No obliga a nada, pero cuenta

El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), advertía esta semana que “cualquier tipo de decisión” que tome una comunidad autónoma “de forma unilateral” sobre el uso y gestión del agua “no deja de ser una pose sin ningún tipo de validez”.

Así reaccionaba el presidente murciano ante el acuerdo sobre el agua firmado esta semana en Castilla-La Mancha por PSOE, PP, Cs e IU, y al que se han unido agentes sociales y todo tipo de asociaciones de la región.

Foto familia acuerdo sobre el agua en Castilla-La Mancha

Tiene razón López Miras en que los ríos “no son de las comunidades autónomas por las que pasan”, sino de todos los españoles, y por ello su competencia pertenece al ámbito del Estado. Y así debería seguir siéndolo, a pesar de algunas voces que se levantan desde el nacionalismo. Pero en lo que se excede el presidente murciano es cuando añade que todos los españoles tienen “el mismo derecho” a acceder a ese recurso en igualdad de condiciones.  Ciertamente el Levante español debe tener un acceso garantizado al uso del agua, tanto por su potencial turístico, como por el peso en el PIB de español de la huerta murciana. Solo que en Murcia no pueden pretender, como sucede hasta ahora, que ese derecho de acceso al agua en la comunidad que recibe el agua del trasvase Tajo-Segura sea prioritario sobre las necesidades de la comunidad cedente y la sostenibilidad del propio río, hoy amenazado por toda suerte de problemas, como han reconocido las instancias comunitarias. López Miras y el resto de dirigentes levantinos deberían asumir que el día en el que por presiones políticas de ERC, sobre todo, se liquidó el trasvase del Ebro al llegar Zapatero al gobierno, en España se estaban cuestionando todos los trasvases. Porque no cabe en cabeza humana que sea un terrible daño ecológico coger agua de la desembocadura del Ebro antes de liberarla al mar, y no pase nada por hacerlo en la cuenca alta del Tajo, donde menos hay. ¡Los castellanos siempre hemos sido esforzados en la construcción nacional de España, pero en los últimos tiempos, por la presión nacionalista tanto en esto como en la financiación autonómica, lo que algunos pretenden es que seamos gilipollas!

Ciertamente el Levante español debe tener un acceso garantizado al uso del agua, tanto por su potencial turístico, como por el peso en el PIB de español de la huerta murciana. Solo que en Murcia no pueden pretender, como sucede hasta ahora, que ese derecho de acceso al agua en la comunidad que recibe el agua del trasvase Tajo-Segura sea prioritario sobre las necesidades de la comunidad cedente y la sostenibilidad del propio río

Por tanto, tiene razón Miras en que con esta mesa sobre el agua, por muy extensa que sea, no se va a poner fin al trasvase. Pero tampoco es una mera pose. Si algo envidiamos de los políticos levantinos es su capacidad para hablar con una sola voz en la defensa de agua del trasvase, mientras que en Castilla-La Mancha éramos el ejército de Pancho Villa, cada uno utilizando el asunto del agua para la pelea política interna. Por eso sí es importante, aunque legalmente no obligue a nada, que Castilla-La Mancha pueda también hablar con una voz única, como hacen los gobiernos beneficiarios del trasvase. Y en este sentido, que el PSOE y el PP hayan sido capaces de firmar al pie de un mismo documento, junto con CS e IU, es un tanto político que se apuntan Emiliano García-Page y Paco Núñez, y que debería cerrar años de despropósitos.

El gobierno de Page, como impulsor de esta mesa del agua, acierta con el modelo aunque los acuerdos intercomunitarios que adopte no tengan validez legal. Hay que aprender de la historia y no meterse en camisa de once varas como le sucedió a Barreda cuando sin encomendarase a Dios o al diablo quiso hacer una reforma del Estatuto que liquidaba el Trasvase; y decayó en el Congreso por falta de apoyos, empezando por el grupo socialista. Sería un error que Miras, como insinúa, quiera aprovechar la Conferencia de Presidentes para reivindicar el blindaje del trasvase, como lo fue pretender su desaparición. Hay que dejar la política de confrontación.

Por tanto, sí ha llegado la hora, llegó hace veinte años en realidad, para iniciar los trabajos de un gran pacto nacional en materia hídrica.  En eso todos deberíamos estar de acuerdo. Un pacto que asegure de una forma razonable las necesidades del levante español, y que es obvio, por mucho que a algunos les rechine, debería complementarse con la utilización de agua desalada a un precio competitivo para los regantes. En España hay agua suficiente para todos, solo hay que buscar una formula que concilie los intereses de la nación sin que nacionalismos y populismos (Vox de Murcia ha pedido que Page, Núñez y Picazo sean declarados personas non gratas) lo desbaraten.

El gobierno de Page, como impulsor de esta mesa del agua, acierta con el modelo aunque los acuerdos intercomunitarios que adopte no tengan validez legal. Hay que aprender de la historia y no meterse en camisa de once varias como le sucedió a Barreda cuando sin encomendarase a Dios o al diablo quiso hacer una reforma del Estatuto que liquidaba el Trasvase y se la tiraron en el Congreso

Esto es lo que hay. Europa ya ha advertido que el caudal ecológico del Tajo no puede seguir menguando indefinidamente (y eso va también para la llamada tubería manchega, eufemismo que se emplea para definir el futuro trasvase de agua desde Entrepeñas y Buendía hasta la llanura manchega, en la cuenca del Guadiana) y sería bueno que se aprovecharan esos Fondos Europeos que van a llegar para iniciar ese cambio de la política sobre el agua que este país lleva demandando desde Joaquín Costa, en el siglo XIX.

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