso reivindico el pacto constitucional, donde una de las claves de bóveda es la monarquía», ha admitido.     

“¿Con qué Sánchez nos quedamos, con este que defiende las instituciones del Estado y la legalidad, o con aquel que pacta con los que quieren acabar, por derribo, no mediante la reforma previstas, con esa Constitución que proclama la unidad de España y garantiza las libertades y el Estado de Derecho, del que emanan?”

Con esa declaración deberíamos quedarnos tranquilos de que nadie en el Gobierno quiera aprovechar esta triple crisis, política, sanitaria y económica, la Tormenta Perfecta escribía en mi anterior post, para socavar los cimientos de la Constitución y seguir una estrategia de derribo de una de esas claves de bóveda. Pero si echamos una vista al interior del Gabinete, y vemos al populista de su vicepresidente compartiendo discurso con los independentistas, nos asaltan las dudas. ¿Con qué Sánchez nos quedamos, con el que defiende las instituciones del Estado y la legalidad, o con el que pacta con los que quieren acabar, por derribo, no mediante la reforma previstas, con la Constitución que proclama la unidad de España y garantiza las libertades y el Estado de Derecho, del que emanan?

Esto es lo que hay. Sánchez se ha ido con buenas palabras, de vacaciones, a una residencia que otro monarca de Oriente regaló al rey Juan Carlos y que inmediatamente  pasó al Patrimonio del Estado, solo que desconfiamos de la estrategia que él e Iván Redondo nos traerán para abordar un curso político y económico sumido en la más absoluta incertidumbre, y que solo se puede encarar recuperando los valores de la Transición y el patriotismo constitucional.