En una democracia normal de un país corriente los presupuestos se entienden como el examen al que un gobierno se somete en cada ejercicio presupuestario. Somete a la cámara su previsión de ingresos y en base a ello los gastos que ha tenido a bien priorizar. Y así hasta el año siguiente en que puede que el panorama financiero necesite algún tipo de corrección y en función de esa disponibilidad y la ideología del gobierno se elegirán las políticas de gasto e inversión. Eso es lo que pasa en las democracias corrientes y aburridas.

En España puede ocurrir que un gobierno de coalición entre sanchistas y comunistas puede perfectamente gobernar dos años con un presupuesto elaborado por el centro-derecha, y que la alternativa al mismo sea un pacto con la extrema izquierda de la cámara y el ultranacionalismo, aquellos que vienen a Madrid, y no lo ocultan, para desmontar el régimen que nació de la Constitución del 78, que este año cumple su 42 aniversario en la situación de mayor división que se recuerda desde la Transición, por el retorno, envalentonado, de  los extremistas al Congreso. Con ellos se aleja lo mejor que nos trajo la Transición, una decidida apuesta por superar las dos Españas de las que nos habló Machado. Por que, y ellos lo saben, el retorno del guerracivilismo es el mejor abono de sus políticas radicales. Como en los años treinta.

Como los socios del Gobierno han interpretado que este pacto por los Presupuestos 2021 es en realidad un pacto de legislatura,  y Sánchez no lo ha desmentido, el mismo día que se aprobaban estas cuentas en el Congreso una coalición que iba desde Podemos a los antisistema de la CUP, pasando por los filoetarras de Bildu y todos los grupos ultranacionalistas de la Cámara no perdían el tiempo y firmaban una iniciativa que ponga “fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal”. Asimismo, exigen equiparar las lenguas cooficiales al castellano, para que “gocen de los mismos derechos y deberes”, así como que el Gobierno garantice “el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en lengua propia”.

El problema no lo tiene el castellano, señor Sánchez. El problema es España, porque si persiguen al castellano es porque se trata de la herramienta común que tenemos los españoles para comunicarnos. Y un país en que sus parlamentos parezcan a la ONU o que sus ciudadanos no tuvieran un lenguaje común para relacionarse, ciertamente ni es una nación ni es ná, como dicen en Utrera.

Dicho en Román paladino. Con ello, lo que se pretende es cerrar cualquier administración a los funcionarios que no dominen la lengua vernácula, haciendo del poder de la lengua, lo que Mirian Tey y Félix Ovejero definen como una entidad que tiene vida propia y que otorga una identidad única y excepcional a sus hablantes. En la práctica: acabar con la movilidad del funcionariado en el territorio del Estado.

La segunda consecuencia de este peaje que los socios del gobierno no tardaron ni minutos en exigir a Sánchez es cómica por estrambótica. Porque nos llevaría a que cualquier reunión interautonómica que se celebrara en España necesitase de pinganillos y traductores entre los asistentes, incluyendo las cámaras alta y baja de nuestra soberanía nacional.  Tan hilarante es el asunto que cualquier ciudadano podría exigir en sus relaciones con cualquier administración poderlo hacer en catalán, vasco, gallego o valenciano (y en un futuro posiblemente en bable, castúo, aranés o la fabla aragonesa), aunque se trate del guardia que te está poniendo una multa de tráfico en Guadalajara. Los excesos cantonalistas de la Primera República son una broma con lo que imagina el nacionalismo identitario del siglo XXI.

¿Supondría esta nueva afrenta al castellano, como la que ya se infiere en comunidades como la catalana o baleares, que toman nota de los niños que hablan español en el patio del recreo, una consecuencia seria para su vigor? La respuesta es no: el castellano es el tercer idioma más hablado del mundo y su vigor está por encima de los atropellos que hacen con él el señor Rufian o la socialista Armengol, la nacionalista que gobierna en Baleares.

El problema no lo tiene el castellano, señor Sánchez. El problema es España, porque si persiguen al castellano es porque se trata de la herramienta común que tenemos los españoles para comunicarnos. Y un país en que sus parlamentos parezcan a la ONU o que sus ciudadanos no tuvieran un lenguaje común para relacionarse, ciertamente ni es una nación ni es ná, como dicen en Utrera.

Tras el castellano, ya sabe usted, señor Sánchez, que irían otras cosas. Por ejemplo, una reforma de la Constitución por la puerta de atrás para que el concepto de soberanía se traslade desde el pueblo español al ciudadano de una comunidad autónoma en particular. Y en ese sentido, la Constitución es un problema porque en ella no encajan los referéndums ilegales por quienes no tienen capacidad de convocarlos.

Pero si el castellano no es el problema, ni tampoco lo es la Constitución. ¿Dónde está entonces el problema?

Señor Sánchez, usted lo sabe de sobra: El problema es España, la nación más vieja de Europa, y que sus socios parlamentarios intentan desmontar a plazos, pasando primero por una República Confederal como antesala a la independencia. Por ello no quieren nada que pueda cohesionar a la nación. No quieren vertebrar su territorio; lo quieren desmembrar. Pero como no tienen mayoría suficiente para que tales cambios no choquen con la actual Constitución, esa misma que nos llevó a las décadas más prósperas de la convulsa historia de España, hay que desmontarla.  

Esto es lo que hay: hay que liquidar el castellano como idioma común. Y a la Constitución porque desde su artículo 1 les desbarata los planes a los que trabajan en su demolición, que no en su reforma legal, que nadie se engañe. Los que tenemos años para haberla votado, y lo hicimos favorablemente, les confieso que nunca llegamos a pensar que el golpismo pudiera cambiar de bando.

Yo aquí lo pongo para que no se les olvide:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.  

Y también les dejo este artículo que los gobiernos nacionalistas incumplen sin recato:

Artículo 3.1 El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.